Crisis

 

Oscar Ugarteche[1]

Armando Negrete[2]

 

Durante sus primeros 60 días, Trump ha impulsado medidas comerciales proteccionistas y reorganizado la proyección de EEUU en el mundo. Consecuente con sus advertencias previas durante la campaña electoral, muestra un proyecto americano de largo plazo con el soporte del sector financiero y del sector militar. La agenda llamada hacia la “reconstrucción del mercado americano” comenzó, apenas juramentó, el 20 de enero del 2016, mediante la renuncia formal al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) promovido por Obama para imponer unilateralmente la agenda estadounidense de comercio e impedir que China impusiera la suya

El gobierno americano intentará revertir el orden mundial liberal que EEUU diseñó, desde 1944, mediante las instituciones de Bretton Woods. El pensamiento (neo)liberal moderno de los años 30 y masificado de 1980 en adelante, huelga recordar, fue creado desde sus universidades e impuesto con coerción como políticas económicas homogéneas alrededor del mundo por las instituciones multilaterales de Bretton Woods (Banco Mundial, FMI, OMC). Aplicar estas políticas fue condición sine qua non para resolver los problemas de deuda.

Se liquidan así las teorías de 19 premios Nobel, iniciados con F. Hayek en 1974, seguidos por M. Friedman en 1976 y demás profesores de la Universidad de Chicago, hasta Eugene Fama en el 2013. El presidente de EEUU y los financieros reconocen que ha llegado a su fin el curso neoliberal de la escuela de Chicago en el mercado mundial. Encuentran que la apertura comercial absoluta y la autorregulación del mercado no han resultado en crecimiento y pleno empleo en su economía, fundamentos de la teoría neoliberal. Se han topado con una combinación de desempleo, grandes déficits comerciales, pérdida de capacidad adquisitiva, una concentración inédita del ingreso y un muy prolongado estancamiento económico, junto con un monumental auge en las bolsas de valores.

La estrategia propagandística de la nueva administración para impulsar su unilateralismo comercial comenzó con la retórica de make America great again. Ésta enfatiza una balanza comercial estadounidense “víctima de los abusos del mercado mundial” en general, y de China y México, en particular. Lo siguiente fue el anuncio unilateral de reformar el TLCAN; se advirtió la aplicación de impuestos selectivos-discrecionales a las exportaciones intrafirma, mayoritariamente de empresas trasnacionales estadunidenses en México.

En América del Norte existen líneas de producción compartidas, en particular electrónicas y automotrices, las cuales constituyen más del 42% del comercio entre ambos países. (Ver Gráfico 1). El mercado de EEUU es el más próximo y más rico del hemisferio, a pesar de su muy bajo crecimiento desde inicios del nuevo siglo (1.05% per cápita). México y los países de la Cuenca del Caribe colocan el 80% de las exportaciones de insumos o bienes finales fabricados o ensamblados allí. Para el resto de América Latina (AL) es 30% o menos.

La nueva política proteccionista no sólo determinará el curso económico de América del Norte y la Cuenca del Caribe, sino también del resto del mundo. Esta política es análoga a las medidas tomadas durante el gobierno de Herbert Hoover mediante la ley Smoot Hawley de junio de 1930, la cual afectó la importación de 20,000 productos y llevó la relación bilateral con EEUU al anterior peor momento de su historia. Para EEUU no era importante (sus exportaciones eran 7% del PIB) pero para el mundo su mercado si lo era.

Este redespliegue económico se basa en el unilateralismo y gasto fiscal. El liderazgo de la economía mundial ha sido cedido a China. Ni la reforma de la globalización, ni el (im)probable desmonte de la internacionalización de la producción y del consumo, podrán ser resultado de un decreto presidencial norteamericano. La prevalencia del poder económico sobre el político, y del financiero sobre el productivo, determinará la capacidad, forma y fuerza del redespliegue buscado. Sin embargo: un alza de salarios que dinamiza el mercado interno quita utilidades y afecta a la bolsa de valores; un recorte presupuestal de los ministerios relacionados con las relaciones económicas y políticas se ve contrapesado por un aumento del presupuesto militar; un impuesto fronterizo se encuentra con represalias internacionales. Subir salarios reduciendo el mercado laboral de migrantes regresa como mayores costos, inflación y pérdida de productividad la cual impacta sobre la masa de ganancia en la economía.

El redespliegue será de corto aliento, desde un gobierno con un proyecto político de largo alcance, con instrumentos militares de política exterior y control social interno. Cabe recordar 1930, tras el alza de los aranceles, las quiebras de bancos y la caída del comercio, en AL se comenzaron a diseñar las primeras políticas de sustitución de importaciones. Estas no fueron fruto de una abstracción teórica, sino de una urgencia económica. Otro mundo es posible.

 

[1] Investigador titular Instituto de Investigaciones Económicas-UNAM, SNI/CONACYT, coordinador del proyecto OBELA.org.

[2] Proyecto OBELA

Crisis

La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe (2018)

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En este informe anual de la CEPAL se presentan y analizan las principales tendencias de la inversión extranjera directa (IED) en los países de América Latina y el Caribe.

En 2017 se profundizaron algunas tendencias en el escenario económico mundial que han generado un clima de incertidumbre para las inversiones transfronterizas. En particular, se confirmaron anuncios de posibles restricciones comerciales y presiones para relocalizar la producción en los países desarrollados.

Se señalan los aspectos que contribuyen a explicar la caída de la IED mundial en 2017. En este contexto internacional, las corrientes de IED en América Latina y el Caribe se redujeron por cuarto año consecutivo en 2017, hasta los 161.673 millones de dólares, cifra un 3,6% menos que la registrada el año anterior y un 20% por debajo de lo recibido en 2011.

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Tema de investigación: 
Crisis económica

Cae la inversión extranjera directa mundial

La inversión extranjera directa (IED) mundial colapsó en 2020, al caer 42 por ciento, de 1,5 billones (millones de millones) de dólares en 2019 a 859 000 millones el año pasado, informó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad).

La incertidumbre sobre la evolución de la pandemia covid-19 y el entorno de la política de inversión global continuará afectando los flujos de IED en 2021, y para los países en desarrollo “las perspectivas para 2021 son una gran preocupación”, según la Unctad.

Un nivel tan bajo de IED no se observaba desde la última década del siglo XX, y está 30 por ciento por debajo del mínimo de inversión que siguió a la crisis financiera mundial de 2008-2009. 

A pesar de las proyecciones de que la economía mundial se recuperará en 2021, la Unctad considera que los flujos de IED seguirán siendo débiles, vacilantes y desiguales, debido a la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia.

James Zhan, director de inversiones en la Unctad, dijo que “los efectos de la pandemia persistirán y es probable que los inversores se mantengan cautelosos al comprometer capital en nuevos activos productivos en el extranjero”.

La IED incluye fusiones y adquisiciones transfronterizas, financiamiento de proyectos internacionales e inversiones corporativas en nuevos proyectos en el extranjero, y suele buscar la explotación de activos estratégicos para las empresas, ganar eficiencia con la reducción de costos y participar en nuevos mercados.

Los países desarrollados resultaron ser los más s afectados, con una merma de 69 por ciento hasta recibir apenas 229 000 millones de dólares en 2020.

Los flujos hacia América del Norte fueron de 166 000 millones de dólares, una disminución de 46 por ciento (-49 por ciento en Estados Unidos), sobre todo en el comercio mayorista, los servicios financieros y la industria. Los proyectos nuevos de inversión también cayeron, 29 por ciento.

En Europa la inversión se agotó, con una merma de dos tercios, y en países como Reino Unido cayó a cero. En Australia también hubo una baja de 46 por ciento, mientras que se registraron alzas en Israel y Japón.

En las economías en desarrollo la merma fue de 12 por ciento, reduciéndose el flujo total a 616 000 millones de dólares, y la región más afectada fue América Latina y el Caribe, donde la IED se precipitó, -37 por ciento.

En África la IED descendió -18 por ciento, y entre los países en desarrollo de Asia la merma fue menor, de cuatro por ciento, recibiendo 476 000 millones de dólares en IED, principalmente debido a que los flujos se incrementaron hacia China e India.

Esos gigantes asiáticos tuvieron viento a favor para la IED con inversiones en economía digital y debido al auge de las industrias de alta tecnología, que crecieron 11 por ciento en 2020, y a las fusiones y adquisiciones transfronterizas, que aumentaron 54 por ciento, y entre ellas firmas farmacéuticas.

En cambio, la inversión hacia los miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático se contrajo, -37 por ciento, sumando 107 000 millones.

Los datos brindan a la Unctad una imagen mixta sobre las tendencias futuras, y confirman las débiles perspectivas para 2021, comenzando porque los anuncios de nuevos proyectos son 35 por ciento menos que los de 2019.

Zhan dijo que para los países en desarrollo “las perspectivas para 2021 son una preocupación importante”, pues aunque en 2020 los flujos de IED parecieron resistentes “los anuncios de greenfield cayeron 46 por ciento y la financiación de proyectos internacionales siete por ciento”.

Los “greenfield” son proyectos en los cuales el inversionista extranjero construye desde cero las instalaciones para poner en operación de un proyecto, negocio, o subsidiaria en otro país, trae todo el capital necesario y de esa manera hace una inversión neta de divisas a la economía.

“Estos tipos de inversión son cruciales para la capacidad productiva y el desarrollo de la infraestructura y, por lo tanto, para las perspectivas de recuperación sostenible”, recordó Zhan.

La Unctad espera que cualquier aumento en los flujos mundiales de IED en 2021 provenga no de nuevas inversiones en activos productivos sino de fusiones y adquisiciones transfronterizas, especialmente en tecnología y atención médica, dos industrias afectadas de manera diferente por la pandemia.

Los inversores sudafricanos, por ejemplo, planean adquirir participaciones en proveedores de atención médica en África y Asia. Y las empresas indias de tecnología de la información anunciaron aumentos en las adquisiciones, dirigidas a mercados europeos y otros de servicios similares.

  
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Crisis económica

Editoriales anteriores

Banking Structures Report (Octubre, 2014)

La banca europea ha sufrido grandes transformaciones desde el estallido de la crisis financiera en 2008. De acuerdo con el reporte, la centralización en los sistemas bancarios nacionales de la zona euro ha aumentado destacándose el caso de los países de la periferia europea.

Por otro lado, la hoja de balance del sistema financiero europeo se redujo a 26.8 billones euros a finales de 2013. De esta manera, los bancos han tenido que deshacerse de los activos de mala calidad que poseían en sus hojas de balance desde el estallido de la crisis. Sin embargo, el endeudamiento de las economías europeas continúa siendo demasiado elevado para que vuelvan a otorgar créditos.

Por último, los activos transfronterizos se han reducido debido a la posición frágil en la que se encuentran las entidades financieras nacionales de la periferia europea. Por lo tanto, la banca europea se encuentra en una difícil situación para recuperarse.

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La crisis bancaria y bancocracia en España

La crisis financiera estadounidense en 2008 tuvo fuertes repercusiones en el sistema financiero europeo. El resultado a lo largo de seis años fue la mayor concentración y centralización de capital.

El ejemplo más claro fue el sector bancario español que recibió ayudas del Estado y estuvo presente un proceso de centralización y concentración de capital en el sector financiero español por medio de fusiones y adquisiciones.

De esta manera, se abre un nuevo proceso de mayor fortalecimiento de los bancos más importantes como Bankia que ha recibido ayudas del Estado de forma sustancial. Por otro lado, el Estado español ha sido obligado a financiarse por medio de los mercados financieros emitiendo obligaciones, situación que acrecienta su deuda de forma exponencial.

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Crisis económica

Moreno-Brid: "El crecimiento de la economía sí importa"

-La política de austeridad mal llamada "republicana" ha sido y sigue siendo un freno muy fuerte al crecimiento económico y al combate a la desigualdad en el país

-Se requiere crear cerca de un millón de empleos anuales, sin embargo, los que se están generando son solamente cerca de 300 mil

-Inflación baja, superávit fiscal, tipo de cambio apreciado (superpeso) y bolsa de valores al alza, son los indicadores más neoliberales que se pueden imaginar; y distan de reflejar o causar, el desarrollo económico y la igualdad social

Juan Carlos Moreno-Brid (Ciudad de México, 1953), doctor en Economía por la Universidad de Cambridge, especialista en políticas industriales y de financiamiento, ha señalado que “el crecimiento de la economía sí importa”, cuando los objetivos en el horizonte son impulsar la igualdad, el bienestar y un país más incluyente. Asimismo, “el crecimiento no es condición suficiente para el desarrollo”, ha precisado, “pero sí es condición necesaria”.

En entrevista, Moreno-Brid explica la importancia de implementar una reforma fiscal que permita fortalecer las finanzas públicas (ingresos, gastos y finanzas) para reducir la desigualdad, impulsar la inversión pública en proyectos eficientes y corregir los rezagos sociales; ya no se diga hacer frente a los programas prioritarios de transferencias que lleva a cabo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

También advierte que paradójicamente se están aplicando políticas macroeconómicas de corte neoliberal que, en temporada electoral, se prometió, serían erradicadas.

—Calificadoras, entidades internacionales e incluso organismos como el Banco de México, pronostican un crecimiento económico cercano a cero para el cierre de 2019, pero el Gobierno federal dice tener otros datos. ¿Qué opina?

—Andrés Manuel López Obrador es un político muy exitoso, pero no es economista. Él ha ido cambiado de opinión: primero dijo que íbamos pronto a crecer al 4 por ciento anual, en el Plan Nacional de Desarrollo; después afirmó que al 2% este año, en los Criterios Generales de Política Económica; luego, cuando las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revelan una economía estancada en el 2019, entra en disputa con la prensa y dice que "él tiene otros datos"; y acaba zanjando la controversia aseverando que "el crecimiento no importa". Festejó incluso un crecimiento anualizado del Producto Interno Bruto (PIB) del orden del 0.1 por ciento. La realidad es que mientras no tengamos un INEGI alternativo, no podremos tener otras estimaciones para contrarrestar las cifras oficiales del PIB que reflejan una economía estancada. Y este es el gran drama, porque sin crecimiento económico, por más que se diga que habrá desarrollo, es muy difícil. Es imposible de hecho. Si estuviéramos en los niveles de ingreso per cápita de Luxemburgo, Alemania o Austria, no nos preocuparíamos por el crecimiento del PIB. Pero en México, para absorber a la población que entra al mercado de trabajo cada año, ya no digamos la rezagada, se requiere crear cerca de un millón de empleos anuales; sin embargo, los que se están generando son solamente cerca de 300 mil, por lo tanto, la estrategia tiene que cambiar. El crecimiento de la actividad económica no es condición suficiente para el desarrollo, pero sí es condición necesaria. Que se diga que no importa el crecimiento es un eslogan, pero la gente se puede confundir.

AMLO criticó a Peña Nieto porque el país estaba creciendo solo al 2 o 3 por ciento. Y él prometió crecer al 4. En realidad, lo que está tratando de hacer es restarle importancia a este estancamiento actual y pedir "ténganme confianza. Vamos a sentar una plataforma de crecimiento".

—¿Cómo observa la política de austeridad?

—La política de austeridad, desde mi punto de vista mal llamada "republicana", ha sido y sigue siendo un freno muy fuerte para el país. Se ha criticado al gobierno anterior porque la inversión pública estaba cayendo en términos reales. De hecho, cayó al 5 por ciento anual. Y el Plan Nacional de Desarrollo los pone en niveles más bajos que los de Peña Nieto. Nuestro destino, como diría Shakespeare "no está marcado por las estrellas", nuestro reto es interno; hay que cambiar esa política económica.

—¿La Cuarta Transformación (4T) está logrando desmarcarse del neoliberalismo?

—El problema del neoliberalismo como fue aplicado desde Miguel de la Madrid hasta hoy, es que no puso en el centro de sus preocupaciones ni al crecimiento ni a la igualdad. Partió de la idea —errada, por cierto— de que la estabilidad macroeconómica entendida como inflación baja y déficit fiscal acotado, eran las condiciones necesarias y suficientes para lograr el crecimiento elevado y sostenido. Consideró que el mercado, sin la influencia distorsionante de subsidios y demás intervenciones del gobierno, más la apertura comercial, daría las señales adecuadas a los empresarios para usar los factores económicos de la manera más adecuada. Esto impulsaría las exportaciones manufactureras y con ellas, la expansión elevada y robusta de la actividad productiva y el empleo en la economía mexicana. La premisa era que solo así se alcanzaría un México más próspero, menos pobre, aunque no necesariamente más justo. Y lo que se vio fue algo muy distinto. Décadas con inflación muy baja y limitadísimo déficit presupuestal han producido, como dice el querido colega, Francisco Suárez Dávila, un “estancamiento estabilizador”. El PIB per cápita del país y la productividad crecen muy lentamente, y se rezagan respecto de los índices de Estados Unidos. La incidencia de la pobreza sigue siendo alarmante; así como también la desigualdad, la precarización del empleo y la falta de movilidad social.

Con la llegada de la 4T, yo pensaba que se procedería de manera muy distinta: que se avanzaría hacia la creación de un sistema de protección social universal, se fortalecería la inversión pública orientada a remover las restricciones más acuciantes al crecimiento económico, a lo largo y ancho del país. Además, dado que avanzar hacia un México más igualitario sería prioridad, se pondría en marcha una reforma fiscal progresiva a fondo. Pero hasta ahora no ha sido así. Por ejemplo, en materia de política social, los instrumentos y su orientación van hacia un nuevo sistema de transferencias que sustituye al anterior. Hoy por hoy, no se cuenta con datos confiables, oficiales, que permitan concluir si esta nueva política de transferencias da como resultado o no, un México más igualitario. ¿Cómo estamos exactamente? No lo sabemos. En materia de la lucha contra la desigualdad, nuestro presidente López Obrador por decirlo así, “se amarró atrás una mano” por los primeros tres años de su mandato, con su rechazo a toda idea de aplicar una reforma fiscal. Ha dicho incluso que ni siquiera le gustan las palabras "reforma fiscal".

Además, curiosamente, al presumir la salud de la economía, tras sostener que “vamos bien”, hace usualmente referencia a la inflación baja, al superávit fiscal, al no aumento de la deuda pública, a la apreciación del tipo de cambio (el superpeso), la inversión extranjera, la firma del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y al buen desempeño de la bolsa mexicana de valores. Estos —junto con el dinamismo de las exportaciones manufactureras— son los indicadores económicos típicos que en la época neoliberal se tamborileaban. Son los mismos que se repetían en el modelo anterior. Lo deseable sería, en contraste con el pasado neoliberal, conocer —con datos duros— en sus conferencias matutinas de qué manera o el grado en que su estrategia de desarrollo (en este primer año de gobierno) avanzó en el combate a la precarización laboral, sobre la falta de dinamismo en la generación de empleos de calidad, en el abatimiento de la pobreza, de la desigualdad y la falta de movilidad social. Simplemente no hay datos duros que no pueden ser sustituidos, salvo por motivos de fe o referencias anecdóticas. Ello en el contexto de una economía estancada, con una inversión en capital fijo a la baja, que crea pocos, muy pocos empleos; eso sí con inflación baja y superávit fiscal.

De empleo sí hay datos: se están generando menos que hace un año. De 700 mil pasamos a 300 mil. La generación de empleo, su calidad y las remuneraciones medias, han perdido impulso. Empero hay que reconocer, y de hecho aplaudir, la nueva visión —esa sí lejos de la neoliberal— de la institucionalidad del mundo del trabajo; es decir, la reforma laboral.

El único instrumento claramente igualitario que está usando AMLO es el salario mínimo. Lo cual está bien. Se encontraba muy muy bajo cuando comenzó su mandato. Se subió 16% entonces y ahora 20% más. Excelente noticia, dado el nivel tan bajo que le ha marcado por mucho tiempo; tan inferior al salario medio. Pero sin avances significativos hacia un sistema de protección social universal y una inversión pública a la baja comprometida con un proyecto de, por decirlo así amablemente, incierto impacto en el potencial de crecimiento económico de largo plazo o el desarrollo social del país. El salario mínimo es por sí solo un instrumento insuficiente para construir pronto un México más igualitario.

Tenemos en la 4T un muy buen discurso, pero el curso no es comparable, no le hace justicia. "Primero los pobres", "abajo la corrupción", está muy bien; lo que dudo es que se haya dicho adiós al neoliberalismo. El curso de la 4T en materia de políticas macro no tiene nada que ver con su discurso.

—¿Se puede detectar algún cambio significativo?

—La definición de neoliberal que parece tener nuestro Ejecutivo es una bolsa que cubre todo aquello que le disgusta de lo realizado anteriormente y también de lo que se le propone en políticas económicas o fiscales, empero que rechaza. Todo es culpa del neoliberalismo. Sin embargo, al analizar cada política económica actual —con la excepción notable y bienvenida de la laboral/salarial— no hay mucha diferencia con de la época del neoliberalismo; desde De la Madrid a Peña Nieto. Las políticas monetaria y financiera son las mismas que antes: metas de inflación por parte de Banco de México, escasa presencia de la banca de desarrollo en la intermediación de recursos y muy restringido crédito a la actividad empresarial por la banca privada. La política fiscal actual con su compromiso firme de registrar superávit primario a todo lo largo del sexenio —excluyendo por lo pronto toda reforma hacendaria— es de lo más neoliberal; comparable a la que el Fondo Monetario Internacional aplicaba décadas atrás en la región. Es absurdo que la 4T en su discurso tan alejada del neoliberalismo, esté en su curso, en su abrazo a la austeridad y a esgrimir el superávit fiscal como síntomas de salud de la economía, tan cercana al neoliberalismo en su práctica de política económica.

La política fiscal y la monetaria son las mismas de antaño, si se quiere o no calificarlas de neoliberales es otro asunto; pero son iguales. En materia de política cambiaria hoy como en el pasado se presume el peso fuerte, el superpeso. Esto suena bonito, pero no ayuda a que las exportaciones sean competitivas. La política industrial virtualmente no difiere de la de regímenes anteriores. Tampoco la política comercial de las tres décadas previas, por la apertura y el TLCAN, ahora en su versión moderna T-MEC; por cierto, con muchas más concesiones a los Estados Unidos, incluyendo los famosos attachés laborales.

¿Dónde está la sepultura del neoliberalismo? Salvo en el discurso y en la política laboral, no se ve. Si se dijera: “Yo respeto al neoliberalismo y lo voy a repetir”, es una cosa. Mas si se dice que “el neoliberalismo era de horror; pero me inspiro en él y lo repito”, pues yo no entiendo.

Suelo usar la analogía del sexenio como si fuera un partido de futbol: este gobierno lleva un año. Un año es la sexta parte. La sexta parte en el fútbol equivalen a 15 minutos. Falta media hora del primer tiempo y todo el segundo. Efectivamente, en 15 minutos no puedes asegurar que ya perdiste o que has ganado. Pero lo que si puedes ver es si la alineación y la manera de jugar que está en concurso o si está haciendo agua en algunos aspectos. Dicho eso, en estos primeros 15 minutos, bienvenido el nuevo entrenador, pero hay muchos aspectos del parado táctico que no funcionan, que de hecho son muy similares —por no decir idénticos— a lo que plantearon los de sexenios anteriores. Más vale en los 75 minutos restantes cambie la estrategia. Pero de ahí, a decir que no deberíamos de haber cambiado de entrenador nuevo, no estoy de acuerdo. Ya aprenderá, quiero creer, y su llamado en contra de la corrupción es de celebrar.

—¿México sigue apostando al sector exportador?

—México apostó por el crecimiento hacia afuera, o sea, las exportaciones como motor de crecimiento. Las exportaciones manufactureras se elevaron como los ángeles; sin embargo, no jalaron al resto de la economía. La expresión: “viene hecho la mocha” es heredada de la Revolución de 1910, cuando las locomotoras sin el resto de los cabuses transitaban más rápido. Eso pasa con nuestra economía: las exportaciones “vienen hechas la mocha” porque no arrastran al resto del sector productivo nacional.

Con la crisis financiera internacional de 2008-09, el comercio mundial perdió impulso, no obstante, México siguió apostando a las exportaciones. Con la llegada de Trump al poder en Estados Unidos, la economía de ese país creció muy rápidamente, pero no la nuestra. Y seguimos con lo mismo. La estrategia apuesta a una inserción en el mercado de los Estados Unidos como palanca de nuestro futuro desarrollo. Todo ello además sin una política industrial activa. La administración actual lo repitió a la fatiga: “No hay Plan B a la no ratificación del T-MEC”. Mutatis mutandi es la misma estrategia de antes: Sin TLCAN no hay futuro. El TLCAN, en el contexto de una política macro calificada como neoliberal, no colocó a la economía en una senda de elevado y sostenido crecimiento con igualdad. No hay razón por la que el T-MEC lo haga. Menos aún en ausencia de una política industrial.

—¿Nuestro país es atractivo para la inversión extranjera?

—Sin inversión de los empresarios del país, sin inversión interna, no hay forma de que ninguna economía se expanda de manera elevada y sostenida. Pero independientemente del dinamismo que pueda tener o no la inversión foránea, en realidad, con la salvedad de algunos sectores como el automotriz, ésta pesa muy poco relativamente al total.

Lo preocupante es que hoy en México, las encuestas de expectativas del sector privado que levanta el Banco Central señalan que sigue sin ser buen momento para invertir. Indican, igualmente, que el clima de negocios no es mejor que el de hace seis meses. Si no invertimos en maquinaria y equipo, si no mejoramos la infraestructura, no hay manera que la economía mexicana crezca a los ritmos requeridos. No hay manera que pueda competir exitosamente en los mercados mundiales. No hay modo que aumente el bienestar de nuestra población, sobre todo la menos favorecida.

Hay que fomentar un clima favorable a la inversión. Hay que apostar por la inversión comprometida con un crecimiento económico incluyente en lo social y sustentable en lo ambiental y financiero. Si seguimos apostando a lo mismo que hicieron Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y los demás expresidentes; donde el Tratado de Libre Comercio fue el centro de la política de desarrollo, tendremos los mismos y por demás decepcionantes resultados. Recalco que en la estrategia actual no hay política claramente redistributiva más allá del aumento al salario mínimo. En ello reconozco el esfuerzo de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján y su equipo.

—¿Considera que una reforma fiscal marcaría la diferencia?

—Hace tiempo, el profesor Carlos Hank González dijo que “un político pobre es un pobre político”; frase poco afortunada, pero de gran profundidad si se le cambia una palabra: “un Estado pobre es un pobre Estado”. México es un Estado pobre. Tiene una carga tributaria bajísima, entendida como el total de ingresos públicos respecto al PIB. De mantenerse así, no habrá forma de responder a las necesidades básicas de los mexicanos en salud y protección social, en infraestructura, etcétera. La carga tributaria es tan baja y está tan mal diseñada que tiene escaso impacto en el crecimiento económico o en la redistribución del ingreso.

En economías desarrolladas, se considera que “los impuestos son el precio que paga una sociedad para vivir de manera civilizada”. Aquí ese precio, no lo quieren pagar quienes podrían y deberían hacerlo. Aquí para eso no han servido los impuestos: generar una sociedad más igualitaria. La distribución del ingreso antes y después de impuestos es la misma. El coeficiente Gini —el indicador más usual para medir la desigualdad de ingresos—, casi no se mueve. Necesitamos una reforma fiscal. Los ingresos en proporción al PIB son bajos. Se recogen de manera desigual. No generan lo suficiente para tener un espacio fiscal que permita acciones de política contracíclica. No se generan los suficientes recursos para la inversión pública que requiere y merece el país, con una economía que aspira a ser competitiva.

Tema aparte de los ingresos tributarios es examinar en qué se gastan. Se requiere mejorar infinitamente el marco regulatorio de la inversión pública en este país. ¿En que se invierte, quiénes toman esas decisiones, con qué criterios y por qué?

El presidente y algunos promotores de la 4T dicen que quizá el problema más grande que limita el desarrollo económico de México es la deuda pública. Por cierto, mismo discurso general de los neoliberales. Pero este riesgo está sobrestimado. Durante el gobierno de Peña Nieto, las calificadoras de riesgo bajaron la nota a México. Argumentaron su decisión en ese entonces con base en que su preocupación no era el alza elevada de la deuda en alrededor de 12 puntos. Radicaba en el mal uso dado a los fondos al punto que la inversión pública se había desplomado y la economía no crecía. Incrementaron la deuda y no crecieron. Ahora estamos igual.

Margaret Thatcher decía que “un gobierno es como una casa, no se puede vivir por encima de sus medios”. Nuestro presidente dice o piensa más o menos lo mismo. Pero con recursos tan bajos y tan mal recolectados urge una reforma fiscal.

—¿Y acotar la discrecionalidad en la asignación de proyectos?

—Tema central de la profunda reforma fiscal que México requiere y tarde que temprano revisar el funcionamiento del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Este debería obligar a que todo proyecto de inversión pública pase por un comité de expertos, quienes en conjunto definan la rentabilidad social, el diseño y puesta en marcha del proyecto. Hoy, el porcentaje de la obra pública asignada sin licitación es muy similar a la del sexenio pasado.

—¿Qué importancia tienen las remesas?

—Pensar que las remesas pudieran ser el motor de la economía es un error. Nunca ha ocurrido ni ocurrirá. No conozco un país que haya crecido a base de remesas. Tampoco podría ser la apuesta futura porque la pirámide demográfica ya no está orientándose al tipo de perfil del migrante que se va a Estados Unidos. Qué bueno que existan las remesas, pero no pueden ser la base de una estrategia de desarrollo.

—Con cifras del INEGI, la economía informal sigue mostrando gran dinamismo.

—El dinamismo de la economía informal es consecuencia del letargo del sector formal. Sin un agenda pública ni privada que coloque a la innovación, la creación y el valor agregado como ventajas competitivas y comparativas de México, no hay manera que el sector informal pierda peso. A veces se recomienda “meter a la formalidad a los informales”; es decir, inscribirlos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Si esto ocurriera y todos solicitan servicios del IMSS, reventarían las clínicas y el sistema de salud. Una vez más, un gran reto actual es construir un sistema de protección social universal incluyendo el derecho efectivo a una pensión. Con el sistema de pensiones vigente, aún la gente en el sector formal, no va a cotizar el número de semanas suficientes para tener derecho a una digna jubilación. Problema social brutal en el horizonte.

—¿Qué le pareció el aumento a los salarios mínimos para el 2020?

—La verdad, muy bien. Tenemos una inflación a la baja. El salario mínimo sigue estando muy lejos del salario medio. Los empresarios ya lo habían internalizado.

—¿Persiste la preocupación sobre si el alza a los mínimos tendrá algún impacto en la inflación?

—Podría tener, pero ni de casualidad llevará al IPC a registrar un aumento superior al 3% anual; dado lo estable y a la baja que ha estado en su variación.

—¿El salario mínimo en México ha estado muy deprimido?

—La distribución funcional, es decir, la participación de los salarios en el PIB ha ido cayendo de manera sistemática por mucho tiempo. Es de los más bajos en la región; provocado en parte, por años de adopción de una política de contención del salario mínimo. Allí tenemos un problema.

—¿Qué opina de los agregados que se le hicieron de última hora al T-MEC?

—Ya estaban. Lo que es impresentable o incomprensible es que los negociadores mexicanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores digan que i) no iba a haber, ii) que no se enteraron que los incluyeron, iii) que les hicieron chapuza, y luego cierren diciendo que iv) no importa que estén. Que firmen sin leer con atención es decepcionante, pero explicable dada la gran prisa y enorme apuesta por el T-MEC como palanca de desarrollo. Pero esta falla también refleja que el equipo negociador de México no se apoyó en la Secretaría de Economía, adecuada o suficientemente. ¿Por qué jugó ese rol tan protagónico y, me parece, excluyente, la Secretaría de Relaciones Exteriores? Habrá que preguntárselo. Y si es que la última parte de la negociación se llevó a cabo sin el “cuarto de junto”, con razón las equivocaciones.

—¿La cancillería se ha convertida en una supersecretaría?

—Es una supersecretaría. Todo lo atiende. Lo malo es que ¿dónde está la de Economía en estos temas? ¡Que ganas de complicase así la vida! ¿Pero qué necesidad?

—¿Qué le pareció el libro Hacia una economía moral de AMLO?

—Es un best seller que tiene poco de economía. Es muy parecido a la versión poética del Plan Nacional de Desarrollo. Recuerda a lo que dijo Margaret Thatcher, que “el asunto del gobierno no es la economía, es la conquista de las almas de los ciudadanos”. La parte económica del libro es muy neoliberal, en general. La parte de la moral tendría sentido con una agenda de desarrollo económico efectivamente orientada a bajar la desigualdad e impulsar el crecimiento sustentable. En la práctica, por cierto, la 4T dista mucho de ser respetuosa del medio ambiente.

Nota biográfica

Juan Carlos Moreno-Brid es licenciado en Matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), maestro en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y doctor en Economía por la Universidad de Cambridge.

Sus líneas de interés académico incluyen temas tales como salarios y distribución, desarrollo, crecimiento, historia económica, políticas macro, industriales y de financiamiento.

Ha sido director adjunto y coordinador de investigación en la sede México de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) e investigador asociado en el David Rockefeller Center for Latin American Studies de la Universidad de Harvard. Es profesor-investigador en la Facultad de Economía de la UNAM.

Autor de numerosos artículos en revistas académicas, entre sus libros recientes destacan Políticas de desarrollo productivo en México (OIT, 2019); Cambio estructural y crecimiento en Centroamérica y República Dominicana (CEPAL, 2014); así como Desarrollo y crecimiento en la economía mexicana: una perspectiva histórica (FCE, 2014; Oxford University Press, 2009).

Tema de investigación: 
Crisis económica

24th Annual Hyman P. Minsky Conference on the State of the US and World Economies. Is Financial Reregulation Holding Back Finance for the Global Recovery?

La Crisis Financiera estadounidense del 2008, aquel ´´infarto al sistema global´´ ciertamente comparado con la Gran Depresión de los 30´s, es vista como resultado de un proceso desregulador del sistema financiero a partir de la implementación del paradigma neoliberal en la idiosincrasia del sistema mundo.

En tanto la interpretación de los ´´fundamentalistas del mercado´´ se enfoca en destacar el carácter incidental e intermitente del fenómeno, cobran relevancia posturas alternativas que resaltan elementos endógenamente inestables del sistema capitalista: la Hipótesis de la Inestabilidad Financiera (HIF) de Hyman Minsky, que refiere al endeudamiento del sistema financiero como eje apocalíptico que engendra depresiones económicas cada vez más profundas y recurrentes.

El Levy Economics Institute, bajo el precepto de conmemorar, releer y debatir la obra del economista postkeynesiano, organizó una conferencia con destacados invitados del mundo de la academía, la política y los medios de comunicación. El resultado es un homenaje activo, un necesario repensar de la teoría economía.

A continuación el listado de los ponentes:

Lakshman Achuthan
Cofounder and Chief Operations Officer, Economic Cycle Research Institute

Daniel Alpert
Managing Partner, Westwood Capital, LLC

Robert J. Barbera
Codirector, Center for Financial Economics, The Johns Hopkins University

James Bullard
President and CEO, Federal Reserve Bank of St. Louis

Vítor Constâncio
Vice President, European Central Bank

Pedro Nicolaci da Costa
Federal Reserve and Economics Reporter, The Wall Street Journal

Sam Fleming
US Economics Editor, Financial Times

Scott Fullwiler
Professor of Economics and James A. Leach Chair in Banking and Monetary Economics, Wartburg College

Michael Greenberger
Professor, School of Law, and Director, Center for Health and Homeland Security, The University of Maryland

Bruce C. N. Greenwald
Robert Heilbrunn Professor of Finance and Asset Management, Columbia University

Thomas M. Hoenig
Vice Chairman, Federal Deposit Insurance Corporation

Jan Kregel
Senior Scholar, Levy Institute, and Professor, Tallinn University of Technology

Paul McCulley
Formerly, Chief Economist, PIMCO

Perry G. Mehrling
Professor of Economics, Barnard College

Dimitri B. Papadimitriou
President, Levy Institute

Deborah Solomon
News Editor, The Wall Street Journal

Jim Tankersley
Economic Policy Correspondent, The Washington Post

Paul Tucker
Senior Fellow, Harvard Business School

Éric Tymoigne
Research Associate, Levy Institute, and Professor of Economics, Lewis & Clark College

Elizabeth Warren
US Senator (D-MA)

L. Randall Wray
Senior Scholar, Levy Institute, and Professor, University of Missouri–Kansas City

Aquí el link donde se pueden descargar las presentaciones de algunos de los expositores:

http://www.levyinstitute.org/conferences/minsky2015/ 

Tema de investigación: 
Crisis económica

After the US-China Trade War

New Haven. For the last two years, the conflict between the United States and China has dominated the economic and financial-market debate – with good reason. After threats and accusations that long predate US President Donald Trump’s election, rhetoric has given way to action. Over the past 17 months, the world’s two largest economies have become embroiled in the most serious tariff war since the early 1930s. And the weaponization of US trade policy to target perceived company-specific threats such as Huawei has broadened the front in this battle.

I am as guilty as anyone of fixating on every twist and turn of this epic struggle between the world’s two economic heavyweights. From the start, it has been a political conflict fought with economic weapons and is likely to remain so for the foreseeable future. What that means, of course, is that the economic and financial-market outlook basically hinges on the political dynamic between the United States and China.In that vein, the so-called phase one “skinny” trade deal announced with great fanfare on October 11 may be an important political signal. While the deal, if ever consummated, will have next to no material economic impact, it provides a strong hint that Trump has finally had enough of this trade war. Consumed by domestic political concerns – especially impeachment and the looming 2020 election – it is in Trump’s interest to declare victory and attempt to capitalize on it to counter his problems at home.

China, for its part, would also like nothing more than to end the trade war. Politics is obviously very different in a one-party state, but the Chinese leadership is not about to capitulate on its core principles of sovereignty and its aspirational mid-century goals of rejuvenation, growth, and development. At the same time, there can be no mistaking downward pressures on the economy. But with Chinese policymakers determined to stay the course of their three-year deleveraging campaign – an important self-inflicted source of the current slowdown – they should be all the more eager to address the trade-related pressures brought about by the conflict with the US.Consequently, the political calculus of both countries is coming into closer alignment, with each looking for some face-saving truce. There is always a risk that other complications will arise — recent events in Hong Kong and revelations of developments in China’s Xinjiang Province come to mind. But, at least for the time being, the politics of the trade war are now pointing more toward de-escalation rather than a renewed ratcheting up of tensions.

If that is the case, and if a phase one accord is reached, it behooves us to ponder what the world will look like after the trade war. Several possibilities are at the top of my list: deglobalization, decoupling, and trade diversion.

Deglobalization is unlikely. Like the first wave of globalization that ended ignominiously between World War I and the Great Depression, the current wave has generated a mounting backlash. Populism is rearing its ugly head around the world, and tensions over income and wealth inequality – aggravated by fears that technological innovations such as artificial intelligence will undermine job security – are dominating the political discourse. Yet the climactic event that underscored the demise of the first wave of globalization was a 60% collapse in world trade in the early 1930s. Notwithstanding the current political dysfunction, the odds of a similar outcome today are extremely low. Global decoupling is also unlikely. Reflecting the explosive growth in global value chains (GVCs) over the past 25 years, the world is woven together more tightly than ever before. That has transformed global competition away from the country-specific paradigm of the past to a far more fragmented competition between widely distributed platforms of inputs, components, design, and assembly functions.

A recent IMF study found that GVCs accounted for fully 73% of the rapid growth in global trade that occurred over the 20-year period from 1993 to 2013. Enabled by irreversible trends of plunging transportation costs and technological breakthroughs in logistics and sourcing, the GVC linkages that have come to underpin global economic integration are at little risk of decoupling. Trade diversion is another matter altogether. As I have long argued, bilateral trade conflicts – even a bilateral decoupling – can do nothing to resolve multilateral imbalances. Putting pressure on one of many trading partners – precisely what the US is doing when it squeezes China in an effort to reduce its merchandise trade deficits with 102 countries – is likely to backfire. That’s because America’s multilateral trade deficit reflects a profound shortfall of domestic saving that will only get worse as the federal budget deficit now veers out of control. Without addressing this chronic saving problem, targeting China will mean pushing the Chinese piece of the multilateral deficit on to America’s other trading partners. Such diversion will shift trade to higher-cost foreign sourcing – the functional equivalent of a tax hike on US consumers.Trade truce or not, a protracted economic struggle between the US and China has already begun. A cease-fire in the current battle is nothing more than a politically expedient pause in what is likely to be an enduring Cold War-like conflict. That should worry the US, which is devoid of a long-term strategic framework. China is not. That is certainly the message from Sun Tzu in The Art of War: “When your strategy is deep and far-reaching … you can win before you even fight.”

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Crisis económica

América Latina acelera, pero el FMI avisa del estancamiento en la productividad

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La recuperación en América Latina se refuerza. El Fondo Monetario Internacional proyecta una expansión del 2% para la región este año, siete décimas más que en 2017 y una por encima de lo proyectado hace tres meses. Desde ahí se acelerará hasta el 2,8% el año próximo -dos décimas por encima a la predicción que hizo en enero y cuatro por encima a la de octubre-. Sin embargo, según advierte el Fondo, las numerosas elecciones que se celebrarán a lo largo de este ejercicio en la región, el envejecimiento de la población y el estancamiento de la productividad son factores de riesgo.

El repunte gradual de la economía latinoamericana se explica por varios factores. Por un lado, ayuda que se estén registrando progresos mejores de lo esperado tanto en los países de la zona euro, como Estados Unidos, China y Japón. El impulso llega también por el alza en las materias primas, así como al incremento de la inversión y especialmente a que se aceleran los intercambios comerciales globales.

Y también por méritos propios. Brasil, la mayor economía, empieza a ver la recesión por el espejo retrovisor. El FMI proyecta un crecimiento del 2,3% este año y de un 2,5% el próximo. No solo representa una mejora importante respecto al 1% de 2017, tras las contracciones que registró en 2015 y 2016. La nueva estimación representa una revisión al alza de cuatro décimas frente a enero.

México, la segunda con mayor peso, pasará de crecer un 2% en 2017 a hacerlo un 2,3% en 2018 y repuntará al 3% en 2019. En su caso no hay cambios respecto a lo anticipado hace tres meses y eso pese a que se revisa al alza dos décimas el crecimiento de su gran socio comercial, Estados Unidos. La aplicación de la agenda de reformas estructurales es el principal sustento al crecimiento.

Gian María Milesi-Ferretti indicó que el FMI espera que el acuerdo de libre cambio con Estados Unidos y Canadá (TLC) se renueve y permita reforzar la integración regional. Advirtió de que los “efectos serán muy negativos” si fracasa la negociación, porque representa una parte muy importante para la economía de México. "Esperamos que se pueda mejorar y no cancelarlo", reiteró.

Argentina, sin embargo, experimentará una moderación al bajar su crecimiento al 2%, casi un punto por debajo al de 2017. Se explica, de acuerdo con los técnicos, a los efectos de la sequía en la producción agrícola. También cita el ajuste fiscal y monetario para combatir la inflación y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Tras este ajuste, retomará el 3,3% a medio plazo.

Colombia pone la directa

En cuanto a Colombia, uno de los grandes países exportadores de materias primas, el crecimiento será del 2,7% este año y del 3,3% en 2019. La economía de Chile se expandirá a un ritmo que rondará el 3,3% durante los próximos dos años. La de Perú lo hará un 3,7% en 2018 y de ahí subirá al 4% en 2019. La mayor tasa de crecimiento es la de Paraguay, del 4,5% y el 4,1% respectivamente.

Pese a la mejora en las perspectivas, el rendimiento del conjunto de las economías latinoamericanas sigue estando a medio camino de la media global, que se proyecta ronde el 3,9% este año y el próximo. Para el grupo de países emergentes y en desarrollo, el FMI mantiene la tasa de crecimiento en el 4,9% para 2018 y que repunte al 5,1% en 2019, para a largo plazo estabilizarse en el 5%.

Venezuela es el claro punto negro y hace de lastre sobre el conjunto. Como indica el FMI, arrastra una crisis económica y humanitaria desde 2014. La contracción será del 15% este año. Volverá a hacerlo un 6% en 2019. Pero esta moderación no porque se disipen los problemas. Al contrario, las condiciones adversas se intensifican y el organismo anticipa que la inflación se disparará un 13.865% este ejercicio y el siguiente excederá el 12.800%. El paro será del 33%, frente al 27% en 2017. "La situación es muy crítica", lamenta Milesi-Ferrett.

Riesgos

Maurice Obstfeld, principal consejero económico del FMI, hizo referencia durante la presentación al impacto que tendrá en la región una guerra comercial entre EE UU y China. “Los efectos serán complejos”, dijo refiriéndose a países exportadores de materias primas como Brasil. “En un entorno de un conflicto comercial generalizado es posible que todos pierdan”, reiteró, “no hay ganadores”.

Y aunque en términos generales las noticias son positivas, a largo es más sobrio. El crecimiento a medio plazo para la región se moderará al 2,2% por el peso del envejecimiento y el estancamiento de la productividad. Por eso el FMI insiste en que los países exportadores de materias primas diversifiquen sus economías y se adopten reformas estructurales que permitan ser más resistentes.

El FMI reitera también la necesidad de que se adopten políticas que promuevan un crecimiento más inclusivo. Es este punto señala que la desigualdad en América Latina se redujo desde 2000, pero “sigue siendo alta”. El organismo cita además la incertidumbre política entre los factores que pueden tener un efecto en la economía, junto riesgos como la corrupción, el cambio climático y la migración.

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Crisis económica

América Latina crecerá este año la mitad que en 2018

La Cepal rebaja su proyección hasta el 0,5%, ocho décimas menos de lo pronosticado en abril y muy por debajo del 0,9% con el que cerró el ejercicio pasado

La desaceleración de la economía global hace mella en América Latina y el Caribe. Los países de la región crecerán este año un 0,5%, la mitad de lo que lo hicieron el año pasado y ocho décimas menos de lo proyectado en abril, según las nuevas cifras hechas públicas este miércoles por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el brazo de la ONU para el desarrollo económico en la región. La rebaja es prácticamente generalizada: 15 de los 20 países analizados ven degradado su horizonte económico para este año en un ecosistema dominado por "el deterioro generalizado de las economías regionales", según subrayan los técnicos del organismo. Las previsiones de la Cepal van en línea con el cuadro macroeconómico que pintó el Fondo Monetario Internacional (FMI) la semana pasada, cuando pronosticó una expansión del 0,6% para América Latina y el Caribe.

La baja tasa de crecimiento regional responde, en primer lugar, al mal desempeño de la inversión y las exportaciones que ha venido acompañada por una caída en el gasto público. "A su vez", agregan los economistas de la Cepal, "la dinámica del consumo privado también ha mostrado una ralentización, lo que refleja la disminución del crecimiento del PIB". Pero la desaceleración también hay que enmarcarla "en un contexto de baja productividad en que la tasa de crecimiento de esta se encuentra estancada o es negativa, lo que tampoco contribuye a potenciar el crecimiento de mediano plazo". Y en uno, más global, de pérdida generalizada de vigor a escala mundial, "que ha derivado en un escenario internacional desfavorable para la región".

El débil desempeño de las economías latinoamericanas se ha traducido, asimismo, en un empeoramiento del mercado laboral, donde se pronostica un incremento de la informalidad -uno de los grandes talones de Aquiles de la región- y una tasa de desocupación urbana de alrededor del 9,3%, mucho más alta que en la media del bloque emergente.

A pesar de la desaceleración generalizada, este año, como todos los anteriores, persiste una amplia disparidad en el crecimiento de las diferentes subregiones. Mientras Centroamérica crecerá un notable 2,9% -tres décimas menos que el año pasado, sin embargo, después de que todos sus países perdiesen fuelle, con la única y ya sempiterna excepción de Panamá, que crecerá casi un 5%-, la expansión de la economía mexicana disminuirá un punto porcentual: del 2% registrado en 2018 a un 1% en 2019, lejos de las promesas del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador -que en campaña proyectó una expansión del 4% anual durante su mandato- y del propio pronóstico de la Cepal en abril, que auguraba un crecimiento del 1,7% para el conjunto del año. “En Centroamérica y México existirá una recomposición en los componentes de la demanda agregada que explican el crecimiento, pues mientras el consumo privado y las exportaciones continuarán siendo su principal componente, la contribución de la inversión sería negativa”, indica la Cepal en su informe dado a conocer hoy en Santiago de Chile. México ha salvado este miércoles la recesión al crecer un magro 0,1% intertrimestral entre abril y junio, una expansión notablemente inferior a lo que indica su potencial y que obliga a repensar su política monetaria.

“La desaceleración mexicana se inició a mediados del año pasado y se asocia a factores estructurales e históricos, como la situación de Pemex. Pero también a elementos coyunturales, como la incertidumbre respecto a la política comercial con EE UU”, ha explicado la secretaria ejecutiva del organismo de Naciones Unidas, Alicia Bárcena. “México ha iniciado un proceso de profundas transformaciones en su modelo económico y uno de los cambios estratégicos más fuertes es en el sector energético. Además, se están proponiendo nuevos proyectos y cambiando la dirección de otros –como el aeropuerto de Texcoco o Santa Lucía, proyectos de infraestructura de cierta dimensión– que son de mediano plazo y cuyos efectos no han podido verse en los ocho meses del Gobierno actual”, indicó Bárcena, que estima que la economía mexicana “va a ir retomando fuerza”.

La peor parte se la lleva, una vez más, América del Sur, la subregión latinoamericana más estancada: allí, el crecimiento pasará del 0,4% de 2018 al 0,2% del año en curso, en buena medida por la profunda recesión venezolana (-23%) y los malos datos económicos argentinos, donde pese a los recientes y ligerísimos brotes verdes se proyecta una caída del PIB del 1,8%. Ambos son, junto con Nicaragua -inmerso en una crisis política que se ha cobrado en la economía una de sus principales víctimas-, son los tres únicos países de Latinoamérica y el Caribe que se contraerán en 2019. El crecimiento de Ecuador y Uruguay será igualmente discreto –0,2% y 0,3%–, mientras para el gigante sudamericano, Brasil, la Cepal proyecta una expansión de apenas un 0,8% para este ejercicio, lejos del discurso de Jair Bolsonaro, que en campaña prometió una fulgurante recuperación económica prácticamente desde el primer día de su mandato. Brasil, que bordea la recesión técnica, evalúa posibles alternativas para escapar del estancamiento, entre ellas una rebaja de tipos. El banco central tomará una decisión al respecto este mismo miércoles.

“Se espera un cuadro menos favorable para Brasil por la [evolución de la] economía internacional, el cuadro recesivo en Argentina –un mercado clave para sus exportaciones– y el consumo de las familias, que se ha reducido por las incertidumbres del mercado laboral”, ha detallado Bárcena. La contracción minera es, además, fundamental para Brasil y “el desastre de Brumadinho tuvo un efecto muy importante en la producción de hierro y sus exportaciones”.

La debilidad del crecimiento en América del Sur responde a un abanico de factores entre los que destacan dos: una demanda interna declinante, que solo alcanzará a crecer un 0,7% este año lastrada por el deterioro del consumo privado y de la formación bruta de capital fijo -el principal componente de la inversión- y por el comercio exterior que -y esto es una novedad en una región tan dependiente de las materias primas- pasará no solo a no contribuir al crecimiento, sino a restarle alguna décima.

En Sudamérica, sin embargo, se observan excepciones. Bolivia volverá a ser una vez más es el país que más crecerá en la subregión: el 4%. También continuarán su trayectoria positiva Perú (+3,3%), Colombia (+3,1%) y, en menor medida, Chile (+2,8%). En este último caso, sin embargo, para el Gobierno conservador de Sebastián Piñera una cifra por debajo del 3% no es una buena noticia. Tanto el presidente como su ministro de Hacienda, Felipe Larraín, insisten en darle un tinte positivo a la marcha de la economía chilena y proyectan un crecimiento entre un 3% y un 3,5% para 2019, un objetivo cada vez más lejano.

"La diferencia en la intensidad de la dinámica de la actividad económica entre países y subregiones responde no solo a los impactos diferenciados del contexto internacional en cada economía, sino también a la dinámica de los componentes del gasto —principalmente el consumo y la inversión— que ha venido siguiendo patrones distintos en las economías del norte y en las del sur", subrayan los economistas de Cepal.

Entretanto, el Caribe, por mucho la subregión más dinámica, cerrará este año una expansión del 2,1%. Los únicos países que superarían el 5% de crecimiento, de hecho, serán caribeños: Dominica, Antigua y Barbuda y República Dominicana, con 9,9%, 5,9% y 5,5%, respectivamente. Son la otra cara de la moneda del estancamiento generalizado en el que está inmerso el subcontinente.

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Crisis económica

América Latina: la crisis que fue una tormenta de verano

América Latina es una región acostumbrada a las debacles financieras: es tal la huella que han dejado en los latinoamericanos, ya sean del sur o del norte, que es prácticamente imposible hablar de economía con uno de ellos sin que, en algún punto de la conversación, aparezca la palabra "crisis". La de 2008, de pésimas consecuencias para los países desarrollados, en cambio, no engrosará esa larga y tenebrosa lista. Será recordada, más bien, como una tormenta de verano: llegó sin previo aviso, golpeó —aunque menos que cualquiera anterior— y pasó rápido.

Los latinoamericanos asistieron atónitos, como el resto del mundo, a esos fatídicos días de septiembre en los que los empleados del todopoderoso Lehman Brothers desfilaban por las calles del sur de Manhattan con sus pertenencias empacadas cajas de cartón y sabiendo que nunca más pisarían su oficina. De la noche a la mañana, los peores presagios se amontonaban: si caía uno de los grandes emblemas del capitalismo, ¿qué sería de la frágil banca argentina? La crisis de 2001 y su corralito estaban cerca en el recuerdo colectivo. ¿Y qué pasaría con México? A pesar de que ya habían pasado casi 15 años desde el tequilazo, la formidable crisis financiera iniciada por falta de divisas, la dependencia con Estados Unidos era mayor que nunca antes.

Pero los cimientos, esta vez, eran más sólidos de lo que cabría esperar. La embestida se quedó en un muy mal año —2009— y una recuperación —a partir de 2010— tan fulgurante como la caída. América Latina demostró haber aprendido un puñado de lecciones de su traumático pasado. "Hasta entonces, todos los contagios habían acabado en crisis en el mercado financiero. La gran diferencia fue la mejor regulación bancaria, que permitió que el impacto sobre el sector fuese prácticamente nulo, y un precio de las materias primas más alto", apunta José Luis Machinea, exministro de Economía de Argentina durante el Gobierno de Fernando de la Rúa. "A diferencia de episodios anteriores", agrega Osvaldo Kacef, director de desarrollo económico de la Cepal cuando estalló la crisis, "en 2008 la relación entre deuda externa y reservas era mucho más favorable, lo que dio una situación inédita de liquidez y solvencia".

Latinoamérica, con todo, dista mucho de ser un bloque uniforme. La simplificación ayuda, a ojos europeos, a comprender la realidad de una región tan lejana, pero las realidades son múltiples. Economías de características dispares entre sí y solo agrupables (para hacer las cosas más fáciles) en torno a dos grandes ejes: América del Sur —muy dependiente del valor de sus exportaciones de materias primas—y México y sus países vecinos —muy abiertos al exterior y con un creciente peso de las manufacturas sobre su PIB—.

Para este segundo grupo, el contagio de la debacle financiera fue prácticamente inmediato. Un resfriado en EE UU es una gripe en México y 2009 fue un año aciago: el PIB cayó más de un 5% arrastrado por el desplome en los pedidos de la industria y la trayectoria descendente de las remesas. Sería su primer ejercicio en negativo desde 2002, pero también el último hasta la fecha. La recuperación de la segunda mayor economía latinoamericana —como la de la guatemalteca, la costarricense o la panameña, por citar solo algunas— fue tan abrupta como la caída: en 2010, México prácticamente calcó la cifra del año anterior, pero con el signo contrario. Y en 2011 y 2012, el ritmo de expansión siguió por encima del 3%.

Al sur, el fin del financiamiento externo y el derrumbe de la demanda de materias primas repercutieron en los países productores de la región, como Brasil, Argentina, Chile y Perú —Venezuela ya empezaba a regirse por sus propias dinámicas, no precisamente positivas, incluso cuando el petróleo aún cabalgaba por encima de los 100 dólares por barril—. Pero el cataclismo de Wall Street los encontró fuertes, en medio del boom en el precio de los productos básicos: del crudo —importante sostén de casi todos los países de la región— al cobre, el hierro o la soja. Todas estas economías contaban con superávit fiscales y las arcas de sus bancos centrales estaban llenas. Y la experiencia de crisis globales anteriores les había llevado a tomar precauciones ante eventuales turbulencias. Cuando llegó la tormenta, los Gobiernos tuvieron recursos para aplicar políticas contracíclicas, desviando dinero público para apuntalar la producción y el consumo. "Fue la primera vez que los países latinoamericanos pudieron tomar este tipo de medidas, tanto en el plano fiscal como en el del mercado de trabajo", recuerda Machinea.

2009 fue el año de la Gran Crisis. Los PIB de toda América del Sur habían terminado 2008 en positivo; en algunos casos, como Perú, con alzas de doble dígito, pero se derrumbaron meses después. El más golpeado fue Argentina, con una caída del 5,9%. "Son países que dependen mucho de la entrada de divisas y ésta se frenó casi por completo", apunta Kacef. Pero Argentina también fue el país sudamericano que se recuperó con más fuerza en 2010, cuando su PIB subió más del 10%.

En Brasil, la mayor economía latinoamericana, la crisis se cobró en el arranque 654.000 puestos de trabajo y 20 puntos de caída de la actividad industrial entre septiembre y diciembre de 2008. Pero la reacción del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva logró revertir rápidamente las consecuencias del tsunami. El banco central sacó todo su arsenal e inyectó al mercado 60.000 millones de dólares para reactivar el mercado interno, mientras usaba reservas internacionales para ayudar a las empresas con deudas en el exterior. En 2009, el PIB brasileño se dejó solo una décima y en 2010 la economía recuperaba un 7,5%.

Chile sufrió su ya histórica dependencia de las exportaciones de cobre, altamente dependiente del ciclo. La presidenta Michelle Bachelet se encontraba en la mitad de su mandato y su imagen no era la mejor. "Estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer", dijo en septiembre de 2008, acorralada por la oposición, que reclamaba acciones concretas. En 2009 la economía cayó un 1,7%, pero las políticas contracíclicas del Gobierno permitieron alcanzar la recuperación sólo un año después, con una subida de 4,3%.

América Latina, en fin, sobrevivió a la debacle colectiva gracias a la fortaleza estructural que tenía en 2008. Se recuperó rápido, pero la crisis dejó secuelas graves, sobre todo en dos de sus economías más grandes: Brasil y Argentina no volvieron a tener superávit fiscal y años después, cuando el valor de sus exportaciones cayó, ingresaron en una espiral descendente que los llevó a la recesión. La segunda mayor economía de la región, México, lleva nueve años de crecimiento ininterrumpido, pero demasiado bajo para un país de su potencial.

¿Salió Latinoamérica fortalecida? Una de cal y otra de arena. La regulación bancaria, otrora su talón de Aquiles, mejoró (y mucho). Pero pudo haber aprovechado mejor los años de bonanza de los productos básicos. Tampoco ha acabado, ni siquiera mitigado, sus ya crónicas dependencias: las exportaciones de América del Sur siguen muy concentradas en el sector primario y la minería, y sus economías son dependientes del dinero externo. Argentina y Brasil lo saben bien, ahora que los capitales huyen de los mercados emergentes hacia refugios más seguros. El primero enfrenta la peor crisis financiera desde 2001 y pidió un rescate del FMI para sostener su moneda. El segundo no logra recuperase del todo de dos años de recesión y cerró el segundo trimestre con una expansión mínima, del 0,2%. México y Centroamérica, entretanto, siguen expuestas al ciclo estadounidense. Hoy, con la primera potencia mundial rozando el pleno empleo y creciendo a un ritmo envidiable incluso para muchos emergentes, la locomotora americana goza de buena salud y arrastra consigo a sus plataformas manufactureras. Pero la bonanza del vecino rico esconde una amenaza que harían mal en subestimar: cada día que pasa, la próxima recesión está 24 horas más cerca.

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Ante lo desconocido... La pandemia y el sistema-mundo

La pandemia ha modificado diversos aspectos en las sociedades, el brote saca a relucir la falta de atención a cuestiones importantes que no tuvieron mucha atención. La insuficiente de infraestructura sanitaria, y el cambio climático son algunos de ellos.

Se han tomado algunas medidas a partir del uso de la tecnología para el combate del contagio, como la presencia de algoritmos, aplicaciones. Así como muchas otras medidas para la seguridad de la población en general.

La desinformación y los liderazgos actuales han jugado un papel fundamental en el desarrollo de la crisis, que se ha expandido rápidamente hacia las economías del mundo, la recuperación se ve complicada, aunque seguramente habrán varios aspectos que no serán iguales aunque la recuperación sea favorable.

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Crisis económica

Asian Financial Crisis: Lessons Learned and Unlearned

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Debates are taking place on whether there will be another financial crisis, whether in some part of the world or that is global in scope.  Governments draw lessons from financial crises to adopt measures to prevent their recurrence.  However, such measures are often designed to address the root causes of the last crisis but not the next one.  More importantly, they can actually become the new sources of instability and crisis.

Much of what has recently been written about the Asian crisis on the occasion of its 20th anniversary praises the lessons drawn and the measures implemented thereupon.  But they often fail to appreciate that while these might have been effective in preventing the crisis in 1997, they may be inadequate and even counterproductive today because they entail deeper integration into global finance.

An immediate step taken in Asia was to abandon currency pegs and move to flexible exchange rates in order to facilitate external adjustment and prevent one-way bets for speculators.  This has a lot to commend it, but its effects depend on how capital flows are managed.

Under free capital mobility no regime can guarantee stable rates.  Currency crises can occur under flexible exchange rates as under fixed exchange rates.   Unlike fixed pegs, floating at times of strong inflows can cause nominal appreciations and encourage even more short-term inflows.  Indeed nominal appreciations have been quite widespread during the surges in capital inflows in the new millennium, including in some East Asian economies.

Second, most emerging economies, including those in Asia, have liberalized foreign direct investment regimes and opened up equity markets to foreigners on the grounds that equity liabilities are less risky and more stable than external debt.  As a result, non-resident holdings as a percent of market capitalization have reached unprecedented levels, ranging between 20 and 50 per cent compared to 15 per cent in the US.

This has made the emerging economies highly susceptible to conditions in mature markets.  Since emerging economies lack a strong local investor base, the entry and exit of even relatively small amounts of foreign investment now result in large price swings.

Third, they have also sought to reduce currency mismatches in balance sheets and exposure to exchange rate risk by opening domestic bond markets to foreigners and borrowing in their own currencies.  As a result sovereign debt in many emerging economies is now internationalized to a greater extent than that in reserve-currency countries.

Whereas about one-third of US treasuries are held by non-residents, this proportion is much higher in many emerging economies, including in Asia.  Unlike US treasuries this debt is not in the hands of foreign central banks but in the portfolios of fickle investors.

Although opening bond markets has allowed the sovereign to pass the currency risk to lenders, it has led to loss of autonomy over domestic long-term rates and entailed a significant exposure to interest rate shocks from the US.  This could prove equally and even more damaging than currency exposure in the transition of the US Fed from low-interest to high-interest regime and normalization of its balance sheet.

Fourth, there has been extensive liberalization of the capital account for residents.  Corporations have been encouraged to become global players by borrowing and investing abroad, resulting in a massive accumulation of debt in low-interest reserve currencies since 2008.

They have also borrowed through foreign subsidiaries.  These are not always repatriated and registered as capital inflows and external debt, but they have a similar impact on corporate fragility.  Hence the reduction in currency mismatches is largely limited to the sovereign while private corporations carry significant exchange rate risks.

Fifth, limits on the acquisition of foreign securities, real estate assets and deposits by resident individuals and institutional investors have been raised or abolished.  A main motive was to relieve upward pressures on currencies from the surge in capital inflows.  Thus, liberalization of resident outflows was used as a substitute to restrictions over non-resident inflows.  Although this has led to accumulation of private assets abroad, these would not be readily available at times of capital flight.

Sixth, banking regulations and supervision have no doubt improved, restricting currency and maturity mismatches in bank balance sheets.  However, banks now play a much less prominent role in the intermediation of international capital flows than in the 1990s.  International bond issues by corporations have grown much faster than cross-border bank lending directly or through local banks and a very large part of capital inflows now goes directly into the securities market.

These measures have failed to prevent credit and asset market bubbles in most countries in the region.  Increases in non-financial corporate debt since 2007 in Korea and Malaysia are among the fastest, between 15 and 20 percentage points of GDP.  At around 90 per cent of GDP Malaysia has the highest household debt in the developing world.  In Korea the ratio of household debt to GDP is higher than the ratio in the US and the average of the OECD.

 

International Reserves

Asian economies, like many others, are commended for building self-insurance by accumulating large amounts of international reserves.  Moreover, an important part of these came from current account surpluses, not just capital inflows.  Indeed, all countries directly hit by the 1997 crisis made a significant progress in the management of their external balances in the new millennium, running surpluses or keeping deficits under control.

However, whether or not these reserves would be sufficient to provide adequate protection against massive and sustained exit of capital is highly contentious.  After the Asian crisis, external vulnerability came to be assessed in terms of adequacy of reserves to meet short-term external debt in foreign currencies.

However, there is not always a strong correlation between pressure on reserves and short-term external debt.  Often, in countries suffering large reserve losses, sources other than short-term foreign currency debt play a greater role.  Currencies can come under stress if there is a significant foreign presence in domestic deposit and securities markets and the capital account is open for residents.

A rapid and generalized exit could create significant turbulence with broader macroeconomic consequences, even though losses due to declines in asset prices and currencies fall on foreign investors and mitigate the drain of reserves.

In all four Asian countries directly hit by the 1997 crisis, international reserves now meet short-term external dollar debt.  But they do not always leave much room to accommodate a sizeable and sustained exit of foreign investors from domestic securities and deposit markets and capital flight by residents.

This is particularly the case in Malaysia where the margin of reserves over short-term dollar debt is quite small while foreign holdings in local securities markets are sizeable.  Indeed its currency has been under constant pressure since mid-2014.  As foreign holders of domestic securities started to unload ringgit denominated assets, markets fell sharply and foreign reserves declined from over $130 billion to $97 billion by June 2015.  In October 2015 the ringgit hit the lowest level since September 1998 when it was pegged to the dollar.  Currently it is below the lows seen during the turmoil in January 1998.

In Indonesia reserves exceed short-term dollar debt by a large margin, but foreign holdings in its local bond and equity markets are also substantial and the current account is in deficit.  The country was included among Fragile 5 in 2013 by Morgan Stanley economists for being too dependent on unreliable foreign investment to finance growth.

Capital account regimes of emerging economies are much more liberal today both for residents and non-residents than in the 1990s.  Asset and currency markets of all emerging economies with strong international reserves and investment positions, including China, have been hit on several occasions in the past ten years, starting with the collapse of Lehman Brothers in 2008.

The Lehman impact was strong but short-lived because of the ultra-easy monetary policy introduced by the US.  Subsequently these markets came under pressure again during the ‘taper tantrum’ in May 2013 when the US Fed revealed its intention to start reducing its bond purchases; in October 2014 due to growing fears over global growth and the impact of an eventual rise in US interest rates; in late 2015 on the eve of the increase in policy rates in the US for the first time in seven years.

These bouts of instability did not inflict severe damage because they were temporary, short-lived dislocations caused by shifts in market sentiments without any fundamental departure from the policy of easy money.  But they give strong warnings for the kind of turmoil emerging economies could face in the event of a fundamental reversal of US monetary policy.

Should self-insurance built-up prove inadequate, economies facing large and sustained capital flight would have two options.  First, seek assistance from the IMF and central banks of reserve-currency countries.  Or second, engineer an unorthodox response, even going beyond what Malaysia did during the 1997 crisis, bailing in international creditors and investors by introducing, inter alia, exchange restrictions and temporary debt standstills, and using selective controls in trade and finance to safeguard economic activity and employment.

The Asian countries, like most emerging economies, seem to be determined not to go to the IMF again.  But, serious obstacles may be encountered in implementing unilateral heterodox measures, including creditor litigation and sanctions by creditor countries.  Deepening integration into the inherently unstable international financial system before attaining economic and financial maturity and without securing multilateral mechanisms for orderly and equitable resolution of external liquidity and debt crises could thus prove to be highly costly.

This paper draws on a recent book by the author; Playing with Fire: Deepened Financial Integration and Changing Vulnerabilities of the Global South, Oxford University Press, 2017.

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Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2020

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La región de América Latina y el Caribe marcará una contracción de -7,7% en 2020, pero tendrá una tasa de crecimiento positiva de 3,7% en 2021, debido principalmente a un rebote estadístico que, sin embargo, no alcanzará para recuperar los niveles de actividad económica pre-pandemia del coronavirus (en 2019). El documento de la CEPAL enfatiza que para evitar que la región persista en su dinámica de bajo crecimiento se requiere de políticas fiscales y monetarias expansivas junto con políticas ambientales e industriales, que permitan las transformaciones estructurales que la región necesita y promuevan un desarrollo sostenible. Plantea la necesidad de priorizar el gasto para la reactivación y transformación económica y social mediante el fomento de la inversión intensiva en empleo y ambientalmente sostenible en sectores estratégicos; extender el ingreso básico a personas en situación de pobreza; otorgar financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES); entregar incentivos al desarrollo productivo, revolución digital para la sostenibilidad y tecnologías limpias; y universalizar los sistemas de protección social.

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Beyond the Economic Chaos of Coronavirus Is a Global War Economy

What does a virus have to do with war and repression? The coronavirus has disrupted global supply networks and spread panic throughout the world’s stock markets. The pandemic will pass, not without a heavy toll. But in the larger picture, the fallout from the virus exposes the fragility of a global economy that never fully recovered from the 2008 financial collapse and has been teetering on the brink of renewed crisis for years.

The crisis of global capitalism is as much structural as it is political. Politically, the system faces a crisis of capitalist hegemony and state legitimacy. As is now well-known, the level of global social polarization and inequality is unprecedented. In 2018, the richest 1 percent of humanity controlled more than half of the world’s wealth while the bottom 80 percent had to make do with just 4.5 percent of this wealth. Such stark global inequalities are politically explosive, and to the extent that the system is simply unable to reverse them, it turns to ever more violent forms of containment to manage immiserated populations.

Structurally, the system faces a crisis of what is known as overaccumulation. As inequalities escalate, the system churns out more and more wealth that the mass of working people cannot actually consume. As a result, the global market cannot absorb the output of the global economy. Overaccumulation refers to a situation in which enormous amounts of capital (profits) are accumulated, yet this capital cannot be reinvested profitably and becomes stagnant.

Indeed, corporations enjoyed record profits during the 2010s at the same time that corporate investment declined. Worldwide corporate cash reserves topped $12 trillion in 2017, more than the foreign exchange reserves of the world’s central governments, yet transnational corporations cannot find enough opportunities to profitably reinvest their profits. As this uninvested capital accumulates, enormous pressures build up to find outlets for unloading the surplus. By the 21st century, the transnational capitalist class turned to several mechanisms in order to sustain global accumulation in the face of overaccumulation, above all, financial speculation in the global casino, along with the plunder of public finances, debt-driven growth and state-organized militarized accumulation.

Militarized Accumulation

It is the last of these mechanisms, what I have termed militarized accumulation, that I want to focus on here. The crisis is pushing us toward a veritable global police state. The global economy is becoming ever more dependent on the development and deployment of systems of warfare, social control and repression, apart from political considerations, simply as a means of making profit and continuing to accumulate capital in the face of stagnation. The so-called wars on drugs and terrorism; the undeclared wars on immigrants, refugees, gangs, and poor, dark-skinned and working-class youth more generally; the construction of border walls, immigrant jails, prison-industrial complexes, systems of mass surveillance, and the spread of private security guard and mercenary companies, have all become major sources of profit-making.

The events of September 11, 2001, marked the start of an era of a permanent global war in which logistics, warfare, intelligence, repression, surveillance, and even military personnel are more and more the privatized domain of transnational capital. Criminalization of surplus humanity activates state-sanctioned repression that opens up new profit-making opportunities for the transnational capitalist class. Permanent war involves endless cycles of destruction and reconstruction, each phase in the cycle fueling new rounds and accumulation, and also results in the ongoing enclosure of resources that become available to the capitalist class.

The Pentagon budget increased 91 percent in real terms between 1998 and 2011, while worldwide, total defense outlays grew by 50 percent from 2006 to 2015, from $1.4 trillion to $2.03 trillion, although this figure does not take into account secret budgets, contingency operations and “homeland security” spending. The global market in homeland security reached $431 billion in 2018 and was expected to climb to $606 billion by 2024. In the decade from 2001 to 2011, military industry profits nearly quadrupled. In total, the United States spent a mind-boggling nearly $6 trillion from 2001 to 2018 on its Middle East wars alone.

Led by the United States as the predominant world power, military expansion in different countries has taken place through parallel (and often conflictive) processes, yet all show the same relationship between state militarization and global capital accumulation. In 2015, for instance, the Chinese government announced that it was setting out to develop its own military-industrial complex modeled after the United States, in which private capital would assume the leading role. Worldwide, official state military outlays in 2015 represented about 3 percent of the gross world product of $75 trillion (this does not include state military spending not made public).

But militarized accumulation involves vastly more than activities generated by state military budgets. There are immense sums involved in state spending and private corporate accumulation through militarization and other forms of generating profit through repressive social control that do not involve militarization per se, such as structural controls over the poor through debt collection enforcement mechanisms or accumulation opportunities opened up by criminalization.

The Privatization of War and Repression

The various wars, conflicts, and campaigns of social control and repression around the world involve the fusion of private accumulation with state militarization. In this relationship, the state facilitates the expansion of opportunities for private capital to accumulate through militarization. The most obvious way that the state opens up these opportunities is to facilitate global weapons sales by military-industrial-security firms, the amounts of which have reached unprecedented levels. Between 2003 and 2010 alone, the Global South bought nearly half a trillion dollars in weapons from global arms dealers. Global weapons sales by the top 100 weapons manufacturers and military service companies increased by 38 percent between 2002 and 2016.

The U.S.-led wars in Iraq and Afghanistan precipitated the explosion in private military and security contractors around the world deployed to protect the transnational capitalist class. Private military contractors in Iraq and Afghanistan during the height of those wars exceeded the number of U.S. combat troops in both countries, and outnumbered U.S. troops in Afghanistan by a three-to-one margin. Beyond the United States, private military and security firms have proliferated worldwide and their deployment is not limited to the major conflict zones in the Middle East, South Asia and Africa. In his study, Corporate Warriors, P.W. Singer documents how privatized military forces (PMFs) have come to play an ever more central role in military conflicts and wars. “A new global industry has emerged,” he noted. “It is outsourcing and privatization of a twenty-first century variety, and it changes many of the old rules of international politics and warfare. It has become global in both its scope and activity.” Beyond the many based in the United States, PMFs come from numerous countries around the world, including Russia, South Africa, Colombia, Mexico, India, the EU countries and Israel, among others.

Beyond wars, PMFs open up access to economic resources and corporate investment opportunities — deployed, for instance, to mining areas and oil fields — leading Singer to term PMFs “investment enablers.” PMF clients include states, corporations, landowners, nongovernmental organizations, even the Colombian and Mexican drug cartels. From 2005 to 2010, the Pentagon contracted some 150 firms from around the world for support and security operations in Iraq alone. By 2018, private military companies employed some 15 million people around the world, deploying forces to guard corporate property; provide personal security for corporate executives and their families; collect data; conduct police, paramilitary, counterinsurgency and surveillance operations; carry out mass crowd control and repression of protesters; manage prisons; run private detention and interrogation facilities; and participate in outright warfare.

Meanwhile, the private security (policing) business is one of the fastest growing economic sectors in many countries and has come to overshadow public security around the world. According to Singer, the amount spent on private security in 2003, the year of the invasion of Iraq, was 73 percent higher than that spent in the public sphere, and three times as many persons were employed in private forces as in official law enforcement agencies. In parts of Asia, the private security industry grew at 20 percent to 30 percent per year. Perhaps the biggest explosion of private security was the near complete breakdown of public agencies in post-Soviet Russia, with over 10,000 new security firms opening since 1989. There were an outstanding 20 million private security workers worldwide in 2017, and the industry was expected to be worth over $240 billion by 2020. In half of the world’s countries, private security agents outnumber police officers.

As all of global society becomes a highly surveilled and controlled and wildly profitable battlespace, we must not forget that the technologies of the global police state are driven as much, or more, by the campaign to open up new outlets for accumulation as they are by strategic or political considerations. The rise of the digital economy and the blurring of the boundaries between military and civilian sectors fuse several fractions of capital — especially finance, military-industrial and tech companies — around a combined process of financial speculation and militarized accumulation. The market for new social control systems made possible by digital technology runs into the hundreds of billions. The global biometrics market, for instance, was expected to jump from its $15 billion value in 2015 to $35 billion by 2020.

As the tech industry emerged in the 1990s, it was from its inception tied to the military-industrial-security complex and the global police state. Over the years, for instance, Google has supplied mapping technology used by the U.S. Army in Iraq, hosted data for the Central Intelligence Agency, indexed the National Security Agency’s vast intelligence databases, built military robots, co-launched a spy satellite with the Pentagon, and leased its cloud computing platform to help police departments predict crime. Amazon, Facebook, Microsoft and the other tech giants are thoroughly intertwined with the military-industrial and security complex.

Criminalization and the War on Immigrants and Refugees

Criminalization of the poor, racially oppressed, immigrants, refugees and other vulnerable communities is the most clear-cut method of accumulation by repression. This type of criminalization activates “legitimate” state repression to enforce the accumulation of capital, whereby the state turns to private capital to carry out repression against those criminalized.

There has been a rapid increase in imprisonment in countries around the world, led by the United States, which has been exporting its own system of mass incarceration. In 2019, it was involved in the prison systems of at least 33 different countries, while the global prison population grew by 24 percent from 2000 to 2018. This carceral state opens up enormous opportunities at multiple levels for militarized accumulation. Worldwide, there were in the early 21st century some 200 privately operated prisons on all continents and many more “public-private partnerships” that involved privatized prison services and other forms of for-profit custodial services such as privatized electronic monitoring programs. The countries that were developing private prisons ranged from most member states of the European Union, to Israel, Russia, Thailand, Hong Kong, South Africa, New Zealand, Ecuador, Australia, Costa Rica, Chile, Peru, Brazil and Canada.

Those criminalized include millions of migrants and refugees around the world. Repressive state controls over the migrant and refugee population and criminalization of non-citizen workers makes this sector of the global working class vulnerable to super-exploitation and hyper-surveillance. In turn, this self-same repression in and of itself becomes an ever more important source of accumulation for transnational capital. Every phase in the war on migrants and refugees has become a wellspring of profit making, from private, for-profit migrant jails and the provision of services inside them such as health care, food, phone systems, to other ancillary activities of the deportation regime, such as government contracting of private charter flights to ferry deportees back home, and the equipping of armies of border agents.

Undocumented immigrants constitute the fastest-growing sector of the U.S. prison population and are detained in private migrant jails and deported by private companies contracted out by the U.S. state. As of 2010, there were 270 immigration jails in the U.S. that caged on any given day over 30,000 immigrants and annually locked up some 400,000 individuals, compared to just a few dozen people in immigrant detention each day prior to the 1980s. From 2010 to 2018, federal spending on these detentions jumped from $1.8 billion to $3.1 billion. Given that such for-profit prison companies as CoreCivic and GEO Group are traded on the Wall Street stock exchange, investors from anywhere around the world may buy and sell their stock, and in this way, develop a stake in immigrant repression quite removed from, if not entirely independent, of the more pointed political and ideological objectives of this repression.

In the United States, the border security industry was set to double in value from $305 billion in 2011 to some $740 billion in 2023. Mexican researcher Juan Manuel Sandoval traces how the U.S.-Mexico border region has been reconfigured into a “global space for the expansion of transnational capital.” This “global space” is centered on the U.S. side around high-tech military and aerospace related industries, military bases, and the deploying of other civilian and military forces for combating “immigration, drug trafficking, and terrorism through a strategy of low-intensity warfare.” On the Mexican side, it involves the expansion of maquiladoras (sweatshops), mining and industry in the framework of capitalist globalization and North American integration.

The tech sector in the United States has become heavily involved in the war on immigrants as Silicon Valley plays an increasingly central role in the expansion and acceleration of arrests, detentions and deportations. As their profits rise from participation in this war, leading tech companies have in turn pushed for an expansion of incarceration and deportation of immigrants, and lobbied the state to use their innovative social control and surveillance technologies in anti-immigrant campaigns.

In Europe, the refugee crisis and EU’s program to “secure borders” has provided a bonanza to military and security companies providing equipment to border military forces, surveillance systems and information technology infrastructure. The budget for the EU public-private border security agency, Frontex, increased a whopping 3,688 percent between 2005 and 2016, while the European border security market was expected to nearly double, from some $18 billion in 2015 to approximately $34 billion in 2022.

The Coronavirus Is Not to Blame

As stock markets around the world began to plummet starting in late February, mainstream commentators blamed the coronavirus for the mounting crisis. But the virus was only the spark that ignited the financial implosion. The plunge in stock markets suggests that for some time to come, financial speculation will be less able to serve as an outlet for over-accumulated capital. When the pandemic comes to an end, we will be left with a global economy even more dependent on militarized accumulation than before the virus hit.

We must remember that accumulation by war, social control and repression is driven by a dual logic of providing outlets for over-accumulated capital in the face of stagnation, and of social control and repression as capitalist hegemony breaks down. The more the global economy comes to depend on militarization and conflict, the greater the drive to war and the higher the stakes for humanity. There is a built-in war drive to the current course of capitalist globalization. Historically, wars have pulled the capitalist system out of crisis while they have also served to deflect attention from political tensions and problems of legitimacy. Whether or not a global police state driven by the twin imperatives of social control and militarized accumulation becomes entrenched is contingent on the outcome of the struggles raging around the world among social and class forces and their competing political projects.

This article draws on the author’s forthcoming book, The Global Police State, which will be released by Pluto Press in July 2020.

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Brasil ya no será igual

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Cualquiera que sea el desenlace inmediato de la más profunda y prolongada crisis que el país ha vivido, Brasil no saldrá igual, nunca más será el mismo que fue. Será mejor o peor, pero nunca más el mismo. La crisis devastó la credibilidad de todo el sistema político, liquidó la legitimidad del Congreso, propagó la falta de creencia en el Sistema Judicial e hizo que el pueblo sepa que no basta votar y ganar cuatro elecciones para que el mandato presidencial sea respetado. En resumen, lo que se creía que el país tenía como República, se terminó. Lo que se difundía que era un sistema político democrático, ya no sobrevivirá. O bien Brasil construye una democracia sólida – para lo cual el Congreso actual, esta Justicia, este monopolio de los medios de comunicación no podrán seguir existiendo como ahora – o el país deja realmente de vivir en democracia.

La derecha brasileña muestra su cara sin eufemismos. Al inicio alegaba que se trataría de un proyecto para “reunificar el país”, supuestamente dividido por los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT). Se valía de la pérdida de popularidad del gobierno Dilma, así como del Congreso más conservador y descalificado que el país ha tenido, como también del rol escandaloso y ya sin ningún pundonor de los viejos medios de comunicación, para destruir la democracia política que hemos tenido y promover un gobierno antidemocrático, antipopular y antinacional.

Muy rápidamente fue posible constatar que se trata simplemente de lo que se denunciaba por toda la región: el proyecto de restauración del modelo fracasado en los años 1990 con Fernando Collor de Mello y Fernando Henrique Cardoso, por un gobierno golpista y minoritario, contra el pueblo, contra la democracia y contra el país.

 ¿Cómo se va a pronunciar el Supremo Tribunal Federal sobre cualquier tema, si ha callado frente al golpe, puesto en práctica bajo sus narices, presidido en el Senado por su Presidente, que apoya todas las brutales ilegalidades que se practican? ¿De qué sirve una Justicia, un STF, que no está para impedir que un crimen en contra de la democracia sea perpetrado por el Congreso? Lo que hay es un silencio cómplice, mezclado con un vergonzoso aumento del 41% de sus salarios, concedido públicamente – con fotos en los periódicos -, por Eduardo Cunha, el político más corrupto del país, cuya impunidad solo se da por la complicidad de los que deberían punir, así como a tantos otros miembros del gobierno, incluso el presidente interino. Ya no habrá democracia en Brasil sin un Sistema Judicial elegido y controlado por la ciudadanía, con mandatos limitados y poderes circunscritos.

 No habrá democracia en Brasil sin un Congreso efectivamente elegido y sin financiamiento privado, sin que represente a los lobbies elegidos por el poder del dinero. Un Congreso democrático tiene que estar fundado en el voto condicionado, por el cual los electores controlen aquellos en quienes han votado y que se comprometan con un programa y con un partido determinado.

 En una democracia, todos tienen el derecho a la voz, la opinión pública no puede ser fabricada por algunas familias, que imponen su punto de vista al país, como si pudieran hablar en nombre del país, aun cuando han perdido cuatro elecciones presidenciales consecutivas. Nadie debe perder el derecho a hablar, pero todos deben tener el derecho a expresarse, sino, no se trata de una democracia, sino de la dictadura de una minoría oligárquica.

 En una democracia un impostor no podría haber asumido la presidencia, aunque interina, por un golpe e imponer el programa económico derrotado cuatro veces sucesivamente, incluso en dos veces en que ese golpista estuvo en la lista vencedora, con un programa radicalmente opuesto al vencedor. Si ello ocurre, es porque la democracia fue herida de muerte, la voluntad de la mayoría fue desconocida.

 Si el golpismo triunfa en el Senado brasileño, será necesario hacer que pague duramente el precio del atentado que está perpetrando. Que sus proyectos fracasen, que la vida de sus componentes se vuelva insoportable, que su banda de ladrones sea víctima de la ingobernabilidad. Que se ocupe y se resista en todos los espacios del gobierno ilegítimo, antidemocrático, antipopular y antinacional.

 Es parte indisoluble de la resistencia democrática impedir cualquiera acción en contra de Lula, que representa los anhelos mayoritarios del pueblo brasileño, conforme las mismas encuestas que los golpistas han utilizado para buscar legitimidad popular, apuntan. Esta será la señal de que sobreviven espacios democráticos o no. Si logran blindar de tal forma su gobierno y constitucionalizar el neoliberalismo, habrán enterrado definitivamente cualquier señal de democracia en Brasil. En ese caso ellos tendrán el mismo destino de sus antecesores: serán tumbados, derrotados, execrados y un nuevo tribunal de la verdad los juzgará y los condenará por crimen en contra de la democracia. Serán derrotados por el pueblo, por la democracia, por el país, que construirán una democracia de verdad en Brasil.

 

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Brexit and Britain’s decline

Since 23 June 2016, through a referendum with less than 2% difference, the British population decided to leave the European Union (EU). After more than four years of negotiations, two Prime Ministers, three exit plans, and repeated extensions, the Brexit transition period ended on 1 January 2021. Britain's exit from the European Union implies changes in the structure of the world economy. In light of its first months, we will present the UK's economic conditions vis-à-vis the international market, where it stands vis-à-vis the European Union, and what implications it has begun to have on the world economy.

Formally, the UK ceased to be a member of the EU on 1 February 2020. Since then, Brexit entered a transition period, over which it continued under EU rules but lost its say. A deadline of 31 December 2020 was agreed to resolve the final exit measures. From 1 January 2021, amid the COVID-19 health crisis, the UK also ceased to be governed by EU law. At the end of 2020, its gross domestic product (GDP) was, according to International Monetary Fund (IMF) estimates, the fifth largest economy (ninth in purchasing power parity terms). It was, however, hard hit by the COVID19 crisis, with a -10% of GDP contraction, the largest of the G7 countries.

The Brexit negotiations achieved a free trade agreement on goods at the last minute, one week before its implementation. It was essential given its external market concentrates 54% of its exports in Europe, 24% in Asia, and 15% in the United States. A similar proportion is present in its imports: 62% come from Europe, 20% from Asia, and 12% from the United States. Latin America accounts for 1.73% of its exports and 1.41% of its imports. The agreement determined, however, that Brexit would maintain free trade under certain conditions. The agreement defined a minimum origin content of 50% to be tariff-free, which conditions the options for diversifying its market. On the other hand, its exit from the EU implied the reinstallation of customs offices that, although they do not yet operate with tariff schedules, function as review points for foreign trade content between the two parties, which has slowed down the traffic of goods.

During the Brexit negotiations, it signed 59 trade agreements with non-European countries, including the UK-Japan agreement. In Latin America, it also reaffirmed the partners it had via the EU. (see chart). A key element in the Brexit free trade agreement is that it did not incorporate financial services.  Financial activity in the UK, concentrated mainly in the City of London, represents more than 6.9% of GDP; and if one considers UK banking in the Caribbean Islands, the proportion is even higher. London has been the world's largest financial market since the 16th century.

More than 300 firms have started to locate outside the UK, especially in Europe. Dublin is the leading destination for financial asset markets, Frankfurt and Paris for the banking system, and Amsterdam for foreign exchange operations. With all this, the UK may be badly affected. However, this transformation in the financial system redefines intra-European positions; even more importantly, it contributes to the business shift to Asian markets.

According to the Global Financial Centres Index (GFCI), which measures the competitiveness of financial markets based on the business environment, financial sector development, market infrastructure, human capital, and other general factors, the centrality of Asian markets is increasing. By 2016, the global leading financial market was still London, followed by New York and by far Singapore and Hong Kong. By the end of 2020, already under Brexit, the City of London moved into second place, New York leads, and the gap with Asian financial markets has narrowed in terms of capitalisation value.

In its first few months, the consequences of Brexit were felt both internally and externally. It is clear that, although the exit succeeded, negotiations between the UK and the EU will have to continue for a long time. There are growing internal political problems, tensions over Ireland's borders, Scotland's pro-European stance, and mobility difficulties between the EU and the island.

The project of British reindustrialisation and economic independence from Europe, via Brexit, has encountered some significant limits; the very high financialisation, deep trade dependence, and lack of productive competitiveness. Britain and the EU face, in common, a long period of low growth and loss of leadership, and the outcome of the subsequent negotiations between the two will be fundamental in defining Europe's new role in the world economy. 

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COVID-19 exposes fragile world order, thin veneer of civilization

Geneva, 6 Apr (Chakravarthi Raghavan*) -- It is nearly four months since the SARS-CoV-2 virus and the highly infectious upper respiratory COVID-19 disease it spawned, made its appearance and rapidly spread across the world, resulting in world-wide lock-downs, quarantines and isolation of individuals and families.

The initial cases of respiratory disease and of pneumonia in some appear to have been detected in Wuhan province of China by medical personnel there, perhaps in September last year. And initially the novelty or extent of the virus outbreak was perhaps not known, but the presence of a new virus began to be suspected. Experts from the central health ministry in Beijing were alerted and rushed to the scene, looking unsuccessfully for traces of the virus among bats in caves. In any case it was not initially publicised and made known to the World Health Organisation (WHO) in Geneva. It was perhaps only in December that the anti-bodies among recovered patients and the RNA of the virus was found. Only around end 2019, when deaths began to occur, did China make it public, notified the WHO, and quickly shared the RNA with the WHO and some research labs abroad.

The Chinese news agency Xinhua has now established and made public late on 6 April a time-line of the occurrence and various steps taken. Perhaps it is only an independent investigation that would be able to clear the air, and prove or disprove allegations swirling around about the WHO and its leadership and alleged links with China.

While the US and the West have accused China over its failure to immediately recognise and notify the WHO of this new coronavirus, it took the United States, under the Ronald Reagan administration, three years, from the time the California medicos discovered the new human immunodeficiency virus and the AIDS disease afflicting the gay community there, before the US acknowledged and notified the WHO and began adopting precautionary measures and promoting use of condoms.

In the interregnum, AIDS had spread across the country, affecting both homo- and hetero-sexual couples, and across the globe too.

The origins of COVID-19, as a natural mutation, as many expert epidemiologists think, or some bio-experiment gone awry as some strategists in the West claim, and the role, if any, of the WHO, remain to be independently investigated and made known.

This though has not prevented everyone to jump in and publish their views on this, muddying up the waters.

Before absolving this or that nation, critics might do well to look at past incidents of foreign funded research projects, under the sponsorship allegedly of the WHO and other UN system organizations. **

COVID-19 has brought to the fore the extreme fragility of the world order and the thin veneer of our civilization and its much vaunted human solidarity, behind which the law of the jungle prevails.

Countries and their rulers present a sordid picture of attempting politics as usual, finger pointing at each other for blame, and engaging in competitive efforts to find cures and vaccines for exclusive use and thus to dominate global rivals, and enable domestic enterprises to secure monopolistic profits, at the expense of human life.

In sharp contrast, research institutions and the scientists manning them across the world, have set aside rivalries to be the first to discover a vaccine and publish the findings under their own names, and instead are joining hands to understand the nature and characteristics of this new virus and finding vaccines to counter it as well as curative medicines to treat it.

And in both cases, weeks and months of strenuous efforts, and testing without external un-scientific pressures, and under strictly controlled conditions, for efficacy and hidden hazards in each case, are ahead.

And those political masters and/or business interests attempting short-cuts, might do well to remember the thalidomide disaster that ensued in the past.

Meanwhile, after the Thatcher-Reagan counter-revolution and four decades of deliberate dismantling of the State from the public health sector, as from other sectors of governance in countries ensuring public goods for welfare and health, doctors and medical aides in hospitals and public or private clinics are trying to cope with an impossible situation, with lack of basic equipment and precautionary facilities, for attending to the daily increasing influx of patients, young and old, struck by COVID-19 and needing medical attention.

As some doctors in Europe have helplessly confessed and bemoaned in private, they have been forced to disregard their Hippocratic oaths and PLAY God as to whom to try and treat and save and whom to allow to die, giving them only some palliative care.

As veteran Indian columnist and commentator, T.J.S. George, puts it, "an invisible invader (SARS-CoV-2), just ten-thousandth of a millimeter in diameter, has turned us all into helpless nobodies."

(https://www.newindianexpress.com/opinions/columns/t-j-s-george/2020/apr/...)

Once China had made public information about the new virus and quickly made available to WHO and others the RNA from patients who had suffered and recovered (thus accelerating efforts to find vaccines), neighbouring countries (South Korea, Taiwan, Singapore et al) took note, and put into effect quarantines, testing and tracing of patients and those whom they had been in contact with, to control and prevent community spread and infection.

They have been reasonably successful. Perhaps it has been the West's belief in Exceptionalism, and/or racial and cultural prejudices that stood in the way of learning from the experience of these Asian countries. [see Mukul Kesavan, (https://www.telegraphindia.com/opinion/fatal-exceptionalism-and-lack-of-...)].

But the US and Europe initially neglected the impending crisis, resulting in both emerging as epicentres of the pandemic, still spreading amidst predictions of intensification and casualties.

Despite many obstacles and distractions, and the attempts of non-medicals to influence State policies (by the likes of Giulianis and the Jared Kushners with the US President Donald Trump), the scientists and their collaborative efforts will sooner or later find vaccines and medicines to counter COVID-19.

Its general availability at affordable prices across the world though will require intense global civil society mobilisation and pressures to prevail over the greed of Big Pharma and corporations and political attempts of some rulers to prevail over their rivals in other countries.

What would the world be like after COVID-19 is brought under control, and there is some return to reasonable normalcy? What effect will it have on the world political, security, economic and social order and life? Will it be business as usual or something else?

How would it affect the current economic order, namely globalization (that Henry Kissinger suggested at Trinity College in Dublin, as US domination by another name, cited in Raghavan, Third World in Third Millennium CE, Vol 1, pp 224-225)?

Would it end as some in the Third World like Walden Bello, in the Philippines, think, or just go on as before?

Gautama, before he became and was acknowledged as The Buddha, responded to the query about the greatest wonder of the world, thus: "Man is the Greatest wonder, for he sees before him every day men becoming old and dying, but thinks he himself will be immortal (cited in Raghavan, Vol 1, Third World in Third Millennium CE, pp 224-225).

 

 

[** For the record, there are two reports of the Public Accounts Committee of the Indian Parliament dating back to the 1970s, the PAC Report 167 of 1975 (PAC_5_167) and PAC Report 200 of 1976 (PAC_5_200) (https://eparlib.nic.in/bitstream/123456789/4081/1/pac_5_167_1975.pdf

#search=null%2005%20Public%20Accounts%20Committee) and (https://eparlib.nic.in/bitstream/123456789/4132/1/pac_5_200_1976.pdf

#search=null%2005%20Public%20Accounts%20Committee)

 

[Disclosure: the writer was Chief Editor of the Press Trust of India when its Science Correspondent, K. S. Jayaraman, wrote the investigative reports, leading to the two PAC Reports. SUNS]

 

(* Chakravarthi Raghavan is the Editor Emeritus of the SUNS.)

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COVID-19. Acciones conjuntas para ganar la guerra

La pandemia de coronavirus está teniendo un alto costo en vidas humanas, causando gran sufrimiento e incertidumbre en nuestras sociedades. Se trata de una crisis de salud pública sin precedentes en la historia reciente que está poniendo a prueba nuestra capacidad de respuesta colectiva.

La crisis del COVID-19 ha dejado al descubierto las debilidades de nuestros sistemas de salud, desde el número de camas de cuidados intensivos hasta el número de personal médico y de enfermería, la incapacidad para suministrar suficientes mascarillas y realizar pruebas en algunos países, y las lagunas en la investigación y el suministro de fármacos y vacunas.

Frente a este desafío, hay algo que no debemos perder de vista: la única forma de reactivar nuestras economías de manera rápida y contundente es a través de acciones inmediatas, coordinadas y a gran escala. Necesitamos liderazgo, conocimiento y un nivel de ambición similar al del Plan Marshall, por el que se creó la OCDE, y una visión como la que inspiró el New Deal, pero a escala planetaria.

 

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China y Latinoamérica en la cumbre G20

La Cumbre del G20 de este año se llevará a cabo en Argentina del 30 de noviembre al 1 de diciembre. Como de costumbre se eligen temas prioritarios en los cuales se centrará la discusión, hay tres ejes en la agenda para este año: el futuro del trabajo, infraestructura para el desarrollo y un futuro alimentario sostenible.

Una pregunta que surge naturalmente es, si realmente los acuerdos a los que se llegan en este tipo de reuniones tienen un impacto significativo. Entre los acuerdos a los que se han llegado en las últimas dos cumbres están: una mayor cooperación para combatir la evasión fiscal, favorecer políticas que repartan los beneficios de la globalización y limitar el proteccionismo, el primero de ellos en Hangzhou 2016 y los últimos dos en Hamburgo 20171.

En general, se podría decir que en cuanto a los acuerdos mencionados no se ha avanzado mucho. De hecho, se observa que la polarización entre ricos y pobres se agudiza cada vez más y aunque este problema se puede ver desde una perspectiva avanzados-emergentes se da incluso al interior de las mismas naciones. Las políticas adoptadas parecen estériles ante aspectos fundamentales que alimentan esta tendencia negativa.

América Latina es precisamente una de las regiones con mayores niveles de desigualdad, al respecto CEPAL, presentó este año La ineficiencia de la desigualdad2, trabajo en el cual se mencionan factores que han determinado la desigualdad en la región. En este contexto, los países latinoamericanos deberían mostrar una postura firme y clara respecto a este y otros problemas que los aquejan.

Resulta difícil encontrar una postura clara por parte de Argentina, Brasil y México. El primero por la situación que atraviesa actualmente, pues después de Venezuela es el país que mayores problemas ha enfrentado en su economía por lo cual parece no tener mucha autoridad ni presencia para asumir una postura de liderazgo.

De ahí la importancia de poner en la mesa de análisis temas como la normalización de la política monetaria y sus implicaciones. Si bien los fundamentos macroeconómicos son los que terminan denotando casos como el argentino, no es el único país que ha presentado problemas a partir del incremento de la tasa de interés en EEUU.

En cuanto a México y Brasil, ambos países están en un proceso de cambio de gobierno. El 1 de diciembre toma protesta el presidente electo en México y su homólogo brasileño lo hace el 1 de enero de 2019. Esto deja un vacío en cuanto a la postura de ambos países en el G20. Si bien el primero de ellos celebrará la firma del T-MEC con EEUU y Canadá, parece ser más simbólico que real3.

Por otro lado, cuando nos enfocamos en el proteccionismo se puede decir con toda certeza que el 2018 ha sido el año en el que se ha llevado la mayor guerra comercial de la historia4. En particular este tema debería ocupar a China y lo más probable es que así sea. Hasta esta semana se anunció que el encuentro entre Trump y Xi Jinping sí se llevará a cabo.

Si bien parece que algunas declaraciones del asesor económico de la Casa Blanca Larry Kudlow, no resultan nada moderadas5, se debe recordar que desde septiembre se estableció que los aranceles de 10% a 5,745 productos chinos aumentarían al 25% el 1 de enero de 2019. Las declaraciones más recientes por parte de Trump serían los aranceles que se estarían imponiendo a productos Apple importados de China, donde se evaluaría en función de los avances en las negociaciones del país asiático y en la sensibilidad de los consumidores estadounidenses de dichos productos6.

Se espera que la postura China sea contundente en cuanto a este tema. Se ha dejado ver que el país asiático está dispuesto a abrir más su comercio7, si bien por el lado estadounidense no se espera mucha flexibilidad. Lo más probable es que continúen creciendo las sanciones si no se cumplen algunas garantías que se exigen en cuanto a comercio tecnológico que están en el fondo de esta guerra.

Cabe mencionar que en la agenda de la cumbre del G20 existen apartados secundarios, entre los que están: fortaleciendo nuestra gobernanza financiera y continuando el trabajo hacia un sistema financiero fuerte y sostenible se verán temas como los flujos de capitales, riesgos asociados a la volatilidad y el problema de las instituciones demasiado grandes para quebrar. Estos temas deberían ocupar un lugar más importante en una reunión como el G20 dada la coyuntura mundial.

Los niveles de deuda, incertidumbre en cuanto a políticas, una mayor inestabilidad en el sistema financiero, incrementos en la tasa de interés, entre otros8 muestran la urgencia de mirar dichos temas. Todo este escenario podría estar generando la antesala de la próxima crisis mundial, la cual podría ocurrir en 2020, pues no resulta tan difícil diagnosticar un quiebre mirando todos esos síntomas.


 

1 https://www.g20.org

2 Insertar link del documento en Obela.org

3 http://www.obela.org/analisis/el-g20-de-buenos-aires

4 http://obela.org/investigacion/otros/guerra-comercial-eeuu-china/

5 https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china-kudlow/white-house-di...

6 https://www.wsj.com/articles/trump-expects-to-move-ahead-with-boost-on-c...

7 https://expansion.mx/mundo/2018/11/06/eu-y-china-comienzan-su-acercamien...

8 http://obela.org/analisis/problemas-de-deuda-rondan-nuevamente

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China's recovery from the pandemic

The outbreak of COVID-19 began in China at the end of December 2019, the quarantine and lockdown were in January, and the social distancing initiated in March 2020. These health provisions reverted the national economy for the first time in almost three decades. They pushed some Global Value Chains out of business, mainly pharmaceuticals, automobiles, aeronautics, electronics, and telecommunications. Faced with the problem, the Chinese Government immediately implemented policies to hold the economy from collapsing. What happened to the economy during the pandemic? Has it recovered?

Xi Jinping's administration has been on the job to combat COVID-19 since January 2020. Since late January, his Government's policy initiatives have mainly focused on health, such as constructing new hospitals, health care goods production, and quarantine measures. The people's health care holds a sizeable economical cost, chiefly since production ground to a halt. The Ministry of Finance immediately used fiscal policy instruments and the Central Bank monetary ones to cushion the fall.

From February through to August this year, the Central Bank placed 5.8 billion yuan with open market operations. The measure intended to maintain the liquidity of the banking system during the pandemic. The first and largest monetary policy stimulus package occurred in February, with 1.7 trillion yuan allocated to strategic companies. Medical supply manufacturers received credit lines, as did SMEs and agricultural companies as well. Finally, there was a one-year bank loan payment deferment until March 2021.

As for fiscal policy, the Ministry of Finance injected 4.5% of GDP on May 28. This package went for unemployment insurance, infrastructure, and price subsidies. Other budgetary provisions included tax deferrals for small and family businesses and exemptions for households from value-added taxes. These shots helped the country's macro-economy and kept poverty at bay when the rest of the world has growing poverty.

Over the past three years, the economy had an average of 6,4 per cent growth per quarter annualised, but it fell by -7 percent in the first quarter of 2020. It was a -13,4 percent turnaround and the country's foremost economic contraction in nearly three decades. However, the second quarter of 2020 already observed an impressive 3% growth with a V-shaped recovery in the making. Economic policy actions certainly cushioned the fall. Timely fiscal and monetary stimuli did not allow for a more considerable drop in consumption and investment within the country.

The purchasing manager's index (PMI) shows the macroeconomic situation based on companies' surveys on production, employment, foreign trade, and new orders. When the index is over 50, the economy is expanding, and when under, it is contracting. There exist two PMI's, a manufacturing and a non-manufacturing one, and both collapsed in February, reaching the first one reaching 35.7 and the second 29.6. The collapse of the last one was more dramatic, given unemployment in services. It is remarkable that they are both now above their pre-summer level. The non-manufacturing sector is on a faster upward trend.

International trade also shows a fall and a recovery. Chinese exports to the whole world fell dramatically in February when the world economy entered a recessionary state. However, exports to Latin America, bounced back in March and are still on an upward trend, not reaching yet the levels previous to the pandemic. Meanwhile, Latin American imports never fell radically given they are raw materials such as soya, copper, meat, and other types of minerals.

What is thought-provoking is the Asian giant's trade with the USA. After an agitated two years due to the trade war, a formal agreement was reached in January 2020 to cease hostilities. The result is that China's trade with the US is reduced on the import side; that is, the Asian partner is no longer buying as much from the US, with the pandemic having further deepened the trend. Surprisingly exports observed a very marked "V" shaped recovery, unexpectedly bringing in an even more massive US trade deficit with China than before the war. The US sells less and buys more from this economic giant at the end of two years of a trade war. The trade war has not changed the US purchasing pattern, and so, according to the US Census, it now has a more massive deficit than in 2018.

Finally, there is a Chinese economy recovery in terms of GDP and PMI. The immediate and correct economic policy actions have mitigated the fall and boosted the recovery. Its trade dynamics are also recovering, and in particular, exports to the US are burgeoning. Currently, the Asian country's economic dynamics is not induced by international trade but rather by the domestic market, making it the only country globally with a reliable V-shaped recovery with annualised quarterly real growth in 2020. Governments wishing to grow or not decline so much will have to look at it closely.

 

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Confirman fuerte contracción de la economía de Jamaica

La economía de Jamaica registró una caída del 10.7 por ciento en los primeros nueve meses de este año, contracción que puede subir dos puntos para todo el 2020, reveló hoy el servicio de información del gobierno.

Esa dependencia reproduce declaraciones del director general del Instituto de Planificación, Wayne Henry, quien situó en un 11.3 por ciento el desplome experimentado entre julio y agosto, en comparación con igual periodo de 2019.

Al detallar ese resultado, el funcionario explicó que la industria de bienes retrocedió un seis por ciento, mientras que la de servicios lo hizo en un 11.4.

Esta última sufrió bajas en las áreas de hoteles y restaurantes (63.8 por ciento), transporte, almacenamiento y comunicaciones (17.4), comercio mayorista y minorista y reparación e instalación de maquinaria (7.5), agua y electricidad (6.9) y servicios financieros y de seguros (4.5).

El turismo, uno de los renglones más importantes de la economía jamaicana, fue de los más afectados debido al cierre de las fronteras del país y de casi todo el mundo desde marzo pasado.

En esa rama, la caída fue del 63.8 por ciento en materia de hoteles al sufrir un descenso del 81.8 por ciento en las llegadas de visitantes, en particular los procedentes de los principales mercados emisores: Estados Unidos, Europa y Canadá.

Entre las principales causas de la regresión, Henry mencionó el impacto de la crisis sanitaria de la Covid-19 y de las fuertes lluvias en toda la isla.

No obstante, el funcionario informó sobre resultados positivos en los sectores de la construcción y agricultura, silvicultura y pesca durante el trimestre de julio a septiembre de este año.

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Coronavirus y la economía chilena

Todo indica que la recesión mundial que anuncia el coronavirus será muy superior a la del 2008 y pudiera acercarse a la crisis de los años treinta. Chile se verá gravemente afectado.  Nuestra economía, exportadora de recursos naturales y abierta radicalmente al mundo ya se encontraba afectada por la disminución de la actividad china, consecuencia de la guerra comercial que impuso Trump. Ahora, con el cierre de fronteras por el coronavirus, se acentuará aún más la caída de los precios de las materias primas y consecuentemente el valor de nuestras exportaciones.

Esto no es todo. Antes de la guerra comercial y del coronavirus, la economía chilena mostraba una preocupante disminución estructural del PIB y de la productividad. A ello se agregó el impacto de la rebelión social del 20 de octubre, lo que amplificó el deterioro económico del país. Ahora, con la pandemia del coronavirus el modelo económico-social ingresará en una crisis de proporciones, poniendo de manifiesto todas sus fragilidades.

Las medidas económicas recientemente propuestas por el Gobierno frente a la pandemia del coronavirus podrán aliviar parcialmente el descalabro de las empresas y de los ingresos de los trabajadores; pero, no resolverán la debilidad de un modelo económico-social, con manifiesta vulnerabilidad internacional, social y de su propia estructura productiva.

 En consecuencia, resulta imprescindible impulsar un nuevo modelo económico, que coloque en su centro la producción de bienes y servicios para responder a las necesidades de las personas, en vez de atender prioritariamente los requerimientos de la industrialización China. Ha sido un error colocar todos los esfuerzos en la exportación de recursos naturales.

La contracción económica China, la caída de los precios de nuestras materias primas y el alza del valor del dólar revelan en toda su dimensión nuestra fragilidad económica. Se precisa diversificar la actividad productiva y las exportaciones. Al mismo tiempo, el Estado tiene la responsabilidad de regular al sector financiero para que se ponga al servicio de la producción, evitando su concentración en actividades especulativas.

Por otra parte, la mercantilización de la salud y la minimización del Estado han puesto de manifiesto nuestra debilidad para enfrentar el coronavirus. La capacidad del sistema de salud público se encuentra mermada para abordar la crisis sanitaria actual: insuficiencia de camas, falta de respiradores mecánicos e incluso escasez de mascarillas y alcohol-gel. Y, paralelamente, la existencia de Isapres y clínicas privadas, que obligan a pagar a sus afiliados altas sumas de dinero para el test del virus y su tratamiento.

Una nueva economía, centrada en la agregación de valor a los bienes y servicios y que cierre las puertas a la especulación financiera necesita una política social distinta a la actual. La educación, la salud y el sistema de pensiones deben atender por igual a toda la familia chilena, independientemente de sus condiciones de ingresos. Ello mostraría una verdadera justicia distributiva, pero además serviría a un sistema productivo que busca incorporar inteligencia a la producción de bienes y servicios.

Una nueva economía tampoco puede eludir la protección del medio ambiente. Según la Xarxa d’Economia Social i Solidaria (18-03-2020), el coronavirus es consecuencia de un sistema capitalista, productivista y devastador, que ha alterado el equilibrio de los ecosistemas. El urbanismo y la deforestación, asociados a un tipo de crecimiento capitalista irracional obliga a muchos animales a migrar e instalarse cerca de los humanos, lo que multiplica las probabilidades de que microbios, pasen a las personas y muten en patógenos.

Así las cosas, se precisa de un Estado del Bienestar capaz de impulsar una economía que reduzca su dependencia de los recursos naturales, que ponga término a la especulación financiera, que potencie la regionalización y el cuidado del medio ambiente. Ello, junto a sistemas integrales de protección social y un tejido comunitario y socioeconómico resiliente nos permitirán actuar, con mayor eficiencia, no sólo frente al coronavirus y a otros desastres naturales, sino también ante impactos económicos externos. Por cierto, la modificación productiva y una nueva política social son tareas que exigen cambios políticos de envergadura: reducir el poder del 1% y permitir a la mayoría nacional gobernar los asuntos del país.

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Coronavirus, a greater risk to the world than to China

On December 31, 2019, the coronavirus (COVID-19) appeared in Wuhan, China. While this explains the speed of the stock market fall, it is not enough to explain why it resembles the experience of the 2008 - 2009 crisis. Even before the crisis, the global economic outlook for 2020 was even lower than that for 2019. The impact can be comprehended, understanding the importance of China in global value chains. China is the source of five branches of the world economy: pharmaceuticals, automotive, aeronautics, electronics, and telecommunications. The closure of China's factories and trade slows down the production of these five branches in the world.

The impact is an immediate slowdown in world production until it grinds to a halt. The origin of this is the world order established in 1990 by the United States when the wall fell, and simultaneously China was integrated into world trade, creating the possibility of the law of one price. The other side is the bet on fossil energy, in a world that is moving towards clean energy. China with clean energies is the axis of the new economic dynamic and the global technological vanguard versus the US that remains centered on dirty energy.

While China is beginning to have an impact on its manufacturing sector, the havoc the world is suffering is of increasing magnitude. In February 2020, the China Purchasing Managers Index (PMI) fell from 50 to 35.7%, as shown in Figure 1. The same is forecasted for the industrialized economies linked to China in the coming months, as there is a lagging impact, mainly due to existing inventories and to the ongoing burden. This lag will be one quarter at most. If China reopens, it will have lost a quarter of production; if China does not reopen soon, the loss could be as much as half of the production.

On the side of the countries exporting raw materials, there is a price decrease that has become more acute, and a fall in the volume exported, impacting on their economic growth even more. The drop in export revenues and the depreciation of all Latin American currencies express the effects of the virus-induced crisis. The fall in stock market indices precludes recessions in the region.

Indices such as the Baltic Exchange Dry Index (BEDI) and the Dow Jones Transportation Average (DJTA), which measure cargo volumes, freight contracts and prices in maritime, rail, aerospace and land-based environments, show that there is already a drop in global trade that will soon be reflected in value chains. According to Bloomberg data, BEDI fell from a peak in mid-September 2019 to a low on February 10, which meant a drop of 84% in the index. The DJT fell from the year's high by about 36% to March 12, indicating a drop in trade within the United States. All these factors have affected the demand for oil. In addition, on 8th March Saudi Arabia announced that it would reduce its prices and increase production, which added to Russian production, caused crude oil prices to fall by 20% in March 2020. This impacts on the economies of the United States, Mexico, Colombia, Venezuela and Ecuador, with Venezuela being the hardest hit, followed by Ecuador and Colombia.

In 29 days, from February 12 to March 12, the New York Stock Exchange fell 24.9%, the Tokyo NIKKEI 22.2%, the German DAX 33.4%, the FTSE 30.5%, much higher than the Singapore Straits Exchange 16.9% and Shanghai 0.1%. One of the most punished exchanges is Italy's 38.3%. In Latin America, Mexico's stock market fell 18.6%, in Sao Paulo, 37.8%, Santiago, 19.9%, and Lima 23.7%. These falls are more violent than the falls between September 15 and October 15, 2008. The difference is that in 2008 the stock markets had been falling since August 2007. This time the stock markets were on the rise even though global production has been on a downward trend since March 2018.

These declines have impacted 10-year bond yields in the US, Germany, and the UK, which are at record lows. There is a portfolio recomposition towards the dollar that has produced depreciations in all currencies, which will make imports more expensive and restrict the consumption of imported goods in the world. For the first time in history, the yield on 10-year US bonds fell below 1% due to the 0.5% cut in the federal funds rate by the Federal Reserve. The decision was taken at an extraordinary meeting, a situation not seen since the 2008 crisis.

The emergence of COVID-19 has accidentally exposed the underlying economic problems. The idea of global value chains designed to reduce costs has generated an uncalculated productive fragility whose effects are only now under study. The idea of global value chains, conceived from the reduction in costs angle, generated an uncalculated fragility of global production, the effects of which can only be studied in the future. What is certain is that uncertainty about the dynamics of the real economy has an impact on expectations in the world's stock markets and on economic growth. The result is a general depreciation of all currencies with an appreciation of the dollar, which will result in a contraction of world consumption in the years 2020 and 2021, at least. The revival of production, whenever it occurs, will be slower than the previous dynamics. The new decade will be one of energy transformation and new technologies.

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Coronavirus, un riesgo mayor para el mundo que para China

El 31 de diciembre de 2019 apareció el coronavirus (COVID-19) en Wuhan, China. Si bien esto explica la velocidad de la caída de las bolsas, no es suficiente para explicar por qué se asemeja a lo vivido en la crisis de 2008 – 2009. Desde antes de su aparición, las perspectivas económicas mundiales para el 2020 eran aun menores que para 2019. El impacto que se ha presentado no se puede comprender sin entender la importancia de China en las cadenas globales de valor. China es la fuente de 5 ramas de la economía mundial: farmoquímica, automotriz, aeronáutica, electrónica y telecomunicaciones. El cierre de las fábricas y del comercio de China frena la producción de estas 5 ramas en el mundo.

El impacto es una desaceleración inmediata de la producción mundial, hasta llegar a su detenimiento. El origen de esto es el orden mundial establecido en 1990 por EEUU, cuando cayó el muro y simultáneamente se integró China al comercio mundial, con lo que se creó la posibilidad de la ley de un solo precio. El otro lado es la apuesta por la energía fósil, en un mundo que camina hacia las energías limpias. Esto lo hace de forma antagónica a China, quien se ha convertido en el eje de la nueva dinámica económica, con el cambio de matriz energética hacia energías limpias, y quien está en la vanguardia tecnológica global.

Si bien China comienza a tener consecuencias en su sector manufacturero, los estragos que el mundo sufre son cada vez de una mayor magnitud. En febrero de 2020 el Índice de Gestores de Compras de China (PMI por sus siglas en inglés) tuvo una caída de 50 a 35.7% tal como se observa en la gráfica 1. Esto mismo se podría anticipar para las economías industrializadas eslabonadas con China en los próximos meses, ya que hay un rezago del impacto, principalmente por los inventarios existentes y por la carga en camino. Este rezago será de un trimestre como mucho. Si China reabre se habrá perdido un trimestre de producción, si China no reabre pronto la pérdida podría ser hasta de un semestre de producción.

Por el lado de los países exportadores de materias primas hay una disminución de precios que se ha agudizado y una caída en el volumen exportado, impactando sobre su crecimiento económico aún más. Los primeros impactos ya se sienten en los ingresos de las exportaciones y se pueden apreciar en la depreciación de las monedas en todos los países de América Latina. Igualmente se puede ver la caída en los índices de bolsa ante la anticipación de recesiones en la región.

Índices como el Baltic Exchange Dry Index (BEDI) y el Dow Jones Transportation Average (DJTA), que miden los volúmenes de carga, contratos de envíos de mercancías y precios en medios marítimos, ferroviarios, aeroespaciales y terrestres, muestran que ya existe una caída de comercio mundial que pronto se verá reflejada en las cadenas de valor. De acuerdo con datos de Bloomberg , el BEDI cayó del máximo a mediados de septiembre de 2019 a un mínimo el 10 de febrero, lo que significó una caída del 84% en el índice. Por su parte el DJT cayó del máximo del año un 36% al 12 de marzo, indicando la caída del comercio dentro de Estados Unidos. Todo esto ha afectado a la demanda de petróleo. Aunado a ello el 8 de marzo Arabia Saudita anunció que reduciría sus precios y aumentaría la producción, lo que sumado a la producción rusa, hizo que los precios del crudo cayeran 20% en marzo del 2020. Esto impacta en América sobre las economías de EEUU, México, Colombia, Venezuela y Ecuador siendo Venezuela el más golpeado seguido de Ecuador y Colombia.

En 29 días, desde el 12 de febrero al 12 de marzo, la bolsa de Nueva York se cayó 24.9%, el NIKKEI de Tokio 22.2%, el DAX alemán 33.4%, el FTSE 30.5%; mucho mayor que las bolsas de Straits de Singapur 16.9% y Shanghai 0.1%. Una bolsa más castigada es la italiana 38.3%. En América Latina, la bolsa en México cayó 18.6%, en Sao Paulo, 37.8%; Santiago, 19.9% y Lima 23.7%. Estas caídas son más violentas que las caídas entre 15 de septiembre y el 15 de octubre de 2008. La diferencia es que en el 2008 las bolsas venían descendían desde agosto de 2007. Esta vez las bolsas iban al alza a pesar que la producción global viene en crecimientos descendentes desde marzo del 2018.

Estas caídas han impactado en los rendimientos de los bonos a 10 años de EEUU, Alemania, Reino Unido que están mínimos históricos. Hay una recomposición de cartera hacia el dólar que ha producido depreciaciones en todas las monedas, lo que encarecerá las importaciones y restringirá el consumo de bienes importados en el mundo. Por primera vez en la historia, el rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años cayó por debajo del 1% de rendimiento, debido al recorte de 0.5% de la tasa de los fondos federales por parte de la Reserva Federal. La decisión se tomó en una reunión extraordinaria, situación no vista desde la crisis de 2008.

Los problemas económicos de fondo han sido puestos en evidencia de manera accidental por el surgimiento del COVID-19. La idea de las cadenas globales de valor pensadas desde el abaratamiento de costos ha generado una fragilidad productiva no calculada y cuyos efectos recién se van a estudiar. Lo indudable es que la incertidumbre sobre la dinámica de la economía real ha impactado sobre las expectativas en las bolsas de valores y en crecimiento económico del mundo. El resultado es una depreciación general de las monedas con una apreciación del dólar, lo que tendrá como resultado una contracción del consumo en el mundo en los años 2020 y 2021 por lo menos. La reactivación de la producción, cuando sea que se produzca, será más lenta que la dinámica previa. La nueva década será una de transformación energética y de nuevas tecnologías.

 

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Corrupción continental y la Cumbre de las Américas

Perú seguirá en la mira del escenario económico mundial. Esta vez no por los actos de corrupción de su expresidente Pedro Pablo Kuczynski, sino por lo que aparenta ser lo contrario. Entre el 13 y 14 de abril, se celebrará la Octava Cumbre de las Américas, en Lima. El tema a tratar será, paradójicamente, la “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción” y los invitados: 22 presidentes y 12 primeros ministros del continente. Cabe recordar que el país sede tiene a dos de sus expresidentes presos Alberto Fujimori (recién indultado por otro presidente acusado de corrupción) y Ollanta Humala; otro en trámite de extradición de EEUU, Alejandro Toledo, e investigaciones abiertas a otros dos expresidentes: Alan García y Pedro Pablo Kuczynski; a la candidata Keiko Fujimori y la exalcaldesa Susana Villarán.

El prólogo que acompaña a esta reunión de mandatarios es el capítulo Odebrecht, el caso más grande de corrupción en la historia del continente. Destapado por el departamento de Justicia de EEUU, en diciembre de 2016,[1] el conglomerado constructor fue acusado de implementar un complejo esquema de sobornos y compra de favores. Se estimó que la empresa pagó, entre 2001 y 2016, 788 millones de dólares a presidentes, representantes políticos y altos funcionarios, de izquierda y derecha, en Brasil, Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Venezuela, con el objetivo de asegurar negocios y ganar licitaciones.[2] La investigación, motivada por autoridades estadounidenses, obligó a que algunos países, ¡no todos!, condujeran investigaciones y aplicaran la ley a los involucrados.

Entre los invitados a la cumbre de Lima se puede destacar, por su participación en actos de corrupción: Mauricio Macri, envuelto en el escándalo de corrupción por la asociación con el fondo de inversión Blackwood Group, a partir de un holding familiar, que recibiera pagos a cambio de preferencias[3]; Michel Temer, actualmente investigado por aceptación de sobornos a cambio de favores políticos[4]; Juan Manuel Santos Calderón, investigado por recibir pagos durante su campaña de reelección presidencial en 2014[5]; y Enrique Peña Nieto, señalado por el exdirector de Odebrecht-México, aunque sin investigación abierta, por recepción de dinero durante la campaña presidencial y conocido por protección a altos funcionarios acusados de corrupción, desviación de recursos y recepción de dinero a cambio de favores.[6]

Salvo las honrosas excepciones de Brasil, Ecuador y el Perú, la experiencia latinoamericana en el combate a la corrupción ha seguido, más o menos, el siguiente ciclo: actos de corrupción à destape y escándalo à masificación y mediatización à persecución, castigo y expiación à censura, desinformación y olvido à actos de corrupción. El caso Odebrecht es emblemático y corresponde a la estampa más actualizada, pero la anteceden: Lava Jato en Brasil; la Casa Blanca y la Estafa Maestra en México; los Panamá Papers en Panamá; el Caso Caval en Chile; el Cementazo en Costa Rica, los Paradise Papers; un largo y conocido etcétera, y otro más largo y desconocido aún.

La cuestión es por qué la Cumbre de las Américas ha decidido realizar una reunión sobre corrupción y democracia, dadas la poca calidad de los invitados y las condiciones políticas actuales. Por qué ahora y no antes, cuando parecía igual de urgente, o incluso por qué no después, dado que la situación es básicamente la misma. Sobra recordar que la Cumbre fue impulsada por EEUU en 1994, el mismo año que firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), para promover el libre mercado en el continente; en particular, la conformación del Área de Libre Comercio de América (ALCA). Desde entonces, salvo las últimas reuniones en Trinidad y Tobago (2009) y Colombia (2012), la Cumbre se ha alineado a la agenda del Consenso de Washington y ha gestionado la apertura comercial de los países latinoamericanos.

La respuesta es simple: el libre mercado necesita grados de legalidad y un Estado de derecho suficiente que asegure el movimiento de los capitales. La necesidad no es sólo de los gobiernos, sino principalmente de los capitales menos favorecidos, o más alejados a las élites políticas. Aunque los grandes capitales son cómplices y promotores de la corrupción alrededor del mundo, en América Latina la corrupción ha sido, también, una fuente de encarecimiento de la producción, de baja de productividad, de fuga de recursos públicos y privados, de incremento de la incertidumbre, de freno de la inversión y, por lo tanto, de estancamiento económico.[7] La corrupción expresa: a) que no hay Estado de derecho y que el poder Judicial está interferido por el poder Ejecutivo; y b) que el poder Legislativo o está intervenido por el Ejecutivo o está sin poderes de investigación efectivas.

En Brasil ha sido el poder Judicial el que investiga, en el Perú regularmente es el Legislativo que le pasa al Judicial lo evaluado en sus comisiones investigadoras. En México no se investiga en ninguna parte, hay protección a los investigados, y a los periodistas que buscan y encuentran, son acosados e incluso asesinados, como recientemente a Miroslava Breach y Javier Valdez. En la Argentina, el tema parece ser irrelevante y configura otra expresión de la cara dura del poder Ejecutivo[8]. Ya nos habíamos preguntado por la naturaleza democrática de la Cumbre de la OMC en Buenos Aires, en diciembre del 2017, cuando deportaron a 60 personas acreditadas ante la OMC. En este país las formas democráticas del partido en el poder no parecen importarle a nadie salvo a los opositores.

Hay tres países latinoamericanos hasta ahora a prueba de escándalos de esta naturaleza: Bolivia, Chile y Uruguay. Sin embargo, en Chile fue donde se inventó la llamada república de los empresarios, entendida como los gobiernos liderados por empresarios que, en general, tienen actividades económicas propias y son beneficiadas por las políticas del Estado. José Piñera y su hermano Sebastián son considerados los artífices, junto con el grupo del El Ladrillo de los Chicago Boys, de esta estructura corrupta. Quizás el caso Odebrecht no los involucró, pero sí posiblemente otras actividades extracurriculares de los altos funcionarios chilenos.[9] Bolivia y Uruguay, por su parte, son también a prueba de escándalos, a pesar de algunos intentos fallidos de la oposición en Bolivia. La diferencia fundamental es que en ninguno de estos países está presente la republica de los empresarios.

Actualmente, existe un fuerte interés del capital internacional por recuperar a América Latina como el espacio de acumulación y reserva de capital que ha sido para las economías centrales en general, y para la economía estadounidense en particular, independientemente de la constitución del ALCA. En el imaginario liberal, la participación en el mercado debía definirse por la concurrencia de los capitales, la carrera del desarrollo tecnológico y búsqueda de mayores niveles de productividad, no por el diezmo político, el clientelismo corporativo y el lavado de dinero. De ahí que el objetivo real de la Cumbre sea reconstruir, aunque con bandidos en los gobiernos, condiciones políticas y económicas para los negocios o, en otras palabras, combatir la corrupción y promover la democracia. La buena noticia es que EEUU permitió la invitación por primera vez a Cuba (¿Trump?), que por cierto no tienen acusaciones de corrupción de Odebrecht, ¡enhorabuena!

 

[1] https://www.justice.gov/opa/press-release/file/919911/download

[2] https://www.justice.gov/opa/pr/odebrecht-and-braskem-plead-guilty-and-agree-pay-least-35-billion-global-penalties-resolve

[3] https://www.pagina12.com.ar/54788-emerge-el-iceberg

[4] http://www.france24.com/es/20180302-brasil-temer-sospechoso-odebrecht

[5] http://www.eltiempo.com/justicia/cortes/investigacion-de-caso-odebrecht-en-campana-de-santos-habla-fiscal-30622

[6] https://www.vanguardia.com.mx/articulo/para-entender-odebrecht-mexico

[7] https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=8324

[8] http://www.publico.es/internacional/macrismo-entranas-corrupcion-blindada.html

[9] https://journals.openedition.org/polis/6120

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Crisis económica

Covid-19 Recessions: This Time It’s Really Different

BERLIN and KUALA LUMPUR, Jun 4 2020 (IPS) - The world economic contraction so far this year is largely due to measures, especially at the national or local level, to contain or prevent Covid-19 contagion, particularly those restricting business operations, thus reducing economic activity, output, incomes and spending.

Lower business and worker incomes have reduced spending, for both consumption and investment, and thus overall or aggregate demand. While there has indeed been much novel ‘financial folly’ in the last decade, responsible for its dreary ‘recovery’, and financial circumstances will retard recovery, the cruel public health dilemma posed by the viral pandemic is surely its immediate cause.

To be sure, recent economic performance in much of the world had been quite lacklustre, with no strong recovery since the 2008-09 global financial crisis and Great Recession despite the unexpected impact of ‘unconventional monetary measures’, especially in the north Atlantic economies.

Recessions and recessions

The recessions have been quite uneven, due to different circumstances and responses. Various aspects may bear some resemblance to other supply-side recessions, e.g., those caused or worsened by post-war conversion of armaments industries, oil price shocks (e.g., in 1973, 1979, 2007) and ‘shock therapy’-induced ‘transformational recessions’ in ‘post-communist’ and other economies in the 1990s.

A general recession typically involves declines in many, if not most industries, sectors and regions. Such output contraction typically implies underutilized production capacities, raising unemployment unevenly during a general recession.

In contrast, a structural recession refers to falling output in one or a few related industries, sectors or regions, not sufficiently offset by other rises. However, not all supply side recessions necessarily involve structural transformation, especially if not deliberately induced by government.

 

Really different this time?

A structural transformation – with unviable activities declining as more ‘competitive’ alternatives grow – may not involve overall economic contraction if resource transfers – from declining activities to rising ones – are easy, rapid and low cost.

Such resource transfers typically require ‘repurposing’ labour as well as plant, equipment and other ‘fixed capital’ stock. Typically, unplanned structural transformations result in supply-side recessions as resources are withdrawn without being redeployed for alternative productive ends.

Some examples include post-war recessions when converting military industries to peacetime non-military purposes after wars end. After the Second World War, US output declined for three years, and was 13% lower in 1947 compared to 1944.

The 1990s’ recessions in many post-communist economies were similarly due to poor management of structural transformations with declining agriculture and manufacturing, often despite more resource extraction, with some contractions deeper than the 1930s’ Great Depression.

In market economies, such adjustments typically increase unemployment as industries become unprofitable – e.g., due to cost spikes – and lay off workers. Growing unemployment lowers wages, while the conventional wisdom claims that cheaper labour costs will induce new investments.

Market resolution of such unexpected, massive disruptions is likely to be poorly coordinated, slow and painful, with high unemployment for years. Alternatively, governments can guide, facilitate and accelerate desired changes with appropriate relief and industrial policy measures.

 

Keynes needed, but not sufficient

Slumps in travel, tourism, mass entertainment, public events, sit-down eateries, hotels, hospitality, catering, classrooms, personal services and other such activities have been due to physical distancing and other containment requirements.

Such collapses will not be overcome with support, relief and stimulus measures as most such activities cannot fully resume soon, even in the medium term. Expansionary Keynesian fiscal and monetary policies to address collapses in aggregate demand have limited relevance in addressing government-mandated restrictions intended to contain contagion.

Furthermore, as Nobel economics laureate Paul Romer and Alan Garber note, “loan guarantees and direct cash transfers will stave off bankruptcy and default on debt, but these measures cannot restore the output that is lost when social distancing keeps people from producing goods and services”.

Of course, relief measures for those losing incomes can help mitigate the effects of the adverse supply and demand shocks involved, but much depends not only on direct, but also indirect, second or even third order effects, partly reflected in Keynes’ ‘multiplier’ muted by other government measures.

A necessary precondition for the multiplier to accelerate broader economic recovery is the prior existence of underutilized productive capacities. Otherwise, increasing demand will simply raise prices when output and efficiency cannot be quickly increased profitably.

 

One size does not fit all

Newly restructured economies will inevitably emerge from the pandemic, but some will do better than others. There is and will be greater need and demand for new as well as modified goods and services such as medical supplies, health facilities, care services, distance learning and web entertainment.

Economies trying to adjust to the new post-contagion context should use industrial policy or selective investment and technology promotion to expedite restructuring by directing scare resources from unviable, declining, sunset industries to more feasible, emerging, sunrise activities.

Enabling, incentivizing or even requiring needed resource reallocations can help overcome supply bottlenecks. China and other East Asian countries have already had some early successes in thus addressing their Covid-19 downturns.

All workplaces adversely affected by precautionary requirements will need to be safely reconfigured or repurposed accordingly. Structural unemployment problems, due to skill shortages not coinciding with available labour skill supplies, can be better addressed by appropriate government-employer coordination to appropriately identify and meet skill requirements.

Government policies, e.g., using official incentives, can thus encourage or induce adoption of desirable new practices, such as ‘clean investments’ for ‘green’ restructuring, e.g., by using renewable energy and energy saving technologies. Without such inducements, stimuli and support for desirable new investments, desired structural shifts may be much more difficult, painful and costly.

Thus, the ongoing Covid-19 crisis should be seen as an opportunity to make much needed, if not long overdue investments in desirable sunrise industries, services and enterprises, including personnel retraining and capability enhancement as well as workplace repurposing.

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Crisis económica

Covid-19 y América Latina y el Caribe: los efectos económicos diferenciales en la región

En este documento se presentan los rasgos estilizados de las principales perturbaciones en las cadenas mundiales de suministro desencadenadas por la Covid-19, enfatizando en los principales mecanismos de transmisión y en los probables efectos económicos para América Latina y el Caribe. Además de presentar una breve caracterización de la enfermedad del coronavirus, se analiza el efecto económico como un shock masivo de oferta y demanda y se plantea el falso dilema de aplanar la curva de la pandemia y la curva de la recesión. Se presentan, por último, algunos de los desafíos de política pública para responder a los efectos socio económicos de la pandemia.

 

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Crisis económica

Covid-19 y epidemias de globalización

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Las epidemias regresan de vez en cuando para recordarnos nuestra vulnerabilidad: vulnerabilidad a la enfermedad y a los poderes fácticos. En pocos meses, algo que parecía ser una catástrofe en una tierra lejana se convirtió en una tragedia cotidiana en casa. Esta enfermedad, producida por un agente infeccioso altamente insidioso, conocido popularmente como el coronavirus, se ha extendido como pocas epidemias pasadas a casi todos los rincones del mundo. Está revelando la vileza de los gobiernos autoritarios populistas de derecha que han atacado la ciencia y la salud pública, alentando a sus partidarios a pensar irracionalmente, creando las condiciones para la desesperación, la desinformación, el estigma y el caos que ahora estamos sufriendo.

Esta epidemia es solo la última edición de un triste efecto secundario de los cambios que comenzaron en la década de 1980, cuando la mayoría de los gobiernos adoptaron el neoliberalismo y la globalización y su cruel doctrina que exigía una reducción drástica del gasto público y el desmantelamiento de la intervención estatal en los programas sociales. Esto creó una cultura en la cual el beneficio era más importante que todo y todos; donde se redujo el personal médico del sistema de salud nacional e internacional y donde una secuencia interminable de desastres de atención médica se ha convertido en algo común, como el SIDA, el dengue, el SARS, el H1N1, el ébola, el zika y la epidemia que nos oprime ahora.

Estas epidemias han magnificado la relación entre los sistemas económicos injustos y las condiciones de vida adversas, y han confirmado la persistencia del racismo: uno solo necesita recordar los desafortunados comentarios del Presidente de los Estados Unidos sobre un virus "extranjero" y su asociación deliberada con el Chino. Esta doctrina idealiza el estilo de vida neoliberal y permanece en silencio sobre la vulnerabilidad estructural en la que vive la mayoría de las personas. Esto no significa que la higiene personal y el autoaislamiento no sean importantes, pero estas medidas no reflejan las condiciones de vida de la gran mayoría de las familias pobres en las afueras de las ciudades. Están abarrotados en espacios pequeños con acceso limitado al agua, lejos de los centros de salud, y con miembros de la familia de edad avanzada ya víctimas de los principales determinantes sociales de las enfermedades respiratorias.

Las pandemias mencionadas anteriormente surgieron o se vieron agravadas por la discriminación, el deterioro del clima, la explotación de los recursos naturales a través de prácticas extractivas no reguladas y la negación de los derechos humanos, como el derecho de cada persona a la atención médica, factores que glorificaron abierta o inherentemente el neoliberalismo. Estas crisis fueron acompañadas por la banalización de muertes y enfermedades prevenibles y la reproducción de estereotipos criminales con respecto a las víctimas de epidemias, como las minorías, los pobres, los indígenas y las mujeres.

La terrible epidemia que estamos experimentando es evidencia no solo de las fuerzas económicas, sociales y ambientales que desencadenó el neoliberalismo, sino también de su incapacidad para construir un futuro inclusivo. También marca la erosión casi irreparable de una de las leyes supranacionales más valiosas que ahora se ha olvidado: el Reglamento Sanitario Internacional (2005).

De acuerdo con estas regulaciones, que todos los países firmaron, la Organización Mundial de la Salud (OMS) es responsable de articular y coordinar las respuestas a las pandemias (Cueto, 2015). Fue desarrollado después de muchas discusiones sobre acuerdos fundamentales que se remontan a principios del siglo XX. Como ha sido evidente casi desde el comienzo de Covid-19, cada país, estado o ciudad ha hecho lo que prefirió, prestando atención y citando a la OMS cuando fue conveniente. Es importante recordar que ha habido una falta recurrente de financiamiento internacional para estas regulaciones y una erosión persistente de la legitimidad de esta agencia multilateral de las Naciones Unidas por parte de los países industrializados.

Las diferencias entre la crisis económica de 2008 y la crisis de salud de 2020 son importantes. En 2008, el gobierno de los Estados Unidos recaudó más de $ 700 mil millones en pocos días para salvar a los bancos privados. Por el contrario, durante la epidemia de Covid-19, el gobierno de los Estados Unidos inicialmente asignó poco más de dos mil millones de dólares (afortunadamente, el Congreso ha aumentado esta cifra en unos pocos miles de millones, pero esto todavía es claramente insuficiente). Para empeorar las cosas, en los últimos años, la Casa Blanca recortó cerca de $ 700 millones en fondos para uno de los mejores centros epidemiológicos del mundo, los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), y eliminó al equipo de la Casa Blanca responsable del monitoreo internacional de brotes epidémicos.

Sin embargo, a veces las catástrofes brindan oportunidades únicas para reflexionar y mejorar. En un mundo donde una serie de escándalos compiten por el tiempo en los medios de comunicación, las enfermedades epidémicas permiten a los profesionales de la salud pública, científicos e historiadores de la salud alzar la voz y asegurarse de que se reconozca la importancia de su trabajo, nuestro trabajo. Debemos recordar a todos las consecuencias de las enfermedades endémicas prevenibles que afectan a la sociedad. Debemos revelar la letalidad de descontar los métodos científicos. Debemos exigir prevención y solidaridad. Debemos restaurar y aumentar los fondos para los sistemas de salud pública y redirigir los servicios públicos y los empleados, que no deben estar subordinados a los intereses económicos privados.

Como historiadores, algunos de nosotros nos hemos dedicado, a veces, a pensar en catástrofes epidémicas, y hemos concluido que el liderazgo incompetente de las autoridades ciegas e histéricas, además de la xenofobia, la desesperación y el caos, agrava el desastre (Cueto, 1997) .

En el caso de Covid-19, hay problemas urgentes por resolver. La falta de exámenes, el pequeño número de laboratorios que pueden procesar los exámenes, la capacitación inadecuada de los profesionales de la salud sobre cómo administrar estos exámenes y analizar los resultados, la medida en que las personas siguen el consejo médico, la gran posibilidad de que los centros médicos brinden el tratamiento se sobrecargará y el impacto económico grave estimado presagia un desastre. Al igual que con las valiosas respuestas a otras epidemias por parte de profesionales de la salud y científicos, debemos responder a la situación actual y, al mismo tiempo, mirar hacia el futuro.

Parece que, en los países pobres y de ingresos medios, las medidas económicas más efectivas son el "distanciamiento social" (al menos un metro y medio entre individuos), la cancelación de eventos y reuniones, y la reducción del transporte público a un mínimo, desde que el transporte público se ha convertido en el gran vector urbano de Covid-19.

Según el historiador médico Charles Rosenberg, las epidemias generalmente tienen un ciclo que comienza con la negación, pasa por la resignificación y la resignación, y termina en el olvido (Rosenberg, 1992). Como en otras epidemias, uno de los principales peligros que enfrentamos no solo es que la epidemia de Covid-19 empeora, sino que luego toleramos una vez más la falta de inversión en salud pública y perdemos la oportunidad de poner fin a la retroalimentación entre respuestas insuficientes fragmentadas y la recurrencia de epidemias.

La esperanza de este autor es que esta vez las cosas serán diferentes: que no solo podemos controlar, mitigar e implementar medidas de salud pública con pleno apoyo político y financiero, sino también convencernos de que la salud pública  es  intrínsecamente global y una obligación del Estado hacia todos los ciudadanos, y que debemos asignar fondos significativos para la investigación, incluida la investigación histórica, que puede contarnos mucho más sobre los desafíos de la atención médica para comprender y actuar en el presente y planificar el futuro con esperanza.

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Crisis económica

Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe. El trabajo en tiempos de pandemia: desafíos frente a la enfermedad por coronavirus (COVID-19)

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Dentro de la coyuntura de la pandemia del COVID-19 la interrupción de las actividades económicas puso de manifiesto los desafíos estructurales del mercado de trabajo en América Latina. Los países de la región deberán enfrentar grandes caídas de su producto interno bruto con importantes consecuencias en sus mercados laborales, en un contexto de debilidad y vulnerabilidad macroeconómica.

Con esto, en el informe Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe se examinan algunas de las políticas implementadas por los países para proteger el empleo formal e informal, cautelar los ingresos y proteger al sector productivo. Asimismo, se analizan los desafíos laborales para una reactivación productiva en el escenario posterior a la pandemia, para lo cual es necesario un pilar de políticas que prioricen la seguridad y la salud en el trabajo.

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Crisis económica

Crisis en Brasil

The BRIC countries are in trouble. For a season the dynamos of international growth while the West was mired in the worst financial crisis and recession since the Depression, they are now the leading source of anxiety in the headquarters of the IMF and the World Bank. China, above all, because of its weight in the global economy: slowing output and a himalaya of debt. Russia: under siege, oil prices falling and sanctions biting. India: holding up best, but unsettling statistical revisions. South Africa: in free fall. Political tensions are rising in each: Xi and Putin battening down unrest with force, Modi thrashed at the polls, Zuma disgraced within his own party. Nowhere, however, have economic and political crises fused so explosively as in Brazil, whose streets have in the past year seen more protesters than the rest of the world combined.

Picked by Lula to succeed him, Dilma Rousseff, the former guerrilla who had become his chief of staff, won the presidency in 2010 with a majority nearly as sweeping as his own. Four years later, she was re-elected, this time with a much smaller margin of victory, a 3 per cent lead over her opponent, Aécio Neves, the governor of Minas Gerais, in a result marked by greater regional polarisation than ever before, the industrialised south and south-east swinging heavily against her, and the north-east delivering an even larger landslide for her – 72 per cent – than in 2010. But overall it was a clear-cut win, comparable in size to that of Mitterrand over Giscard, and a good deal larger, not to mention cleaner, than that of Kennedy over Nixon. In January 2015 Dilma – from this point we’ll drop the surname, as Brazilians do – began her second presidency.

Within three months, huge demonstrations packed the streets of the country’s major cities, at least two million strong, demanding her ouster. In Congress, Neves’s Brazilian Social Democracy Party (PSDB) and its allies, emboldened by polls showing Dilma’s popularity had fallen to single figures, moved to impeach her. On May Day, she was unable even to give the traditional televised address to the nation: when her speech on International Women’s Day in March had been broadcast people banged saucepans and blew car horns, a form of protest that became known as panelaço. Overnight, the Workers’ Party (PT), which had long enjoyed by far the highest level of approval in Brazil, became the most unpopular party in the country. In private, Lula lamented: ‘We won the election. The following day we lost it.’ Many militants wondered if the party would survive at all.

How had it come to this? In the last year of Lula’s rule, when the global economy was still gripped by the aftermath of the financial crash of 2008, the Brazilian economy grew 7.5 per cent. On taking office, Dilma tightened policy against risks of overheating, to the satisfaction of the financial press, in what looked like the kind of reinsurance policy Lula had himself taken out at the start of his first term. But as growth fell sharply, and world financial skies darkened once more, the government changed course, with a package of measures intended to prime investment for sustained development. Interest rates were lowered, payroll taxes cut, electricity costs reduced, loans to the private sector from private banks increased, the currency devalued and limited control of capital movements imposed.* On the heels of this stimulus, halfway through her presidency, Dilma enjoyed an approval rating of 75 per cent.

But, far from picking up, the economy slowed from an already mediocre 2.75 per cent in 2011 to a mere 1 per cent in 2012, and with inflation above 6 per cent, in April 2013 the Central Bank abruptly raised interest rates, undercutting the ‘new economic matrix’ of Guido Mantega, the finance minister. Two months later, the country was swept by a wave of mass protests, triggered by higher bus fares in São Paulo and Rio but quickly escalating into generalised expressions of discontent with the quality of public services and, fanned by the media, of hostility to an incompetent state. Overnight, the government’s approval ratings halved. In response, it beat a retreat, starting cautionary reductions in public spending and allowing interest rates to rise again. Growth fell further – it would be nil in 2014 – but employment and wages remained stable. At the end of her first term Dilma waged a defiant campaign for re-election, assuring voters that she would continue to give priority to improving the living standards of working people, and attacking her PSDB opponent for planning to reverse the social gains of PT rule by slashing social benefits and hitting the poor. In the face of a continuous ideological barrage against her in the press, it was enough to give her victory.

Before her second term had even formally begun, Dilma reversed course. A spell of austerity, she abruptly explained, was required. The architect of the new economic matrix was dismissed, and the Chicago-trained head of the asset management division of Brazil’s second largest private bank installed at the finance ministry, with a mandate to curb inflation and restore confidence. The imperatives now were to cut social spending, curtail credit from public banks, auction state property and raise taxes to bring the budget back into primary surplus. Soon the Central Bank had hiked interest rates to 14.25 per cent. Since the economy had already stalled, the effect of this pro-cyclical package was to plunge the country into a full-blown recession – investment declining, wages falling and unemployment more than doubling. As GDP contracted, fiscal receipts fell, worsening the deficit and public debt. No government’s ratings could have withstood the speed of this deterioration. But the meltdown of Dilma’s popularity was not just the predictable result of the impact of recession on ordinary living standards. It was also, more painfully, the price of her abdication from the promises on which she was elected. Overwhelmingly, the reaction among her voters was that her victory was an estelionato, an embezzlement: she’d cheated her supporters by stealing the clothes of her opponents. Not just disillusion, but anger followed.

Half-hidden, the roots of this debacle lay in the soil of the PT’s model of growth itself. From the outset, its success relied on two kinds of nutrient: a super-cycle of commodity prices, and a domestic consumption boom. Between 2005 and 2011, the terms of trade for Brazil improved by a third, as demand for its raw materials from China and elsewhere increased the value of its principal exports and the volume of tax receipts for social expenditures. By the end of Lula’s second term, the share of primary commodities in the Brazilian export package had jumped from 28 to 41 per cent, and manufactures had fallen from 55 to 44 per cent; by the end of Dilma’s first term, raw materials accounted for more than half the value of all exports. But from 2011 onwards the prices of the country’s leading tradable goods collapsed: iron ore dropped from $180 to $55 a ton, soya from $18 to $8 a bushel, crude oil from $140 to $50 a barrel. Compounding the end of the overseas bonanza, domestic consumption hit the buffers. Throughout its rule, the core strategy of the PT had been to expand home demand by increasing popular purchasing power. That was achieved not only by raising the minimum wage and making cash transfers to the poor – the Bolsa Família – but by a massive injection of consumer credit. Over the decade from 2005 to 2015, total debt owed by the private sector increased from 43 to 93 per cent of GDP, with consumer loans running at double the level of neighbouring countries. By the time Dilma was re-elected in late 2014, interest payments on household credit were absorbing more than a fifth of average disposable income. Along with the exhaustion of the commodity boom, the consumer spree was no longer sustainable. The two motors of growth had stalled.

In 2011 the aim of Mantega’s new economic matrix had been to kick-start the economy by lifting investment. But his means of doing so had diminished. State banks had been steadily increasing their share of loan capital, from a third to a half of all credit since he took over in 2006 – the portfolio of the government’s development bank, BNDES, rose sevenfold after 2007. Offering preferential rates to leading companies that added up to a much larger subsidy than outlays to poor families, the ‘Bolsa Empresarial’ cost the treasury about double the Bolsa Família. Favourable to large commodity and construction firms, this direct expansion of public banking was anathema to an urban middle class in an increasingly violent anti-PT mood, with the local media – amplified by the business press in London and New York – vituperating the dangers of statism. So, switching direction, Mantega sought to boost private sector investment by tax concessions and lower interest rates, at the cost of a reduction in public infrastructural investment, and to help manufacturers by a devaluation of the real. But Brazilian industry was wooed in vain. Structurally, finance is a much stronger force in the country. The combined capitalisation of its two largest private banks, Itaú and Bradesco, is now twice that of Petrobras and Vale, its two biggest extractive firms, and far sounder. The fortunes of these and other banks have been made from the highest long-term interest regime in the world – crippling for investors, manna for rentiers – and staggering spreads between deposits and loans, with borrowers paying anything from five to twenty times the cost of the same money to lenders. Flanking this complex is the sixth largest bloc of mutual and pension funds in the world, not to speak of the biggest investment bank in Latin America, and a swarm of private equity and hedge funds.

In the belief that this must rally manufacturers to its side, the government confronted the banks by forcing interest rates down to an unprecedented real level of 2 per cent by the end of 2012. In São Paulo the Employers Federation briefly expressed its appreciation of the change, before hanging out flags in support of the anti-statist marchers of June 2013. Industrialists had been happy to reap high profits from the positive-sum period of growth under Lula, in which virtually every social group saw its position improve. But when this ended under Dilma, and strikes flared up, they were unmoved by the favours granted them. Not only were big companies in the real economy, like their counterparts in the North, themselves often long on financial holdings negatively affected by sharp pressure on rentier revenues, and for that reason not readily detachable from banks or funds, but as a social group most manufacturers formed part of an upper middle class much more numerous, vocal and politicised than the ranks of businessmen proper, with greater ideological and communication capacity in society at large. The rabid hostility of this stratum to the PT was inevitably shared by manufacturers too. Between bankers above and professionals below, each committed to bringing down a regime now threatening their common interests, producers lacked significant autonomy.

Against this front, on what support could the PT count? The trade unions, if somewhat more active under Dilma, were a shadow of their combative past. The poor remained passive beneficiaries of PT rule, which had never educated or organised them, let alone mobilised them as a collective force. Social movements – of the landless, or the homeless – had been kept at a distance. Intellectuals were marginalised. But not only had there been no political potentiation of energies from below. The style of the material benefactions of the regime created little solidarity. There was no redistribution of wealth or income: the infamously regressive tax structure bequeathed by Cardoso to Lula, penalising the poor to pamper the rich, was left untouched. Distribution there was, appreciably raising the living standards of the least well-off, but it was individualised in form. With the Bolsa Família taking the form of disbursements to mothers of school-age children, this could not have been otherwise. Increases in the minimum wage meant there was an expansion of the number of workers with a carteira assinada, entitling them to the rights of formal employment; but no rise, if anything a decline, in unionisation. Above all, with the arrival of crédito consignado – bank loans at high interest rates deducted in advance from wages – private consumption was unleashed without restraint at the expense of public services, whose improvement would have been a more expensive way of stimulating the economy. Purchase of electronics, white goods and vehicles was fanned (cars through tax incitements), while the water supply, paved roads, efficient buses, acceptable sewage disposal, decent schools and hospitals were neglected. Collective goods had neither ideological nor practical priority. So along with much needed, genuine improvements in domestic living conditions, consumerism in its deteriorated sense spread downwards through the social hierarchy from a middle class besotted, even by international standards, with magazines and malls.

How damaging this has been for the PT can be seen in the fate of housing, where collective and individual needs most visibly intersect. With the consumer bubble came a much more dramatic real-estate bubble, in which vast fortunes were made by developers and construction firms, while the price of housing for the majority of those living in big cities soared, and about a tenth of the population lacked adequate dwellings. From 2005 to 2014, credit for real-estate speculation and construction increased twenty times over; in São Paulo and Rio prices per square metre quadrupled. In São Paulo, average rents increased 146 per cent in 2010 alone. In the same years there were six million vacant apartments, while seven million families were in need of decent housing. Rather than itself increasing the supply of popular housing, the government funded private contractors to build settlements at a handsome profit in exurban areas, charging rents typically beyond the reach of the poorest layer of the population, and stood by as local authorities launched evictions of those who occupied vacant lots. In face of all this, social movements have sprung up among the homeless, and are now the most important in Brazil: these movements are not around, but against the PT.

 

Lacking any popular counter-force to withstand concerted pressure from the country’s elites, Dilma no doubt hoped, after her narrow re-election, that by beating an economic retreat, with an initial belt-tightening like that of Lula’s first years in power, she could reproduce the same kind of upturn. But external conditions precluded any comparable outcome. The dance of the commodities has gone, and recovery, whenever it comes, is likely to be subdued. It can be argued that, viewed in context, the extent of current difficulties should not be exaggerated. The country is in a severe recession, with GDP falling 3.7 per cent last year, and probably much the same this year. On the other hand, unemployment has yet to reach the levels of France, let alone Spain. Inflation is lower than in Cardoso’s last years, and reserves higher. Public debt is half that of Italy, though given Brazilian interest rates, the cost of servicing it is far greater. The fiscal deficit is below the EU average. All these figures are likely to worsen. Still, so far the depth of the economic hole does not match the volume of ideological clamour about it: partisan opposition and neoliberal fixation have every interest in overstating the country’s plight. But that scarcely reduces the scale of the crisis in which the PT is now floundering, which is not just economic, but political.

There, the origins of its plight lie in the structure of the Brazilian constitution. Virtually everywhere in Latin America, presidencies inspired by the US coexist with parliaments modelled on Europe: that is, over-mighty executives on the one hand, legislatures elected by proportional representation of votes – not Anglo-Saxon first-past-the-post distortion of them – on the other. The typical, though not invariable, result is a presidency with sweeping administrative powers, whose weak undercarriage is a party lacking any majority in a parliament with significant legislative powers. Nowhere else, however, is the divarication between executive and legislative anything like as pronounced as in Brazil. This is, above all, because the country has far the weakest party system in the continent. In Brazil, proportional representation takes the form of an open list system, in which electors can choose any candidate from among a host of individuals nominally standing on the same ticket, in constituencies often with a million or more voters. The consequences of this configuration are two-fold. Overwhelmingly, voters pick a politician of whom they know – or think they know – something, rather than a party of which they know little or nothing, while politicians, for their part, need to raise huge sums of money to fund campaigns to secure voter identification with them. The great majority of parties, whose number has increased with every election (there are 28 in the current Congress), lack any political coherence, let alone discipline. Their purpose is simply to secure favours from the executive to line their own pockets, and to pass down a residuum to their constituents to secure re-election, in exchange for supplying their votes to the government in the chamber.

When Brazil emerged from two decades of military dictatorship in the mid-1980s, this system was designed by a political class shaped under it. Objectively, its function was and is to neutralise the possibility that democracy might lead to the formation of any popular will that could threaten the enormities of Brazilian inequality, by chloroforming voter preferences in a miasma of sub-political contests for venal advantage. Further accentuating the bias of the system is massive geographical malapportionment. All federal systems require some equalisation of regional weighting, typically involving over-representation in an upper chamber of areas that are smaller and more rural, at the expense of those that are larger and more urbanised, as in the US Senate. Few, however, approach the degree of distortion that its engineers built into the Brazilian system, where the ratio of over-representation between the smallest and largest state in the Senate is 88:1 (in the US it is around 65:1). Not only do the three poorest and most backward macro-regions, which account for two-fifths of the population (haunts of the most traditional caciques, who dominate the most submissive clienteles), control three-quarters of the seats in the upper house of Congress. Uniquely, they command a majority in the lower house, too. Far from correcting the conservative tilt of this system, democratisation increased it, adding new under-populated states that aggravate the imbalance.

In this landscape, unlike in any other country in Latin America to emerge from military rule in the 1980s, no political parties of significance survived from the period before the dictatorship. Rather, the stage was initially occupied by two forces derived from constructs of the generals: their party of nominal opposition, the Brazilian Democratic Movement (MDB), and their party of government, the National Renewal Alliance (ARENA) – mocked at the time as the difference between muttering ‘sim’ and ‘sim, senhor’. The former eventually renamed itself the Brazilian Democratic Movement Party (PMDB), and most of the latter morphed into the Liberal Front Party (PFL). After the generals had withdrawn, the first stable government came with Cardoso’s presidency in 1994, born of a pact between a spin-off from the PMDB that he had helped create, the nominally social democratic, in fact social-liberal PSDB, whose electorate was in the industrialised south and south-east, and the nominally liberal, in fact conservative PFL, whose base lay in the retrograde north-east and north. This was a deal between moderate opponents and traditional ornaments of the dictatorship that assured the executive a consistently large majority in the legislature, in the service of what would become a neoliberal programme in line with the Washington consensus of the period. As a presidential candidate, Cardoso – regarded by capital as a guarantee against radicalisation – was drenched with money: the well-off knew their friend. The relative cost of his campaigns, in a much poorer country, exceeded Clinton’s in the United States. Running against him, Lula was drowned in a torrent of cash. But once in office Cardoso did not in general – though there would be a crucial exception – need money to buy support in Congress, where his coalition with the oligarchic clans of the north-east, while subject to standard jostling over prebends, was not simply one of convenience, but the coming together of natural partners around common objectives. The arrangement was stable, and has in recent years been much praised by Brazilian and Anglophone admirers of Cardoso as a model of ‘coalitional presidentialism’, touted as a hopeful example to much of the rest of the world, where European or American forms of government are unlikely to take root.

Still, although the coffers of Cardoso’s campaigns were ‘clean’ in the sense of American money politics, where Super PACs buy votes, and his coalition was ideologically unforced, once he was elected neither his objectives nor those of his allies could be achieved without reliance on other methods. Both his vice-president, Marco Maciel, and his most powerful ally in Congress, Antonio Carlos Magalhães, were linchpins of the repressive political order in the north-east – one installed as governor by the dictatorship in Pernambuco, the other in Bahía, after both had supported the destruction of democracy in 1964 – with no intention of altering traditional ways of running it. ACM, as he liked to be known, boasted: ‘I win elections with a bag of money in one hand and a whip in the other.’ His son Luis Eduardo was Cardoso’s favourite politician in Congress, the dauphin scheduled to succeed him, had he not died young. Cardoso himself, who had long maintained that reform of the party system was a priority for Brazil and promised to deliver it, decided as soon as he was in the presidential palace, the Planalto, that the real priority was to revise the constitution so he himself could be elected for a second term. Abandoning any attempt to rationalise or democratise the political order, he presided – here it did prove necessary – over straightforward bribing of deputies to purchase the super-majority in Congress required to ram the change through.

When Lula was finally elected in 2002, the PT was in a different position. Once he had given reassurances that he would not attack them, and looked as though he would probably win, Lula’s campaign too had been funded by banks and companies, if on nothing like the scale of his predecessor. But in Congress he had no natural allies of any significance. The PT, for all the moderation of Lula’s pitch for the presidency, was regarded by others – and still regarded itself – as a radical party, well to the left of the marshlands composing the overwhelming mass of the legislature. There it had no more than a fifth of the deputies, on a vote less than a third of Lula’s own. How was it to secure any kind of working majority to support him from this marais? The traditional method, practised on a heroic scale by the first president after the dictatorship, José Sarney, another former servitor of the generals, was to buy support by handing out ministries and sinecures to whoever was keenest and could deliver the largest number of votes in exchange – in the first instance, competing factions in what was formally his own party, the catch-all PMDB, the largest and most characterless political entity in the country, which a decade later had become the sump into which every rivulet of political corruption drained. The classic course for the PT would have been to cut a deal with this creature, by allocating it a major share of cabinet posts and state agencies. That solution the party – there is dispute as to who in its high command was for and who against it – rejected, fearing its consequence would be such an ideological dead-weight within the government that progressive momentum of any kind would be neutered. Instead, the decision was made to stitch together a patchwork of backers out of the dense array of smaller parties, without conceding them much foothold in the government, but paying them cash for their support in the chamber by way of a solatium. In effect, the PT attempted to compensate for its lack of the kinds of partner with whom Cardoso had enjoyed a natural connubium, and its refusal of the kind of spoils system Sarney had operated, by dispensing a set of material inducements to co-operation at a lower level, and in lesser coinage: monthly wads of money in lieu of major offices of state.

When it broke in 2005, the scandal of the mensalão (or ‘monthly pay-offs’) lost Lula the support of his middle-class electorate, and nearly finished his first presidency. Once he survived it to be triumphantly re-elected the following year, the PT had little choice but to fall back on the solution it had sought to avoid: the PMDB entered en bloc into the government, with a roster of ministries and key posts in Congress, and there it stayed through Dilma’s first term, and the first year of the second. Far from declining, however, systemic corruption escalated. Not only was the PMDB a byword for plunder of public resources in its strongholds at municipal and state level (for decades it has ceased even to put up a presidential candidate), but a gigantic honey-pot, beyond any previous imagining, was taking shape with the expansion of Petrobras, the state oil firm, whose activities would at their height amount to 10 per cent of GDP; market capitalisation at that point would make it the fourth most valuable company in the world. The construction of new refineries, tankers, rigs, offshore platforms, petrochemical complexes offered vast opportunities for kickbacks, and soon an established scheme was in place. Tenders would be held down by a cartel of the country’s leading construction firms, but contracts over-invoiced to put vast sums of money into the pockets of Petrobras directors and the political parties to whom they owed their appointments – bribes in the region of perhaps $3 billion. Malversation was certainly no novelty in the history of Petrobras, Cardoso preferring to look the other way, and until the spring of 2013 the company enjoyed the customary impunity of wealth and power in Brazil.

What changed this were three after-effects of the mensalão. Plea bargaining – the Portuguese term delação premiada is less euphemistic: ‘rewarding for delation’ – was introduced in Brazil; indefinite preventive imprisonment, prisão cautelar, long a judicial power used to cram the country’s jails with its underclass, became for the first time an acceptable instrument for breaking those above that level; and sentences in a first court of appeal could no longer be deferred pending confirmation by a higher court, making the route to incarceration much faster. The first two were the weapons that allowed Italian magistrates to lay siege to the political and industrial class in the Tangentopoli scandals of the 1990s. The third they never acquired. In Brazil, a further means of extracting confessions from those under pre-emptive lock and key was devised: threats to extend the same treatment to their wives and children. In 2013 wiretaps on a currency exchange counter at a car-wash (lava jato) in Brasília led to the arrest of a black-marketeer with a long police record. Held in Curitiba, far to the south, to protect his family this doleiro began to reveal the scale of the system of corruption in Petrobras, in which he had been one of the key intermediaries for the transfer of funds between contractors, directors and politicians, inside and outside the country. In short order, charges were brought against nine top construction companies in Brazil, their famous bosses put under arrest, three senior directors of Petrobras jailed, and investigations opened against more than fifty politicians, members of Congress or state governors.

The three principal parties involved – they numbered seven in all – were the PMDB, the Progressive Party (a sprig of the dictatorship) and the PT. Which banked the most is still unclear. But since few had any illusions about the first two, it was the exposure of the third that mattered politically. The mensalão was petty cash by comparison with the enormity of the petrolão, and whereas the former had been of no private benefit to members of the PT, it was soon clear that the latter had erased the line between organisational funding and personal enrichment. Among other details, it emerged that Lula’s chief of staff José Dirceu, the real architect of the PT as a party, driven from office for his part in the mensalão, had thereafter insisted on a cut from the petrolãobeing paid into his own bank accounts. If the bulk of the kickbacks was used to finance the party’s campaigns and its apparatus, the continual sloshing about of huge sums of clandestine money could not but corrode those handling it. The sociologist Chico de Oliveira’s warning, made well before the petrolão came to light, that the PT was descending towards transmogrification into a taxonomically aberrant species of political life, could no longer be dismissed as a mere metaphor.

Leading the attack on the petrolão, the investigative team in Curitiba became, like the pool in Milan that inspired them, media stars overnight. Youthful, clean-cut and square-jawed, benefiting from wholesome training at Harvard, judge Sérgio Moro and prosecutor Deltan Dallagnol looked straight out of a courtroom drama on American television. Of their zeal to root out corruption, and the value of their shock to the business and political elites of the country, there could be no doubt. But as in Italy, aims and methods did not always coincide. Delation for gain, and indefinite incarceration without charge, combine inducement and intimidation: blunt instruments in the search for truth and pursuit of justice, but in Brazil within the law. Leakage of information, or mere suspicion, from investigations still supposedly secret to the press is not: it is clearly illegal. In Italy, it was regularly used by the Milan pool, and would be used even more widely by the pool in Curitiba. From the outset, the leaks looked selective: persistently targeting the PT, and persistently – though not exclusively: tidbits are distributed elsewhere – appearing in the most violent battering-ram of media assault on it, the weekly magazine Veja, which after weeks of exposés, in the last hours before polls opened in the presidential election of 2014, ran a cover story with the faces of Dilma and Lula looming out of a sinister half-light, lurid red and eerie black, over the exclamation ‘They Knew!’, alerting voters to the criminal masterminds of the petrolão.

Did the drip-feed from magistrates to media mean their objectives were the same, the fruit – as the PT already saw it – of an operation in common? The Brazilian judiciary, like its colleagues in the apparatus of prosecutors and federal police, can be assumed to share much the same outlook as the country’s middle class, to whose better-off layers they belong, with that class’s typical preferences and prejudices. No worker’s party, however emollient, is likely to attract particular sympathy in this milieu. But might the leaks against the PT be the result less of a partisan aversion to it than of a calculation that there would be no better way to dramatise the evils of corruption than to pick it out for obloquy, as for more than a decade the leading political force in the land, and the one about which the media for their own reasons were most eager for revelations? Damaging stories about the PMDB would be too banal, and the PSDB could be spared as, at national level, an opposition party with less access to federal coffers, whatever its record at state level.

The Lava Jato scandal broke in the spring of 2014, and successive arrests and charges kept it in the headlines through the presidential contest in the autumn. Dilma’s economic U-turn, once elected, may in part have been conducted in the hope of placating neoliberal opinion sufficiently for the media to moderate its depiction of the PT as a den of thieves. If so, it was in vain. Outflanking even the PSDB in the virulence of its attacks, a new right rocketed to prominence in the mass demonstrations against Dilma of March 2015. In Brazil the traditional slogans of the right were Family, God and Freedom, the banners of a conservatism that hailed the arrival of the military dictatorship in 1964. Half a century later, the rallying cries had changed. Recruited from a younger generation of middle-class activists, a new right – often proud to call itself such – spoke less of the deity, hardly at all of the family, and reinterpreted liberty. For this layer, the free market was the foundation of every other freedom, the state its hydra-headed enemy. Politics started, not in the institutions of a decaying order, but in the street and squares, where citizens could topple a regime of parasites and robbers. Surfing the mass demonstrations against Dilma, the two leading groups of this radical right – Vem Pra Rua and Movimento Brasil Livre – have modelled their tactics on the role on the radical left of Movimento Passe-Livre in sparking the protests of 2013, the second even deliberately echoing its acronym: for MPL read MBL. The organisations are small on both sides of the divide, each relying on mobilising larger numbers by intensive use of the internet. Brazilian has more addicts of Facebook than any other country after the United States, and Vem Pra Rua, the MBL and other networks on the right – Revoltados On-Line (ROL) is another prominent player – have, no doubt predictably given the class profile of Zuckerberg’s following, galvanised them into action with far more success than the left. To date, the multiplier effects of the new right have been much greater.

Beyond it lies the ambiguous nebula of new religion. More than a fifth of the population of Brazil are now converts to one variety or another of evangelical Protestantism. In the pattern of the Unification Church of the Reverend Moon, many – certainly the largest – of these are business rackets milking the faithful for money to erect financial empires for their founders. The fortune of Edir Macedo, head of the Universal Church of the Kingdom of God, whose huge kitsch Temple of Solomon in the Bras neighbourhood of São Paulo – just across from the scarcely less gross edifice of its rival the Assembleia de Deus, forming a kind of religious Wall Street – stages melodramatic exorcisms on a big screen before hushed or chanting believers in the dark, is reckoned at more than $1 billion. Along with it comes control of the country’s second largest television chain. Currently hegemonic in the field, Macedo’s organisation preaches a ‘theology of prosperity’, promising material success on earth rather than mere relief in heaven. Unlike American evangelicals, the Brazilian churches do not possess marked ideological profiles, other than on such issues as abortion or gay marriage. Macedo supported Cardoso as a bulwark against communism, later fell in behind Lula, and since then has created his own political organisation. But most of the churches operate much like the undergrowth of Brazilian parties: they are vehicles for hire, swapping votes for favours, with the difference that they will back candidates on any number of tickets – the evangelical caucus in Congress, some 18 per cent of the lower chamber, includes deputies from 22 parties. Its principal interests lie in securing licences for their radio and television stations, tax exemption for their businesses, and access to land for building pharaonic monuments to themselves.

At the same time, if more passively and promiscuously than their counterparts in the US, they form a conservative reservoir for aggressively right-wing leaders in Congress. There, symptomatically, the president of the Evangelical Front is a muscular pastor and former policeman who sits on the benches of the PSDB. There too, elected speaker of the house in February 2015 – the most powerful post in Congress, and the third office of state after president and vice-president – was Eduardo Cunha, an evangelical operator from Rio and leader of the PMDB bench. Widely identified as Dilma’s most dangerous enemy – she tried to block his election – Cunha’s sleek features and imperturbable manner conceal an exceptionally skilled and ruthless politician, a master of the black arts of parliamentary manipulation and management, on whom large numbers of the ‘lower clergy’ in Congress had become dependent for the economics of their arrival there, while others lived in fear of his retribution if they crossed him. No sooner had demonstrations in the streets called for Dilma’s impeachment than he became the spearhead of the drive in the legislature to oust her, on the pretext that prior to the election she had improperly transferred funds from the state banks to federal accounts.

Reaching a crescendo in September, the movement to depose her extended across a broad milieu, in which different forces and figures overlapped in indeterminate ways, the young turks of MBL and ROL posing for photographs with Cunha, pillars of the law Moro and Dallagnol (another evangelical) consorting with PSDB politicians and pro-impeachment lobbies, the press pummelling the PT and the Planalto with new denunciations daily. Either Dilma had illegally concealed a deficit in the accounts of the state in order to be re-elected, or she had relied on large injections of corruption to finance her election campaign, or both – in either event, grounds for her speedy ejection from office as an affront to public probity. Eighty per cent of the population, polls showed, already wished her gone.

Into this scene, a bombshell exploded. In mid-October the Swiss authorities notified the attorney-general in Brasília that Cunha held no fewer than four secret bank accounts in Switzerland – another soon came to light in the US – one held in the name of his wife, another in that of a shell company set up in Singapore, via yet another registered in New Zealand. Total value: $16 million, or 37 times his declared wealth in Brazil. At the disposal of the couple, held in the name of two local companies – defeating satire, one of them called Jesus.com – was a fleet of nine limousines and SUVs in Rio. Evidence that he had been extracting huge bribes from Petrobras piled up. Even for the most obedient press, this was too much. In Congress, a comedy of reversals ensued. Under the Brazilian constitution, the speaker of the house is vested with the sole power to bring a motion for impeachment of the president to the floor. For months the PSDB had been courting Cunha, conferring with him in intimate conclaves on the tactics and timing of the trial in view. The revelation of his treasure-chest in Switzerland, with evidence immensely more damning than any purported against Dilma, thus came as an acute embarrassment for the party. What was it to do? Cunha still held the keys to impeachment, which if successful would cancel the election of 2014, and ensure Neves victory in the rerun. The party therefore said as little as possible about the tidings from Bern, beyond observing that Cunha himself had not yet spoken and must be regarded as innocent until proved otherwise. But at that its backers in the media could not contain themselves: how could the party of morality act as a cover for such blatant criminality? In face of this revolt, the PSDB was forced to backtrack and sheepishly announce that it could not after all support the speaker – a small independent socialist party had by now lodged a case for his removal from Congress – any longer. On seeing the PSDB desert him, Cunha made a swift about-face. Negotiating behind closed doors, he offered to freeze Dilma’s impeachment if the PT would protect him from annulment of his mandate and expulsion from Congress. No sooner said than done. PT ministers, no less shameless than the PSDB, agreed to help him remain in place, provided he made no move against Dilma. This surreal merry-go-round was too much for the party outside Congress, and the deal had to be dropped. For a time, it looked as if Cunha’s position was unsustainable, and the cause of impeachment so damaged by his exposure that it had small chance of passing.

*

In the background, however, the prime repository of hopes of finishing off the PT had not desisted. Since the onset of the crisis, Cardoso had been omnipresent in the media – his image everywhere, in a torrent of interviews, articles, speeches, diaries. Long esteemed by press barons and their aides, his renewed prominence was the fruit of a more immediate political calculation on their part, and his. Presented as the elder statesman of the republic, to whose wisdom it owes what stability it has achieved, editors and journalists have competed to build him up as a thinker of international stature, the voice of sanity and responsibility in the country’s dire condition, with courtiers in the Anglophone press and academy swelling the chorus of sycophancy. The rationale for this apotheosis is straightforward enough: Cardoso’s presidency administered Brazil its one firm dose of market-friendly management, the medicine it requires more urgently than ever, after the debauches of PT populism. Cardoso himself, who in office lamented that it was ‘an immense difficulty’ that ‘Brazil doesn’t like the capitalist system’, has no quarrel with that. But he has a more personal stake in the floodlights surrounding him. When he left office, his ratings were not much higher than Dilma’s today, and for eight years he suffered comparison with Lula, a far more popular president who repudiated his legacy and changed the country decisively, assuring the PT a mandate twice the length he had enjoyed.

This was a bitter cup to swallow. Could the aura of a thinker make up for loss of of prestige as a ruler? Objectively, the second role had – this is normal enough – come at the expense of the first. In pursuit of office Cardoso had sacrificed not only his early convictions, which were Marxist and socialist, but over time his intellectual standards. The banality of his later output – bromides in praise of globalisation and anxiety at its side-effects – is dispiriting. On rare occasions, he perhaps glimpses this himself: ‘I must admit that, though my intellectual bent is strong, I am basically a homo politicus,’ he once let slip. But subjectively, vanity – stung by the greater political appeal of a worker with no education – does not allow more cerebral pretensions to be set aside. Clad in the green and gold of the Brazilian Academy, a tropical copy of the pompous French original, sword in its scabbard at his side, he declared a while ago that the sociologist and the president had never diverged in the course of a coherent career and a creative administration, entirely in keeping with each other.

For years, he had reason to complain that in opposition the PSDB itself had been insufficiently loyal to the memory of its outstanding leader, avoiding any vigorous defence of his modernisation of Brazil, and its courageous privatisations. Now, however, the crisis of lulopetismo – his regular disdainful usage, implying something still baser, more demagogic, than mere support of the PT, or petismo – showed how right he had been all along. If there was anything good under PT rule, it was an inheritance from him. If there was so much more that was disastrously bad, it was just what he had always warned against. The time had come to uphold the banners of 1994 and 1998 again without inhibition, and put an end to the misrule of the PT. Though he himself was not yet calling for it, impeachment was a perfectly proper process, if grounds for it were established. Even if they were not, Dilma could scarcely recover politically. But – here Cardoso’s calculations differed from the younger generation of PSDB politicians in Congress, eager to seize power from her overnight – it was best to wait for the findings of the judiciary, which could be counted on to see political justice done.

That confidence, born of close connections with senior judges, was unlikely to be misplaced. Due to preside over the case against Dilma on the Supreme Electoral Tribunal was Gilmar Mendes, a crony Cardoso had appointed to the Supreme Court, where he still sits, and who has never made a secret of his dislike of the PT. But Dilma was lesser prey. For Cardoso, the crucial target for destruction was Lula, not simply for reasons of revenge, however much this might be savoured in private, but because there was no telling, given his past popularity, whether he might be capable of a political comeback in 2018 – when, if Dilma survived till then, the PSDB should otherwise be able to count on steering the country back to a responsible modernity. No sooner were Cardoso’s hints dropped than a steady drip of leaks from the Lava Jato pool started to appear in the press implicating Lula in dubious financial transactions of a personal kind: trips abroad in corporate jets, speeches remunerated by construction companies, deposits on costly beachfront quarters, refurbishments of a rural retreat, not to speak of obscure earnings by one of his sons. Next came the arrest of a millionaire rancher friend, charged with passing the kickback on a Petrobras contract to the treasury of the PT. To all appearances, the net was closing in on him.

*

Promptly, in the first week of March, a squad of federal police arrived at Lula’s door at six o’clock in the morning and took him into custody for interrogation at São Paulo airport. The press, informed beforehand, was waiting outside to swarm forward with its cameras, for maximum publicity. The pretext for the show was that if simply asked for testimony, he might have absconded. The following week the largest demonstrations in Brazil since the dictatorship – according to the police, 3.7 million strong – clamoured for justice against him, and impeachment for Dilma. Three days later, Dilma appointed Lula chefe da casa civil – equivalent to prime minister – in her government. As a minister, Lula would enjoy immunity from charges at Moro’s level in Curitiba, becoming subject, like all other members of the government and of Congress, only to the Supreme Court. Moro wasted no time. That afternoon, he published wiretaps of a phone conversation between Dilma and Lula, in which she told him that she could send him the paperwork requiring his signature for the appointment, ‘if necessary’. Her phrasing was ambiguous. But the media uproar was deafening: here, caught red-handed, was a manoeuvre to thwart justice by whisking Lula out of reach of the law. Within 24 hours, a judge in Brasília blocked the nomination, one who, it soon emerged, had posted images of himself prancing on demonstrations demanding impeachment, clad in a PSDB T-shirt. But he was swiftly backed by Mendes, and within a fortnight the PMDB announced it was leaving the government, in which it held the vice-presidency and six ministries, paving the way for a rapid eviction of Dilma by Congress.

In this dramatic escalation of the political crisis, the central player was the judiciary. The notion that Moro’s operation was acting impartially in Curitiba, initially defensible, stood ruined with the gratuitous, media-orchestrated theatre of his dawn raid at Lula’s home, followed by a public message saluting the demonstrations demanding Dilma’s impeachment: ‘Brazil is in the streets,’ he announced. ‘I am touched.’ In then publishing wiretaps of a phone call between Lula and Dilma, hours after the bugging was supposed to have been halted, he broke the law twice over: violating the seal covering such interceptions, even when permitted, not to speak of the confidentiality supposedly protecting the communications of the head of state. So patent were these illegalities that they brought down a lukewarm rebuke from the judge on the Supreme Court to whom Moro is formally responsible, but no sanction. Though ‘inappropriate’, his superior mildly noted, his action had achieved the desired effect.

In most contemporary democracies, the separation of powers is a polite fiction, supreme courts in general – the American is an intermittent exception – bending to the will of the governments of the day. The contortions of the German Constitutional Court – often held to be a luminous example of judicial independence – in upholding violations of both the country’s Grundgesetz and the Treaty of Maastricht at the behest of successive regimes in Berlin, can be taken as a norm. In Brazil, the politicisation of the higher judiciary is a long tradition. The Ubuesque figure of Gilmar Mendes is perhaps an extreme case, if a revealing one. As president, Cardoso shielded his friend from legal charges by giving him ministerial status – Mendes now excoriates Dilma for doing this with Lula – before elevating him to the Supreme Court. There, to avoid unwelcome attention, Cardoso would slip into the building by the underground garage to confer with him. Too blatant a partisan of the PSDB – tucano demais, ‘too much of a toucan’; the bird is the party symbol – for even Eliane Cantanhêde, an admiring interviewer of the right, he could be seen lunching convivially with prominent party leaders after acquitting them of misdeeds, and did not hesitate to employ public funds to enrol subordinates in a private law school he ran, for profit, while sitting as a judge in the highest tribunal of the nation. His fulminations against the PT are legion.

Sérgio Moro, a generation younger, is of another stamp. The United States, where he often visits, is his land of reference. A hard-working provincial, he owes nothing to patronage or commerce. But early on – he was just past thirty – he displayed his indifference to basic principles of law or rules of evidence in an article extolling the example of the Italian magistrates of the 1990s, ‘Considerações sobre a Operação Mani Pulite’, in terms that anticipated his procedures a decade later. Making no attempt to research the extensive literature on Tangentopoli, he contented himself with two encomia of the Milan pool available to American readers, cited without a hint of critical reflection, and took the claims of a pentito mafia boss living on a salary from the state as gospel, despite their rejection in court. Presumption of innocence could not be regarded as an ‘absolute’, he declared: it was merely a ‘pragmatic instrument’ that could be over-ridden at the will of the magistrate. Leaks to the media he celebrated as a form of ‘pressure’ on defendants, where ‘legitimate aims cannot be achieved by other methods.’

The danger of a judiciary actuated in this spirit is the same in Brazil as it was in Italy: an absolutely necessary campaign against corruption becomes so infected with disregard for due process, and unscrupulous collusion with the media, that rather than instilling any new ethic of legality, it ends by confirming long-standing social disrespect for the law. Berlusconi and his heir are the living proof of that. The scene in Brazil differs from the situation in Italy, however, in two respects. No Berlusconi or Renzi is in sight. Moro, whose celebrity now exceeds that of any of his Italian role-models, will no doubt be solicited to fill the political vacuum, should Lava Jato make a clean sweep of the old order. But the mediocre destiny of Antonio Di Pietro, the most popular of the Milan magistrates, stands as a warning to Moro, anyway more genuinely puritan in outlook, against the temptation to enter politics. The space for a meteoric ascent is also likely to be smaller, because of a further critical difference between the two crusades against corruption. The assault on Tangentopoli struck the traditional rulers of the country, Christian Democracy and the Socialist Party, who had been in power together for thirty years, whereas Lava Jato has taken political aim, not at the country’s traditional rulers, whom it has – hitherto – largely spared, but at the upstarts who displaced them. It looks much more one-sided, and so divisive.

The division has been enormously accentuated by a second difference between the Italy of the early 1990s and Brazil today. When Tangentopoli hit the political system, the Italian media formed a heterogeneous landscape. Independent newspapers tended to back the judiciary in Milan across the board. The press conglomerate of the Olivetti boss De Benedetti, where most of the leaks appeared, trumpeted the charges against Christian Democrats and Socialists, while keeping as quiet as it could about others implicating its owner. Berlusconi’s television and press empire let fly at the magistrates. The result was that, as time went on, there was far more questioning of the actions of the different rungs of judiciary – many very courageous, others very dubious – than in Brazil. There, the media have been monolithically partisan in their hostility to the PT, and uncritical of the strategy of leaks and pressures from Curitiba, of which they have acted as the boombox. Brazil boasts some of the finest columnists in the world, whose writing has analysed the current crisis at a literary and intellectual level far above the scrublands of the Guardian or New York Times. But such voices are vastly outnumbered by a forest of conformists echoing the outlook of owners and editors.

To compare the coverage in the media of any leak or revelation damaging the PT with treatment of information or rumour affecting the opposition is to measure the extent of its double standards. As Lava Jato was unfolding, there flickered for a moment alongside it a poignant example. In 1989, in one of the most famous turning-points of modern Brazilian history, Lula – then still a dangerous radical in the eyes of the establishment – was within reach of victory in his initial run for the presidency, when a few days before the decisive vote, a former girlfriend appeared on a television broadcast for his opponent Collor, paid by Collor’s brother to do so, accusing Lula of wanting to have a child she had by him aborted. The sensation, magnified to the limit in the media, clinched his defeat on polling day. Two years later Cardoso – then a prominent PSDB senator, already tipped as a future presidential candidate – was known in political circles to have a mistress working for the same television chain, TV Globo, that ruined Lula. When she gave birth to a child, she was spirited out of the country to Portugal. By mid-1994, after serving as finance minister, Cardoso was running for the presidency, and her work became increasingly nominal, though Globo continued to cover her salary. Once he was elected, his right-hand man, the younger Magalhães, instructed her not to return to Brazil for fear of compromising his re-election. When Globo cut her salary, a fictional job was found for her, doing market research in Europe for a duty-free chain granted monopoly rights in Brazilian airports by Cardoso. Through this firm, her account would imply, he had laundered $100,000 – child support or hush money? – to her via one of its accounts in the Cayman Islands. The story broke in February, in the midst of the media tornado around Lula’s housing arrangements. The media made sure it received the least possible coverage. The firm is now under investigation for a criminal transaction. Cardoso protests his innocence. No one expects him to suffer any inconvenience.

Can the same be said of the opposition at large? Moro released his incendiary wiretaps on 16 March. A week later, police in São Paulo raided the home of one of the executives of Odebrecht, the largest construction firm in Latin America, whose head had just been sentenced to 19 years for bribery. There they found a set of tables listing 316 leading politicians with amounts of cash against their names. Included were senior figures in the PSDB, PMDB and many other parties – a panorama of Brazil’s political class. Objectively speaking, this list was a louder thunderclap than the exchange between Dilma and Lula. But a less convenient one: from Curitiba, Moro took immediate action in the opposite direction, ordering the tables be put under seal to prevent further speculation. Still, an alarm had gone off: Lava Jato could get out of hand. If Dilma was to be toppled, it was critical it be done before the Odebrecht tables could threaten her accusers. Within a few days, the PMDB had announced that it was abandoning the government, and the countdown to a vote on impeachment began. The three-fifths majority of the lower chamber which had looked too high a bar at the beginning of the year was now within reach. Respectable opinion has taken in its stride the farce of a Congress packed with thieves, Cunha at their head, solemnly deposing a president for budgetary irregularity.

What are Dilma’s chances of resisting this outcome, and the prospects if it were frustrated? The hopes of the Planalto rest on two contingencies: that enough support can be found in Congress to block impeachment by offering enough ministries, and the jobs that go with them, to nano-parties normally in no position to seek them, to offset votes lost to the defection of the PMDB; and that enough counter-demonstrations can be mobilised outside Congress to offset the predictably huge demonstrations in favour of impeachment. Both purposes require the return of Lula to Brasilia, where – still denied the right to occupy formal office under Dilma – he can informally tackle the tasks, at which he was once gifted, of coaxing reluctant deputies into the government camp and rousing popular backing for it in the streets. But times have changed, and at present each looks a long shot. Relations between Lula and Dilma herself have frayed since she chose austerity after her re-election. Blaming her for a lack of political skills and refusal to take advice, Lula would remark in private: ‘She was my chief of staff, and she still acts like one, not like a president,’ or, ‘She is like my daughter, who always tells me how much she loves her father, and never pays the slightest attention to what I say.’ But it is doubtful how much difference any tactical flexibility, however adroit, would have made to the difficulties she has faced. From the beginning, her second presidency was caught in a vicious circle of unfolding scandals and deteriorating economic indicators, whose interaction hobbled any easy recovery of authority. The Petrobras complex, posting huge write-downs, has laid off workers in their thousands; likewise the construction companies whose bosses languish in jail. Uncertainty where the next blow of Lava Jato will fall has kept investors at home, and financial markets on edge: in November, the billionaire head of BTG-Pactual, the continent’s biggest investment bank, the toast of the Financial Times and Economist, was taken away in handcuffs. In Congress, the neoliberal spending cuts and tax increases proposed by the government were thwarted by the neoliberal PSDB to embarrass it: a budget for 2016 has yet to be passed. Even if virtuoso footwork in the corridors of power achieved a temporary check to impeachment, it would do little to alter the underlying impasse of the government.

Popular mobilisation to stop the ouster of Dilma in its tracks would be another matter. But that is fettered by the legacy of PT rule. The party is in a weak position to call on its beneficiaries to defend it, for at least three reasons. The first is simply that, if corruption lost it the middle-class sympathy it once enjoyed, austerity has alienated the much larger lower-class base it acquired. The demonstrations it has so far been able to mount against impeachment have been much less imposing than those calling for it. Marchers have been mustered mainly from public sector workers and unions: the poor are conspicuous by their absence. The PT’s rural bailiwicks in the north-east are anyway socially dispersed, as the big cities of the centre-south that are the strongholds of the new right are not. Then there has been the inevitable demoralisation as successive scandals have engulfed the party, a diffuse sense of guilt, however suppressed, weakening any fighting spirit. Lastly, and fundamentally, by the time Lula won power the party had become essentially an electoral machine, financed overwhelmingly by corporate donations rather than – as at the beginning – by members’ dues, contenting itself with passive adhesion to the name of its leader, lacking any will to foster collective action among its voters. The active mobilisation that brought it into being in the manufacturing centres of Brazil became a distant memory as the party gained support in zones of the country and layers of the population untouched by industry, with deep-rooted traditions of submission to authority and fear of disorder. This was a political culture Lula understood, and did not seriously attempt to unsettle. In his vision of things, the potential cost was too high. To help the masses, he sought harmony with the elites, for whom any vigorous polarisation was taboo. In 2002 he finally won the presidency, at his fourth attempt, on a slogan of ‘peace and love’. In 2016, faced with political lynching, he was still uttering the same two words to crowds expecting something more combative.

Such discordance between attack and response is the mark of a pattern that, since the turn of the century, has distinguished Brazilian politics within Latin America. It is not the only country that has seen class conflict escalating in a crisis. But nowhere else has this been so one-sided. Even when Lula was at the peak of his prestige as a ruler, there was always an asymmetry between the moderate and accommodating policies of the PT, and the hostility of an enragé middle class and media against it. Over the past eighteen months, the expressions of that unilateral abhorrence have become ever more violent. A municipal counsellor of the PMDB in the interior of São Paulo could publicly call for Lula to be killed like a viper crushed underfoot. In Rio Grande do Sul, to the south, a paediatrician refused to attend a one-year-old because the mother was a petista, and was cleared of any wrongdoing by the Regional Council of Medicine and Association of Doctors. The judge on the Supreme Court responsible for issuing the mild reproof to Moro was rewarded with banners outside his apartment denouncing him as a ‘Traitor’ and ‘Stooge of the PT’, while demonstrators struck up their signature song, ‘Capitalism is Here to Stay’. As D-Day for impeachment approaches, zealots have been supplied with the addresses of deputies thought recalcitrant, fanning out across the country to intimidate them by camping outside their homes. Meticulously, the stock market has kept pace: soaring when Lula was taken into custody, dropping when he was made chief of staff, rising again when his appointment was blocked.

A coup de théâtre is still possible, some twist of events saving Dilma at the last minute, even if the odds are against it. The probability is a regime headed by the vice-president who has deserted her, the sepulchral PMDB veteran – once compared to ‘a major-domo in a horror film’ – Michel Temer. Soft-spoken and ceremonious, he prepared the way some months ago by commissioning a programme to make clear that the country would be in safe hands if he took over. The package is a conventional stabilisation plan, comprising privatisations, pension reform and the abolition of constitutionally mandated expenditures on health and education, assorted with promises of care for the least fortunate. Should Dilma be impeached, with a three-fifths majority behind him, Temer would have little trouble forming a coalition government bringing together the PMDB, PSDB and a motley array of lesser parties, with a sprinkling of technocrats in key ministries. Since such a combine could pass legislation, which Dilma currently cannot, and business confidence would return, it would improve the economic indicators that matter to financial markets, whatever the costs to the poor. But given an adverse global conjuncture, and the stubbornly low rate of investment that has persisted in Brazil since the end of dictatorship, it is difficult to see much relief for the country ahead.

Politically, too, stability would scarcely be guaranteed. One obvious question is whether the shock of impeachment would so cow the forces that now support Dilma that little fight is left in them, or on the contrary provoke fiercer resistance to the country’s establishment than in the past. All isn’t likely to be easy in the ranks of the victors – if they prove such. A judge on the Supreme Court has ordered Cunha to hear a case for the impeachment of Temer too, on the same grounds as Dilma, since when she was out of the country he signed off on the kinds of transfer held against her – a shot across the bows of her pursuers, who hope to install him as president within a fortnight. Should this blow be parried, another potentially awkward problem lies down the road. Still pending before the Supreme Electoral Tribunal is a joint charge against Dilma and Temer, brought by the PSDB when it hoped to scoop the pool by forcing new elections quickly, that their ticket in 2014 violated campaign regulations. If upheld, it would cashier both of them. The suit cannot be withdrawn, and will be an embarrassment if the impeachment of Dilma passes and Temer sits in the Planalto. But since Mendes becomes president of the tribunal in May, Brazilian justice can probably be trusted to finesse the difficulty. A larger question mark, of course, is what subsequent impact Lava Jato could have on the impeachers themselves. Accelerating the drama of impeachment has served to deflect public attention from the tables of Odebrecht. But can the tables be erased from public consciousness thereafter? In their columns a whole political class is at stake. Could Brazilian justice finesse its difficulties too: in the interests, it goes without saying, of national reconciliation?

That the Workers’ Party has rejoined, by a mutation of its own, the deformed ranks of the rest of Brazilian political fauna – the PMDB, PSDB, PP and their ilk – is past denial. By now two presidents of the party, two treasurers, a president and vice-president of the lower house, and the leader of the party in the upper house, have all found themselves in jail, sunk in a quicksand of corruption that knows no political borders. Emblematically, the latest of its notables to fall, and the most voluble in delation, Senator Delcídio do Amaral, is a transfuge from the PSDB, where he was a stalwart of Cardoso’s party in the machinery of Petrobras. Half or more of the members of Congress are on the pay-roll of construction companies, whose donations finance their election. The degradation of the political system has become so patent that last autumn the Supreme Court – itself far from any areopagus of impartial integrity – finally ruled that corporate funding of electoral campaigns is unconstitutional, and banned company donations outright. Congress immediately reacted with constitutional amendments to reinstate them, whose issue is in baulk. If confirmed, and not circumvented, the decision will amount to a revolution in the workings of Brazilian democracy: the one unequivocally positive outcome of the crisis to date.

The Workers’ Party believed, after a time, that it could use the established order in Brazil to benefit the poor, without harm – indeed with help – to the rich. It did benefit the poor, as it set out to do. But once it accepted the price of entry into a diseased political system, the door closed behind it. The party itself withered, becoming an enclave in the state, without self-awareness or strategic direction, so blind that it ostracised André Singer, its best thinker, for a mess of spin-doctors and pollsters, so insensible it took lucre, wherever it came from, as the condition of power. Its achievements will remain. Whether the party will itself do so is an open question. In South America, a cycle is coming to an end. For a decade and a half, relieved of attention by the US, buoyed by the commodities boom, and drawing on deep reserves of popular tradition, the continent was the only part of the world where rebellious social movements coexisted with heterodox governments. In the wake of 2008, there are now plenty of the former elsewhere. But none so far of the latter. A global exception is closing, with no relay yet in sight.

Tema de investigación: 
Crisis económica

Crisis global, respuestas nacionales. La Gran Recesión en América Latina y Asia Pacífico

No debe cesar el análisis sobre la Gran Recesión del 2008. El origen, los canales de transmisión, el desenvolvimiento, las características de la política económica implementada y las secuelas nacionales y globales son parte del contenido expuesto en la publicación "Crisis global, respuestas nacionales. La Gran Recesión en América Latina y Asía Pacífico". Los países estudiados son Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Argentina, Chile, Perú, China, Japón, Corea del Sur, Rusia, India, Malasia y Australia. A continuación una breve reseña por capítulo:

Capítulo 1: justificación de los países analizados, distinción entre recesión y depresión, contraste entre la Gran Recesión iniciada en 2008 y la Gran Depresión de 1929, recuento de la oleada de desprestigio a la economía ortodoxa, punteo de las ideas principales del capitulado y referencia a las líneas de investigación más importantes del documento.

Capítulo 2: alusón a la naturaleza, los mecanismos de contagio y las repercusiones de la Gran Recesión, así como un sondeo de las bondades y perjuicios tanto de la corriente de libre mercado como de aquella que promueve la regulación estatal.

Capítulo 3: descripción del epicentro de la Gran Recesión, a saber Estados Unidos y su titularización de créditos con grandes riesgos, su exuberancia financiera posibilitada por la desregulación del sector y, contra todo pronóstico, su política económica contracíclica de corte keynesiana.

Capítulo 4: reseña del efecto diferenciado que tuvo la crisis del 2008 sobre el sector energético y automotriz canadiense e identificación del actuar gubernamental como paliativo intermitente de la baja del ciclo económico.

Capítulo 5: paralelo al comercio exterior y los mercados financieros, la vía de contagio del brete económico alcanzó las remesas y la inversión extranjera directa. ¿Cuál fue la respuesta de política económica del gobierno mexicano? Restricción en el frente fiscal y monetario. En respuesta, los autores proveen una receta diferente para escenarios futuros.

Capítulo 6: recorrido histórico de la economía brasileña a partir de la década de 1980. El acento se pone en el viraje lento pero seguro de la agenda ortodoxa (que desencadenó el "efecto samba") a la política económica contracíclica.

Capítulo 7: se cataloga al año 2001 como punto de inflexión en la naturaleza de la política económica argentina. El paso a un marco de ideas distinto, aunque con sus vaivenes en materia del aparato exportador, logró aminorar la transmisión financiera de la crisis y potenciar la inversión, el ahorro y el vínculo comercial con Oriente.

Capítulo 8: a pesar de la fragilidad de las ramificaciones financieras y comerciales de Chile durante la Gran Recesión, las bajas tasas de interés y la mayor erogación pública, complementadas con ayuda directa a los agentes económicos, lograron atenuar la conmoción del brete económico mundial.

Capítulo 9: un vistazo rápido del desenvolvimiento de la construcción, la industria manufacturera, el comercio exterior y la inversión extranjera directa en el Perú del periodo pre y pos crisis deja entrever una recuperación después del descalabro del 2008. Aunque resta por mejorar los indicadores sociales, los resultados son notables considerando el antecedente inmediato de semidolarización de las finanzas y enfermedad holandesa.

Capítulo 10: la Gran Recesión impactó de forma temprana el mercado bursátil y las exportaciones chinas. Aunque el mayor gasto público respondió de gran forma en el escenario coyuntural, y tanto su aparato comercial externo como su política de inversión extranjera (dentro y fuera de las fronteras) muestran buenos resultados, la necesidad de promover el mercado interno parece improrrogable.

Capítulo 11: el estancamiento con deflación (estanflación) que sufre de años recientes a le fecha la economía nipona ha engrosado la desigualdad de la renta, el desempleo, la dualidad del mercado de trabajo y el estrangulamiento de la finanzas públicas. Los pobres resultados de la política económica y social vigente apuntan a un relevo en el marco de ideas.   

Capítulo 12: no es fortuito el hecho de que Corea del Sur haya sido la primer nación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en emerger de la situación económica de crisis: destacan el buen accionar gubernamental, el salvamento de instituciones de la banca comercial y el mayor vínculo comercial con oriente.

Capítulo 13: las exportaciones petroleras, la producción industrial y la inversión en capital fijo, promovidas por Rusia bajo un esquema de ideas heterodoxo, ayudaron a rehacer la economía luego del "efecto vodka" de 1998. El sondeo de daños para la Gran Recesión no es menor y requiere de un cambio profundo y dilatado.

Capítulo 14: el abanico de opciones contracíclicas, para el caso de la India, fue de las reformas económicas de 1991 hasta la reciente alza de las remesas y el trinomio conformado por las instituciones, leyes y política económica expansiva.

Capítulo 15: la diversificación de los socios comerciales debe ser primordial para un país con marcada dependencia de sus productos básicos y manufacturados. Malasia lo comprendió después de su crisis de inicios del Siglo XXI pues, complementándolo con medidas de corte heterodoxo, logró reponerse de la Gran Recesión sin perder la tónica social.

Capítulo 16: si para el caso de Estados Unidos vimos que su recuperación ante el brete económico del 2008 estuvo en función de su agenda coyuntural, el ejemplo de Australia destaca por ser consecuencia de reformas implementadas con anterioridad. Súmese las mayores exportaciones y la política monetaria y fiscal activas para tener el cuadro de respuesta de la economía australiana.

Las ideas más importantes del documento son: mercado financiero y comercio exterior como principales canales de transmisión, influencia del ente estatal sobre la naturaleza de la agenda de política económica y su efectividad, impacto del desenvolvimiento de la economía china y norteamericana sobre el resto de la economía, rendimiento de las reformas estructurales implementadas antes de la Gran Recesión durante y después del brete económico y, finalmente, la relevancia de Brasil, Rusia, India y China (BRIC´s) como posible eje bipolar de la economía.  

 

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Tema de investigación: 
Crisis económica

The causes of the Great Recession: mainstream and heterodox interpretations and the cherry pickers

La Gran Recesión de 2008 fue la más larga y profunda contracción de la producción de la economía capitalista desde la de 1929. Los estrategas oficiales de política económica no lograron predecirla ni supieron explicar por qué sucedió.

Este artículo muestra que tanto las teorías de la corriente neoclásica como la keynesiana no explican las causas de la recesión, debido a que están obsesionadas en mostrar cómo y por qué los mercados funcionan. En realdiad, las crisis económicas se dan porque los mercados fallan (Nouriel Roubini).

El artículo argumenta que el modelo marxista explica mejor la noción de recesión, pues mira la naturaleza imperfecta de la producción capitalista. Reconoce que la lección teórica de la Gran Recesión fue que se deben formar teorías económicas basadas en el agregado y no en agentes individuales.

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Tema de investigación: 
Crisis económica

Cuesta más a Portugal permanecer en la zona euro que salir

No novo livro critica o processo de construção do euro, bem como a arquitetura da moeda única. Que problemas são esses?

Um dos meus principais argumentos é que o euro foi criado de início com problemas. A estrutura do euro é o problema. Sim, tivemos problemas de escolhas políticas, mas nem mesmo os melhores políticos poderiam fazer o euro funcionar sem mudar algumas das regras básicas do euro, regulamentos e instituições. Por exemplo, uma das regras básicas é que os países não podem ter défices superiores a 3% do PIB. Mas quando tens recessões económicas precisas de estimular a economia e isso exige, por vezes, ter défices superiores a 3% do PIB. Por isso, para o Euro funcionar, no sentido de uma moeda única permitir a um leque de diferentes países atingirem todos o pleno emprego e crescimento económico, então teríamos de romper essas regras básicas, mudá-las.

As instituições políticas da zona euro também não estão a ajudar?

Correto. Quando criaram uma moeda única eliminaram dois dos mais importantes mecanismos de ajustamento: taxa de juro e de câmbio. Não os compensaram com nada, com nenhuma instituição que permitisse fazer esse ajustamento quando, por exemplo, a taxa de câmbio estivesse desajustada. De facto fizeram ainda pior porque confiaram apenas na poliítica orçamental, limitada, e disseram que o BCE, uma instituição central, teria de se fixar na inflação e não no emprego e no crescimento económico. Não criaram, por exemplo, mecanismos para encorajar os países excedentários a estimularem a economia de forma a crescerem mais rápido, não criaram uma garantia de depósitos comum para que os países mais fracos enfrentassem as dificuldades bancárias, mas eles próprios tiveram de salvar os bancos em vez de termos uma responsabilidade comum da zona euro. O resultado é que sobrecarregaram os países mais fracos. O resultado é que apesar de reconhecerem a necessidade absoluta de convergência entre países, criaram uma estrutura económica que leva à divergência, os países ricos cresceram mais do que os mais pobres. Leva também a maior desigualdade entre e dentro dos países. 

Já enumerou algumas sugestões para a zona euro. Quanto tempo temos para a salvar?

A forma como olho para isso é que a Europa está a correr demasiados riscos. É a política perto do precipício, saltando de uma crise para outra. No último minuto faz o mínimo necessário para sair dessa crise. A dificuldade desta política do precipício é que há a probabilidade de caírem do precipício. Quanto mais tempo mantiverem esta politica maior é a probabilidade de uma crise severamente séria. Não conseguimos dizer quando vai acontecer a próxima crise, nos próximos seis meses, três anos, seis anos, mas quanto mais tempo demorar a Europa a acordar para os problemas, maior é a probabilidade de uma crise muito séria. 

Os líderes europeus têm esperança na atuação do BCE e no programa de compra de ativos (quantative easing). É a solução para os problemas europeus? 

É muito claro que o BCE não vai conseguir resolver estes problemas sozinho. Há um grande consenso entre economistas de que a política monetária tem poderes limitados. Tem alguns poderes, mas são limitados. São melhores para a contrair uma economia quando há procura em excesso do que a estimulá-la quando há falta de procura. Mesmo a forma como o BCE opera pode contribuir para a divergência e desigualdade. 

Porquê?

Há dois aspetos que podem estar a contribuir para a divergência e para o crescimento da desigualdade: as baixas taxas de juro em si têm o efeito de aumentar os preços dos ativos de risco e de prejudicar os que dependem de juros de ativos seguros como as obrigações do tesouro. Então, quem detém ativos seguros? Os mais velhos. E quem detém os ativos mais arriscados? Os mais ricos que podem suportar o risco. Por isso os mais beneficiados têm sido os 1% mais ricos, os 0,1% mais ricos. As pessoas que sofrem são os reformados. Em termos de divergência entre países, o programa de compras define que só pode comprar bons ativos. Ou seja, países fracos como a Grécia estão sempre perto de serem excluídos destes programas. No caso da Alemanha tem havido dúvidas sobre a falta de títulos de dívida para comprar, então decidiram comprar dívida de empresas. Então, o que acontece é que as empresas alemãs vão beneficiar com as compras do BCE, mas as de Portugal não vão ter esse benefício. Resumindo: as empresas alemãs vão beneficiar, as portuguesas não. 

No livro faz inúmeras sugestões de reformas para a zona euro, cerca de 20 mudanças estruturais. Mas se os líderes europeus ainda não se libertaram da ortodoxia neoliberal, como classifica no livro, até agora, porque acredita que o irão fazer daqui para a frente? 

(Pausa) Para ser honesto, não estou muito otimista. Queria sublinhar no livro que as reformas necessárias para fazer o Euro funcionar não são grandes reformas do ponto de visto económico. Os EUA têm uma moeda única para 50 estados diferentes que funciona. As reformas que proponho são muito menores do que as instituições económicas e grau de federalismo que existem nos EUA. São propostas modestas. Podem ser facilmente implementadas. Mas acho, de facto, que não existe vontade política, como referiu. O euro foi um projeto político mas a vontade politica para criar instituições políticas para fazer o euro funcionar não estavam la. E depois fizeram um erro de julgamento sobre o processo de reformas. Disseram: vamos começar o euro sem essas instituições e o momentum do euro levará à criação dessas instituições e isso levará a maior solidariedade e a uma dinâmica positiva. Mas não tiveram em conta que sem essas instituições o euro traria estagnação à Europa, traria desilusão com o projeto europeu e a política tornar-se-ia cada vez mais feia e difícil. E é exatamente nesse ponto que nos encontrámos. Por isso, não acho que será fácil estas reformas serem implementadas a nível politico. Se acreditar, como eu, que continuar neste pântano, a meio caminho, não é viável e se acha que as reformas necessárias estão politicamente fora de questão, então temos de começar a pensar noutras formas de avançar. 

Então Portugal deve ter um plano para sair do euro? 

Sim, acho que a Europa como um todo devia começar a pensar num divórcio amigável com alguns países, pensar em formas para lidarem com a saída. Não será um processo imune a dificuldades, mas temos de reconhecer que o atual sistema é extraordinariamente prejudicial. Portugal sabe isso, claro, foi uma década perdida e no caso da Grécia estamos a falar de um quarto de século perdido, no mínimo. Os custos foram enormes. Emigração. Tenho amigos em Portugal que viram os filhos irem para a Austrália, Canadá, EUA e estão infelizes porque não veem os filhos. O que isto faz às famílias, à economia... Significa que o crescimento futuro de Portugal está em risco, não estamos apenas a falar de hoje, mas também de amanhã e no longo prazo. Por isso, as escolhas não são agradáveis, mas se reconhecermos o custo de continuar neste pântano, o risco de uma saída de Portugal do euro pode ser mais baixo do que ficar. 

Esta é uma das questões centrais, fazer esse balanço. Quando vemos o panorama político e vemos que a ortodoxia alemã impera, que quase todos os dias os jornais populares alemães nos chamam, aos Povos do Sul, preguiçosos e irresponsáveis, vemos que é quase impossível mudar a estrutura europeia. Sendo assim, o que é mais prejudicial: ficar na zona euro ou sair? 

Acho que é cada vez mais claro que ficar é mais custoso ficar do que sair. A ideia de ficar tem sido defendida com base na esperança de que haverá uma posição mais suave na Alemanha, que as políticas de austeridade prescritas pelos alemães vão funcionar, mesmo que a teoria económica e até o FMI mostrem claramente que a austeridade nunca irá funcionar! Mas o que acontece é o oposto do que os visionários criadores do euro esperaram: esperaram que o euro levaria a prosperidade, logo a solidariedade política. Mas o que está realmente a acontecer é que o euro levou a estagnação, a uma falta de solidariedade e discriminações. Nunca vi o tipo de divisão que vemos hoje. A caricatura é que os europeus do sul são preguiçosos, mesmo que vá contra os factos. A OCDE mostra claramente que os gregos trabalham mais horas do que os alemães. Mas a Alemanha recusa-se a reconhecer isso. A Alemanha continua a acreditar que o principal problema foi o descontrolo orçamental, quando a Espanha e a Irlanda tiveram excedentes orçamentais antes da crise. Não podem acusá-los de descontrolo orçamental como causa dos problemas. Porque continuam a falhar no diagnóstico, então continuam a falhar na prescrição. 

Os países que agora estão ou estiveram em crise, entre os quais Portugal, Grécia, Irlanda, Espanha, Itália, podiam ter evitado a crise se tivessem os orçamentos equilibrados? 

Não! Temos de perceber que o euro foi criado num momento particular do tempo, em que uma ideologia económica era predominante, uma ideologia que agora sabemos que está errada e que muitos de nós já sabíamos que estava errada antes. A ideologia era que se os governos fizessem as coisas bem - manter os défices em baixo e manter a inflação baixa - o setor privado trataria disto. Teríamos estabilidade económica, crescimento económico, eficiência económica. Se o euro tivesse começado sete anos depois, depois da crise asiática, veriam que esses países tinham orçamentos excedentários e baixa inflação. Não tinham qualquer problema do lado público, foi totalmente um problema do setor privado. E se o euro tivesse criado um bocado depois, após a crise de 2008, vemos agora que os mercados privados não são eficientes, nem estáveis. O que precisamos é de estrita e forte regulação por parte dos Governos. A única falha dos Governos foi não regular o suficiente. Por isso, a ironia disto tudo é que enquanto as economias no resto do Mundo, e cidadãos do resto do Mundo, começaram a perceber esta visão, começaram a perceber os limites do mercado, que estas são as fontes dos problemas - até o FMI, que foi o bastião da austeridade reconhece agora que a austeridade leva à contração, que as políticas contraccionistas são contraccionistas. O FMI recomenda fortemente políticas de crescimento em vez de austeridade. Por isso, a Alemanha é praticamente única no Mundo inteiro e, apesar disso, porque tem um papel determinante no Euro impõe as políticas que estão a falhar. Não é porque a Grécia, Portugal e Espanha não fizeram o que lhes disseram que estão em dificuldades, mas estão assim porque fizeram o que lhes disseram para fazer. As políticas de austeridade têm exatamente os efeitos previsíveis de estagnação e queda económica. 

E continuam a ter. Devo assumir pelas suas respostas que será muito difícil aos países em crise, incluindo Portugal, saírem desta situação só por atingirem as metas europeias: défice de 3%, por exemplo. É economicamente saudável perseguir estes objetivos? É que em Portugal está praticamente toda a gente atrás destas metas.

Não. A meta de 3% de défice não vai restaurar a saúde económica de Portugal, Grécia, Espanha nos próximos tempos. O problema fundamental quando tens uma taxa de câmbio fixa é que a taxa real fica desalinhada. Há duas formas de corrigir a taxa real de câmbio: uma é a Alemanha aumentar os seus preços relativamente a Portugal, Grécia, Espanha. A outra é estes países baixarem os seus preços, mas sabemos que a deflação é muito custosa. É um processo lento e com enormes efeitos colaterais. O Japão teve enormes problemas de deflação nas últimas duas décadas e continua com problemas de crescimento. A perspetiva de desvalorização interna, como se chama, de deflação restaurar a saúde do país é frouxa. Se acontecer acontecerá muito devagar. A razão é muito simples: a crise foi criada, em parte, por elevada alavancagem na dívida comparada com o PIB. Mas estes países devem em euros: se baixarmos os salários e preços o que fazes é que aumentas a alavancagem. 

Mas se Portugal sair do euro pode transformar-se essa dívida na nova moeda, como já foi feito noutros países?

Quando sair da zona euro terá a difícil tarefa de redenominar a dívida e de terá a oportunidade de ter um novo começo. Teremos empresas que irão à falência, mas já estão a falir hoje em dia, em toda a Europa. Mas uma vez que se sai tem-se a possibilidade de criar um procedimento de falências que reflete a nova realidade, que permite reestruturações expeditas para as empresas que vão à falência, só por causa da mudança das alterações financeiras. Eu não quero fazer de conta que será fácil, mas o caminho atual não é fácil, o futuro é demasiadamente frouxo. A alternativa dá pelo menos a perspetiva de se voltar ao crescimento. A Argentina é um exemplo, todos os países são diferentes. Não quero dizer que é igual, mas a Argentina é um caso claro: tinha a taxa de câmbio presa ao dólar. Quando acabou com essa ligação criou, no fundo, uma nova moeda, teve de redenominar a sua dívida. O resultado é que começou a crescer. O desemprego caiu depressa, o crescimento foi o segundo maior do mundo, 8% entre 2001, a altura da crise, até à crise financeira mundial, em 2008. Claro que o início foi turbulento, mas depois ultrapassaram mesmo a riqueza que tinham antes e tiveram um período de prosperidade sem procedentes. 

A saída do euro é uma decisão difícil, mas antes também devem ser feitas escolhas complicadas. Portugal deve desafiar a União Europeia para mudar e conseguir avançar? 

Acho que só há duas formas para avançar: ou Portugal convence a União Europeia e a zona Euro de que tem de ser reformar, que o estado atual não resulta. As reformas têm de ser feitas rapidamente. Algumas pessoas na Alemanha dizem: 'Nós vamos ter uma união bancária e um mecanismo de depósitos comum, mas não para já, não tão cedo'. Temos de compreender que o dano que está a ser feito a estes países enquanto o capital sai e fragiliza o sistema financeiro e que força os negócios pequenos a irem à falência, esse dano não será desfeito rapidamente. Não se desfazem falências depois delas acontecerem. Por isso, este caminho é um que provoca danos irreversíveis nos próximos tempos. 

Queria que fosse mais claro nesta resposta: Portugal deve confrontar a União Europeia? 

Sim, acho que Portugal e os outros países em crise têm de dizer à União Europeia que tal como está não dá. Não podemos continuar a sofrer sob um conjunto de políticas que não vão funcionar. A evidência económica de que não vai funcionar é esmagadora. Têm de deixar claro que a Europa tem de decidir se faz as reformas ou haverá uma dinâmica crítica num país, ou em vários em conjuntos, de separação. Esse processo vai criar, por si, um custo elevado para a Alemanha. Por isso, a Alemanha tem interesse nestas reformas. Os benefícios da Alemanha têm sido em parte à custa dos países do Sul europeu. 

Portugal está agora a discutir o próximo Orçamento do Estado. O novo governo de centro-esquerda está a apostar na dinamização da procura interna. Uma das medidas na calha é um novo aumento do salário mínimo, que esteve congelado e foi aumentado por este Executivo para 530 euros, que está a preparar um novo aumento. É uma boa medida? 

Em geral, acho que para a maioria dos países subir o salário mínimo é uma boa medida. De certeza que é uma boa medida nos EUA, onde eu a estudei, é uma boa medida na Alemanha. Não posso falar em particular de Portugal sem olhar para os números, se seria ou não apropriado, mas nos países em que eu estudei a medida é claro que há um espaço claro para o aumento do salario mínimo sem ter um efeito adverso. Os dados dos EUA mostram que subir o salario mínimo estimula a economia. Isto porque aumenta salários de pessoas que o gastam todo e aumentam a procura agregada. 

Outro problema é o crescimento da dívida, que não pára de crescer desde a crise financeira. Uma reestruturação pode ser inevitável, se ficar no euro? 

A experiência grega é bem demonstrativa. A dívida era de 110% mas por causa das políticas da troika, falhadas, o PIB caiu e a receita fiscal ficou sempre abaixo das previsões da troika, porque o PIB caiu. O resultado é que hoje, mesmo depois da reestruturação que foi pouco profunda, a dívida está a caminho dos 200% do PIB. Por outro lado, os EUA depois da II Guerra Mundial tinham uma dívida de 130%, o Reino Unido de 200%. A dívida cresceu não por causa do investimento no país, mas porque precisaram de combater a guerra. Mas fizemos o oposto da politica alemã. O oposto: tivemos uma política de crescimento, investimentos nas pessoas, nas infraestruturas, na tecnologia, crescemos a economia e o resultado é que o PIB cresceu e por isso, a relação dívida / PIB desceu, desceu, desceu. 

Por isso se estas políticas de austeridade se mantiverem na Europa, a reestruturação da dívida em Portugal é inevitável? 

Se mantiverem estas políticas a reestruturação da divida é inevitável. Vemos muito claramente que o FMI disse que a dívida grega tinha de ser reestruturada e os alemães esconderam a cabeça debaixo da areia e disseram 'não aceitamos uma reestruturação da dívida'. O resultado é que a Grécia não conseguirá pagar a dívida. 

E se sair do euro pode?

Quando sair do euro podem, como parte do processo, reestruturar a divida, e ficam livre dos condicionamentos que os impediram de crescer. É uma transição dura, mas depois a economia terá condições para crescer. O problema é que para países como a Grécia e Portugal as restrições provocam recessão sem fim e no caso da Grécia depressão sem fim. O último programa adotado em 2015 na Grécia era suposto ser a cura para os problemas da Grécia, mas o PIB continuou a cair porque a austeridade continuou a ser aplicada. 

Estamos a chegar ao fim, entramos na fase de respostas rápidas, 10 segundos por tema. Dilma Rousseff foi afastada da presidência brasileira, está preocupado?

Sim, estou preocupado. As acusações foram sobre incompetência, mas incompetência não é uma razão para impeachment, são uma razão para não reeleger uma pessoa como líder. 

Eleições nos Estados Unidos: Bernie, Hillary ou Trump?
 
Bem, agora as eleições são em torno de dois candidatos (sorrisos). Essa resposta é uma das mais fáceis, claramente Hillary é uma das candidatas mais qualificadas que o país alguma vez teve em termos de preparação. Trump é um dos piores candidatos que o país teve, felizmente a maioria dos americanos está a perceber isso. 

Corbyn será capaz de mudar a esquerda europeia?

Infelizmente o Corbyn está a enfrentar um desafio interno, tem muito apoio das bases. O curioso é que o partido no parlamento parece estar contra as bases. É uma situação muito peculiar, em parte devido ao legado de influência de Blair, quando as políticas conservadoras entraram no partido trabalhista. Há uma insatisfação particular por causa da forma desonesta como entrou na guerra. Por isso, temos principalmente os jovens a criticar os blairistas, mas o legado ainda está numa parte do partido parlamentar. 

Se tivesse de dar uma nota à troika, de 0 a 10 qual seria? 

Zero é o mais baixo? Talvez menos 1. É difícil imaginar que poderia ser pior. 

Sobre as agências de rating, Portugal ainda está preso por uma agência de rating, a DBRS. Tantos anos depois da crise financeira, porque é que ainda lhes damos ouvidos? 

Acho que a influência das agências de rating reflete as profundas ineficiências dos mercados financeiros e da sua irracionalidade. Lembremo-nos que as agências de rating deram a nota máxima aos produtos que levaram ao colapso do sistema financeiro norte-americano. Estiveram envolvidas em fraudes, deceção. Então, porque devemos prestar atenção a estas agências de rating com o histórico tão pobre e com uma honestidade tao questionável é um mistério para mim. O facto de os mercados financeiros ainda lhes prestarem atenção diz mais deles próprios do que qualquer outra coisa. 

Última questão, sobre a banca. Os bancos portugueses estão a enfrentar muitas dificuldades, incluindo o banco público. O que deve ser feito para melhorar a banca? E aproveito para lhe perguntar se concorda com o movimento de consolidação do setor impulsionado pelo BCE?

A melhor coisa a ser feita no médio prazo para ajudar a banca é colocar a economia a crescer. Quando temos as economias em recessão os bancos não vão ficar bem porque as pessoas não vão conseguir pagar as dívidas. Por isso, a melhor política para a banca é ajudar a economia. A estratégia de consolidação da banca vai levar a um setor menos competitivo e dinâmico, taxas de juro mais altas e a um sistema financeiro menos capaz de responder às necessidades da sociedade. Acho essa estratégia muito questionável.

Tema de investigación: 
Crisis económica

Cómo estuvo el 2020

Luego del 2018 y 2019, complicados por la guerra comercial de Estados Unidos contra China, la separación de Gran Bretaña de la Unión Europea y la caída de la tasa de crecimiento de Estados Unidos al tiempo que el índice de la bolsa de valores sube, el 2020 rompió todas las expectativas.

 La caída de crecimiento económico global más espectacular de la historia puso de relieve que, mientras Asia cayó poco, Europa y América Latina cayeron mucho y EUA cayó un poco menos que Europa, pero mucho más que Asia. China rebotó en el segundo trimestre del 2020, cuando el resto del mundo entró en lo más profundo de la caída, y terminó el año con crecimiento económico.

El rebote del tercer trimestre ha sido notable. La profundidad de la caída tuvo que ver con la velocidad de crecimiento previo a la caída. A más crecimiento, menos caída. La excepción fue el Perú. El rebote es simétrico y a más caída, más rebote inicial. De este modo, los datos de la segunda mitad del año fueron positivos lo que incitó a algunos a decir que la crisis había terminado.

La crisis no ha terminado en términos de salud ni económicos. La magnitud de una crisis se aprecia no durante la caída sino cuando toca el fondo. Se parece a la caída de una persona de un edificio. Mientras cae, sigue vivo. Lo critico está cuando toca el suelo. Al momento de reabrir las actividades económicas se han advertido problemas de falta de demanda, de deuda empresarial y de desempleo. De otro lado problemas de suministro y distribución.

Desde el punto de vista del comercio internacional, sorprendentemente los precios de las materias primas recuperaron excepto por combustibles fósiles. La razón no fue una reactivación de la demanda, porque la demanda global que existe es bastante menor que la del año 2019, sino por la inyección del FED de 3.5 billones de dólares (15% del PIB de EUA) a la banca de inversión que reflotó las bolsas de valores y de commodities a partir del 23 de marzo del año que termina. Todas las curvas de materias primas cambiaron de curso ese día menos combustibles fósiles. La inversión privada, ya afectada antes, sigue afectada. Con tasas de interés negativas en EUA y la UE, la banca de inversión y los hedge funds toman prestado para invertir en bolsa. Eso explica la desconexión entre los índices de bolsa y el crecimiento del PIB de EUA, en lo que es claramente una burbuja especulativa. Los índices europeos son menos contradictorios.

Si bien la economía de los Estados Unidos venía con una tasa de crecimiento descendente desde marzo del 2018, en el año en curso se desplomó a -32% anual al segundo semestre del 2020, niveles nunca vistos. Ante tal caída, la Reserva Federal, en su primera decisión de política monetaria del año, bajó la tasa de referencia de los bonos federales en el rango de 0.25- 0.50% por la desaceleración económica, que llevó a una ronda de recortes de tasas en todos los bancos centrales del mundo. Esto generó oportunidades de arbitraje hacia países emergentes con un impacto en el tipo de cambio frente al resto de las monedas, y se observaron aumentos en los niveles de reservas internacionales y fortalecimientos de los tipos de cambio latinoamericanos en general.

El comercio internacional se recupera aceleradamente, contrario a los estimados de julio, lo que lleva los rebotes iniciales a niveles muy altos. Los problemas planteados, empero, están en el plano fiscal más que en el externo. Los desplomes del PIB van acompañados de caídas en la recaudación fiscal lo que genera dificultades para mantener niveles de gasto público estables. La solución mexicana ha sido recortar los gastos de manera ortodoxa. Casi todos los demás latinoamericanos prefirieron aumentar la deuda interna.

Hay un espejismo en curso. El desplome del PIB de todos, junto con lo estable de la deuda externa, ha resultado en índices deuda/PIB crecientes y en la imagen que hay un problema de deuda externa. Sin embargo, si las reservas aumentan, no debe de haber problemas de deuda externa. En cambio, la caída de los ingresos fiscales en momentos de aumentos del gasto público en salud lleva a más deuda interna y eso general problemas fiscales, no de deuda. La nueva deuda es sobre todo con los seguros sociales y los fondos de pensiones intermediados por los bancos privados dentro de los países.

Finalmente, reiteramos lo que escribimos hace un año, se espera que la tendencia general de la economía mundial continúe su paso lento en la mayoría de las economías, con el claro contraste de las asiáticas que seguirán en crecimiento. Dicha dinámica modificará los ejes económicos del Atlántico al Pacifico de manera estable en adelante. Asia podría verse afectada en particular por las protestas en Hong Kong y la India. Para las economías avanzadas el pronóstico es gris, porque los problemas de la UE no terminan con la salida del Reino Unido. Polonia podría ser candidato a un Polxit dadas las críticas de la UE a sus políticas nacionalistas y Hungría (Hunxit) está por verse. Por otro lado, América Central y América del Sur enfrentan una coyuntura bastante complicada en varios frentes, con inestabilidad política e intromisión abierta de Estados Unidos. Hay movimientos sociales juveniles activos en los países de la costa pacífica y está por verse si no se expande a los de la costa atlántica, Brasil y Uruguay en especial. Junto con África, será de las zonas que menos crecerán este año y el próximo. El país estrella, Bolivia, regresó a su status democrático y habrá que ver cómo Ecuador, Colombia y Venezuela hacen para crecer con los precios de los combustibles fósiles deprimidos y sin retorno. México exporta autos a gasolina a un mercado que compra menos autos y se ha quedado con una inmensa infraestructura turística vacía, junto con las islas de Caribe y el Perú. Se estima que para el 2024 se regresará a los niveles pre pandemia. Cuando eso ocurra, será con otra matriz energética y otros actores externos en la región.

 

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Tema de investigación: 
Crisis económica

Cómo evitar que la crisis del COVID-19 se transforme en una crisis alimentaria: acciones urgentes contra el hambre en América Latina y el Caribe

Autor: 

La pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) tiene efectos sobre las actividades del sistema alimentario (producción, transformación, distribución, comercio y consumo de alimentos) y sus resultados, sobre todo en términos de seguridad alimentaria y bienestar social.

Hay cinco canales externos a través de los cuales el COVID-19 afecta a la región: i) la disminución de la actividad económica de sus principales socios comerciales y sus efectos; ii) la caída de los precios de los productos primarios; iii) la interrupción de las cadenas globales de valor; iv) la menor demanda de servicios de turismo, y v) la intensificación de la aversión al riesgo y el empeoramiento de las condiciones financieras mundiales.

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Tema de investigación: 
Crisis económica

Cómo las redes bancarias amplifican las crisis financieras: La evidencia de la gran depresión

The Global Crisis emphasised the fragility of international financial networks. Despite this, there has been little historical research into how networks propagate financial shocks. This column explores how interbank networks transmitted liquidity shocks through the US banking system during the Great Depression. During banking panics, the pyramided-structure of reserves forced troubled banks to reduce lending, thus amplifying the decline in investment spending.

How financial networks propagate shocks and magnify recessions is of interest to both scholars and policymakers. The financial crisis of 2007-8 convinced many observers that financial networks were fragile, and while reforms are underway, much remains to be learned about how and why connections between financial firms matter for the macroeconomy. Indeed, the complexity and sheer number of linkages has made it particularly challenging to formulate empirical estimates of their role in amplifying downturns.

Economic theory suggests many channels through which networks may transmit shocks (Allen and Gale 2000, Cabellero and Simesek 2013) and empirical research has provided some evidence of contagious failures flowing through interbank markets, particularly for the recent financial crisis in the US and Europe (Puhr et al. 2012, Fricke and Lux 2012). History should have a lot to say about the role of networks in contributing to the severity of financial crises, but it is a surprisingly lightly studied aspect of earlier periods of financial turmoil – even for well-researched episodes such as the Great Depression. This lacuna exists despite the fact that financial networks of the past may be simpler in structure, thus making it somewhat easier to identify empirically how aggregate variables, such as lending, were affected when linkages were disrupted.

In a recent paper, we document how the interbank network transmitted liquidity shocks through the US banking system and how the transmission of these shocks amplified the contraction in real economic activity during the Great Depression (Mitchener and Richardson 2016). The paper contributes to the growing literature on financial networks and the real economy, illuminating both a mechanism for transmission (interbank deposits) as well as a source of amplification (balance-sheet effects). It also introduces an additional channel through which banking distress deepened the Great Depression and complements existing research on how bank distress during the Great Depression influenced the real economy.

We describe how a pyramid-like structure of interbank deposits developed in the 19th century, how the founding of the Fed altered the holdings of these deposits, and how this structure then influenced real economic activity during periods of severe distress, such as banking panics (Mitchener and Richardson 2016). The interbank network that existed on the eve of the Great

Depression linked large money centre banks in New York and Chicago to tens of thousands of smaller rural banks throughout the US. The money centre banks served as correspondents holding deposits from institutions in the countryside. Interbank balances exposed correspondent banks to shocks afflicting banks in the hinterland. Interbank deposits were a liquid source of funds that could be deployed to meet sudden demands by depositors to convert claims to cash, and the removal of these deposits from correspondent banks peaked during periods that contemporary commentators described as – and that our detailed statistical analysis of bank suspensions confirms were – banking panics. Although the pyramided system of interbank deposits could handle idiosyncratic bank runs, when runs clustered in time and space (i.e. when panics occurred) the system became overwhelmed in the sense that banks higher up the pyramid were forced to adjust to these changes in liabilities by changing their assets (i.e. lending).

We use the timing and location of these panics to statistically identify the causal relationship between panics, deposit withdrawals, and the decline in lending that occurred in banks in reserve and central reserve cities throughout the US. During periods identified as panics, withdrawals of interbank deposits forced correspondent banks to reduce lending to businesses. These interbank outflows led to a substantial decline in aggregate lending, equal to approximately 15% of the total decline in commercial bank lending in the US, from the peak in 1929 to the trough in 1933.

Ironically, the Federal Reserve System had been created with the purpose of preventing crises such as those that had regularly plagued the banking system in the 19th century. We help to explain why the Fed failed to fulfil this basic responsibility. Because the Fed failed to convince roughly half of all commercial banks to join the system, a pyramided-structure of reserves persisted into the third decade of the 20th century and created a channel through which the interbank deposit could influence real economic activity. In theory, pyramided reserves could have been deployed to help troubled banks, but during the banking panics of the 1930s, just as in the panics of the late 19th century, the total size of these withdrawals overwhelmed correspondent banks, leaving those banks with the choice of either saving themselves, contracting on the asset side of their balance sheets, or borrowing from the Fed. With the Fed unable or unwilling to provide sufficient liquidity to support distressed correspondent banks, they were forced to react to interbank outflows by reducing lending, thus amplifying the decline in investment spending. Although the mechanism is new, our results corroborate other studies on the Depression, which emphasise how banking distress reduced loan supply (Bernanke 1983, Calomiris and Mason 2003b).

What might have alleviated this problem? One solution would have been for the Federal Reserve to extend sufficient liquidity to the entire financial system. The Fed could have done this by lending funds to banks in reserve centres. In turn, those banks could have loaned funds to their interbank clients. To do this, banks in reserve centres would have had to accept as collateral loans originated by non-member banks. Banks in reserve centres would, in turn, need to use those assets as collateral at the Federal Reserve’s discount window. However, leaders of the Federal Reserve disagreed about the efficacy and legality of such action.

Another potential solution would have been to compel all commercial banks to join the Federal Reserve System and require all commercial banks to hold their reserves at a Federal Reserve Bank. Due to powerful political lobbies representing state and local bankers, however, Congress was unwilling to contemplate legislation that would have effected such changes. Had they done so, the pyramid structure of required reserves would have ceased to exist, and the interbank amplifier, as defined here, would have been dramatically diminished. That said, given the inaction of some Federal Reserve Banks during the 1930s, had such changes taken place, they may have magnified banking distress as more banks would have depended on obtaining funds through Federal Reserve Banks that adhered to the real bills doctrine. As we show, the costs of the pyramid in terms of a contraction in lending were substantial, but banks still met some of their short-term needs through this structure during the turbulent periods of banking distress.

References

Allen, F and D Gale (2000) “Financial contagion,” Journal of Political Economy 108:1-33.

Bernanke, B S (1983) “Nonmonetary effects of the financial crisis in the propagation of the Great Depression”,American Economic Review, 73(3): 257-276.

Caballero, R J and A Simsek (2013) “Fire sales in a model of complexity”, The Journal of Finance, 68(6): 2549-2587.

Calomiris, C W and J R Mason (2003b) “Consequences of bank distress during the Great Depression”, American Economic Review, 93: 937-47.

Fricke, D and T Lux (2012) “Core-periphery structure in the overnight money market: Evidence from the e-MID trading platform”, Kiel Institute for the World Economy, Working Paper No 1759.

Mitchener, K and G Richardson (2016) “Networked contagion and interbank amplification during the Great Depression”, CEPR Discussion Paper 11164.

Puhr, C, R Seliger and M Sigmund (2012) “Contagiousness and vulnerability in the Austrian interbank market”, OeNB Financial Stability Report, No 24, Oesterreichische Nationalbank.

 Consultar mas en: http://www.nakedcapitalism.com/2016/05/how-bank-networks-amplify-financi...

 

 

 

Tema de investigación: 
Crisis económica

Cómo va el 2017

Cómo va el 2017

Oscar Ugarteche[1]

Myrsia Sánchez Goicochea[2]

Eduardo Bastida[3]

La economía mundial atraviesa por un periodo de incertidumbre, con bajos precios de los commodities afectando los ingresos por exportaciones que deberían liderar el crecimiento latinoamericano; conforme se ha dicho teóricamente y se han diseñado las políticas macroeconómicas. Como se vio en el artículo anterior el comercio internacional se encuentra estancado y el crecimiento que hay en la región deriva de la inversión o del consumo más no de las exportaciones.

Durante el 2016 la economía mundial creció 3.2%, la tasa más baja desde la crisis financiera internacional. Con optimismo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su último informe WEO (octubre de 2017) prevé que el producto mundial crecerá 3.6% en 2017, por un aumento de la demanda en China, India, Rusia y Brasil. La proyección de crecimiento para EEUU ha disminuido de 2.3% a 2.2% en 2017, y se espera que China crezca 6.8%, e India 6.7%. América latina va lenta pero estable, 1.2% con la recuperación de dos economías grandes antes debilitadas por luchas políticas, -Brasil y Argentina-, y una tercera que continúa afectada: Venezuela. Esta se viene contrayendo desde 2013 con registros de -9.7% en 2016 y -12% en 2017 como se ve en el grafico 1.

Unión Europea muestra señales de recuperación con 2.3% al cierre del 2017, su mejor año desde la crisis del 2008. En lo que va del año el crecimiento del mundo sigue arrastrado por el crecimiento de China e India, dado que el crecimiento de Europa y EEUU sigue en el rango de 2% (ver gráfico 2) sin generar una demanda sustantiva al mercado mundial. En China no hay más crecimiento por los esfuerzos del gobierno de controlar los riesgos del crecimiento de la deuda y del sector inmobiliario. En la India el freno se dio principalmente por la iniciativa de las autoridades en el control de cambio de divisas. No obstante, los gigantes asiáticos siguen reflejando economías robustas que dan oxígeno al mundo.

Por su parte, EEUU mantiene un ritmo de crecimiento estable pero lejos de alcanzar el 4 % asegurado por Donald Trump, la tasa del 2.2% no es suficiente para arrastrar el crecimiento mundial. El lento avance de la productividad, consumo e inversión se ha reflejado en un débil crecimiento de la economía estadounidense. El nuevo gobierno no le da seguridad ni a los nacionales ni a los inversionistas extranjeros.

En Europa aún persisten problemas de endeudamiento personal, inestabilidad bancaria y escasa productividad. Esto se ve rodeado de alteraciones políticas que ponen en juego la estabilidad social, como han sido las elecciones alemanas que introdujeron a la nueva derecha al parlamento, las elecciones austriacas que hicieron lo propio y el moviendo independista catalán.

En ese marco, dentro de América Latina se recuperan las dos economías que estaban contrayéndose mientras las demás siguen creciendo a sus ritmos habituales de alrededor del 3%. Según WES, la confianza de los consumidores e inversionistas aún se mantiene en el terreno pesimista en la mayoría de los países.[4] Tanto el Banco Mundial como el FMI sostienen que la recuperación se dará a medida que Argentina y Brasil salgan de la recesión, se prevé que estas crezcan a un ritmo de 2.5% y 0.7% respectivamente; el pronóstico de expansión para México es de 2.1% para el 2017 derivado de la fuerza de la actividad del primer semestre, pero la incertidumbre en torno al TLCAN, políticas internas y condiciones financieras restrictivas impactaran sobre el consumo e inversión.

Para los países de la región que se caracterizan por ser economías primario-exportadoras y receptoras de flujos de capital, las revisiones son a la baja para el 2017. Si se retiran los datos de Venezuela, Brasil, Argentina y Ecuador, el promedio de crecimiento es cercano a 3%, pero en total hay una tendencia de crecimiento más bajo en la región.

 América Latina cayó junto con el resto del mundo en la crisis del 2008, rebotó tras la reducción de la tasa de interés de referencia a 0.25% (-1.75% real) en Estados Unidos y la inyección de liquidez al sistema financiero americano. Todo se tradujo en un auge especulativo de los precios de los commodities que terminó en el 2012, cuando la Reserva Federal anunció que subiría la tasa de interés en algún momento y que limpiaría sus balances.

El efecto fue de alteraciones en los tipos de cambio, alzas de las tasas de interés en America latina y caída de los precios de los commodities por el efecto advertencia. Es decir, estos anuncios tuvieron efectos en las expectativas de los inversionistas lo que provocó una baja en los índices de valores, reducción de las reservas, depreciación de las monedas, una baja de los ingresos exportadores y una baja en el crecimiento económico.[5] El horizonte de precios bajos mientras China y la India crecen a tasas altas sugiere que la relación de los precios es con la tasa de interés de Estados Unidos y no con la demanda real.

 

[1] Coordinador Proyecto OBELA, investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas UNAM SNI/CONACYT

[2] Proyecto OBELA

[3] Proyecto OBELA

[4] World Economic Survey, CESifo Group Munich.

[5] Ugarteche, O., et all. (2016). Triple arbitraje, expectativas y crecimiento económico. Economía UNAM.

Tema de investigación: 
Crisis económica

Cómo va el mundo al 2018

Al inicio del 2018 las perspectivas de crecimiento de la economía mundial estaban marcadas por la posibilidad de una confrontación comercial, generada por las políticas proteccionistas de EEUU; por crecientes riesgos de movimientos de capitales hacia EEUU resultado de las sucesivas alzas de la tasa de interés de la Reserva Federal estadounidense (FED); por la incertidumbre generada por el BREXIT y la reconfiguración del mercado europeo; por el creciente nivel de endeudamiento de las economías centrales; por el poder de la gran banca internacional para trasferir sus problemas a los fiscos de las economía centrales; y por la permanencia de China e India como las economías más dinámicas frente al estancamiento de las economías centrales.

En marzo se inició la escalada de agresiones comerciales entre EEUU y China, con la imposición americana de aranceles a las importaciones paneles solares y lavadoras chinas. Esto inició un conflicto con retaliaciones de aranceles. Para el cierre del año, dicha guerra acumula un saldo con un valor estimado de $363 mil millones de dólares, con aranceles a más de 13 mil productos. En el marco del G20 en Buenos Aires, Argentina, los mandatarios declararon una tregua arancelaria por 90 días desde el 3 de diciembre, que frenará que los aranceles pasen de 10% a 25% en enero. Las agresiones se han trasladado a la esfera corporativa, con la detención cruzada de representantes corporativos tecnológicos. Canadá detuvo a la CFO de Huawei acusada de fraude por EEUU, mientras China detuvo a un ciudadano canadiense acusándolo de amenazar su seguridad nacional y a un diplomático canadiense del International Crisis Group también acusándolo de amenazar la seguridad nacional del país. El problema de fondo es que Huawei de China ha logrado sacar al mercado la tecnología 5G de internet y lo está vendiendo, desde agosto, mientras AT&T aun no saca el suyo a diciembre de 2018. La respuesta americana fue acusar a China de tratar de espiar con el 5G a occidente y ha convencido a Australia, Nueva Zelandia de no comprarlo y está influenciando a Canadá y la Unión Europea de no hacerlo. Eso partiría el mercado de 5G en dos, occidente para AT&T, y el resto del mundo para Huawei. China ya ganó la carrera tecnológica, a pesar de todo. El 5G es la red que se requiere para el internet de las cosas por su velocidad y complejidad.

La tendencia al alza de la tasa de interés de la FED, que se anunció desde mayo del 2013 y comenzó realmente desde diciembre de 2016, continuó con aumentos de 0.25% en marzo, junio y setiembre. Actualmente se encuentra en un nivel de 2.25% y, de acuerdo a los anuncios, se mantendrán los aumentos trimestrales hasta alcanzar el 4% en el 2020, o alrededor de 2% real. Las consecuencias sobre las tasas de interés en el resto del mundo, especialmente en las economías periféricas ancladas en la economía estadounidense, aún no han sucedido. En América Latina, sólo México acompañó el compás de los aumentos, con un alza acumulada de 2.25 puntos durante 2018, hasta una tasa del 8%. El resto de las economías han ajustado sus tasas de interés sobre objetivos internos de inflación, salvo Argentina y Venezuela, que atraviesan procesos de alta e hiper inflación. Los otros efectos si ocurrieron; se depreciaron los tipos de cambio y bajaron los precios de las materias primas.

Durante el año, se llevó a cabo una extraña negociación para renovar el TLC de América del Norte (1994), en el marco de la guerra comercial entre EEUU y China que inició con aranceles unilaterales puestos sobre el acero y el aluminio por EEUU sin retaliaciones. De manera antitética, la economía estadounidense avanzó sobre un acuerdo regional “trilateral” que en realidad es la suma de dos acuerdos bilaterales; y, por otro lado como ha hecho antes, sobre un bloqueo comercial y la protección a su mercado interno.

La firma del nuevo T-MEC no significó la cancelación de las políticas proteccionistas. Al contrario, incluye la prohibición de firma de nuevos acuerdos de libre comercio con China y Cuba a México y Canadá, al mismo tiempo que un aumento del contenido regional en la industria automotriz. Otro elemento es la prolongación de los derechos de autor a 70 años, fatal para la industria de fármacos genéricos. El nuevo Acuerdo incorporó la ampliación del proteccionismo americano al bloque en su conjunto. Por lo pronto, las consecuencias de todo lo anterior, más las barreras arancelarias de las economías importadores más grandes, se han asimilado vía el encarecimiento de las importaciones y el alza de precios de los bienes finales, que ha reducido el volumen de comercio y lo ha dejado en un nuevo piso de crecimiento moderado de 4% (ver gráfico). Las exportaciones de China se vieron afectadas en marzo del 2018 pero recuperaron su nivel y sendero; y mientras que las importaciones americanas siguen creciendo las de China se han estancado en lo que bien puede convertirse en una política de industrialización de bienes de consumo, que es lo que China importa de EEUU.

La situación de la guerra comercial es que mientras EEUU ya cubrió con aranceles el íntegro del universo de su comercio importador de China, lo único que le queda es aumentar los aranceles. China tiene, de su lado, mucho más espacio para gravar nuevos productos y además aumentar aranceles. La diferencia es que mientras EEUU importa bienes intermedios y de capital de China, a la inversa, China le importa bienes de consumo y alimentos. En el corto plazo, para China sustituir el mercado de bienes de consumo es fácil; en cambio para EEUU, sustituir la provisión de bienes de capital e intermedios hechos a la medida puede ser imposible. Europa es el cambio natural de proveedores de bienes de consumo. Hay que recordar que el outsourcing fue un invento estadounidense para mejorar la productividad de sus empresas y que las zonas económicas especiales de China fueron diseñadas para acomodar este outsourcing.

El mercado financiero internacional registró un desempeño mediocre durante el año. Sin embargo, hay que recordar que está sostenido sobre una lógica de protección por los Estados nacionales y ausencia de normas internacionales, lo cual ha permitido la construcción de gigantescas burbujas y niveles de endeudamiento imposibles de saldar, dado el bajo desempeño de las economías maduras. Poco se avanzó en 2018 hacia al establecimiento de un mayor marco regulatorio a la actividad financiera y los Acuerdos de Basilea IV, definidos para evitar una colapso como el sucedido en 2008. El escenario, en el corto plazo, de alto riesgo financiero por el colapso de mercados especulativos se mantiene. Los índices principales del mundo están en declive desde octubre y el año cierra con el índice Dow Jones debajo del nivel de enero.

En términos generales, el escenario para el 2019 es el acumulado de los problemas no resueltos en el 2018. Mientras se mantengan las economías centrales estancadas y con una tendencia a la baja de su productividad, no se detenga el aumento de aranceles y políticas proteccionismo estadounidenses y las alzas de su tasa de interés, el escenario para la economía mundial (salvo las economías emergentes asiáticas) el 2019 será aún más difícil. América Latina, que exporta mano de obra barata desde la Cuenca del Caribe hacia Estados Unidos y materias primas desde América del Sur a la China, mantendrá crecimiento bajo. La región no crece por exportaciones sino por inversiones y por consumo. Europa no crecerá gran cosa por el efecto de la incertidumbre sobre si habrá o no BREXIT. A todo esto se le agrega el creciente riesgo de una nueva crisis financiera americana contagiada, producto de la falta de regulación internacional. A esto hay que sumar el costo del cambio climático sobre la economía mundial en cuánto destrucción material.

Tema de investigación: 
Crisis económica

DE HACERNOS TONTOS, EMPLEO Y TASAS DE INTERÉS EN ESTADOS UNIDOS

En América latina vivimos prendidos de la noticia de la tasa de interés de Estados Unidos. La excepción es el Perú donde parece que la noticia que reúne a la opinión pública en esta temporada son las elecciones del próximo año. La razón por la que vivimos prendidos de esa noticia es porque un alza a niveles más normales de la tasa de interés básica americana va a encarecer nuestro costo de la deuda pero va a acentuar aún más la baja en los precios de la materias primas que aumentaron de precio desde el 2003 y luego del 2008, cuando el techo de la tasa básica de interés fue rebajada a 0.25%; lo que con una inflación de 2% aproximadamente da una tasa efectiva de interés de -1.75% convirtiendo el ahorro en dólares en una gran pérdida; pero la toma de préstamos de diversos plazos en un gran regalo.

Para los jóvenes que no habían visto una tasa de interés negativa en dólares antes, esto ha pasado únicamente en los años post crisis del petróleo de los 70 del siglo XX. Eso llevó a un endeudamiento alto para el desarrollo de infraestructura y empresas públicas dado que estando el dinero regalado, no había pierde, como ahora. Lo que siguió a la tasa negativa de los años 70 fue el record histórico de la tasa de interés americano que llegó a 18%, quebrando todo y a todos en el camino, incluida varias visiones teóricas; países socialistas y economías desarrollistas; y empresas, americanas y extranjeras.

Ahora, tras casi siete años seguidos de tasas negativas, la más larga serie continuada de la historia monetaria americana; y casi quince años en total, la más larga de la historia económica (con intervalos positivos en los años del 2003 al 2007) parecería que la economía americana va a intentar regresar a la normalidad. El indicador clave es el empleo.

El empleo en Estados Unidos se mide de un modo diferente al modo Europeo donde el que no tiene empleo está desempleado. En Estados Unidos el que no tiene empleo merece un seguro de desempleo durante un periodo corto. En Estados Unidos desempleado está quien ha estado buscando trabajo las últimas cuatro semanas. Si se deja de buscar empleo, la estadística del desempleado desaparece. La persona no está desempleada sino que no trabaja, que no es lo mismo. Al dejar de buscar trabajo deja de percibir seguro de desempleo. El seguro de desempleo cubre 26 semanas de un año que es lo que se puede solicitar como máximo.

La proporción de la fuerza de trabajo empleada en septiembre del 2008 era del 66% de la fuerza de trabajo, definidos como aquellos en edad de trabajar, total de Estados Unidos; en diciembre del 2014 la población empleada fue del 62.7% de la fuerza de trabajo. De este modo el desempleo de agosto del 2008 se calcula sobre el 66% de la fuerza de trabajo que estaba empleada y en diciembre del 2014 sobre 62.7%. Así, no es lo mismo decir que la tasa de desempleo bajó entre el 2008 y el 2014 si hay que agregarle 3.3% de población desempleada que dejó de buscar empleo porque no lo encontró y se desanimó. Cuando se lee que el desempleo en agosto 2014 fue de 6.1%, hay que agregarle 3.3% más para hacerlo comparable con la situación en septiembre del 2008. Según el Bureau of Labor Statistics entonces, en agosto del 2014 el desempleo si se incluye ese 3.3% de contracción de la fuerza de trabajo, suma 9.4% versus 6.1% también en septiembre del 2008. Hay menos desempleo total, incluido el de los que no buscan ya empleo por desesperanza, en el 2014 que en el 2008. Ajustado a agosto del 2015 esto cambia con 6 millones de personas no contempladas como desempleadas que están buscando trabajo a la que hay que sumar a los 8 millones de desempleados que buscan trabajo. Esto aumenta en 80% el desempleo real en Estados Unidos y se asemeja más a lo que se ve en las calles y en las protestas sociales.

Los datos del recuadro son descendentes desde Agosto del 2014 pero son casi 80% más grandes que los datos oficiales que solo contemplan a los de la categoría (a). El fenómeno es que las personas pierden la esperanza y dejan de buscar trabajo constantemente para poder ganarse la vida en el sector informal. El seguro de desempleo cubre 26 semanas en un año y es una fracción del salario del desempleado. Así se trasladan de la categoría de desempleados en la fuerza de trabajo a la categoría de fuera de la fuerza de trabajo aunque responden en las encuestas del Bureau of Labor Statistics que quieren trabajar. Esto mismo pasó en las economías latinoamericanas de los años 80.

En el marco del 9.4% de la población económicamente activa buscando empleo en agosto del 2008 es que se redujo el techo de la tasa de interés básica a 0.5% primero y a 0.25% después. No hay las condiciones de empleo para regresar las tasas a sus niveles normales históricos, salvo que el nuevo normal del desempleo total sea el 8.5% de la fuerza de trabajo. Lo que no se mide es cuánto de esta fuerza de trabajo está siendo sustituida por migrantes ilegales que tienen un salario infinitamente menor. Estas son buenas razones para no haber subido el techo de la tasa de interés básica el 17 de setiembre, nueve trimestres después del primer anuncio efectuado por Bernanke de que sería bueno subirlas pero “no ahora”, en junio del 2013.

El reflejo de este alto nivel de desempleo total, que no incluye a los migrantes informales, es la dinámica del consumo. El crecimiento de la economía estadounidense históricamente ha sido arrastrado por el consumo. El problema actual es que el crecimiento de esta variable es frágil y volátil, con una tendencia decreciente desde 1980.

Para que pueda el FED estar tranquilo de que la crisis ya pasó, el consumo debería de regresar a tasas de crecimiento similares a las de los años 90. Esa recuperación aún se ve muy endeble en el 2015.

El otro lado de esto es si la tasa de interés se puede mantener negativa en términos reales por más tiempo. La respuesta es que mientras las expectativas sean que va a subir, los efectos financieros son idénticos, como se ha visto en los precios de los commodities, los tipos de cambio, los índices de bolsa y las tasas de crecimiento del PIB de las economías emergentes. Estados Unidos sin hacer nada, tiene los precios de las materias primas y la energía abajo, el costo de capital en cero y un dólar fuerte.

Algún día subirán la tasa de interés, de todas maneras. El lado positivo es que cuando lo hagan ya no nos va a importar en las economías emergentes porque el daño ya está hecho.

 

Véase adjunto el texto con gráficos.

 

Tema de investigación: 
Crisis económica

Decrecimiento económico, estabilidad financiera y revueltas políticas

En los últimos tres años, medido por trimestres, Estados Unidos ha tenido una tasa de crecimiento económico descendente con 3,8% en el primer trimestre del 2018 y -31,4% en el segundo trimestre del 2020. El resultado de este crecimiento descendente es que el PIB en dólares constantes de Estados Unidos en septiembre del 2020, fue análogo al que tuvo en junio del 2019. Al contrario, el índice Standard and Poor de la bolsa de Nueva York entre enero del 2018 y diciembre del 2020 pasó de 2,886 puntos a 3,756 puntos como constatación de un evidente divorcio absoluto entre la economía real y la dinámica de las bolsas. De su parte, las empresas listadas en la bolsa de Nueva York reparten dividendos con dinero prestado a tasas cero, lo que induce a invertir más en las bolsas a pesar que la realidad está en otra parte. El divorcio entre la economía real y la financiera se inició cuando se liberalizaron los mercados cambiarios en 1973, y se acentuó desde 1994, cuando empresas financieras tomaron el modelo de Black y Scholes con un nuevo instrumento “opciones”, que permite comprar o vender acciones o commodities a futuro a un precio determinado hoy. 

Lo novedoso de la primera semana de enero del 2021 es que se ha roto también la relación entre política y expectativas racionales en las bolsas de valores. La agresiva invasión de la Explanada Nacional en Washington DC, por fanáticos republicanos el 6 de enero, fue una actividad política organizada, coordinada y dirigida con antelación. Republicanos de todo el país llegaron a Washington para asaltar el Capitolio, armados hasta los dientes algunos de ellos, muchos con experiencia militar, incluso en uniforme. El objetivo era tomar el control físico del Capitolio, es decir, hacer un golpe de Estado para entregarle el poder renovado al presidente saliente.

Lo previsible era que se produjera una reacción nerviosa en las bolsas y se retrajeran los índices de forma importante por un aumento del riesgo político nacional. Empero la tendencia alcista no se ha detenido en medio de la incertidumbre del futuro de Trump y la expresión de la crisis de la democracia en Estados Unidos.

Todo señala que, en la tercera década del siglo XXI, la inestabilidad política no es sinónimo a inestabilidad económica o financiera, contrario a las grandes crisis. Si se miran las protestas sudamericanas de la última parte del año 2020, todas fueron acompañadas de una revaluación de la moneda del país (Colombia, Perú y Chile). La explicación para el sur está en que la devaluación del dólar, por efecto de la inyección masiva de esa moneda por el FED, parece impactar más que la inestabilidad política. En Estados Unidos, no hay explicación más allá de que es mucho ruido y pocas nueces. No parece existir el horizonte de que se está ante el inicio de una etapa donde habrán fuerzas que desestabilizarán al nuevo gobierno Demócrata durante los siguientes cuatro años. 

Lo que sí parece estar correlacionado es el tamaño del impacto económico con las protestas. No hay ningún tipo de margen entre las contracciones económicas con la radicalidad de las protestas.  Eso habla de una saturación social y de una presión social que se gestó desde antes de la pandemia en una lista larga de países más allá de América Latina. Los temas de incertidumbre económica y laboral sumadas a la precariedad social y de salud y a los ingresos bajos y concentrados en países con altas tasas de crecimiento, ha resultado en revueltas importantes. La más reciente y violenta ha sido la toma del Capitolio en Washington, en una economía con una baja tasa de crecimiento, pero con un rebote importante, como expresión de una población pobre y precaria que se siente robada de un resultado electoral y su ingreso y piensa que un mejor futuro está atado a su líder, tramposo y mentiroso. La violencia vista en Washington es única en cuanto a ninguna de las revueltas vistas en Sudamérica los protestantes fueron armados.

La crisis del COVID19 expone más a los que no tienen empleo formal que deben de salir a la calle a ganarse el pan. La recuperación de la producción y los nuevos eslabonamientos de las cadenas globales de valor ayudan a la mejora de los indicadores económicos y posiblemente a que el ingreso de estos informales mejore. Al contrario, la mortalidad en ese sector continuará siendo alta y los contagios seguirán expandiéndose mientras la vacuna no esté masificada y eso va a tardar porque las fabricas existentes no se dan abasto para producir, al menos 7500 millones de vacunas para toda la humanidad de manera rápida. Se requerirían de plantas nuevas de fabricación, que hay que construir, y de mecanismos de distribución refrigerados masivos, que hay que desarrollar, que por ahora no existen.

Ordinariamente se sale de las crisis con teorías económicas distintas de las que las indujeron. Esta vez, el único desempeño económico exitoso es el de China y sus vecinos de Asia. Mientras el control del pensamiento económico (revistas y premios Nobel) estén centrados en el binomio anglo-sajón, no habrá mucho espacio para lo nuevo en occidente. Todo señala que la renovación vendrá de fuera de la esfera anglosajona y de occidente, como la dinámica económica y un espectáculo cinematográfico.
 

 




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Tema de investigación: 
Crisis económica

Demonizing State-Owned Enterprises

KUALA LUMPUR , Aug 14 2018 (IPS) - Historically, the private sector has been unable or unwilling to affordably provide needed services. Hence, meeting such needs could not be left to the market or private interests. Thus, state-owned enterprises (SOEs) emerged, often under colonial rule, due to such ‘market failure’ as the private sector could not meet the needs of colonial capitalist expansion.

Thus, the establishment of government departments, statutory bodies or even government-owned private companies were deemed essential for maintaining the status quo and to advance state and private, particularly powerful and influential commercial interests.

SOEs have also been established to advance national public policy priorities. Again, these emerged owing to ‘market failures’ to those who believe that markets would serve the national interest or purpose.

However, neoliberal or libertarian economists do not recognize the existence of national or public interests, characterizing all associated policies as mere subterfuges for advancing particular interests under such guises.

Nevertheless, regardless of their original rationale or intent, many SOEs have undoubtedly become problematic and often inefficient. Yet, privatization is not, and has never been a universal panacea for the myriad problems faced by SOEs.

Causes of inefficiency

Undoubtedly, the track records of SOEs are very mixed and often vary by sector, activity and performance, with different governance and accountability arrangements. While many SOEs may have been quite inefficient, it is crucial to recognize the causes of and address such inefficiencies, rather than simply expect improvements from privatization.

First, SOEs often suffer from unclear, or sometimes even contradictory objectives. Some SOEs may be expected to deliver services to the entire population or to reduce geographical imbalances.

Other SOEs may be expected to enhance growth, promote technological progress or generate jobs. Over-regulation may worsen such problems by imposing contradictory rules.

To be sure, unclear and contradictory objectives – e.g., to simultaneously maximize sales revenue, address disparities and generate employment — often mean ambiguous performance criteria, open to abuse.

Typically, SOE failure by one criterion (such as cost efficiency) could be excused by citing fulfillment of other objectives (such as employment generation). Importantly, such ambiguity of objectives is not due to public or state ownership per se.

Second, performance criteria for evaluating SOEs — and privatization — are often ambiguous. SOE inefficiencies have often been justified by public policy objectives, such as employment generation, industrial or agricultural development, accelerating technological progress, regional development, affirmative action, or other considerations.

Ineffective monitoring, poor transparency and ambiguous accountability typically compromise SOE performance. Inadequate accountability requirements were a major problem as some public sectors grew rapidly, with policy objectives very loosely and broadly interpreted.

Third, coordination problems have often been exacerbated by inter-ministerial, inter-agency or inter-departmental rivalries. Some consequences included ineffective monitoring, inadequate accountability, or alternatively, over-regulation.

Hazard

Moral hazard has also been a problem as many SOE managements expected sustained financial support from the government due to weak fiscal discipline or ‘soft budget constraints’. In many former state-socialist countries, such as the Soviet Union and Yugoslavia, SOEs continued to be financed regardless of performance.

Excessive regulation has not helped as it generally proves counter-productive and ultimately ineffective. The powers of SOEs are widely acknowledged to have been abused, but privatization would simply transfer such powers to private hands.

Very often, inadequate managerial and technical skills and experience have weakened SOE performance, especially in developing countries, where the problem has sometimes been exacerbated by efforts to ‘nationalize’ managerial personnel.

Often, SOE managements have lacked adequate or relevant skills, but have also been constrained from addressing them expeditiously. Privatization, however, does not automatically overcome poor managerial capacities and capabilities.

Similarly, the privatization of SOEs which are natural monopolies (such as public utilities) will not overcome inefficiencies due to the monopolistic or monopsonistic nature of the industry or market. The key remaining question is whether privatization is an adequate or appropriate response to address SOE problems.

Throwing baby out with bathwater

SOEs often enjoy monopolistic powers, which can be abused, and hence require appropriate checks and balances. In this regard, there are instances where privatization may well be best. Two examples from Britain and Hungary may be helpful.

The most successful case of privatization in the United Kingdom during the Thatcher period involved National Freight, through a successful Employee Stock Ownership Plan (ESOP). Thus, truck drivers and other staff co-owned National Freight and developed personal stakes in ensuring its success.

In Hungary, the state became involved in running small stores. Many were poorly run due to over-centralized control. After privatization, most were more successfully run by the new owners who were previously store managers.

Hence, there are circumstances when privatization can result in desirable outcomes, but a few such examples do not mean that privatization is the answer to all SOE problems.

Privatization has never been a universal panacea. One has to understand the specific nature of a problem; sustainable solutions can only come from careful understanding of the specific problems to be addressed.

Tema de investigación: 
Crisis económica

Deuda externa: una pesadilla recurrente

“Los incumplimientos por gobiernos extranjeros de su deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses. externa son tan numerosos y ciertamente tan cercanos a ser universales que es fácil tratar sobre ellos nombrando a aquellos que no han incurrido en incumplimiento, que aquellos que lo han hecho. Además de aquellos países que incurrieron técnicamente en incumplimiento, existen algunos otros que pidieron prestado en el exterior en su propia moneda y permitieron que esa moneda se depreciara hasta menos de la mitad de su valor nominal y en algunos casos a una fracción infinitesimal. Entre los países que actuaron así cabe citar a Bélgica, Francia, Italia y Alemania.”

John Maynard Keynes, Defaults by foreign governments, 1924

Todo indica que los problemas de sobreendeudamiento externo en el sistema-mundo capitalista están a punto de estallar nuevamente. Esto no debería sorprendernos si miramos al pasado. Una y otra vez, tanto en el mundo “subdesarrollado” como en el “desarrollado”, el sobreendeudamiento ha generado complejas situaciones económicas, incluyendo el estallido de crisis de deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses. externa. Así ahora, como en los años treinta del siglo pasado, los problemas derivados del sobreendeudamiento se presentan a ambas orillas del capitalismo mundial.

Historia de una deuda eterna y triste |1|

La historia financiera internacional presenta reiteradamente a países que toman créditos Créditos Suma de dinero que una persona (el acreedor) tiene el derecho de exigir de otra persona (el deudor).

Créditos privados
Préstamos concedidos por los bancos comerciales, sea cual sea el prestatario.

Créditos públicos
Préstamos concedidos por acreedores públicos, sea cual sea el prestatario. , tienen un auge, declinan, cesan los pagos y algún rato vuelven a ser sujetos de crédito… y la vida continúa. En medio de esa vida, sobre todo los países empobrecidos se vuelven deudores de la banca internacional, organismos multilaterales, grandes especuladores financieros, y otros acreedores sin olvidar los Estados de los países más ricos. Hasta podríamos pensar en un “mundo endeudado”, ¿pero en manos de quién?

Históricamente las cesaciones de pagos más frecuentes se dan cuando el capitalismo desarrollado sufre una recesión. Por ejemplo, cuando la Bolsa Bolsa Lugar de encuentro de la oferta y demanda de valores mobiliarios que ya fueron emitidos en el mercado financiero primario. La bolsa es por tanto el mercado de ocasión de títulos mobiliarios; también llamado mercado secundario. de Londres -corazón del sistema capitalista mundial de entonces- se desplomó en octubre de 1825, se llevó consigo a los precios de las materias primas. Acto seguido, las nacientes repúblicas sudamericanas y México suspendieron pagos por casi treinta años, algunas por más tiempo. Ya desde ese momento, la crisis de la deuda del capitalismo subdesarrollado tuvo un fuerte vínculo con la especulación Especulación Actividad consistente en buscar ganancias bajo la forma de plusvalía apostando por el valor futuro de los bienes y activos financieros o monetarios. La especulación genera un divorcio entre la esfera financiera y la esfera productiva. Los mercados de cambios constituyen el principal lugar de especulación. financiera del capitalismo desarrollado. En Londres se negociaban títulos valores atados a la deuda de varios países latinoamericanos |2|, incluyendo aquella adquirida durante el fin de la colonia para conseguir la Independencia (p.ej. Ecuador, Argentina). Y de la mano de la especulación caminaba la corrupción, incluso con anécdotas como la inversión especulativa en países latinoamericanos imaginarios, p.ej. el inexistente “principado de Poyais”.

El vínculo entre el sistema financiero mundial y el capitalismo subdesarrollado ha sido permanente. En la década del 70 del siglo XIX nuevamente se dio un desmoronamiento de la Bolsa de Londres. Particularmente, en 1873 empezaría quizá la primera “gran depresión” del capitalismo mundial, en donde las inversiones especulativas se extendían desde el sector de los ferrocarriles, al mismo tiempo que se mantenían las inversiones en títulos valores de deuda. Al reventar la crisis, los precios de las materias primas se desplomaron y los países del capitalismo subdesarrollado cesaron pagos casi sin excepción por un período de otros treinta años o más.

En los años 30 ya del siglo XX, en medio de la Gran depresión de 1929, se repitió la misma historia y por la misma causa, afectando incluso a varios países europeos. La euforia financiera previa al colapso se extendió desde el sector inmobiliario, hasta los grandes actores del sistema financiero mundial como Goldman Sachs (que entre 1928-1929 vería que sus acciones pasaron de 104 a 222 dólares, para luego caer a 1,75 dólares en 1932). A su vez, los economistas del capitalismo desarrollado trataban de mostrar la apariencia de que “todo iba bien”. Un ejemplo es Irving Fisher (importante economista para la teoría ortodoxa de las tasas de interés Interés Cantidad pagada como remuneración de una inversión o percibida por un prestamista. El interés se calcula sobre la base de la cantidad de capital invertido o prestado, de la duración de la operación y del último tipo aplicado en ese momento. y personaje involucrado en el negocio especulativo) para quien, en ese entonces: “las cotizaciones bursátiles han alcanzado lo que parece un permanente alto nivel de estabilización” |3|. En medio de la -hasta ahora- mayor crisis del capitalismo mundial, resurgieron los impagos de la deuda, los cuales se resolvieron veinte años más tarde a fines de los años 40 y los 50.

Nuevamente el problema resurgió en el capitalismo subdesarrollado, impulsado por el desenvolvimiento del capitalismo desarrollado entre los años 70 y 80; esta vez no hubo desplome de bolsas pero sí del precio de las materias primas acompañado de un alza brusca de las tasas de interés particularmente en los Estados Unidos. Recordemos que, una década antes, en 1971 Estados Unidos abandonó el patrón oro para aplicar una política monetaria restrictiva con el fin de afrontar una complicada combinación de estancamiento económico e inflación Inflación Subida acumulativa del conjunto de los precios (por ejemplo, una subida del precio del petróleo, que conlleva luego un reajuste de los salarios al alza, luego la subida de otros precios, etc.). .

Para enfrentar el estancamiento de los años 70, el capitalismo desarrollado también aprovechó un “nuevo” mecanismo de generación de ganancias: “reciclar” los petrodólares Petrodólares Los petrodólares son los dólares salidos del petróleo. acumulados por los exportadores de petróleo que no encontraban cabida en sus economías y que fluían hacia los países ricos a través de la banca internacional, la cual a su vez entregó masivamente créditos al capitalismo subdesarrollado.

Esa expansión masiva del crédito –que ayudaba a sostener la “tasa de ganancia” del capital transnacional- se interrumpió al aumentar las tasas de interés internacionales. Eso estranguló -económicamente- a los países endeudados. Para 1982, especialmente los países latinoamericanos (comenzando por México) tuvieron que declarar oficialmente su incapacidad de pago |4|.

Ya en la actualidad, cada vez más países del capitalismo subdesarrollado están en una espiral económica descendente que augura una nueva crisis de la deuda. Muchos han recurrido al FMI FMI
Fondo monetario internacional El FMI nace, el mismo día que la Banca mundial, con la firma de los acuerdos de Bretton Woods. En su origen el rol del FMI era defender el nuevo sistema de cambios fijos instaurado.

A la finalisación de estos acuerdos (1971), el FMI es mantenido y se transforma paulatinamente en el gendarme y el bombero del capitalismo mundialisado : gendarme cuando impone los programas de ajuste estructural ; bombero cuando interviene financiaramente para sostener los países tocados por una crisis financiera.

Su modo de decisión es el mismo que el del Banco mundial y se basa sobre una repartición del derecho de voto en proporción a los aportes de cotisación de los países miembros. Estatutariamente es necesario el 85% de los votos para modificar la Carta del FMI (los EE.UU. poseen una minoria de bloqueo dado a que posees el 16,75 % de voces). Cinco países dominan : Los EE.UU. (16,75 %), el Japon ( 6,23 %), la Alemania (5,81%), Francia (4,29 %), y Gran Bretaña (4,29%). Los otros 177 Estados miembros estan divididos en grupos dirigidos, cada vez, por un país. El grupo más importante (6,57%) esta dirigido por Belgica. El grupo menos importante (1,55% de voces) precidido por el Gabon (países africanos).

Su capital está compuesto del aporte en divisas fuertes (y en monedas locales) de los países miembros. En función de este aporte, cada miembro se ve favorecido con Derechos Especiales de Giro (DEG) que son de hecho activos monetarios intercambiables libre e inmediatamente contra divisas de un tercer país. El uso de estos DEG corresponde a una política llamada de estabilización a corto plazo de la economía, destinada a reducir el déficit presupuestario de los países y a limitar el crecimiento de la masa monetaria. Esta estabilización constituye frecuentemente la primera fase de intervención del FMI en los países endeudados. Pero el FMI considera que en adelante es tarea suya (tras el primer choque petrolero de 1974-1975) actuar sobre la base productiva de las economías del Tercer Mundo reestructurando sus sectores internos; se trata de una política de ajuste a más largo plazo de la economía. Lo mismo sucede con los países llamados en transición hacia una economía de mercado. (Norel y Saint-Alary, 1992, p. 83).

Sitio web : https://www.imf.org y el Banco Mundial Banco mundial Creado en 1944 en Bretton Woods en el marco del nuevo sistema monetario internacional, el Banco posee un capital aportado por los países miembros (183 miembros el año 2001) a los cuales da préstamos en el mercado internacional de capitales. El Banco financia proyectos sectoriales, públicos o privados, con destino a los países del Tercer Mundo y a los países antes llamados socialistas. Se compone de las siguientes tres filiales.

Mas... , e incluso a la contratación de costosos créditos en el mercado financiero internacional (p.ej. Ecuador desde el año 2014 |5|).

Todo esto no es aislado sino que, como ya nos diría en su momento Raúl Prebisch |6| y hemos reiterado en este texto, varios de los problemas del capitalismo subdesarrollado (incluyendo la deuda) tienen un fuerte vínculo con la dinámica del capitalismo desarrollado. Y semejante vínculo se palpa mucho más durante las crisis de este último.

Una nueva oleada de crisis a la vista

Esta realidad, tan conocida en el mundo pobre altamente endeudado, también golpea a Europa, como en los años treinta del siglo pasado. Grecia no supera su profunda crisis de deuda |7|. Cosa similar pasa en otros países europeos, como España o Italia. Todo esto posterior a la crisis de 2008-2009 que, recordemos, tuvo entre sus orígenes el auge de créditos especulativos hipotecarios en Estados Unidos (involucrando nuevamente a actores “clásicos” de las finanzas internacionales como Goldman Sachs). Luego, gracias a las interconexiones del capitalismo global, llegó a ser quizá la segunda mayor crisis del sistema después de los años 30. Y hasta hoy los coletazos de esa crisis se sienten, e incluso podrían ser la semilla de una nueva crisis internacional.

Así las cosas, el endeudamiento ha crecido a niveles sin precedentes en medio de un contexto que augura nuevas crisis. La señal de alarma la prendió el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) en su reunión anual celebrada en Washington del 7 al 9 de octubre de 2016. El FMI informó que la deuda mundial había alcanzado el nivel -sin parangón- de 152 billones de dólares y se elevó del 200% del valor del PIB Producto interno bruto
PIB El PIB es un índice de la riqueza total producida en un territorio dado, estimada sobre la base de la suma de los valores añadidos. mundial en 2002, al 225% en 2015. Dos tercios del total corresponden a deuda privada, pero la deuda pública también aumentó rápidamente. Si el propio FMI está consciente del riesgo de otra crisis financiera, ya podemos imaginar cuán grave es la situación.

Según el Instituto Internacional de Finanzas (IIF), con sede en Washington, en los nueve primeros meses de 2016, la deuda global sumó 11 billones de dólares y alcanzó los 217 billones. Como resultado, el endeudamiento global habría alcanzado alrededor del 325% del PIB mundial. El grueso de este acelerado endeudamiento proviene de los “mercados emergentes”, que tienen a China como uno de sus principales prestamistas |8|.

Volviendo a la información del FMI, la deuda externa de los países subdesarrollados aumentó de 2,1 a 6,8 billones de dólares entre 2000-2015. El total de la deuda (externa e interna) escaló más de 31 billones de dólares y las proporciones totales con respecto al PIB alcanzaron en varios países más del 120% y en algunos incluso más de 200%. Por otro lado, enormes cantidades de capital abandonaron dichos países en el cuarto trimestre de 2015: una salida neta conjunta de 656.000 millones de dólares, equivalente al 2,7% de su PIB, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Bien anota Martin Kohr, “ahora se vislumbra un escenario de pesadilla”. |9|

En medio de esa vorágine del crédito, sería muy ilustrativo pensar en quiénes son los mayores acreedores y beneficiarios especialmente del pago del servicio de la deuda Servicio de la deuda Suma de la amortización más los intereses del capital prestado. .

Sin negar las condiciones concretas en cada caso, reiteremos que la explicación central de esta evolución radica en la inherente voracidad e inestabilidad del capitalismo internacional y su proceso de acumulación, que es cíclico (pasa por alzas y bajas). Por cierto, en este contexto los cambios tecnológicos casi siempre han acompañado las soluciones para recuperar al capitalismo mundial, favoreciendo a los centros de poder en desmedro del mundo periférico. |10|

Además, el actual sistema no controla adecuadamente a las economías centrales en donde emergen las grandes recesiones, que terminan afectando sobre todo a los países más débiles. Incluso varios gobiernos, en vez de evitar las euforias financieras, las “incentivan” especialmente de forma indirecta a través de salvatajes de sus bancos sobre todo. Y esa fragilidad de la situación internacional eleva el riesgo de crisis en las economías empobrecidas -incluso crisis de no pago-, que viven permanentemente angustiadas por las presiones financieras.

Esto apunta a un grave problema estructural del sistema financiero internacional: la falta de un mecanismo de solución de la deuda ordenado, justo, transparente, humano, al que puedan recurrir los países que se enfrentan a una crisis de endeudamiento.

Preocupa que, a pesar de tanta experiencia acumulada, no se den pasos concretos para enfrentar dicho problema, y que la receta para enfrentar la crisis sea similar en todo tiempo y lugar. Se apuesta por ajustar las economías del capitalismo subdesarrollado especialmente usando el recetario neoliberal. Todo con el fin de atender las demandas del mercado financiero, sin considerar sus realidades domésticas, las condiciones que conllevaron a estas críticas situaciones, el contexto internacional y mucho menos la corresponsabilidad de los acreedores. Recordemos, como en los años 70, que los propios acreedores muchas veces presionaban (hasta a la fuerza) a que los países subdesarrollados adquieran créditos con condiciones y tasas de interés flotantes. Así se mantiene la lógica de dominación, injusticia y opacidad impuesta desde los bancos y gobiernos acreedores, aupados por los organismos multilaterales de crédito.

Lo que sí debe sorprendernos -y mucho- es que, a pesar de sumar tantas experiencias y hasta con muchas propuestas para enfrentar estas situaciones, en el mundo de la gran política (¿manejada por los mismos acreedores?) no se acepta la necesidad de un cambio profundo. Si bien es palpable en amplios círculos de la sociedad civil global una creciente conciencia de que es indispensable buscar y diseñar salidas concretas |11|, en los gobiernos de los grandes países aglutinados en el G-20 y en los organismos multilaterales no hay la voluntad para cristalizar las respuestas indispensables. ¿Será acaso que la falta de solución del problema de la deuda de los países pobres beneficia a los países ricos? Sin duda que la pregunta hasta parece necia…

La dificultad para cristalizar alternativas

El meollo de los problemas de sobreendeudamiento todavía no se ha entendido adecuadamente, y por eso no se los ha resuelto. Superarlo debería ser una prioridad en la agenda política global, tanto en beneficio Beneficio Resultado contable positivo neto fruto de la actividad de una sociedad. El beneficio neto es el beneficio después de impuestos. El beneficio a distribuir es la parte de aquél que puede ser repartido entre los accionistas. de los deudores, como de los acreedores de buena fe (si es que aún quedan).

La tarea, hoy más que nunca, no se agota en advertencias oportunas o simples reclamos. Precisamos construir una institucionalidad global de derecho. Aquí resaltamos el potencial político de propuestas que buscan establecer dicha institucionalidad para procesar, con transparencia y justicia, los problemas de sobreendeudamiento o situaciones abiertamente dolosas en la contratación de créditos internacionales.

Los problemas no desaparecen con simples condonaciones o renegociaciones de la deuda, pues no van a la raíz del asunto y a veces hasta lo complican. En las ocasiones cuando los problemas se resolvieron definitivamente medió una solución política como, por ejemplo, con el Acuerdo de Londres del 27 de febrero de 1953, con el que se solucionaron de forma definitiva e integral las deudas de Alemania de las post-guerras de la guerra misma. Hasta ahora, salvo en casos contados y explicables por el interés de los acreedores, se ha avanzado muy poco en soluciones de este tipo.

Hay otros esfuerzos destacables, pero aún insuficientes. Las auditorias ciudadanas son una herramienta potente para transparentar la deuda, pero no son efectivas si falta una institucionalidad que realmente procese sus recomendaciones y conclusiones |12|. Falta constituir un marco jurídico estructurado alrededor de las ideas de lo que podría ser un Tribunal Internacional de Arbitraje de la Deuda Soberana Deuda soberana Deuda de un Estado o garantizada por un Estado. , propuestas por Oscar Ugarteche y el autor de estas líneas
 |13|

Esta propuesta, en sus elementos básicos, ya ha sido discutida un par de veces en el pleno de Naciones Unidas, en donde se puso de relieve la especial importancia de hallar una solución rápida, eficaz, completa y duradera al problema de la deuda de los países subdesarrollados. Allí también se reclamó intensificar los esfuerzos por advertir oportunamente las crisis de la deuda mejorando los mecanismos financieros internacionales de prevención y solución de crisis. Se consiguió incluso una resolución de Naciones Unidas, impulsada por Argentina, en sept.-2014, con 124 votos positivos, solo 11 negativos y 41 abstenciones. Esta propuesta, si hubiera voluntad política, podría empezar a hacerse realidad inmediatamente con arbitrajes ad hoc, como sugiere Kunnibert Raffer |14|, como un primer paso mientras se institucionaliza el Tribunal.

Lo que interesa, en definitiva, es que los créditos externos se transformen en palancas que ayuden a resolver los problemas de financiamiento en las economías que los necesitan, y dejen de servir como herramientas de dominación. Desde esa perspectiva, los créditos externos podrían ser un mecanismo que canaliza adecuada e inclusive rentablemente los excedentes financieros de algunas economías. Incluso podrían resultar útiles para asegurar el comercio mundial. Lo fundamental es que la deuda deje de ser un mecanismo de exacción de recursos desde la periferia hacia los centros capitalistas y de imposición de políticas desde los países ricos, lo que demanda desarmar la práctica de la deuda externa como herramienta de especulación y dominación.

En definitiva, la deuda no puede seguir siendo un acto de violencia -que afecta a las sociedades y a la Naturaleza- cuyo objetivo es forzar al país deudor a hacer la voluntad de los acreedores vía renegociaciones y programas de ajuste estructural Ajuste estructural Política económica impuesta por el FMI como condición para la concesión de nuevos préstamos o para la refinanciación de préstamos anteriores. . Y tampoco puede ser un espacio para obtener ganancias exorbitantes, aprovechándose de las crisis y de la situación de indefensión de los países deudores que terminan muchas veces en manos de verdaderos “buitres” de las finanzas internacionales.

En este sentido, sería en extremo útil reflexionar sobre las posibles trabas que los países del capitalismo desarrollado impondrían al replanteamiento del manejo actual de la deuda. Si se deja de usar la deuda como mecanismo de extracción de recursos y de dominación, se estaría cuestionando a la propia acumulación de capital de los centros. Es decir, se estaría cuestionando a su condición misma de centros.

La historia nos enseña que, por la falta de respuestas estructurales, los países endeudados -con graves consecuencias sobre sus sociedades e inclusive sobre su medio ambiente- a menudo enfrentan muchos años de austeridad y miseria por las condiciones recesivas impuestas por los acreedores y los organismos de rescate, y sin ninguna garantía de que el sobreendeudamiento siquiera sea resuelto. Situación que termina por afectar a los propios acreedores.

Lamentablemente parecería que no hay memoria de lo sucedido anteriormente o que esa memoria, sobre todo en los banqueros y en los gobernantes, es muy frágil y no resiste la tentación de las ganancias fáciles vía concesión de créditos (como vimos, desde antes de 1825 hasta la fecha), muchas veces atados a la especulación, a la corrupción |15| o a grandes obras inútiles para los pueblos.

Entonces urge una discusión muy amplia para construir alternativas -reconociendo el carácter global del reto de la deuda externa-, que no pueden quedarse en simples acciones discursivas y, menos aún, en parches aislados e incluso cómplices con el poder financiero o el poder de los capitales transnacionales.

El reto de la solución de los conflictos sobre deuda externa impagable exige un redoblado esfuerzo político global. Quizá la propia superación del subdesarrollo capitalista -y hasta la superación mundial del capitalismo- requiere la resolución urgente del problema de la deuda. No se trata simplemente de resolver los momentos críticos producidos por el sobre endeudamiento, sino de construir otro marco internacional que subordine las finanzas a las demandas de sociedades equitativas conminadas a vivir en armonía con la Naturaleza |16|.

¡No desperdiciemos -nuevamente- la oportunidad de liberación que nos brinda el inminente colapso que augura el retorno de una generalizada crisis de deuda externa!

 

Por Alberto Acosta

Economista ecuatoriano. Ex-ministro de Energía y Minas. Ex-presidente de la Asamblea Constituyente. Ex-candidato a la Presidencia de la República del Ecuador. Se agradecen los valiosos comentarios del economista ecuatoriano John Cajas-Guijarro.

14 de enero del 2017

Notas

|1| Alberto Acosta; La deuda eterna Una historia de la deuda externa ecuatoriana, LIBRESA, Quito, 1994 (cuarta edición).

|2| Se puede consultar en Alberto Acosta, “La increíble y triste historia de América Latina y su perversa deuda externa”. Artículo publicado en el libro Otras Caras de la deuda - Propuestas para la acción, Editorial Nueva Sociedad, Caracas 2001.

|3| Al respecto se recomienda revisar el texto de John Kenneth Galbraith, Breve historia de la euforia financiera, Ariel, 1991.

|4| Hay varios trabajos que han abordado esta evolución histórica. A más de los textos mencionados del autor de estas líneas, podemos señalar a modo de referencia mínima los siguientes: Oscar Ugarteche; El Estado Deudor - Economía política de la deuda: Perú y Bolivia 1968-1984, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 1986; Carlos Marichal; Historia de la deuda externa de América Latina, Alianza Editorial, Madrid, 1988; Eric Toussaint, Bancocracia, ICARIA, Barcelona, 2014.

|5| 6 El gobierno de Rafael Correa, aún antes de la caída de los precios del petróleo, endeudó al país de forma alegre: la deuda pública (oficial) aumentó de 13,4 a 37,2 mil millones de dólares, es decir, más que se triplicó (ene.2007-nov.2016) (con una deuda externa que aumentó de 10,1 a 24,8 mil millones), Con esto, si bien la relación el PIB bordea el 40%, se ha alcanzado el mayor monto de deuda de toda la historia republicana. También desde el 2014 Ecuador retornó al redil del FMI y Banco Mundial, llegando a entregar más de la mitad de la reserva del oro a un banco de muy dudosa reputación: Goldman Sachs, con el fin de apalancar un crédito “santificado” por estos organismos. También, con el aval de semejantes “padrinos”, el Ecuador volvió a los mercados financieros y, a enero 2017, mantiene una deuda externa en bonos “soberanos” de 7,3 mil millones, contratada con tasas de interés elevadísimas (bordean o superan el 10%) y a plazos muy cortos (de 5 y 10 años), a más de la preventa de importantes cantidades de petróleo. A esto se suma el traspaso de grandes campos petroleros en explotación de manos de la empresa estatal a compañías transnacionales para conseguir anticipadamente desembolsos y tratar de sostener el financiamiento de corto plazo de la economía. Y todo este proceso sin transparencia.

|6| Ver el artículo de Prébisch “El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas”, Desarrollo económico. Vol.26. No.103. Octubre-diciembre. 1986.

|7| Entre los muchos trabajos sobre este tema recomendamos la importante investigación de Eric Toussaint; “Grecia: los bancos en el origen de la crisis - Las deudas reclamadas a Grecia son odiosas”, 2017 http://www.rebelion.org/docs/221523.pdf

|8| “La deuda mundial supera ya el 325% del PIB mundial y alcanza los 217 billones de dólares”, 5 de enero del 2017. http://www.eleconomistaamerica.com/...

|9| 10 Martin Khor, “Nueva crisis de la deuda amenaza la estabilidad mundial”, 14 de octubre de 2016 http://agendaglobal.redtercermundo.... De este artículo se tomaron las cifras del FMI y de la UNCTAD.

|10| 11 Semejante tendencia incluso ha generado una suerte de “Edad Media de alta tecnología”: “Edad Media con reducidos grupos humanos que concentran los avances tecnológicos manteniendo crecientes exclusiones sociales, en medio de insospechadas tensiones políticas y con un marcado deterioro ecológico”. Al respecto, se puede leer el texto del autor de estas líneas: “Los riesgos de una nueva Edad Media de alta tecnología”, Rebelion.org: http://www.rebelion.org/noticia.php...

|11| La lista de organizaciones de la sociedad civil que se esfuerzan por sensibilizar a la opinión pública y cambiar la posición de los gobiernos es larga. Destaquemos los esfuerzos del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM) con alcance internacional, de LATINDAD en América Latina o de Erlassjahr en Alemania, para rescatar estas pocas iniciativas a modo de ejemplo.

|12| Recordemos el paso histórico que significo este tipo de auditoria en Ecuador en los años 2007-2008. Allí, no solo que no se cumplieron todas sus recomendaciones de la comisión de auditoria, sino que, por el contrario, pocos años más tarde el gobierno que impulsó dicha auditoria: el de Rafael Correa, volvió a las mismas andanzas de endeudamiento acelerado y poco transparente, tal como en épocas anteriores.

|13| Entre los varios textos escrito sobre esta cuestión se recomienda ver Oscar Ugarteche y Alberto Acosta; “Global Economy Issues and the International Board of Arbitration for Sovereign Debt (IBASD)”, El Norte - Finnish Journal of Latin American Studies No. 2, (Diciembre 2007). http://www.elnorte.fi/archive/2007-....

|14| Son muchos los aportes de este autor sobre este tema, entre otros se puede revisar: Kunnibbert Raffer; “Debt Relief for Low Income Countries: Arbitration as the Alternative to Present Unsuccessful Debt Strategies” in WIDER, UNU, Helsinki (2001) http://www.wider.unu.edu/conference...

|15| Hay que indagar sobre la legalidad y la legitimidad de la deuda. No todas las deudas merecen similar tratamiento. Muchas deben ser desechadas desde el inicio, sobre todo aquellas que caen en la categoría de deudas odiosas (contratadas por una dictadura, p. ej.); además, existen otros créditos que, por sus condiciones, podrían ser considerados como usurarios (con tasas de interés desproporcionadas, que de antemano hicieron imposible el servicio de la deuda) y corruptos (contratadas en condiciones que no se ajustan a las normas legales del país acreedor o deudor, o a normas internacionales), que por definición deberían ser nulos. A modo de ejemplo de los factores que habría que considerar, se puede mencionar la existencia de cláusulas ilícitas, vicios de consentimiento, anatocismo, tasas de interés usurarias, gastos y comisiones desproporcionados (cubiertas por los deudores, sin control alguno), operaciones simuladas, colusión dolosa, deudas “estatizadas” o “socializadas”, etc.

|16| Propuestas para impulsar una transformación de la arquitectura financiera internacional colocando a las finanzas al servicio de la vida y no de la acumulación del capital existen. Véase el aporte de Alberto Acosta y John Cajas-Guijarro: Instituciones transformadoras para la economía global - Pensando caminos para dejar atrás el capitalismo. En Varios autores: La osadía de lo nuevo – Alternativas de política económica. Grupo de Trabajo Permanente de la Fundación Rosa Luxemburg. Abya Yala, Quito, 2015.

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EEUU contra la OMC y el orden multilateral

Las reglas comerciales internacionales y las bases institucionales del mercado mundial se han visto sacudidas por la promoción proteccionista de la política “America First” de la segunda economía más importante (CIA Factbook dixit). Las declaraciones del presidente de EEUU sobre las acciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) contradicen el propósito general de la organización multilateral. La OMC ha sido el organismo multilateral encargado, desde 1995, de regular el comercio internacional a través del establecimiento de un marco normativo, no vinculante, y de mecanismos para solución de disputas comerciales entre sus miembros 164 miembros.

Desde la campaña presidencial, Donald Trump mencionó en varias ocasiones la posibilidad de que EEUU se saliera de la OMC, recordando el aislacionismo estadounidense de los años 20. Woodrow Wilson creó la Liga de las Naciones en 1919 y nunca se afilió formalmente porque los republicanos, liderados por Henry Cabot Losge, opinaron “que la Liga comprometería a los EEUU con una organización costosa que reduciría la capacidad de los EEUU para defender sus propios intereses”[1] La idea permanece, de ahí la posición estadounidense contra Naciones Unidas y sus organizaciones afiliadas.

De acuerdo al análisis de sus ex-asesores Peter Navarro y Steve Bannon, y su actual representante comercial Robert. Lighthizer, la OMC ha permitido el abuso comercial de China hacia EEUU. No obstante que EEUU ha ganado el 90% de las controversias comerciales promovidas en su contra en los últimos veinte años.[2] Aun siendo el máximo inversionista extranjero del mundo y el actor más importante en temas económicos internacionales, EEUU sostiene una ridícula postura de víctima del mercado mundial en general, y de China y México en particular.

A mediados de enero de 2018 el presidente de EEUU anunció una imposición arancelaria del 20% para importaciones de lavadores y del 30% para importaciones de paneles solares. La decisión corresponde a una represalia directa contra las corporaciones coreanas, LG y Samsung Electronics; la china, Suniva; y la manufactura y exportación mexicanas. Aunque la medida, en realidad no es capaz de desestabilizar por sí sola a la economía mundial, viola las reglas comerciales de la OMC y el espíritu de libertad de comercio que EEUU ha promovido desde 1944, la política del libre mercado impuesta, en algunos casos, por el FMI y el BM, y las normas anti-dumping. Todo para favorecer a dos corporaciones americanas: Whirpool y SolarWorld Americas Inc.

Las consecuencias de esta decisión unilateral estadounidense pueden ser desastrosas. La señal económica que envía el mercado mundial expresa el proyecto de re-escribir las reglas comerciales de manera unilateral a favor de EEUU. ¡Imperialismo clásico! En la economía interna, la protección a las grandes corporaciones y los efectos macroeconómicos que genera, en lugar de reducir el déficit comercial y promover crecimiento económico, va a generar una subida de precios de los productos protegidos mientras quiebra a las pequeñas empresas estadounidenses en esa rama. Todo sumará la pérdida de empleos en las industrias eslabonadas, como por ejemplo de instalación de paneles solares. En el contexto internacional, el desdén de EEUU hacia la OMC y las instituciones multilaterales diseñadas para mantener el orden y la paz en mercado mundial, podría dar el espacio a una guerra comercial arancelaria.

Contra la unilateral decisión estadounidense, China y Corea del Sur pueden denunciar a la OMC el aumento de los aranceles como prácticas injustas, medidas desleales de protección y dumping. México puede apelar normativamente a la medida por dos caminos: el Capítulo 19 del TLCAN, el cual regula las medidas arancelarias, y al sistema de solución de controversias de la OMC. No obstante, el respeto de los acuerdos multilaterales no parece ser de interés de EEUU y los mecanismos de resolución de controversias no serán, de este modo, vía multilateralismo.

El mensaje es claro: las normas de la OMC no puedan regular las relaciones comerciales globales si EEUU decide promover políticas proteccionistas contra el libre mercado. Ahí se fue a la basura toda la teoría del comercio internacional. Sobre esta lógica, se inaugura un escenario de conflictos comerciales que deforma la estructura y el rumbo del comercio internacional, en el cual las más afectadas serán las economías más pequeñas con menor desarrollo.

La política “America First” y el despotismo con que el gobierno americano enfrenta la política comercial y el orden multilateral global está en oposición abierta a la doctrina que EEUU mismo le impuso al mundo en la década de los noventa través de las reformas estructurales promovidas vía el Banco Mundial. Desde la formulación del GATT (1947) hasta la conformación de la OMC (1994), EEUU buscó promover la dinámica del mercado internacional y posicionarse como el rector de las reglas comerciales globales. Actualmente, la constante agresión a las instituciones multilaterales de EEUU conduce a una situación de creciente incertidumbre económica y tensión geopolítica. La instancia más importante para prevenir guerras comerciales globales es la OMC, sin esta imperará la ley del más fuerte.

 

[1] https://history.state.gov/milestones/1914-1920/league

[2] https://www.factcheck.org/2017/10/trump-wrong-wto-record/

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EEUU retrasa la entrada en vigor de nuevos aranceles a algunos productos chinos

El presidente Trump ha ofrecido un respiro a los consumidores, al excluir una serie de productos importantes de la lista de importaciones de China a las que se aplicarán los anunciados nuevos aranceles a partir de septiembre. Teléfonos móviles, ordenadores y consolas de videojuegos, entre otros, no serán gravados hasta el 15 de diciembre, permitiendo a las empresas estadounidenses aprovisionarse para la campaña navideña. El anuncio, que provocó subidas en la Bolsa, proporciona además tiempo para tratar de desbloquear las negociaciones que buscan una salida a la guerra comercial que libran ambas potencias.

Trump anunció a principios de este mes que, el próximo 1 de septiembre, entraría en vigor una nueva ronda de aranceles a importaciones chinas. Pero este martes su Gobierno retiró de la lista una serie de productos, que no serán gravados hasta finales de año. A falta de una lista completa de las mercancías temporalmente eximidas, las que se sabe que se beneficiarán de la demora son, entre otras, teléfonos móviles, ordenadores portátiles y consolas de videojuegos, que no serán gravadas con nuevos aranceles hasta el 15 de diciembre. Otros productos, que no se han especificado, serán retirados de la lista de aranceles de manera indefinida, por motivos de "salud, seguridad nacional y otros factores".

La medida, hecha pública este martes por la autoridad de comercio estadounidense, supone una rebaja considerable de la nueva ola de aranceles anunciada por el presidente, que gravarían con un 10% a importaciones por valor de 300.000 de dólares, como medida de presión para desbloquear las negociaciones, en punto muerto desde mayo, que buscan una salida a la guerra comercial que enfrenta a Estados Unidos y China.

La Administración Trump cede así a las presiones del mundo empresarial, que se queja del impacto en sus negocios de la escalada arancelaria. La oficina de la Representación del Comercio (USTR, por sus siglas en inglés) aún no había hecho pública anoche una lista con todos los productos afectados. Pero los que sí ha mencionado suponen un importante volumen de negocio: solo los teléfonos móviles y los ordenadores portátiles suman más de 80.000 millones de dólares en importaciones, más de una cuarta parte del valor total que estaba previsto gravar en septiembre. La decisión, según la USTR, se enmarca en el proceso de “audiencias pública” abierto tras el anuncio, a principios de este mes, durante el cual cientos de compañías han testificado que los nuevos aranceles perjudicarían gravemente a sus operaciones.

Retrasando los gravámenes al 15 de diciembre, las empresas tendrán tiempo para importar el stock de productos que necesitan para las campañas de vuelta a la escuela y de Navidad, así como las de Acción de Gracias y el Black Friday. La bolsa subió tras el anuncio de la demora, empujada por las acciones de compañías detallistas y fabricantes de componentes tecnológicos. Las acciones Apple, compañía para la que la noticia supone que los iPhone se librarán de los aranceles hasta diciembre, ganaron más de un 6%.

A diferencia de otras rondas, que podían afectar a sectores como la agricultura o la industria y estaban diseñadas para que el impacto en el consumidor final fuera mínimo, los anunciados aranceles del 10% afectan a productos de consumo y suponen una subida de precios importante para el consumidor de a pie. Así lo reconoció este martes el propio presidente Trump. “Hacemos esto por la temporada de Navidad”, dijo a los periodistas, en referencia a la demora y exención de los nuevos gravámenes anunciados pocas horas antes. “Solo por si algunos de esos aranceles pudieran tener un impacto en los consumidores estadounidenses”.

La USTR ha confirmado que, al margen de estos productos exentos, temporal o permanentemente, seguirá adelante con los aranceles al 10% a otras mercancías, que no ha especificado, a partir de septiembre. Enfangado desde el año pasado en una guerra comercial con China, tratando de presionar a Pekín para que cambie sus prácticas comerciales y respete la propiedad intelectual estadounidense, el presidente ya ha impuesto aranceles de un 25% a importaciones por valor de 250.000 millones de dólares. Sumados a los nuevos gravámenes que anunció que impondría, y que ahora suaviza, el resultado habría sido que prácticamente todos los productos importados de China estarían sometidos a aranceles.

Los negociadores estadounidenses y chinos apenas han avanzado desde mayo, atascados, entre otros terrenos, por la resistencia de Washington a retirar los aranceles existentes y de Pekín a plasmar en ley ciertas reformas que se habría comprometido a llevar a cabo. Pero el anuncio de este martes ha devuelto a los chinos a la mesa. Tras una conversación telefónica entre altos representantes de ambas partes, según la agencia oficial china, se ha fijado una nueva reunión de los equipos negociadores para dentro de dos semanas, justo antes de la fecha en la que entrarían en vigor los nuevos gravámenes.

NUEVO REPUNTE DE LA INFLACIÓN

La inflación se aceleró en el mes de julio en Estados Unidos, completando el mayor aumento bimensual (0,3% en junio y otro 0,3% en julio) del índice de precios desde 2006. El repunte mantiene la presión a la Reserva Federal, que el mes pasado bajó los tipos de interés por primera vez en 11 años, una bajada que no se justificaría en virtud de otros indicadores económicos, como el empleo. El incremento de precios en el mes de julio fue generalizado, y desempeñó un papel importante el precio de la energía. Pero algunos expertos vieron en los datos, publicados ayer, evidencias de que los aranceles impuestos a los productos importados de China por la Administración Trump, envuelta en la guerra comercial con el gigante asiático, están empezando a afectar a la inflación.

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EU – invisible in the crisis

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La Unión Europea fue una promotora de la globalización en su momento. Sin embargo, la integración se estacó y ahora dominan las tendencias divergentes. Los británicos se han alejado, las divisiones internas se intensifican entre el Este y el Oeste, el Norte y el Sur, Francia y Alemania, los miembros y no miembros del euro, los grandes y los pequeños, la migración a favor y en contra, los contribuyentes y los receptores netos, etc. Las tensiones internas y las fuerzas centrífugas están aumentando.  Es evidente que las estructuras y los procedimientos de toma de decisiones de la Unión Europea no son más que construcciones que han sido incapaces desde hace mucho tiempo de afrontar los grandes retos de nuestro tiempo como la actual pandemia.

La crisis del coronavirus puede posicionar al estado nacional nuevamente. s evidente que los recursos financieros, legales, políticos y culturales más importantes siguen concentrados en sus manos. La afirmación de que la globalización ha hecho que el Estado-nación sea obsoleto ha sido nuevamente desacreditada por la realidad.

Sin embargo, la ayuda internacional es importante para con respecto a la pandemia, sino también en relación con los problemas mundiales del clima y el medio ambiente, las relaciones económicas internacionales, el aseguramiento de la paz, etc. No obstante, se debe superar el supranacionalismo y la dependencia del neoliberalismo que se impone en la Unión Europea. La pregunta es si la epidemia provocará el tan esperado cambio de paradigma en el pensamiento de la política económica.

 

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Crisis económica

Economic Crisis Can Trigger World War

KUALA LUMPUR and BERLIN, Feb 12 2019 (IPS) - Economic recovery efforts since the 2008-2009 global financial crisis have mainly depended on unconventional monetary policies. As fears rise of yet another international financial crisis, there are growing concerns about the increased possibility of large-scale military conflict.

More worryingly, in the current political landscape, prolonged economic crisis, combined with rising economic inequality, chauvinistic ethno-populism as well as aggressive jingoist rhetoric, including threats, could easily spin out of control and ‘morph’ into military conflict, and worse, world war.

Crisis responses limited
The 2008-2009 global financial crisis almost ‘bankrupted’ governments and caused systemic collapse. Policymakers managed to pull the world economy from the brink, but soon switched from counter-cyclical fiscal efforts to unconventional monetary measures, primarily ‘quantitative easing’ and very low, if not negative real interest rates.

But while these monetary interventions averted realization of the worst fears at the time by turning the US economy around, they did little to address underlying economic weaknesses, largely due to the ascendance of finance in recent decades at the expense of the real economy. Since then, despite promising to do so, policymakers have not seriously pursued, let alone achieved, such needed reforms.

Instead, ostensible structural reformers have taken advantage of the crisis to pursue largely irrelevant efforts to further ‘casualize’ labour markets. This lack of structural reform has meant that the unprecedented liquidity central banks injected into economies has not been well allocated to stimulate resurgence of the real economy.

From bust to bubble
Instead, easy credit raised asset prices to levels even higher than those prevailing before 2008. US house prices are now 8% more than at the peak of the property bubble in 2006, while its price-to-earnings ratio in late 2018 was even higher than in 2008 and in 1929, when the Wall Street Crash precipitated the Great Depression.

As monetary tightening checks asset price bubbles, another economic crisis — possibly more severe than the last, as the economy has become less responsive to such blunt monetary interventions — is considered likely. A decade of such unconventional monetary policies, with very low interest rates, has greatly depleted their ability to revive the economy.

The implications beyond the economy of such developments and policy responses are already being seen. Prolonged economic distress has worsened public antipathy towards the culturally alien — not only abroad, but also within. Thus, another round of economic stress is deemed likely to foment unrest, conflict, even war as it is blamed on the foreign.

International trade shrank by two-thirds within half a decade after the US passed the Smoot-Hawley Tariff Act in 1930, at the start of the Great Depression, ostensibly to protect American workers and farmers from foreign competition!

Liberalization’s discontents
Rising economic insecurity, inequalities and deprivation are expected to strengthen ethno-populist and jingoistic nationalist sentiments, and increase social tensions and turmoil, especially among the growing precariat and others who feel vulnerable or threatened.

Thus, ethno-populist inspired chauvinistic nationalism may exacerbate tensions, leading to conflicts and tensions among countries, as in the 1930s. Opportunistic leaders have been blaming such misfortunes on outsiders and may seek to reverse policies associated with the perceived causes, such as ‘globalist’ economic liberalization.

Policies which successfully check such problems may reduce social tensions, as well as the likelihood of social turmoil and conflict, including among countries. However, these may also inadvertently exacerbate problems. The recent spread of anti-globalization sentiment appears correlated to slow, if not negative per capita income growth and increased economic inequality.

To be sure, globalization and liberalization are statistically associated with growing economic inequality and rising ethno-populism. Declining real incomes and growing economic insecurity have apparently strengthened ethno-populism and nationalistic chauvinism, threatening economic liberalization itself, both within and among countries.

Insecurity, populism, conflict
Thomas Piketty has argued that a sudden increase in income inequality is often followed by a great crisis. Although causality is difficult to prove, with wealth and income inequality now at historical highs, this should give cause for concern.

Of course, other factors also contribute to or exacerbate civil and international tensions, with some due to policies intended for other purposes. Nevertheless, even if unintended, such developments could inadvertently catalyse future crises and conflicts.

Publics often have good reason to be restless, if not angry, but the emotional appeals of ethno-populism and jingoistic nationalism are leading to chauvinistic policy measures which only make things worse.

At the international level, despite the world’s unprecedented and still growing interconnectedness, multilateralism is increasingly being eschewed as the US increasingly resorts to unilateral, sovereigntist policies without bothering to even build coalitions with its usual allies.

Avoiding Thucydides’ iceberg 
Thus, protracted economic distress, economic conflicts or another financial crisis could lead to military confrontation by the protagonists, even if unintended. Less than a decade after the Great Depression started, the Second World War had begun as the Axis powers challenged the earlier entrenched colonial powers.

They patently ignored Thucydides’ warning, in chronicling the Peloponnesian wars over two millennia before, when the rise of Athens threatened the established dominance of Sparta!

Anticipating and addressing such possibilities may well serve to help avoid otherwise imminent disasters by undertaking pre-emptive collective action, as difficult as that may be.

The international community has no excuse for being like the owners and captain of the Titanic, conceitedly convinced that no iceberg could possibly sink the great ship.

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Crisis económica

Economic Trends and What’s Important in Life

SYDNEY and KUALA LUMPUR, Nov 2 2020 (IPS) - US third quarter GDP numbers released two weeks ago delighted stock markets and President Trump. Output had picked up by 7.4%, annualised as 33.1%, the largest quarterly economic growth on record, almost double the old record of 3.9% (annualised as 16.7%) in the first quarter of 1950, seven decades ago.

Spinning numbers
This news could not have come at a better time for Trump, who is struggling for re-election, as his Council of Economic Advisers (CEA) declared that this affirmed Trump’s claim, “we’re coming back, and we’re coming back strong”. The CEA spun the White House press release headline accordingly, “The Great American Recovery: Third Quarter GDP Blows Past Expectations”.

The CEA attributed the record to “the strong foundation of the pre-pandemic economy and the efficacy of the Trump Administration”, portraying it as “a testament to the fortitude and resilience of America’s workers and families”.

Meanwhile, new US COVID-19 cases on the very same day reached a record high, surpassing 90,000 and still rising, with total cases nearing a million, with deaths four times the total American death toll during the two decade long Vietnam War, and fast approaching a quarter million.

Glass half full/empty
As COVID-19 rages unchecked, economic activity remained US$670 billion below its pre-pandemic peak. According to the ‘Back-to-Normal Index’ of Moody’s Analytics and CNN Business, the economy was only 82% of what it was in early March, with 10.7 million jobs lost since February!

Figures released by the Bureau of Labor Statistics in early October show that more than 12.6 million Americans were out of work while lasting job losses rose, with 36% of the jobless deemed permanently unemployed.

Those permanently laid-off ballooned from 1.5 million in March to 3.8 million in September, and the number of long-term unemployed (those jobless for 27 weeks or more) increased by 781,000 to 2.4 million. This number is still rising fast, threatening extreme hardship for many more households.

Prospects for those losing jobs may be bleak as US job recovery appears to be running out of steam. After adding 4.8 million jobs in June, job gains slowed to 1.8 million in July, 1.5 million in August and only 661,000 in September. As time passes and job growth continues to slow, it will take years to bring employment back to pre-pandemic levels.

Exaggerating trends
Annualising a quarterly or monthly rate tells us how much the economy would expand or shrink if the rate of change is maintained for a full year. But this can be misleading, by making mountains out of molehills. Undoubtedly, the second quarter’s massive collapse was followed by a large gain in the third.

But the third quarter recovery of 33% after the second quarter contraction of 33% does not mean the economy is back to where it was. If 100 drops 33% to 67, and then regains 33%, it gets to 89 (from 67) — still 11 short of the original 100.

Rapid growth in one quarter does not mean the economy has gained strong momentum. The collapse in the previous quarter had set a low baseline. Hence, any rebound from that depressed base would generate a huge growth rate.

Hours worked are often a better proxy for employment and economic recovery. Average hours worked in the first quarter were 5.1 million, dropping to 4.5 million in the second, before recovering to 4.8 million in the third, still below pre-COVID levels.

Other evidence also indicates that the economy has been slowing. For example, consumption growth was slower every month from June to August than in the month before.

Similarly, retail sales slowed over mid-2020, before a slight rebound in September. The Chicago Federal Reserve National Economic Activity Index indicated that August growth was the slowest since recovery began in May.

Disparities widen
The prestigious Lancet has observed, “COVID-19 exacerbating inequalities”, as the pandemic sharpened various US disparities already growing for decades. As 45 million Americans lost their jobs, US billionaires made US$584 billion.

Meanwhile, US Centers for Disease Control and Prevention data show hospitalization rates for Blacks and Latinos 4.5 times that for non-Hispanic whites. A US National Academy of Sciences study also found age-adjusted COVID deaths more than 2.5 times higher for Blacks than for Whites.

US income and wealth inequalities have been rising since the early 1970s. The share of total income earned by the top decile (10%) rose from around 31% in the 1970s to about half in 2015, while the top 1% or percentile’s share rose from 8% to 20%.

Much of this increase among the top 10% came at the expense of workers in the bottom half of the distribution whose share of total income halved from 20% in the 1970s as median US workers’ real wages fell from 1973.

Over the past three decades, the wealth share of those in the top decile (10%) of household income rose from 61% to 70%, while that of the top 1% went up from 17% to 26%.

Jobless rates for Asians, Blacks and Hispanics were higher than the national average, even before the pandemic. Disproportionately employed in low paying occupations, they have suffered more job losses due to the pandemic.

Women have also suffered much more, e.g., as 617,000 women, compared to 78,000 men, dropped out of the labour force in September. Half of these women were between 35 and 44, the prime working age.

Omitting the important things in life
The pandemic can even augment GDP, which includes all COVID-related expenses, including those for treatments and funerals, plus the trillions that governments – federal, state, municipal – spend to tackle the crisis.

Perhaps, it is fitting to recall Robert Kennedy from over half a century ago:

“Too much and for too long, we seemed to have surrendered personal excellence and community values in the mere accumulation of material things. Our Gross National Product… counts air pollution and cigarette advertising, and ambulances to clear our highways of carnage.

“It counts special locks for our doors and the jails for the people who break them. It counts the destruction of the redwood and the loss of our natural wonder in chaotic sprawl.

“It counts napalm and counts nuclear warheads and armored cars for the police to fight the riots in our cities. It counts Whitman’s rifle and Speck’s knife, and the television programs which glorify violence in order to sell toys to our children.

“Yet the gross national product does not allow for the health of our children, the quality of their education or the joy of their play. It does not include the beauty of our poetry or the strength of our marriages, the intelligence of our public debate or the integrity of our public officials.

“It measures neither our wit nor our courage, neither our wisdom nor our learning, neither our compassion nor our devotion to our country, it measures everything in short, except that which makes life worthwhile.

“And it can tell us everything about America except why we are proud that we are Americans.”

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Economic boom in the US, as never seen before?

Since the beginning of the trade war, American economic growth has started to slow down. It drops from 3.2% in the second quarter of 2018 to 2.1% in the last quarter of 2019 with reference to the same quarter of the previous year, as can be seen in Graph 1. The consequences are: a reduction of the external deficit, due to less import of industrial inputs; and an increase of the fiscal deficit due to less tax collection. This situation contrasts with what the president of that country said in his appearance at the World Economic Forum (WEF) in Davos, which international press such as the Financial Times have pointed out as a speech directed to voters in an election year.

Much of Trump's speech rested on labour. It is from this data that he proclaims that the U.S. economy is in a previously unseen economic boom. The dynamism in the generation of employment is undeniable, this has led the unemployment rate to minimums that were not seen 50 years ago. However, not everything is honey on the cake.

In the first place, when you look at the number of jobs generated and the unemployment rate, everything indicates that the economy is indeed generating greater welfare. By December 2019, the former reached 152.4 million and the latter had reached a level of 3.5% by the end of the year. On their own, these figures are positive, but there are questions that are relevant if we talk about an improvement for the working class. The first and most important is the employment income of all these workers in the economy. According to data from the BEA, from 2000 to 2018 the income of workers fell from 57% to 53% of GDP, as can be seen in Graph 2. This suggests that at least the real wages of less qualified workers have fallen.

This situation highlights the problem of distribution of wealth in the United States against the discourse of greater welfare for the population. One issue to be taken into account is the fiscal reform of late 2017, which led to the Corporate Income Tax revenue decreasing to 1% of GDP in 2018, a much lower level than 5.7% in 2002, the minimum since 1965 according to OECD figures.

This situation explains the increases in corporate profits at the expense of wages and taxes. On the other hand, the increases in nominal wages have to do with the logic of the labour market and not with the goodness of paying more to the working class. This aspect is best understood by looking at either the unemployment rate with respect to its natural level or NAIRU (Non-Accelerating Unemployment Rate) or the gap in output with respect to potential GDP.

The unemployment rate has been below the NAIRU for 12 quarters, indicating that the labour market slack has been fading. The result is that nominal wages are trending upwards. In terms of GDP relative to potential GDP, according to data from the Federal Reserve Economic Data (FRED) since the third quarter of 2017 the US economy has been operating above its potential level for 8 quarters, on a downward trend. These two aspects reflect the same situation.

Strangely enough, this is not leading to higher inflation but to secular price stagnation. The tariff increase should also be impacting on input prices, but this has not happened either. What seems to have happened is a slowdown in the industrial manufacturing sector.

It is likely that the U.S. economy will continue to operate in this way for some time, but it is clear that it cannot continue indefinitely given the slowdown seen in 2019 from previous years. The economic forecasts of the World Bank, the International Monetary Fund and the UN predict that the U.S. economy will continue slowing down to 1.7-1.8% annually by 2020-2021.

US manufacturing production indicators are declining according to the PMI, although, since September 2019 there is a slight inconclusive change. The Purchasing Managers' Index (PMI) is an index of the prevailing direction of economic trends in the manufacturing and service sectors. It is a diffusion index that summarizes whether market conditions, as seen by purchasing managers, are expanding, staying the same or contracting. All indications are that the economy is relying on the service sector for its weak growth while the stock markets continue their expansion, more because of the effect of negative interest rates than for their real profitability.

In this context, it is necessary to take into account that it is an election year in the United States, where there are elements with impact on the global economy: a) a much less aggressive position in aspects of international trade: for example, the trade truce with China and the signing of the USMCA; b) a much more hostile scenario against multilateralism, such as the truncation of the WTO appeals court by the United States and ignoring the United Nations Security Council in its military and political interventions abroad; and c) an expansive economic policy, with a more lax monetary policy, reduction of interest rates and more public spending on infrastructure.

 

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Economic decline, financial stability, and political turmoil

In the last three years, measured by quarters, the United States has had a declining economic growth rate with 3.8% in the first quarter of 2018 and -31.4% in the second quarter of 2020. This downward growth results in US GDP in constant values being similar in September 2020 to June 2019. On the contrary, the Standard and Poor's index of the New York Stock Exchange between January 2018 and December 2020 rose from 2,886 points to 3,756 points due to the evident absolute divorce between the real economy and the dynamics of the stock markets. Simultaneously, companies listed on the New York Stock Exchange distribute dividends with money borrowed at zero rates, which induces investors to return to the stock markets more forcefully even though the reality is elsewhere. The divorce between the real economy and the financial economy began when regulators liberalised the exchange markets in 1973. Further deregulation accentuated from 1994 on, when hedge funds began operating with the Black and Scholes' model and the new "options" instruments, allowing for the purchase or sale of shares or commodities in the future at a price set today. 

What is new about the first week of January 2021 is that the relationship between politics and rational expectations on stock exchanges broke. The National Mall's aggressive invasion in Washington DC by Republican fanatics on January 6 was an organised, coordinated, pre-directed political activity. Republicans from all over the country arrived in Washington to storm the Capitol, some armed to the teeth, many with military experience, even in uniform. The aim was to take physical control of the Capitol, stage a coup d'état to hand over renewed power to the outgoing president.

A nervous backlash in the stock markets was predictable, and that the indexes would retract significantly owing to an increase in the national political risk. However, it did not occur amid the uncertainty of Trump's future and the expression of the crisis of democracy in the United States.

Everything points to the fact that, in the third decade of the 21st century, political unpredictability is no longer synonymous with economic or financial instability, contrary to previous epochal crises. If we look at the South American protests in the latter part of the year 2020, they were paradoxically all accompanied by a revaluation of the countries' currencies. (Colombia, Peru, and Chile) The explanation for southern countries is that the dollar's devaluation due to the massive injection of this currency by the FED has a more significant economic impact than political vulnerability. US investment bankers perceive the January 6 revolt as much ado about nothing without any long-run consequences. The horizon that a new stage may be setting for extremist forces to destabilise the new Democratic government for the next four years does not seem to exist.

The size of the economic downfall and the protests with no margin of any kind between economic contractions and social radicality appears to be on the same wavelength. The riots militant nature speaks of social saturation and pressure built up since before the pandemic in a long list of countries beyond Latin America. Economic and job uncertainty, coupled with precarious health and social conditions and low incomes in countries with no betterment expectations, resulted in significant revolts. The newest and most virulent has been the seizure of the Capitol in Washington. With low growth and a substantial rebound, it is an expression of a poor and precarious population that feels robbed of its income and an election result, believing there is a better future with its leader; a cheat, and a liar. The rampage witnessed in Washington is unique in that none of the revolts seen in South America were armed.

The COVID 19 crisis unmasks more those without formal employment who must take to the streets to earn their living. The restoration of production and the links to new global value chains help revamp economic indicators and possibly improve the third sector's income.  Contrarily, mortality in this sector will continue to be high, and infections will continue to disperse as long as the vaccine is not mass-produced. It will take time because existing factories cannot supply at least 7.5 billion vaccines for the whole of humanity quickly. It would depend upon new manufacturing plants and massive refrigerated distribution mechanisms

Unpretenciously, one comes out of the crunch with new economic theories contrasting from those that induced them.  The predicament that began in 2007/08 hit rock bottom in 2020. This time China is the only successful economic performer together with its Asian neighbours. As long as the clout of economic thought (magazines and Nobel prizes) rests centred on the Anglo-Saxon binomial, there will not be much room for renewal in the West. All points to a resurgence from outside the Anglo-Saxon sphere and the West, as economic dynamics and exciting cinema show.

 

 

 

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Crisis económica

Economía de Panamá se contrae 17.79% hasta agosto

En agosto del 2020 la actividad económica del país disminuyó en 29.17%, comparado con su similar del año anterior, por efecto de la pandemia de la covid-19, según cifras preliminares del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) que publica la Contraloría General.

De acuerdo con el informe, el IMAE acumulado de enero-agosto del 2020 registró un descenso de 17.79%, comparado con igual período del 2019. 

Este índice de la actividad económica del país disminuyó significativamente, producto de la contracción en algunas actividades económicas debido a la crisis ocasionada por la pandemia de la covid-19, explica el informe.

Entre los sectores que fueron afectados se observaron: hoteles y restaurantes, construcción, explotación de minas, otras actividades comunitarias, sociales y personales de servicios, comercios, industrias manufactureras, entre otros. 

Y en menor escala estuvieron transporte, almacenamiento y comunicaciones, la intermediación financiera, las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, y la electricidad y agua.

A su vez, hubo actividades que mostraron un comportamiento positivo como: el movimiento de contenedores, las telecomunicaciones, la generación de electricidad hidráulica, el pescado y filete de pescado (fresco, refrigerado y congelado), la producción de leche y sus derivados, así como los servicios de salud privados. 

La presente crisis sanitaria ha impuesto un reto sobre el levantamiento de los datos estadísticos que son fuente para la elaboración del IMAE y en ese sentido, el INEC ha realizado ingentes esfuerzos con los productores de los datos básicos, para atenuar al máximo el impacto sobre la calidad de estas estadísticas. 

En ese sentido, la Contraloría señaló que las cifras están sujetas a revisión, de existir cambios, serán difundidas oportunamente en la página web de la Institución, en las próximas publicaciones del indicador. En relación con esto, se actualizaron las estimaciones en los meses de junio y julio del 2020.

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Economías de América Latina y el Caribe tendrán moderada recuperación en 2018 y crecerán 2,2%

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Las economías de América Latina y el Caribe experimentarían una moderada recuperación en 2018 y crecerían 2,2% el próximo año, luego de anotar 1,3% promedio en 2017, señaló hoy la CEPAL al entregar su informe Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2017.

Las proyecciones de actividad para la región se dan en un contexto internacional más favorable que el de los últimos años. Según el informe, en 2018 se espera que la economía global se expanda a tasas cercanas a las de 2017 (en torno al 3%) y que exista un mayor dinamismo relativo de las economías emergentes frente a las desarrolladas. En el plano monetario se mantendrá una situación de amplia liquidez y bajas tasas de interés internacionales.

Adicionalmente, la demanda interna jugará un papel importante en la aceleración del crecimiento en 2018, aunque con diferencias entre componentes. El consumo privado sigue siendo un motor de la demanda interna pero en 2018 se destacará el mayor aporte de la inversión, producto de la recuperación de la formación bruta de capital fijo, señaló hoy la CEPAL.

La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, ofreció una conferencia de prensa en la sede central del organismo en Santiago, Chile, para dar a conocer el documento, en el cual el organismo regional de las Naciones Unidas analiza el desempeño de las economías y actualiza sus últimas proyecciones de crecimiento para los países (entregadas en octubre pasado) y entrega sus recomendaciones para fomentar en la región un desarrollo con mayor inclusión, igualdad y sostenibilidad ambiental.

“Si bien el espacio fiscal es reducido en la región, necesitamos impulsar políticas públicas activas para sostener el ciclo expansivo. Entre ellas están fortalecer la regulación, el desarrollo productivo, la recaudación y el comercio intrarregional”, señaló la máxima autoridad de la CEPAL. “Se debe priorizar un gasto con mayor impacto sobre el crecimiento y la desigualdad, y evitar fuertes ajustes en la inversión pública para proteger el crecimiento en el mediano plazo”, agregó Bárcena.

A pesar del contexto internacional más favorable persisten, según la CEPAL, algunos desafíos y riesgos latentes que pueden afectar la consolidación del crecimiento en el mediano plazo. En el ámbito financiero se presentan incertidumbres originadas por la normalización de las condiciones monetarias que han venido implementando o anunciando  la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), el Banco Central Europeo y el Banco de Japón. A estas se agrega  la tendencia hacia una mayor desregulación financiera (leyes de reforma de Wall Street y de protección al consumidor en Estados Unidos).

La eventual  reforma tributaria en Estados Unidos  podría traer aparejada una mayor volatilidad financiera producto del aumento de los flujos de capitales hacia ese país.También se presentan  riesgos geopolíticos, en especial aquellos derivados del mayor proteccionismo observado en algunos países y que se reflejan en el creciente apoyo a partidos anti-globalización en algunas naciones de Europa y la votación a favor del Brexit en el Reino Unido el año pasado.

El resultado regional en 2018 se explicará en parte por el mayor dinamismo que presentará el crecimiento económico de Brasil (2%, comparado con el 0,9% de 2017). Además, varios países que venían creciendo a tasas moderadas tendrán una aceleración de la actividad económica (por ejemplo Chile, de 1,5% en 2017 a 2,8%; Colombia, de 1,8% a 2,6%; y Perú, de 2,5% a 3,5%). En América Latina, Panamá será la economía que anotará la mayor tasa de expansión el próximo año (5,5%), seguida de República Dominicana (5,1%), y Nicaragua (5,0%). Cuba, Ecuador y Venezuela marcarán cifras de 1%, 1,3% y       -5,5%, respectivamente, mientras que el resto de las economías de América Latina crecerán entre 2% y 4%.

En el análisis por subregión, para el próximo año la CEPAL espera un mayor dinamismo en las economías de América del Sur, que crecería al 2% (comparado con el 0,8% registrado en 2017). Centroamérica, por su parte, tendría una tasa de crecimiento de 3,6%, por encima del 3,3% de 2017. En tanto, para el Caribe de habla inglesa u holandesa se estima un crecimiento promedio de 1,5% para 2018 (comparado con la casi nula expansión que registrará en 2017), a lo cual contribuiría el gasto en reconstrucción de los daños causados por los huracanes Irma y María en algunos de los países isleños.

En materia laboral, se espera que la tasa de desempleo comience disminuir a partir del 2018, en consonancia con la mejora del crecimiento económico. Entre 2016 y 2017 la desocupación urbana aumentó de 8,9% a 9,4% por un aumento de la tasa de participación y un estancamiento en la tasa de ocupación. Para 2018 el desempleo bajaría a 9,2% por el aumento de la ocupación producto de la mayor demanda agregada, indica el informe.

En su Balance Preliminar 2017, la CEPAL recomienda a los países ampliar el espacio fiscal de acuerdo con la realidad de cada uno y a partir de tareas diferenciadas. Por ejemplo, en países con baja recaudación se puede mantener el activismo tributario, mientras que en todos se debe intentar reducir la elusión y evasión fiscal –que llegó a 340.000 millones de dólares en 2015-, fortaleciendo la administración tributaria.

El organismo también indica que es necesario ampliar los mecanismos de cooperación internacional, evaluar los espacios para el uso de crédito público (de acuerdo con la relación deuda/PIB de cada país), fortalecer la provisión de bienes públicos con un alto rendimiento económico y social (como son la infraestructura, protección social, salud y educación) y aumentar el coeficiente de inversión mediante asociaciones público-privadas y el rediseño de incentivos fiscales para políticas industriales, además de mejorar los mecanismos de gestión de gasto público y de rendición de cuentas, y cautelar la inversión pública, entre otras medidas.

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Crisis económica

Efectos de la COVID-19 en la población migrante

Casi el 60 por ciento de quienes tienen la intención de migrar han decidido posponer o cancelar sus viajes debido a la pandemia. Más del 20 por ciento de quienes ya estaban viviendo en calidad de migrantes están considerando regresar a su país de origen tan pronto como las condiciones económicas de las medidas sanitarias adoptadas por sus países se lo permitan. Cerca de la mitad de los migrantes en Centroamérica y México han perdido sus puestos de trabajo debido a la pandemia. Estas son algunas de las conclusiones difundidas esta semana por una encuesta llevada a cabo por la OIM, lanzada en junio para medir y comprender el impacto que la pandemia ha tenido sobre los planes de migrar. La encuesta también ahondó en la situación socioeconómica, la salud física y mental y los factores de riesgo que los migrantes de la región deben enfrentar.

 

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Efectos la guerra comercial y el nuevo orden comercial mundial

El curso de la guerra comercial que EEUU emprendió contra China, desde enero de 2018, ha vuelto a cambiar. Al inicio, con el propósito de corregir un inmenso déficit comercial, de más de 793 mil millones de dólares en 2017 (equivalente al PIB de Bélgica y Portugal sumados) Trump lanzó una guerra arancelaria contra la economía exportadora más dinámica desde 2009: China. El objetivo no sólo era reducir el déficit comercial con ésta economía, sino debilitar su dinámica de crecimiento económico, 6.7%, y reducir su creciente participación en el mercado exportador, 13% de las exportaciones totales, en 2017. Sin embargo, el resultado no ha favorecido a EEUU y ha sido adverso al orden internacional multilateral.

Al comenzar la guerra, el déficit estadounidense con China equivalía al 47% de su balanza comercial. Las principales importaciones de EEUU provenían de: China, México, Canadá y Japón, en ese orden. En cambio, el superávit chino con EEUU, para 2017, representaba cerca del 62% del total; y sus principales compras provenían de Corea, EEUU, Japón y Taiwan. Aunque las dos economías eran principales socios proveedores de importaciones, el contenido de éstas era diferente. Mientras China le compraba vehículos de transporte (carga y aéreo), maquinaria y granos; EEUU importaba equipo de cómputo y maquinaria, manufacturas y productos semielaborados.

Después de 23 meses de guerra, 7 rondas de agresiones arancelarias mutuas, más de 15 mil productos gravados, 600 mil millones de dólares en aranceles y dos periodos de tregua (más información) las dos economías entraron en un primer acuerdo. Dos días previos a la entrada en vigor de los aranceles publicados en agosto de 2019 (10% a 556 productos de importación chinos, y 10% y 5% a 3,361 productos estadounidenses), el 13 de diciembre de 2019 se anunció el inicio de las negociaciones (ver más). De forma estacional, similar a la tregua de diciembre de 2018, se acordó no implementar nuevas medidas arancelarias, aunque ninguna de las impuestas de redujo.

El objetivo central de la imposición de aranceles es la restricción de las importaciones del país al que se le aplica. China, por un lado, redujo la participación de las importaciones estadounidenses al punto que desplazó a EEUU del segundo lugar, como principal socio importador, al quinto. Por el lado inverso, EEUU no pudo conseguir lo mismo. Sus importaciones proveniente de China se mantuvieron estables, y es aún el principal socio importador de EEUU. (Véase gráfico).

Con la guerra comercial, EEUU sí redujo su déficit con China en -7%, pero a partir de una contracción en sus exportaciones en -17%, y en sus importaciones en -10%. Con esto, reforzó su incapacidad por promover crecimiento económico, que continuó en descenso de 2.9 a 2.3%, entre 2018 y 2019. China, por su parte, continúa con una balanza superavitaria con EEUU, participa en más del 13% en las exportaciones mundiales y crece, todavía, por encima del 6%, en 2019.

El pasado 15 de enero se anunció la firma la Primera Fase de un “Acuerdo económico y comercial entre los Estados Unidos de América y la República Popular China”. La desequilibrada representación diplomática, entre el Presidente Donald Trump y el Viceprimer Ministro Liu He, para la firma del acuerdo, fue presentada como una victoria estadounidense, que le imponía nuevas condiciones a China. En este acuerdo se definieron nuevas condiciones sobre: propiedad intelectual; transferencia de tecnología; agricultura; servicios financieros; política monetaria; expansión de comercio; y resolución de disputas comerciales. La evidencia muestra que EEUU está perdiendo la guerra, sin que signifique que China la esté ganando.

De manera muy específica, a través de este acuerdo EEUU busca que China “ponga fin a su práctica de presionar a las empresas extranjeras para que transfieran su tecnología”; elimine “las barreras comerciales y de inversión para los proveedores estadounidenses de servicios financieros”; que “no utilice prácticas monetarias para competir injustamente con los exportadores estadounidenses”; y más importante, que importe “bienes y servicios estadounidenses durante los próximos dos años por un monto no menor a $200,000 millones de dólares”. Otra vez, el acuerdo no implica el retiro de aranceles impuestos desde 2018, sino únicamente detiene las nuevas imposiciones.

El pasado 6 de febrero, China anunció algunas medidas que se ajustan tanto a los acuerdos de la primera fase, como a la reciente crisis sanitaria provocada por el brote del coronavirus. Se anunciaron recortes a tarifas de 10 a 5%, y de 5 a 2.5% en importaciones provenientes de EEUU, que corresponden a las tarifas aplicadas a inicios de septiembre de 2019, sobre 1,717 productos. Cabe señalar que esta lista estaba focalizada 39% en animales vivos y productos del reino animal, y en 24% productos de la industria química. Esta medida implementada por China está más enfocada a resolver el desabasto de carne provocado por la peste porcina del segundo trimestre de 2019 y por la creciente necesidad de medicamentos; antes que por las demandas comerciales estadounidenses.

Adicionalmente, el Acuerdo incluyó un capítulo de Resolución de Disputas. Este mecanismo ignora la estructura multilateral de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y es bilateral. Con este Acuerdo y el nuevo Tratado de Libre Comercio con América del Norte, EEUU avanza en la construcción de un nuevo orden comercial internacional sobre la ley del más fuerte. El mejor ejemplo es la modificación de la lista de la OMC de los países en condición de desarrollo y menos desarrollados, que gozaban de preferencias comerciales, que el pasado 10 de febrero cambio, al eliminar países unilateralmente.

 

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Crisis económica

Effects of the trade war and the new world trade order

The course of the trade war that the United States has been waging against China since January 2018 has changed again. Initially, in order to correct a huge trade deficit of more than $793 billion by 2017 (equivalent to the GDP of Belgium and Portugal combined), Trump launched a tariff war against the most dynamic export economy since 2009: China. The objective was not only to reduce the trade deficit with this economy, but to weaken its economic growth dynamics, 6.7%, and to reduce its growing share in the export market, 13% of total exports, by 2017. However, the result has not favoured the US and has been adverse to the multilateral international order.

When the war began, the US deficit with China was equivalent to 47% of its trade balance. The main US imports came from: China, Mexico, Canada and Japan, in that order. In contrast, China's surplus with the US, by 2017, represented about 62% of the total; and its main purchases came from Korea, the US, Japan and Taiwan. Although the two economies were major supplying partners for imports, the content of these imports was different. While China was buying transport vehicles (cargo and air), machinery and grains; the US was importing computer equipment and machinery, manufactures and semi-finished products.

After 23 months of war, 7 rounds of mutual tariff aggression, more than 15,000 products taxed, $600 billion in tariffs and two periods of truce (more information), the two economies entered into a first agreement. Two days before the entry into force of the tariffs published in August 2019 (10% on 556 Chinese products, and 10% and 5% on 3,361 US products), the start of negotiations was announced on 13 December 2019 (read more). On a seasonal basis, similar to the December 2018 truce, it was agreed not to implement new tariff measures, although none of those imposed were reduced.

The central objective of the imposition of tariffs is to restrict imports from the country to which it applies. China, on the one hand, reduced the share of US imports to the point that it displaced the US from second place, as the main importing partner, to fifth place. On the other hand, the United States could not achieve the same thing. Its imports from China remained stable, and it is still the main importing partner of the USA. (See graphic).

With the trade war, the US did reduce its deficit with China by -7%, but from a contraction in its exports by -17%, and in its imports by -10%. With this, it reinforced its inability to promote economic growth, which continued to decline from 2.9 to 2.3% between 2018 and 2019. China, for its part, continues to have a surplus balance with the United States, participates in more than 13% of world exports and will still grow by more than 6% in 2019.

On January 15, the signing of the First Phase of an "Economic and Commercial Agreement between the United States of America and the People's Republic of China" was announced. The unbalanced diplomatic representation, between President Donald Trump and Vice Prime Minister Liu He, for the signing of the agreement, was presented as an American victory, which imposed new conditions on China. This agreement defined new conditions on: intellectual property; technology transfer; agriculture; financial services; monetary policy; trade expansion; and trade dispute resolution. The evidence shows that the US is losing the war, without meaning that China is winning it.

Very specifically, through this agreement the US seeks that China "end its practice of pressuring foreign companies to transfer its technology"; that it "remove trade and investment barriers for US financial service providers"; that it "not use monetary practices to compete unfairly with US exporters"; and most importantly, that it import "US goods and services over the next two years in an amount of no less than $200 billion". Again, the agreement does not imply the withdrawal of tariffs imposed since 2018, but only stops the new impositions.

On February 6, China announced some measures that are in line with both the first phase agreements and the recent health crisis caused by the coronavirus outbreak. Cuts were announced at tariffs of 10 to 5%, and 5 to 2.5% in imports from the United States, which correspond to the tariffs applied at the beginning of September 2019, on 1,717 products. It should be noted that this list was focused on 39% live animals and animal products, and 24% products from the chemical industry. This measure implemented by China is more focused on solving the meat shortage caused by the swine fever in the second quarter of 2019 and the growing need for medicines; rather than by U.S. commercial demands.

Additionally, the Agreement included a chapter on Dispute Resolution. This mechanism ignores the multilateral structure of the World Trade Organization (WTO) and is bilateral. With this agreement and the new North American Free Trade Agreement, the United States advances in the construction of a new international commercial order on the law of the strongest. The best example is the modification of the WTO list of developing and least developed countries, which enjoyed trade preferences, which was changed on 10 February last, when countries were unilaterally eliminated.

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Crisis económica

El Banco Mundial prevé que América Latina crezca un 2% este año

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El crecimiento de la economía global está siendo más robusto de lo esperado. La expansión fue del 3% el pasado año y el Banco Mundial proyecta que se mantendrá en el 3,1% el que acaba de arrancar. Es un repunte que califica de “notable” cuando se compara con el 2,4% de 2016. La tendencia se acelera para América Latina. Los países de la región se alejan más de la recesión y duplicarán el ritmo de crecimiento al 2% en 2018, frente al 0,9% en 2017.

La nueva estimación para la economía global se mejora en dos décimas frente a lo adelantado en junio para 2018. La lectura de 2017 es tres décimas más alta. Este mejor comportamiento se explica por un impulso de la inversión en los países avanzados y a una aceleración de la actividad en los emergentes, que crecerá al 4,5% este año. El Fondo Monetario Internacional publicará sus proyecciones el 22 de enero en la cumbre de Davos (Suiza).

La recuperación, como señala el Banco Mundial, está mejor repartida. “El crecimiento mejoró en más de la mitad de las economías en 2017”, señala el informe. Y aunque las curvas muestran que la tendencia seguirá en 2018, anticipa que se moderará de forma gradual a lo largo de 2019 porque la inversión en los países avanzados se relajará y por una desaceleración de la demanda en China.

Otro de los factores que apoya el crecimiento en las economías emergentes y en desarrollo es que poco a poco se disipa el efecto lastre del mercado de las materias primas. La previsión es que el precio de la energía y de los metales industriales se estabilice a los niveles actuales, tras las ganancias registradas desde el pasado verano. También pasará algo similar con los productos agrícolas.

Brasil se beneficia especialmente de esta coyuntura. De contraerse un 3,5% en 2015 y 2016 pasó a crecer un 1% en 2017 y lo hará un 2% en 2018 para asentarse entorno al 2,4% los dos años sucesivos. Es un ritmo que está en línea con la expansión para el conjunto de América Latina. De una recesión del 1,5% en 2015 pasará a crecer más de un 2,6% entre 2019 y 2020, tras hacerlo un 2% este 2018.

Más consumo

La proyección para la región es muy parecida a la que se anticipó hace seis meses, con ajustes de una décima al alza para 2017 y a la baja para 2018. El consumo privado es el principal sustento a la actividad económica. El crecimiento habría sido mayor si la inversión no hubiera sido tan modesta. Venezuela es el punto negro, con una contracción en el crecimiento del 4,2% para este año tras un 16,1% en 2017.

México, la segunda mayor economía de América Latina, rindió algo mejor de lo esperado en 2017. El crecimiento se espera repunte al 2,1% este año y de ahí suba al 2,9% en 2019. El Banco Mundial cita, sin embargo, la incertidumbre que genera la negociación del acuerdo de libre cambio con Estados Unidos y Canadá. También cita como riesgo las elecciones presidenciales que se celebrarán en julio.

Argentina, al igual que Brasil, se recupera de la recesión. Crecerá un 3% este año y el que viene, tres décimas por encima al crecimiento en 2017 y lejos de la contracción del 2,2% en 2015. En su caso se beneficiará de las inversiones en el ámbito de las infraestructuras. El proceso de recuperación de Perú tras las inundaciones le permitirá crecer un 3,8% este año. Columbia lo hará un 2,9% y Chile un 2,4%.

Recursos internos

Pese a este panorama más favorable y equilibrado, persisten riesgos. El Banco Mundial cita la posibilidad de que se materialice algún tipo de estrés financiero por el alza de tipos de interés y los altos niveles de endeudamiento. “La condiciones de financiación siguen siendo benignas pero se restringirán conforme las políticas monetarias se vayan normalizando en la grande economías avanzadas”, advierte.

En el caso concreto de América Latina, señala que el impulso externo al crecimiento será menor porque la expansión en Estados Unidos y en China tenderá a moderases en 2019 y 2020. “La región necesitará depender más de los recursos internos que en el pasado”, anticipa el Banco Mundial. También indica que el potencial seguirá siendo inferior a la media histórica previa a la crisis, por la baja productividad.

El incremento del proteccionismo, junto a las tensiones geopolíticas, también jugará en contra a corto plazo. “La escalada de las restricciones puede hacer descarrilar la recuperación y deshacer todo lo que se ganó con los pasados esfuerzos liberalizadores”, alerta el informe. También se cita la disrupción que pueden crear los desastres naturales, en especial en los países donde el margen fiscal es más reducido.

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Crisis económica

El Banco Mundial recorta drásticamente la previsión de crecimiento para América Latina

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El Banco Mundial habla de “cisnes negros” al analizar la coyuntura global, un término que se popularizó cuando se gestaba el derrumbe del sistema financiero hace una década. Hace seis meses, el organismo con sede en Washington esperaba que América Latina acelerara el crecimiento este año. Ahora lo deja en un anémico 0,6%, medio punto más bajo que en 2017 y lejos del 1,7% que proyectó en junio. Y advierte, también, de los riesgos por el coste de la deuda y la reversión en los flujos de capitales.

“Lamentablemente”, comienza el informe, “la región ha tropezado con algunos obstáculos”. Cita el giro inesperado en Argentina –que se contraerá un 2,5% este año–, la desaceleración en Brasil –que crecerá solo un 1,2% en año electoral–, el deterioro de la ya de por sí crítica situación en Venezuela –que se contraerá un 18,5%– y un empeoramiento generalizado del entorno externo, con una consecuente disminución de las ventas al exterior. Esta suma de factores provocará, en definitiva, que el crecimiento de la región sea finalmente más bajo de lo pronosticado este 2018.

La nueva proyección contrasta con la afirmación, la pasada primavera, de que la región había retomado “finalmente” la senda de un crecimiento cada vez mayor, tras seis años marcados por los retrocesos. La situación para el conjunto de Sudamérica es incluso peor, porque las economías del subcontinente se contraerán una décima y arrastrarán a la baja al conjunto latinoamericano. Si se excluye el ya habitual efecto lastre de Venezuela, crecerían un 1,2%.

La solidez de la economía estadounidense ejerce, por el contrario, de sustento. Especialmente en Centroamérica y, sobre todo, en México, un país muy interconectado con la primera potencia mundial y que se expandirá a un ritmo estable del 2,3%. Los técnicos, sin embargo, siguen viendo la cifra mexicana “por debajo de su potencial”. También es un factor positivo para la región China y la recuperación del precio de las materias primas, lo que explica que Colombia crezca un 2,7%. Perú lo hará un 3,9% y Chile un 4%.

La previsión del Banco Mundial es que el crecimiento repunte tras este bache a una tasa del 1,6% en 2019. Pero esta estimación dependerá de cómo vayan tomando cuerpo “los nubarrones que se ven en el horizonte”. El mayor es la normalización de la política monetaria en EEUU, que ya está provocando una “drástica reversión” en los flujos de capital que entran en la región.

La subida del precio del dinero hace que las inversiones a tipo fijo en EEUU sean mucho más atractivas y se añade a la fortaleza del dólar –la moneda de referencia en lo cruces de toda la región latinoamericana–, que está obligando a algunos bancos centrales de países emergentes a salir a “defender” sus divisas y elevando aún más los costes de la deuda. Es decir, el temor es que la moderación en 2018 sea algo más que una piedra en el camino. “La situación general es preocupante”, admite el informe, que en este punto lanza la voz de alarma por el impacto de las guerras comerciales.

Precariedad fiscal

“El entorno internacional”, insiste el Banco Mundial, “es poco auspicioso”. Carlos Végh, economista a cargo de América Latina y Caribe, reitera que esta fragilidad en la recuperación vuelve a poner en evidencia la necesidad de que se adopten reformas para garantizar que la región puede elevar los muros de contención para resistir choques externos y poder gestionar sus propios riesgos.

El informe hace referencia a la “precaria” situación fiscal de la región; 29 de los 32 países tendrán un balance fiscal negativo. La deuda pública, añade, superó el 60% del producto interior bruto y hay seis países donde está por encima del 80%. Esta situación no hace más que elevar la prima de riesgo. “El acceso y el costo del crédito internacional se complica justo cuando es más necesario”, lamenta, al tiempo que recuerda que esto limita el margen de acción fiscal.

“La región no tiene más remedio que aumentar el ritmo del ajuste fiscal para garantizar las sostenibilidad de la deuda en el corto y mediano plazo”, insiste el equipo de Végh, “especialmente si la entrada neta de capital sigue cayendo”. En este sentido, concluye diciendo que es importante entender la naturaleza de los riesgos para predecir sus efectos y definir una respuesta que los mitigue.

América Latina, por tanto, es una región particularmente expuesta a los riesgos. “Teniendo en cuenta la incertidumbre existente”, opina Jorge Familiar, vicepresidente del Banco Mundial para la región, “es más importante que nunca fortalecerse para afrontar el futuro con mayores garantías”. Eso permitirá también recuperarse más rápido tras el cisne negro. "No se podrá gastar más pero sí habrá que hacerlo mejor", concluye, "para proteger a los vulnerables e incrementar el crecimiento".

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Crisis económica

El Banco de España en la crisis

El pasado 4 de febrero, EL PAÍS publicó un editorial titulado “El prestigio del Banco” en el que, refiriéndose a las “controversias y acusaciones cruzadas” sobre el papel del Banco de España en la crisis bancaria que se desarrolla a partir de 2008, señalaba que hasta ahora “no ha existido una explicación convincente” de su papel en la supervisión y que, puesto “que es imperativo mantener la credibilidad de la institución, no parece una buena idea que permanezca en silencio o no haga las aclaraciones necesarias”.

En los límites de este artículo no puedo intentar dar una respuesta suficiente, ni siquiera resumida a esas y otras reflexiones del editorial. Pero sí puedo señalar cuáles deben ser, en mi opinión, las líneas fundamentales de esa explicación de conjunto que se echa en falta.

El origen de la crisis

No se puede entender nuestra crisis bancaria sin referencia a la burbuja crediticia e inmobiliaria que precede a la crisis, que fue, obviamente, una de sus causas, aunque no la única.

El crédito a hogares y empresas había pasado de representar el 81% del PIB a finales de 1999 a suponer el 166% al cierre de 2008. Algunas partidas crediticias, como la hipotecaria o la destinada a la promoción inmobiliaria aumentaron su peso durante ese periodo desde el 35% del PIB, en el primer caso, hasta el 95%; y desde el 4% hasta el 28%, en el caso del crédito a promotor.

La crisis internacional tuvo un impacto muy significativo en la economía española. La práctica desaparición de algunos de los principales mercados de capitales mayoristas a lo largo de 2007 y 2008, como el interbancario o el de titulizaciones, dificultó la normal financiación de las entidades de crédito españolas, que, en aquellos momentos, presentaban cuantiosas necesidades de financiación exterior. La traslación de estas tensiones a la economía real no se hizo esperar y, a lo largo de 2009, el PIB y el empleo retrocedieron un 3,6% y un 6,1%, con gran impacto negativo en las entidades de crédito, que comenzaron a sufrir pérdidas en un entorno de desplome de los precios inmobiliarios y fuerte aumento del desempleo.

La estabilización que parecía lograda en 2010 se interrumpió en 2011. Todas las instituciones, nacionales e internacionales, incurrieron en grandes errores de previsión, también el Banco de España. Esto, unido a la crisis en los mercados de deuda pública en la zona euro, que llegó a poner en cuestión la supervivencia de la moneda común, llevó a un intenso deterioro de nuestras entidades de crédito, especialmente del sector de cajas. Hay un dato que es un buen indicador del grave colapso de financiación que sufrió nuestra economía en 2012: en agosto de 2012 las entidades de crédito españolas llegaron a tener una deuda con el Eurosistema de casi 412.000 millones de euros, lo que equivalía a más del 34% de la liquidez inyectada por el Eurosistema a los bancos del conjunto del área euro. El Eurosistema se había convertido en el principal y, en algunos momentos, casi único proveedor de liquidez de nuestra banca.

Cómo se enfrentó la crisis

La estrategia adoptada para hacer frente a la crisis buscaba evitar la quiebra en cadena de un buen número de instituciones financieras. Esa estrategia perseguía, utilizando recursos privados y públicos y cambios legales e institucionales, evitar la contaminación de todo el sector bancario español, haciendo posible su posterior reestructuración, eliminando el riesgo de que se produjera una crisis de confianza, tanto en los mercados como entre los depositantes.

Otra opción posible, la liquidación mediante concurso de acreedores de las entidades con problemas, habría tenido un efecto demoledor sobre la estabilidad del sistema financiero y habría supuesto la asunción de gran parte de las pérdidas por los depositantes, o por el contribuyente, en la medida en que el Estado hubiera cubierto esos depósitos, pues el importe que hubiera podido cubrir el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) en aquellos momentos habría quedado muy por debajo del total a compensar. Dejando aparte el caso de Lehman, que era un banco de inversión, en ningún país de los que se han enfrentado en los últimos años a una crisis bancaria se ha optado por dejar caer a los bancos que no pudieran hacer frente a la situación por sí solos.

En la estrategia adoptada primaron las soluciones privadas, mediante el saneamiento del balance de las entidades con sus propios recursos, a través de operaciones corporativas, acudiendo al propio sector a través del FGD y, solo en última instancia, mediante la inyección de fondos públicos —incluida la ayuda europea asociada al programa de asistencia financiera firmado en 2012—. No hay que olvidar que entre 2008 y 2013 las entidades de crédito españolas realizaron saneamientos por un total cercano a los 270.000 millones de euros, asumidos en su mayor parte por los accionistas de esas entidades. Hay que subrayar que los depósitos de clientes no sufrieron pérdida alguna.

También hay que recordar que, en nuestro caso, no se consideró una solución a la inglesa, a la alemana o a la holandesa, consistente en la inmediata nacionalización de las entidades en crisis, incluso entidades de gran tamaño. Aun así, el coste de la crisis en términos de recursos públicos, del que el Banco de España viene informando con detalle desde 2013, ha sido elevado, si bien, en términos de PIB se sitúa cerca del registrado en otros países de la zona euro.

El Banco de España 2008-2012

No tengo ninguna razón para pensar que el Banco de España no actuase en función del interés general y respetando la normativa vigente en cada momento. Pero esto no quiere decir, naturalmente, que acertase siempre, que adoptase siempre las decisiones óptimas, bien por insuficiencias propias, bien por restricciones políticas e institucionales —severas en el sector de cajas de ahorro—, bien por deficiencias de información en casos que después, cuando han podido ser estudiados con mejor información, han tenido derivaciones, judiciales o de otro orden. Pero creo que es obligado distinguir entre insuficiencias o, incluso, errores, y actuaciones susceptibles de reproche legal.

En relación con la valoración que merece la transparencia del Banco de España como supervisor, una cuestión que no puede ser ignorada es el deber legal de confidencialidad —idéntico o muy parecido al que existe en el Mecanismo Único de Supervisión del BCE y el resto de los supervisores nacionales—, que no le permite ofrecer una explicación pública de sus actuaciones cuando afectan a entidades concretas.

La actuación del Banco de España en la crisis está recogida y explicada con mucho detalle en la amplísima documentación que se ha ido publicando desde 2008 y que puede consultarse en Internet, en el portal del Banco de España sobre Reestructuración Financiera. Pero, superada la crisis y estabilizada la nueva supervisión europea y, en el marco de esta, la supervisión del Banco de España, es, seguramente, el momento de ofrecer una visión de conjunto de cuál fue la actuación del Banco durante el periodo 2008-2012.

 

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El Brexit y el declive británico

Desde el 23 de junio de 2016, a través de un referéndum con menos del 2% de diferencia, la población del Reino Unido (GB) decidió que saldría de la Unión Europea (UE). Después de más de cuatro años de negociaciones, dos Primeros Ministros, tres planes de salida y repetidas prórrogas, el 1° de enero de 2021 terminó el periodo de transición del Brexit. La salida de GB de la Unión Europa implica cambios en la estructura de la economía mundial. A la luz de sus primeros meses, presentaremos cuáles son las condiciones económicas de GB frente al mercado internacional, en qué posición queda frente a la Unión Europea y qué implicaciones ha comenzado a tener en la economía mundial.

En términos formales, GB dejó de ser miembro desde el 1° de febrero de 2020. Desde entonces, el Brexit entró en un periodo de transición, sobre el cual GB continuó bajo las normas de la UE, pero perdió voz y voto. Se acordó un plazo hasta el 31 de diciembre de 2020 para resolver las últimas medidas de la salida. A partir del 1° de enero de 2021, en plena crisis sanitaria del COVID-19, GB dejó también de regirse por las leyes de la UE. Al cierre del 2020, su producto interno bruto (PIB) fue, de acuerdo con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la quinta economía más grande (la novena si se considera la paridad del poder adquisitivo de la libra). Fue, en cambio, uno de los más afectados por la crisis inducida por la COVID19, con una contracción de -10% de su PIB, la mayor entre los países del G7.

Las negociaciones del Brexit consiguieron de último momento, una semana antes de su aplicación, un acuerdo de libre comercio en mercancías. Para GB fue muy importante, pues su mercado externo concentra el 54% de sus exportaciones en países europeos, 24% en asiáticos y 15% en Estados Unidos. Una proporción similar se presenta en los orígenes de sus importaciones: 62% proviene de Europa; 20% Asia; y 12% Estados Unidos. Con América Latina tiene una participación de 1.73% de sus exportaciones y 1.41% de sus importaciones. El acuerdo determinó, sin embargo, que se mantendrá el libre comercio bajo ciertas condiciones. Se definió un contenido de origen de mínimo 50% para estar libre de arancel, lo cual condiciona las opciones de diversificación de su mercado. Por otra parte, su salida de la UE implicó la reinstalación de aduanas que, aunque aún no operan con listados de aranceles, funcionan como puntos de revisión del contenido del comercio exterior entre las dos partes, lo que ha vuelto más lento el tráfico de mercancías.

Durante las negociaciones del Brexit, de manera paralela firmó 59 acuerdos comerciales con países no europeos, entre los que destaca el acuerdo GB-Japón. En América Latina también reafirmó los socios que tenía vía la UE. (ver cuadro). Un elemento fundamental en el acuerdo de libre comercio del Brexit es que no incorporó los servicios financieros. Se sabe que la actividad financiera de GB, concentrada sobre todo en la City de Londres, representa más del 6.9% del PIB; y si se considera a la banca británica colocada en las Islas del Caribe, la proporción es incluso mayor. Londres ha sido el mercado financiero más grande del mundo desde el siglo XVI.

Desde que se votó por el Brexit, más de 300 firmas han comenzado a situarse fuera de GB, especialmente en Europa. Los principales destinos han sido Dublín, para los mercados de activos financieros; Frankfurt y París, para el sistema bancario; y Ámsterdam, para las operaciones cambiarias. Con todo esto, GB podrá verse muy afectada. Sin embargo, esta transformación en el sistema financiero no sólo redefine las posiciones intra-europeos; incluso más importante, contribuye al desplazamiento financiero hacia los mercados asiáticos.

De acuerdo al Índice Global de Centros Financieros (GFCI), que mide la competitividad de los mercados financieros a partir del entorno empresarial, el desarrollo del sector financiero, la infraestructura de mercado, el capital humano y otros factores generales, la centralidad de los mercados asiáticos es cada vez mayor. Para 2016, el mercado financiero más importante todavía era Londres, seguido por Nueva York y con mucha diferencia Singapur y Hong Kong. A finales de 2020, ya bajo el Brexit, la City de Londres ha pasado al segundo lugar, Nueva York lidera y la brecha con los mercados financieros asiáticos se ha acotado.

En sus primeros meses, las consecuencias del Brexit han comenzado a sentirse tanto interna como externamente. Es evidente que, aunque ya se consumó su salida, las negociaciones entre GB y la UE tendrán que continuar por mucho tiempo. Crecientes son los problemas políticos internos, las tensiones en las fronteras de Irlanda, la posición europeísta de Escocia, las dificultades de la movilidad entre UE y la isla.

El proyecto de reindustrialización e independencia económica británica de Europa, vía Brexit, ha encontrado significativos límites en la altísima financiarización de su economía, la profunda dependencia comercial y la falta de competitividad productiva. GB y la UE enfrentan, en común, un largo periodo de bajo crecimiento y pérdida de liderazgo, el resultado de las subsecuentes negociaciones entre ambos será fundamental para definir el nuevo papel de Europa en la economía mundial.

 

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El COVID-19 y el mundo del trabajo. Tercera edición

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El Observatorio de la Organización Internacional del Trabajo estima que la crisis del COVID-19 ha afectado al 81% de los trabajadores formales y al 68% a informales. Igualmente se estima que las horas de trabajo mundial disminuyeron en 4.5%, lo que equivale a 130 millones de empleos. Todo esto debido a los cierres de actividades.

Los cierres de los lugares de trabajo tienen repercusiones graves e inmediatas sobre las actividades corrientes de las empresas y de los trabajadores por cuenta propia, exponiéndolas a un riesgo elevado de insolvencia

La pandemia COVID-19 sigue afectando gravemente a la salud pública y causando perturbaciones sin precedentes en las economías y los mercados de trabajo. Sin embargo, las medidas de gobierno evolucionan para hacerle frente.

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Crisis económica

El Dólar: pre y post Trump

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El Dólar: pre y post Trump

Los mercados cambiarios en América Latina han sufrido de una gran volatilidad en los últimos meses. Se han hecho grandes apuestas contrarias en los mercados de divisas de las monedas latinoamericanas, principalmente debido a las declaraciones del candidato, y luego del presidente de EEUU, sobre el libre comercio y la política 

Desde las elecciones del 8 de noviembre de 2016, todas las monedas latinas perdieron frente al dólar, salvo el sol y el peso colombiano. Las promesas (o amenazas) de campaña contra América Latina, llevó a que los mercados financieros descontarán los peores escenarios económicos. Estas son una posible guerra comercial debido al proteccionismo declarado, al impuesto a las remesas, la deportación masiva de migrantes ilegales, y el bloqueo del movimiento de personas. De otro lado, para Latinoamérica el aumento temporal de los precios del cobre, petróleo, oro y plata fue un gran soporte para las divisas, especialmente de los países mineros y petroleros de la región, así como el acuerdo de paz de 

Del 10 de octubre de 2016 hasta la toma de protesta el 20 de enero de 2017, la moneda más afectada de América Latina fue el peso mexicano, que presentó una depreciación del 13.58%, tal vez debido a que México ha sido el país más hostilizado. El muro fronterizo, la deportación masiva  y la  renegociación del TLCAN o su disolución amenazan el tipo de cambio. Existe superávit comercial mexicano. Sin embargo, este superávit tiene complicaciones, por ejemplo de “producción compartida”: con 60% del total de bienes producidos entre ambos países fabricados en México y 40% en el vecino del norte,i Situación que no se desanudará ni con aranceles ni con 

La segunda moneda más afectada de la región fue el peso argentino por la certeza que la apuesta del gobierno de Macri sobre EEUU está perdida. Los bonos de deuda argentinos son los de mayor rentabilidad en dólares y son cotizados en Nueva York con gran demanda. Es poco probable que Macri cumpla con las expectativas que tenía de mejorar las relaciones entre ambos países, y por el contrario, es más probable que su bajo crecimiento económico sea aún más bajo si persiste en esa 

Argentina es el primer productor de limones del mundo, aunque no los exportaba a EEUU, por un juicio entablado, desde hace ya 15 años. Sin embargo, para en marzo y abril de 2017 se tenía contemplado recomenzar las exportaciones del cítrico, pero el 24 de enero el Departamento de Agricultura de Estados Unidos anunció el bloqueo a la llegada de cítricos argentinos, por orden de la Casa 

Luego de la toma de protesta, el 20 de enero del 2017, todas las monedas latinas, a excepción del peso argentino, se han apreciado de manera significativa. El más apreciado fue el peso mexicano, en un rebote especulativo, con 5.09%, seguido del real brasileño y peso chileno, que se apreciaron 1.90% y 1.98% respectivamente. El peso chileno y el sol peruano, en general, se han visto  fortalecidos, impulsados en gran medida por los precios de los minerales a finales del 2016.

El real brasileño se ha mostrado bastante estable y se ha apreciado 1.9% desde la toma de protesta de Trump. Entre las causas de este comportamiento se encuentran: la firmeza del Banco Central  brasileño, que contrarresta la incertidumbre provocada por los escándalos políticos; que el real viene de una profunda depreciación desde el 2015; y los posibles beneficios para la producción de soja del mercado del pacifico, especialmente con la renuncia de EEUU al TPP, lo cual no le permitirá competir con las mismos aranceles que el resto de los 

La renuncia del TPP por parte de EEUU no afectó, sin embargo, a las monedas latinas, posiblemente por la inmediata reacción de China de incorporar a dichos países (México, Chile y Perú) a la Asociación Económica Regional (RCEP) y al  Área de Libre Comercio de Asia-Pacífico (FTAAP).

Los riesgos están presentes ante lo que aparentemente es la definición de nuevas reglas del juego internacionales de manera unilateral de parte de EEUU en su redespliegue económico; análogo a los gobiernos republicanos de Coolidge y Hoover de los locos años 20 de gran prosperidad. Gobiernos que, cabe recordar, terminaron abruptamente en la gran depresión de 1929.

 

 

[i]BBC MUNDO, 2017. Tras las críticas de Trump, ¿cómo es realmente la balanza comercial entre México y EE.UU.?, Washington: BBC.

Cué, C., 2017."Primer efecto Trump en Argentina: paralizada la exportación de limones", 23 de enero, 2017, Diario El País. Madrid

Moreno, J. M., 2017. "¿Qué explica el rally del peso con Trump Presidente?", Diario El Excelsior, Suplemento Dinero Llama Dinero, . Publicado el Lunes, 30 Enero 2017, Ciudad de México

Saavedra, M., 2017. "INEI: minería creció 16,29% pero pesca cayó 10,09% en el 2016", miércoles 01 de febrero del 2017, diario El Comercio. Lima:

NOTIMEX, 2017. "Brasil quiere aprovechar el proteccionismo de Trump para exportar soja y carne a más mercados",  1/02/2017 El Economista, Madrid.

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El FMI alerta de que la economía global crecerá este año a su ritmo más lento desde la Gran Recesión

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Hace casi dos años ya que Donald Trump dijo ante la élite financiera y empresarial del mundo que iba a colocar a América primero. “Estados Unidos nunca volverá a hacer la vista gorda ante las prácticas económicas injustas”, aseguró en el Foro de Davos en enero de 2018. Han sido dos años regados de retórica nacionalista y de anuncios de medidas proteccionistas a los que el país afectado respondía con contramedidas. Desde entonces, la economía del mundo se ha ido frenando de forma paulatina. El Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de anunciar que esta ralentización continuará este año con un crecimiento de la economía global del 3%, el más bajo desde la crisis de la década pasada, también conocida como Gran Recesión.

No ha tenido buena suerte Kristalina Georgieva en su puesta de largo al frente del FMI. La búlgara que antes ocupó altos cargos en la Comisión Europea y el Banco Mundial se estrena como directora gerente del Fondo con un jarro de agua fría sobre la economía mundial. “El crecimiento apagado es consecuencia de las crecientes barreras al comercio, de la elevada incertidumbre que rodea al comercio y a la geopolítica; de tensiones en varias economías emergentes y de factores estructurales como el bajo crecimiento de la productividad y el rápido envejecimiento de los países desarrollados”, asegura el prólogo del informe presentado el martes en Washington.

Esta enumeración sonará conocida a los que sigan los informes económicos de organismos multilaterales y gabinetes de estudios. Hace meses que se repiten de forma casi idéntica. Pese a que parezca repetido, la situación es más preocupante, porque la mera continuación de estos riesgos los convierte cada vez en más reales. Y golpea a todo el mundo. Así, los pronósticos que emite ahora el FMI son más pesimistas que los del pasado mes de julio en prácticamente todos los países y áreas económicas analizadas.

Preocupan especialmente por su anémico crecimiento la eurozona (con países como Alemania e Italia creciendo muy poco o estancados) y Japón (cuyo aumento del PIB se quedará este año y el próximo por debajo del 1%). A España le rebaja también la previsión (2,2% este año y 1,8% el siguiente), pero sigue muy por encima de la media europea. Las perspectivas de crecimiento de la economía española del FMI son superiores a las oficiales del Gobierno porque no recogen la reciente actualización de la serie estadística que ha realizado el INE y que evidenció que la ralentización está siendo más aguda de lo inicialmente estimado.

El EE UU trumpiano tampoco se salva de la quema. El FMI rebaja dos décimas su previsión de crecimiento para 2019 respecto a lo que decía tan solo tres meses atrás, dejándolo en el 2,4% este año y 2,1% el próximo, unas tasas aún respetables pero también a la baja. “Con las incertidumbres que rodean a muchos países y el enfriamEsta enumeración sonará conocida a los que sigan los informes económicos de organismos multilaterales y gabinetes de estudios. Hace meses que se repiten de forma casi idéntica. Pese a que parezca repetido, la situación es más preocupante, porque la mera continuación de estos riesgos los convierte cada vez en más reales. Y golpea a todo el mundo. Así, los pronósticos que emite ahora el FMI son más pesimistas que los del pasado mes de julio en prácticamente todos los países y áreas económicas analizadas.

Preocupan especialmente por su anémico crecimiento la eurozona (con países como Alemania e Italia creciendo muy poco o estancados) y Japón (cuyo aumento del PIB se quedará este año y el próximo por debajo del 1%). A España le rebaja también la previsión (2,2% este año y 1,8% el siguiente), pero sigue muy por encima de la media europea. Las perspectivas de crecimiento de la economía española del FMI son superiores a las oficiales del Gobierno porque no recogen la reciente actualización de la serie estadística que ha realizado el INE y que evidenció que la ralentización está siendo más aguda de lo inicialmente estimado.

El EE UU trumpiano tampoco se salva de la quema. El FMI rebaja dos décimas su previsión de crecimiento para 2019 respecto a lo que decía tan solo tres meses atrás, dejándolo en el 2,4% este año y 2,1% el próximo, unas tasas aún respetables pero también a la baja. “Con las incertidumbres que rodean a muchos países y el enfriamiento previsto en China y EE UU y los importantes riesgos a la baja, es muy posible que se materialice un ritmo de crecimiento global aún más apagado”, añade el documento.

Lo peor de las previsiones que acaba de publicar el FMI no son las cifras en sí, que son malas pero no catastróficas. Sino la idea de que si no se hace nada para evitarlo, podrán ir a peor. “Para prevenir un resultado así, habría que enfocar las políticas decididamente a evitar tensiones comerciales y a reforzar la cooperación multilateral”, añade el documento. Así, estas previsiones podrían reducirse aún más si la escalada proteccionista de EE UU con China y Europa continúa, o si el Brexit acaba resolviéndose sin acuerdo. Por eso, los analistas reunidos en el FMI ven con buenos ojos los avances en ambos aspectos que se produjeron durante el pasado fin de semana. Pero nadie aquí quiere echar las campanas al vuelo, conscientes de que lo que un día son avances al día siguiente pueden convertirse en retrocesos.

Una de las preocupaciones del FMI es el retroceso que en muchos países del mundo ha sufrido el sector industrial este año. Este bajón se explica por tres factores que se refuerzan los unos a los otros: una importante caída en la producción y venta de vehículos, una baja confianza empresarial por culpa de las tensiones comerciales y tecnológicas entre EE UU y China; y un retroceso en la demanda china, que se explica por los esfuerzos de las autoridades por reducir la deuda e impulsada por la escalada arancelaria.

Cuando habló en Davos, Trump justificaba que su política de poner a su país primero era algo que el resto de líderes del mundo deberían copiar. “América primero no significa América solo. Cuando la economía de América crece, crece todo el mundo”, decía en 2018. La perspectiva que nos da el tiempo demuestra que esto no es así. Porque las trabas comerciales son la primera causa del enfriamiento de la economía global.

iento previsto en China y EE UU y los importantes riesgos a la baja, es muy posible que se materialice un ritmo de crecimiento global aún más apagado”, añade el documento.

Lo peor de las previsiones que acaba de publicar el FMI no son las cifras en sí, que son malas pero no catastróficas. Sino la idea de que si no se hace nada para evitarlo, podrán ir a peor. “Para prevenir un resultado así, habría que enfocar las políticas decididamente a evitar tensiones comerciales y a reforzar la cooperación multilateral”, añade el documento. Así, estas previsiones podrían reducirse aún más si la escalada proteccionista de EE UU con China y Europa continúa, o si el Brexit acaba resolviéndose sin acuerdo. Por eso, los analistas reunidos en el FMI ven con buenos ojos los avances en ambos aspectos que se produjeron durante el pasado fin de semana. Pero nadie aquí quiere echar las campanas al vuelo, conscientes de que lo que un día son avances al día siguiente pueden convertirse en retrocesos.

Una de las preocupaciones del FMI es el retroceso que en muchos países del mundo ha sufrido el sector industrial este año. Este bajón se explica por tres factores que se refuerzan los unos a los otros: una importante caída en la producción y venta de vehículos, una baja confianza empresarial por culpa de las tensiones comerciales y tecnológicas entre EE UU y China; y un retroceso en la demanda china, que se explica por los esfuerzos de las autoridades por reducir la deuda e impulsada por la escalada arancelaria.

Cuando habló en Davos, Trump justificaba que su política de poner a su país primero era algo que el resto de líderes del mundo deberían copiar. “América primero no significa América solo. Cuando la economía de América crece, crece todo el mundo”, decía en 2018. La perspectiva que nos da el tiempo demuestra que esto no es así. Porque las trabas comerciales son la primera causa del enfriamiento de la economía global.

Tema de investigación: 
Crisis económica

El FMI rebaja las perspectivas de crecimiento mundial por la guerra comercial

La guerra comercial entre Estados Unidos y China está afectando más de lo previsto al gigante asiático y a la economía global. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha rebajado sus perspectivas de crecimiento para este año en dos décimas, hasta el 3,5%, y podría ser más si la salida de Reino Unido de la Unión Europea se produce sin acuerdo o si el enfrentamiento entre las dos potencias se recrudece. Así las cosas, el Fondo espera que los bancos centrales tomen nota del nuevo escenario de riesgos y suavicen la normalización de sus políticas monetarias y, con ello, las subidas de los tipos de interés.

La expansión continúa pero se debilita más rápido de lo previsto hace apenas unos meses, según ha admitido este lunes en Davos la nueva economista jefe del FMI, Gita Gopinath. Y aunque la rebaja es modesta (dos décimas este año y otra décima para 2020, hasta el 3,6%), el creciente vínculo entre las tensiones comerciales y los mercados financieros en un escenario de endurecimiento de las condiciones financieras eleva considerablemente los riesgos a la baja para este ejercicio.

En el caso de España, las previsiones se mantienen sin variación en el 2,2% para este año y el 1,9%, para 2020.

“El comercio y la inversión se han frenado, la producción industrial fuera de EE UU se ha desacelerado y los índices de los gestores de compras se han debilitado, lo que apunta a un escenario general más débil. Aunque eso no significa que estemos en puertas de una crisis económica es importante tomar nota de los muchos riesgos al alza que existen”, ha recalcado Gopinath. Entre esos riesgos, el Fondo pone el acento en la posibilidad de que Reino Unido salga de la Unión Europea sin acuerdo --"una amenaza que ya se refleja en la caída de la inversión", ha apuntado Gopinath-- y una desaceleración mayor de lo previsto en China.

En 2018, las autoridades chinas emprendieron reformas para regular la actividad bancaria en la sombra y la inversión no presupuestaria de los gobiernos locales que frenó su ritmo de crecimiento, pero la escalada comercial con EE UU ha obligado a Pekín a revertir esas políticas y aprobar medidas de estímulo para suavizar el frenazo. "Las rebajas de los tipos de interés y la relajación de las reservas de capital a los bancos han amortiguado el frenado", ha explicado Gopinath. Pero puede no ser suficiente. “Su desaceleración podría ser más rápida de lo previsto si continúan las tensiones comerciales y eso podría provocar ventas abruptas en los mercados financieros y de materias primas, como ya sucedió en 2015-2016”, advierte la economista jefe.

A esas amenazas se suma la incertidumbre que rodea la agenda política de los nuevos Gobiernos, como sucede en Brasil o en México, el cierre de la Administración en EE UU y las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo y el Sudeste Asiático, que pueden verse afectadas por la caída del precio de las materias primas. El Fondo prevé que el barril de petróleo se sitúe entre los 55 y los 60 dólares este año.

Entre los países desarrollados, es la zona euro la que sufre una revisión mayor de sus perspectivas de crecimiento (tres décimas menos de lo previsto en octubre, hasta el 1,6%), debido a las dificultades del sector automotriz en Alemania (cuyo crecimiento cae seis décimas al 1,3%) y las renovadas tenciones financieras y soberanas en Italia, que apenas crecerá un 0,6% este año.

En el caso de los emergentes, son Turquía y México los que apuntalan la rebaja de las previsiones, al pronosticar una recesión mayor de lo previsto en el primero y una caída de la inversión privada, en el segundo. En el caso de México, con un nuevo Gobierno desde el pasado mes de diciembre, el FMI prevé una notable desaceleración (de cuatro décimas este año y medio punto el que viene, al 2,1% y 2,2% respectivamente), debido a la "incertidumbre política, que afecta a la inversión y el sector privado", señala el organismo. Sin embargo para Brasil, cuyo nuevo Ejecutivo tomó posesión el pasado día 1, el Fondo confía en que la recuperación se mantenga, con un crecimiento del 2,5% este año, una décima más de lo previsto, y un 2,2% para 2020, una décima menos. Pero no como consecuencia del programa económico del presidente Jair Bolsonaro, explicaba el subdirector del Departamento de Análisis, Jean Maria Milesi Feretti. "Son factores puramente cíclicos, Brasil acaba de salir de una fuerte recesión y es normal que la economía se recupere", ha asegurado.

Después de años fuera del foco, tras el esencial protagonismo que mantuvieron durante la Gran Recesión, el Fondo lanza una advertencia a los banqueros centrales, que este año están ausentes de Davos. “La política monetaria en las economías desarrolladas debería seguir normalizándose con cuidado. Los principales bancos centrales están al tanto del momento de desaceleración y esperamos que calibren sus próximos pasos en línea con estos acontecimientos”, ha señalado Gopinath. Un argumento que, salvando las distancias, se aproxima a las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump al criticar las subidas de tipos de la Reserva Federal y que recoge el sentimiento del mercado de que no habrá nuevas alzas del precio del dinero en EE UU en la mayor parte de este ejercicio.

En este escenario, el Fondo defiende que es necesaria una mayor cooperación internacional, una política que está perdiendo adeptos a pasos agigantados en la escena internacional. “La principal prioridad política es que los países resuelvan con rapidez y cooperación sus desacuerdos comerciales y la consiguiente incertidumbre política, en lugar de levantar dañinas barreras y desestabilizar una economía global debilitada”, ha apuntado Gopinath.

La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, ha ido más allá al pedir a la comunidad internacional "redoblar sus esfuerzos para resolver los problemas que compartimos, desde la reforma del sistema de comercio mundial, a la lucha contra la corrupción y la evasión fiscal y afrontar la amenaza del cambio climático". Es la apuesta de Lagarde por un "nuevo multilateralismo, que como nuestro informe demuestra este tipo de cooperación es más urgente que nunca". No parece que los accionistas mayoritarios del organismo, con Estados Unidos a la cabeza, estén por la labor.

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Crisis económica

El FMI recorta drásticamente la previsión de crecimiento para América Latina en 2019

La dinámica se ha convertido en casi un ritual: la economía latinoamericana empieza el año con previsiones de crecimiento más o menos robustas y, a medida que avanzan los meses, va perdiendo fuelle. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recortado este martes severamente su pronóstico de crecimiento para América Latina y el Caribe en plena desaceleración global: la región cerrará este año con un avance del 0,6%, muy lejos de lo que cabría esperar para un bloque emergente y de la proyección del propio fondo hace tres meses, cuando auguraba que la expansión rondaría el 1,4%. Una rebaja que el propio Fondo califica de “considerable” y que no ayudará a la consecución de otros objetivos como la reducción de la pobreza o la informalidad, ambos estrechamente vinculados a la evolución positiva de la economía. Para 2020 las noticias son algo mejores, aunque también peores de lo que se esperaba hasta ahora: de cumplirse la proyección, Latinoamérica crecerá un 2,3%, una décima menos de pronosticado en abril.

El FMI va más allá de los fríos números y constata con palabras contundentes la rebaja de su proyección para la región, el bloque donde más cae el crecimiento respecto a las proyecciones de primavera. “En América Latina la actividad se ralentizó notablemente al inicio del año en varias economías”, subrayan los técnicos de su institución al tiempo que hablan de cuestiones “idiosicráticas”. El 0,6% es una cifra débil incluso si se compara con los dos ejercicios anteriores, en los que la mayoría de organismos internacionales y casas de análisis coincidían en tildar de decepcionante: 1,2% y 1% en 2017 y 2018, respectivamente. Y se queda muy atrás respecto al resto de bloques en vías de desarrollo, que este año crecerán de media un 4,1% liderados, como viene siendo una constante, por Asia.

El organismo comandado por Christine Lagarde —que dejará Washington por Fráncfort, para ponerse al frente del Banco Central Europeo (BCE), a finales de octubre— se detiene sobre varios países de la región, pero solo hace análisis individuales de las dos mayores economías latinoamericanas: Brasil y México. En el primer caso, la proyección es un jarro de agua fría sobre los hombros de su presidente, Jair Bolsonaro, que se enfrenta con la primera revisión a la baja desde que está en el poder. La corrección no es menor: la economía brasileña, según los técnicos del Fondo, cerrará este año con un magro crecimiento del 0,8%, frente al 2,1% que pronosticaba en abril, la rebaja más severa de todos los países analizados. Solo el año que viene el gigante latinoamericano podrá presumir de una expansión económica por encima 2%: del 2,4%. El documento del FMI contiene extractos que dolerán, y mucho, en Brasilia: el prestamista de última instancia a escala global achaca la rebaja en sus previsiones a un sentimiento económico “considerablemente debilitado” como “reflejo de la incertidumbre persistente sobre la aprobación de la reforma de pensiones y de otros cambios estructurales”.

Para México -que en poco más de una semana sabrá si entró en recesión en la primera mitad del año, tras cerrar en rojo el periodo entre enero y marzo- el diagnóstico es igualmente negativo, aunque el recorte en el crecimiento para el ejercicio en curso dista mucho del rejonazo brasileño. De acuerdo con las cifras del Fondo, la economía del país norteamericano crecerá este año un exiguo 0,9%, siete décimas menos de lo que la institución auguraba en primavera, y en 2020 lo hará un 1,9%. En ambos casos, la expansión se queda lejos del objetivo fijado por su presidente, Andrés Manuel López Obrador, que ha prometido por activa y por pasiva -tanto en campaña como después de tomar posesión- que la economía crecerá un 4% anual durante su sexenio.

La tercera economía de la región, Argentina -un país rescatado por el propio Fondo Monetario hace justo un año y donde la inflación permanece disparada-, se contrajo en el primer trimestre de 2019, aunque a una tasa menor que la registrada en el mismo periodo del año pasado, lo que lleva al FMI a revisar ligeramente a la baja para el resto del ejercicio aunque sin aportar datos en esta primera lectura. Para 2020, los economistas del Fondo pronostican que la economía argentina “se recuperará” -registrará tasas positivas-, si bien será de forma “modesta”. En Chile, aunque todavía con su economía -acaso la más sólida de América Latina- en tasas positivas, la revisión también es a la baja, en lo que constituye otro escollo para su presidente, Sebastián Piñera, que puso la revitalización económica como eje central de su campaña y que ha visto mermada su popularidad al no poder conseguir este objetivo en los primeros meses de su segundo mandato.

Sin embargo, la peor parte del pastel se la lleva, como siempre, Venezuela, una economía atenazada por un sistema de fijación de precios desnortado -la inflación sigue desbocada, en cifras inimaginables en cualquier otro país del mundo: 10.000.000% interanual- y a la que el propio Fondo Monetario señala siempre como el peor alumno de la clase global: el país sudamericano cerró 2018 con una caída del PIB del 25% y este año su economía sufrirá una dentellada del 35%. “La profunda crisis humanitaria y su implosión económica continúa teniendo un impacto devastador”, cierran los técnicos del FMI sobre un país, el presidido por Nicolás Maduro, que ya forma parte del triste club de los mayores descalabros de la historia económica global.

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Crisis económica

El FMI y la próxima crisis

El Fondo Monetario Internacional  ha emitido una alerta de que  la turbulencia en los mercados financieros y la caída de los precios de los activos está debilitando la economía mundial, la cual ya de por si atraviesa por problemas debido a la “modestia recuperación” de las economías avanzadas. Las expectativas de crecimiento para China son a la baja, lo cual impaxta en los débiles precios del petróleo y en general disminuye las perspectivas de crecimiento de las economías emergentes y las de bajo ingreso.  Antes de la reunión del G-20 en Shanghái, el FMI pidió a los responsables políticos del G-20 llevar a cabo acciones multilaterales audaces para estimular el crecimiento y limitan el riesgo ¿pero el FMI se pueden preparar para la próxima crisis?

La respuesta de los funcionarios del G-20 fue negativa. El secretario del Tesoro de Estados Unidos Jacob J. Ley trató de amortiguar las expectativas de cualquier actividad gubernamental, advirtiendo "No hay que esperar una respuesta a la crisis en un entorno no-crisis". Del mismo modo, el ministro de Finanzas, Wolfgang Schaeuble de Alemania declaró que "El año fiscal, así como las políticas monetarias han alcanzado sus límites”

El FMI, a continuación, puede ser el "primer nivel de respuesta" en caso de una mayor volatilidad y debilitamiento. La aprobación del cambio en el sistema de cuotas permite al FMI, darles una mayor representatividad a los miembros que aumenten sus recursos financieros.  Christine Lagarde, que acaba de ser reelegida para un segundo mandato, ha expresado que la instauración de nuevos programas de crédito, como la Línea de Crédito Flexible (LCF) y la Línea de Liquidez (PLL), ha fortalecido la red de seguridad mundial. Estos programas permiten que el FMI preste rápidamente a países con políticas sólidas. Pero fuera del FMI, Lagarde afirma que la red de seguridad se ha convertido en "fragmentada y asimétrica." Por lo tanto, se propone, "En lugar de confiar en un sistema fragmentado e incompleto de los acuerdos regionales y bilaterales, necesitamos una red internacional funcionamiento de los instrumentos de precaución que funcione para todos. "

Sin embargo, ¿es la falta de provisión de liquidez el principal problema que enfrentan las naciones de mercados emergentes? El Financial Times cita a Lagarde quien  afirma que toda asistencia a los exportadores de petróleo como Azerbaiyán y Nigeria debe venir sin ningún estigma, estos países  son claramente las víctimas de los choques externos,  pero también es importante entender que los choques externos no siempre son transitorios, y pueden continuar durante largos períodos de tiempo.

Hay muchas razones para esperar que persistan los bajos precios de las materias primas.  Si es así, los gobiernos de los países exportadores de materias primas acostumbrados a mayores ingresos pueden verse obligados a llevar abajo sus planes de gasto. Los niveles de deuda que parecían razonables en un conjunto de precios de exportación pueden llegar a ser insostenibles. En estas circunstancias, los países involucrados pueden enfrentarse a preguntas sobre su solvencia.

¿Pero es el FMI el organismo adecuado para hacer frente a la insolvencia? Los préstamos del FMI en tales circunstancias se han vuelto más comunes. Carmen M. Reinhart, de la Escuela Kennedy de Gobierno de Harvard y Christoph Trebesch de la Universidad de Munich mostraron que alrededor del 40% de los programas del FMI en los años 1990 y 2000 se destinó a países en alguna etapa de incumplimiento o reestructuración de la deuda oficial, a pesar de la política oficial del FMI de que no se prestan a los países en mora. Reinhart y Trebesch atribuyen la prevalencia de la continuación de los préstamos (que ha sido denominado "préstamo reincidente"), en parte, a la tolerancia de la continua falta de pago de la deuda del gobierno.

Más recientemente, la credibilidad del FMI sufrió un golpe debido a su implicación con Grecia y los gobiernos europeos que prestaron a ella en 2010. (Véase Paul Blustein para una cuenta de ese período.) Las directrices del FMI 's para la concesión de "acceso excepcional" para un miembro estipula que ese tipo de préstamo sólo podría llevarse a cabo si la deuda del miembro era sostenible en el mediano plazo. La deuda griega no era clara, por lo que el Fondo justifica sus préstamos con el argumento de que existía un riesgo de "efectos secundarios sistémicos internacionales." Sin embargo, la disposición del FMI a participar en el préstamo de rescate de 2010, sólo retrasa la eventual reestructuración de la deuda griega en 2012.

Reinhart y Trebesch  exponen que la intervención del FMI en deudas crónicas y la financiación del desarrollo, hace que sea más difícil concentrarse en su papel principal el cual es conceder créditos en una crisis de balanza de pagos. Por otra parte, su asociación con casos de insolvencia a largo plazo puede "echar a perder todos sus préstamos." Esto puede explicar la respuesta limitada a los programas de provisión de liquidez del FMI. Sólo Colombia, México y Polonia han mostrado interés en la LCF, y la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Marruecos en el PLL.

Incluso si el FMI recibe el poder para implementar nuevos programas, por lo tanto, su historial de crédito puede disuadir a los prestatarios potenciales. Este problema se agrava si el FMI trata a los países que necesitan para adaptarse a una nueva economía global como prestatarios temporales que sólo necesitan ayuda hasta que los precios de las materias primas suban. Los días en que las economías de mercados emergentes registran habitualmente altas tasas de crecimiento pueden haber llegado a su fin. Si es así, la reestructuración de la deuda puede llegar a ser un evento más común que debe ser abordado directamente.

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Crisis económica

El Fondo Monetario Europeo y la profundización de la regionalización

En medio de la Crisis Griega extendida a toda la zona Euro, los países de la región buscan una alternativa a la intervención de Instituciones como el Fondo Monetario Internacional, después de hace un año darle su apoyo, tienen razones para desconfiar de las políticas de ajuste estructural, y reclaman que no son medidas recomendables para Europa.

Como alternativa se ve en camino la creación del Fondo Monetario Europeo de esta forma superar los obstáculos para el rescate griego que Alemania y Francia no podrían llevar a cabo por el repudio social. Se vislumbra así un paso más en la regionalización de las instituciones financieras que ocurre simultáneamente en América Latina, Asia y Medio Oriente.

Disponible: Click aqui

Tema de investigación: 
Crisis económica

Un FMI europeo en miniatura

Ante los graves problemas fiscales y de endeudamiento que ha presentado la Zona Euro, el proyecto de creación de un Fondo Monetario Europeo suena más latente. Éste, servirá como un embrión del FMI: teniendo la posibilidad de comprar deuda en los mercados como un inversor más, prestar dinero a los países con problemas a un tipo de interés más asequible y a plazos más holgados, actuar como cortafuegos al apoyar a la banca si es necesario. Sin embargo, muchos especialistas consideran la institución no es suficiente y que los problemas de la Zona no cesarán; sobre todo si no se toman las medidas pertinentes.

El Laberinto. Cómo América Latina y el Caribe puede navegar la economía global.

Latinoamérica se encuentra en una situación económica adversa que Andrew Powell, coordinador del actual informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), no duda en llamar "laberinto complicado" hacia el crecimiento en tanto no se logren sortear con éxito los obstáculos internos y externos de carácter económico. A continuación una breve introducción de cada apartado:

Capítulo 2: Los riesgos para la economía global y las consecuencias para América Latina y el Caribe.

El débil desempeño económico en Estados Unidos, Europa, Japón y China es la prueba irrefutable que, a excepción del beneficio mayoritario de la baja en el precio del petróleo para la región Latinoamérica en conjunto, los choques externos son desfavorables y, en consecuencia, la obligación es promocionar programas que incrementen la productividad a nivel interno.

Capítulo 3: Los precios de las materias primas.

Al margen del debate sobre el origen estructural o financiero de la caída en el precio de las materias primas desde el 2011, lo claro es su comportamiento volátil e incierto. Como resultado, tanto los exportadores como los importadores deben optar por coberturas financieras, fondos de estabilización y reformas tributarias.

Capítulo 4: Políticas monetarias divergentes en Estados Unidos y Europa.

Si para Estados Unidos se habla de una lenta pero continua recuperación económica, en el caso de Europa el consenso apunta hacia un franco estancamiento. Tal es el origen de la divergencia en cuanto a política monetaria se refiere: encarecimiento del crédito en América y más relajación monetaria en Europa. El interés de Latinoamérica pasa por la conveniencia de contratar deuda en dólares o euros y el impacto sobre las reservas interncionales.

Capítulo 5: La evolución monetaria y financiera.

La reducción de las reservas internacionales; la política monetaria bajo entorno de inflación creciente y producción menor; las empresas con  problemas de deuda, cobertura, amortización y liquidez; y la reducción del crédito por parte de la banca, hacen imperioso identificar y amortiguar  los riesgos financieros sistémicos.

Capítulo 6: Posiciones fiscales y alternativas de política.

Las bajas tasas de crecimiento del aparato productivo, los menores precios de las materias primas y la resaca de políticas fiscales expansivas implementadas desde 2008 han deteriorado los balances fiscales de la mayoría de los países. La decisión de consolidación fiscal o respuesta contracíclica debe tomar en cuenta la brecha del producto y el déficit gubernamental

Capítulo 7: Los restos macroeconómicos de las políticas sociales.

¿Cómo mantener la racha de mejoramiento de los indicadores sociales impulsada por el cuantioso gasto público a partir de la Gran Recesión? Mejorando la eficiencia al centrarse en la calidad, promover la estabilidad y protección de los ingresos sin distorsionar los incentivos de los trabajadores y, por último, proceder con cautela en relación con la aprobación de compromisos potencialmente costosos e irreversibles.

Capítulo 8: Conclusiones y recomendaciones para las políticas.

La subida de las tasas de interés orquestada por la FED en Estados Unidos, la fragilidad de los balances de las empresas y el sector financiero y, finalmente, la posición fiscal adversa de la región, son los retos a superar en Latinoamérica. La agenda que adopte cada país debe obedecer a sus características específicas.

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Crisis económica

El Proteccionismo y la Renegociación del TLCAN

Introducir un cambio de la dinámica del comercio estadounidense con el mundo y, especialmente, con China, México y Canadá fue una de las más poderosas promesas de campaña que llevó a Trump a la presidencia de EEUU. Sin embargo, hasta el segundo trimestre de su mandato, el tema no se ha resuelto e, incluso, la postura no se ha definido por completo, no obstante, su postura antiglobalizadora-unilateral “América First”.

A medida que la globalización, la apertura de mercado y el encadenamiento internacional de la producción se han intensificado, desde 1980, la competencia de las empresas transnacionales se ha convertido en la competencia de las economías nacionales. Con sus inmensos capitales, la movilidad y flexibilidad de sus procesos de producción, son las empresas trasnacionales las que poseen la fuerza política y económica de crear empleos, impulsar mercados, formar capital y generar crecimiento en economías nacionales y determinar las relaciones entre los países, y no a la inversa. Es por ello, que pese al sufrido 0.7% de crecimiento del PIB de EEUU del primer cuarto del año, se espera, para el segundo trimestre, un repunte del crecimiento a un ritmo anual del 3.9%.

¿Por qué ha mantenido EEUU, desde la década de los ochenta, un creciente déficit comercial con el resto del mundo? El déficit externo se ha convertido en una constante de su política económica, lo cual implica inyectar dólares al resto del mundo y depreciar el valor de su moneda. Este fenómeno resulta en una creciente exportación de capitales productivos (IED) y flujos de corto plazo hacia países con mayor desregulación laboral y menores costos de producción, así como juegos de arbitraje en los mercados de valores, en los cambiarios y en los mercados de commodities. De otro lado, las cadenas globales de valor fruto de la IED resultan para Estados Unidos en un aumento en la importación de bienes y servicios comparativamente más baratos y mejores, incluidos los bienes intermedios.  Por estas razones tienen esos inmensos déficits desde los años 80. Pero las razones de Estado no son las razones de las trasnacionales.

El Tratado Trilateral de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado en 1994 entre EEUU, Canadá y México, ofreció a EEUU y a sus empresas transnacionales la capacidad de deslocalizar la producción y construir cadenas globales de valor subregionales, así llamadas líneas de producción compartidas. El TLCAN, según Trump, ha sido el culpable de la desindustrialización, el creciente desempleo y los bajos salarios estadounidenses. No toma en cuenta que se firmó para beneficio de las trasnacionales estadounidenses y en perjuicio de la industria y agro mexicanos; la consecuencia ha sido la migración masiva del campo mexicano hacia EEUU a partir de entonces.

El informe de la Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU, publicado en abril de 2017, mostró un incremento en el número de empleos de 211,000 y una reducción de la tasa de desempleo a 4.4% de las PEA. Mostró igualmente que los salarios promedio por hora aumentaron en 65 centavos en el mismo periodo. Debemos recordar que hay una reducción de la oferta laboral, en parte, por la creciente detención de migrantes a partir de enero y por las constantes amenazas de la construcción de un muro fronterizo que divide mercados laborales contiguos. Es decir, con menos oferta laboral y la misma demanda el impacto real del crecimiento salarial es de 0.03% en el periodo abril 2016 a abril 2017. Éste será el flanco débil de Trump.

La política estadounidense para reactivar la economía y recuperar el nivel de empleo se propone mediante el aumento del gasto público en infraestructura y defensa mientras se restringe la movilidad laboral. Sin embargo, esta política puede tener un efecto contrario y estimular la fuga de empresas al exterior. La medida clave de compensación a las empresas por el alza salarial es la propuesta de Trump de reducir la tasa de los impuestos a las utilidades corporativas del 35% al 15%. Su política fiscal pretende reactivar el crecimiento y aumentar la competitividad de las empresas, aunque disminuye ingresos fiscales lo que compensa con el desmantelamiento de los servicios sociales. Es una política de concentración del ingreso muy marcada.

Una política adicional para impulsar el crecimiento económico y el empleo es el cambio en los términos del TLCAN. Este tendrá consecuencias sobre todos los países que tengan acuerdos de libre comercio con EEUU, que son: Colombia, Perú y Chile, Centroamérica y República Dominicana. Donald Trump, después de calificar al TLCAN como desastroso para su país, iniciará las renegociaciones formales del acuerdo comercial con sus socios México y Canadá en agosto de 2017. De acuerdo con el representante comercial de EEUU Robert Lighthizer, los principales términos a renegociar serán: comercio digital, propiedad intelectual, medio ambiente, asuntos laborales y una cláusula del tipo de cambio. Previsiblemente no hay nada referente a los impuestos fronterizos ni a las remesas. Las empresas ya le hicieron saber que eso no se toca. Lo más peligroso es congelar los tipos de cambio y dolarizar la región como desean.

De esta manera, más que una renegociación del TLCAN, lo que se vislumbra son adiciones a la estructura original del tratado, en la que se reproducirá la misma estructura subordinada para México y Canadá. Sin embargo, el discurso proteccionista de Trump sí le abre la posibilidad a México, y a toda América Latina, de repensar la estructura de su base productiva y sus relaciones económicas internacionales. Brinda la oportunidad también para mirar cuán subordinado está el aparato político a la voluntad transnacional y la estructura económica nacional a la producción internacional y el mercado mundial y quizás reaccionar frente a esto.

 

[1] Oscar Ugarteche, Investigador titular Instituto Investigaciones Económicas UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, coordinador Proyecto Obela

Myrsia Eliany Sánchez, proyecto Obela

Armando Negrete, webmaster proyecto Obela

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Crisis económica

El agotamiento del modelo de neo-extractivismo en Venezuela: causas económicas y sus implicancias globales

El agotamiento del modelo de neo-extractivismo en Venezuela: causas económicas y sus implicancias globales es parte de la publicación de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe del número 47 (enero-junio 2018).

Dicha publicación estuvo centrada en un análisis a Venezuela. El apartado se analiza a Venezuela desde la perspectiva de la dependencia de la renta petrolera. En el primer apartado se aborda el neo-extractivismo bolivariano como modelo de desarrollo.

Además, se lleva a cabo una radiografía de la crisis en el apartado segundo y en el tercero el impacto de la situación venezolana en el entorno global.

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Crisis económica

El apoyo a la democracia en América Latina cae por quinto año consecutivo, según Latinobarómetro

Los latinoamericanos están cada vez menos satisfechos con la salud de sus democracias y, lo que es peor, también creen menos en ella como la mejor forma de gobierno. Según el último Latinobarómetro, una prestigiosa encuesta regional que analiza 20.000 entrevistas realizadas en 18 países, el respaldo ha caído desde el 54% en 2016 al 53% este año, la quinta bajada consecutiva desde 2010, cuando se alcanzó un pico de 61%. El informe concluye que el declive de la democracia es lento e invisible “como la diabetes”. “Hay países que no son enfermos terminales, pero padecen una diabetes democrática generalizada. No ves el mal, no hay síntomas que llamen la atención, pero si no la tratas termina matándote”, dice la chilena Marta Lagos, directora de Latinobarómetro, durante la presentación del informe 2017 en la sede del BID en Buenos Aires.

Este año, la encuesta se atrasó por la crisis en Venezuela. Lagos celebra la oportunidad de analizar un país “cuando está la fiebre alta”, pero advierte que la situación en Caracas “le ha hecho muy mal a la región por los problemas que oculta en otros países”. “Desde 2010 el apoyo a la democracia ha caído ocho puntos en promedio y aumentaron los indiferentes del 23% al 25% sólo en un año. La gente se aleja de los gobiernos y de las ideologías. También vemos una tremenda variación regional, porque tenemos 18 países, no una región homogénea”, dice Lagos.

Entre los ciudadanos que menos apoyan la democracia como sistema de gobierno están los brasileños (43%)y los mexicanos (38%). Al tope del listado, pero por la positiva, los venezolanos, con un 78% de apoyo. ¿Cómo se explica esto? “Entendemos que es una cuestión aspiracional. Los venezolanos están en crisis pero defienden a la democracia como la mejor opción”, explica Lagos. Cuando se trata de opinar sobre la salud del sistema actual las cifras se invierten: solo el 22% de los venezolanos se declara “muy satisfecho” o “más bien satisfecho” con la situación política y social.

Deterioro de Venezuela

La curva de satisfacción de los venezolanos no ha dejado de caer 2010, cuando alcanzó el 57% de opiniones positivas, pero, pese a lo que pueda creerse, Venezuela es más optimista que Brasil y México. Este año, sólo el 13% de los brasileños se declararon satisfechos, en línea con los mexicanos, que apenas llegaron al 18%.

Sólo en tres países están satisfechos con su democracia: Uruguay (57%), Nicaragua(52%) y Ecuador (51%). Argentina se encuentra quinta después de Costa Rica, con un 38%. Pero “vistos en conjunto, los indicadores revelan el deterioro sistemático y creciente de las democracias de la región. Los gobiernos sufren la misma suerte, cada año los latinoamericanos los aprueban menos. Lo que hoy es el promedio antes era el mínimo. No se observan indicadores de consolidación, sino, acaso, indicadores de des-consolidación”, advierte el estudio. La desconfianza en el gobierno alcanza al 92% de los brasileños y al 85% de los mexicanos.

El informe destaca un escenario que, a simple vista, puede parecer contradictorio: la caída de los indicadores políticos y sociales coincide con una subida generalizada de los económicos. El 54% de los latinoamericanos dijeron a los encuestadores de Latinobarómetro que su dinero les alcanza para llegar a fin de mes, dos puntos más que en 2016. Al tope se encuentran los brasileños, con el 68%, y en el último escalón los venezolanos, con el 21%. La conclusión del estudio es que hay “una disociación entre dos mundos, el mundo de la economía, y el mundo del poder político”. “La economía va bien para un lado y la democracia va para otro. No hay relación entre ellas, porque si bien hay una mitad de la población que se benefició, hay otra que está mirando. La región es bipolar: hay éxito económico y pobreza, lo económico avanza y los valores caen para abajo”, dice Lagos, para quien hoy, más que nunca, “la democracia no tiene que ver con la economía”.

 

 

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El ascenso del yuan como moneda de reserva internacional

El ascenso del yuan como moneda de reserva internacional

El 23 de marzo del 2009,  en el fondo de la crisis financiera mundial y apenas cinco días después de anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos anunciando la compra de un primer tramo de bonos del Tesoro como parte de su programa de rescate, el gobernador del Banco Popular de China (BPC), Zhou Xiaochuan, expuso una cautelosa propuesta para la reforma al sistema monetario internacional.  La pieza central de la propuesta fue la creación de una nueva moneda de reserva internacional, que naciera de forma soberana y estuviera desligada de aquellos países que basaran  su divisa en el crédito, cuidando no mencionar a Estados Unidos.

Como primer paso el Gobernador del Banco Popular de China, Zhou Xiaochuan sugirió el uso de los derechos especiales de giro del FMI, mismos que podrían ser utilizados como activo de reserva, para realizar transacciones financieras  y para liquidación en el comercio internacional. Con el tiempo, los DEG podrían transitar de su configuración actual a una que fuera respaldada por activos reales y sirviera como un fondo de reserva de unidades de cuenta. La propuesta fue motivada en gran parte por las  grandes pérdidas de capital del Banco Popular de China, por las enormes reservas en dólares y por la inestabilidad financiera que trajo consigo la crisis.

La propuesta fue cordialmente aceptada pero poco a poco se fue desvaneciendo.

Decidido a superar su situación de gestión de reservas, y de igual modo contribuir en la creación de un sistema monetario internacional más diversificado, más líquido y menos volátil, el gobernador Zhou eligió otra opción: internacionalizar el yuan haciéndolo utilizable como la facturación y liquidación para el comercio internacional y las transacciones financieras. Esto era un gran paso para la apertura de capitales, suponía un yuan totalmente convertible que posteriormente asumiría un papel como moneda de reserva en el orden monetario internacional, de esta forma disminuiría la necesidad de adquirir dólares y se reducirían los riesgos por tipo de cambio.

Cuatro meses después de haberse establecido el comercio transfronterizo entre China Continental y Hong Kong que hizo posible comerciar en yuanes, se emprendió un programa piloto con el fin de internacionalizar la divisa y emprender una integración financiera global. Como primer paso el yuan seria probado como unidad de cuenta para transacciones internacionales lo que permitiría al mismo circular fuera de China continental. Como segundo paso, se busco que la divisa se expandiera y pudiera estar disponible para los mercados nacientes, principalmente del pacifico, para posteriormente probar su comportamiento en las inversiones. Para 2010 se les permitió a las entidades extranjeras financieras y no financieras invertir en bonos emitidos en yuanes los cuales fueron denominados “dim sum”.

A finales del 2011, la tercera etapa se inauguró con el establecimiento de empresas en Hong Kong y permitiendo la entrada de inversión extranjera a los mercados de capitales a través del programa de inversores institucionales extranjeros calificados. Estas medidas de liberalización en el mercado de capitales se aceleraron rápidamente. En noviembre del 2014 nace el programa stock connect, con el cual las bolsas de Shanghai y Hong Kong quedan conectadas. En diciembre del 2015, Corea del Sur emite los denominados “bonos panda”, los bonos son emitidos en yuanes con lo que se convierte en el primer gobierno soberano en vender bonos en moneda China.

El proceso de internacionalización se ha llevado a buen ritmo y adicionalmente se emprendieron  iniciativas de profundización financiera de largo alcance. En agosto del 2015, como parte de la reforma al tipo de cambio, China transitó a un régimen de flotación administrada más susceptible a las señales de precios en dos vías. El tipo de cambio quedaría compuesto por una cesta ponderada de 13 monedas guiando al yuan a una valorización en el mercado de divisas. A finales de octubredel 2015, como parte de una liberalización igualmente notable de las tasas de interés, el techo de las tasas de los depósitos en los bancos comerciales y de crédito rural fue eliminado.

Por último, en octubre del  2015 un nuevo Sistema de Pagos Interbancarios transfronterizo, que conecta a los usuarios globales del yuan bajo un mismo paraguas y proporciona una plataforma optimizada para la liquidación de pagos fue puesto en marcha. Con el tiempo el sistema adquirirá su propia línea de comunicación y tendrá la capacidad de operar de forma independiente, lo que será una pieza importante en el rompecabezas debido a la falta de infraestructura del mercado,  que impedía a los inversionistas institucionales de Asia liquidar sus pagos denominados en moneda local el mismo día de la operación, aliviando los problemas de dependencia de la llamada tercera zona horaria.

El 30 de noviembre de 2015, después del rechazo a la propuesta encaminada a crear una nueva moneda de reserva internacional, el FMI decidió  incluir formalmente el yuan como una de las cinco monedas fuertes en su cesta del DEG.

El camino que el yuan tiene por recorrer es complicado y tiene que ir escalando peldaños, es difícil decir que en el corto plazo pueda sustituir al dólar, sin embargo bien podría establecerse como alternativa y poco a poco ganar protagonismo en los próximos años.

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El camino al poder en Brasil

The path to power in Brazil.

Brazilian politics at the crossroads trhough the 2018 presidential election.

Brazil is in the midst of an impeachment trial, a serious financial crisis, and a corruption investigation that threatens to bring down even more of the country’s top leaders. In 2018, Brazil will conduct presidential elections that are likely to mark one of the most uncertain political moments in the last few decades. Shaken by recurrent scandals, Brazil’s political parties have lost credibility. At the same time, those in power today are fiercely trying to reposition themselves to maintain their status. Brazil is at a crossroads: it must either reinvent its political forces or deepen the fragmentation contributing to an unprecedented crisis in modern Brasília.

The country will face troubled times until its next election. After the initial impeachment proceedings against President Dilma Rousseff (PT—Worker’s Party), the interim government that took office in May 2016 will have to work hard to preserve its fragile coalition. Rousseff’s impeachment will likely be confirmed by the Senate in August. This will strengthen interim President Michel Temer’s position in relation to Congress, but he must carefully maneuver among political coalitions to get the necessary structural reforms approved. At the same time, Operation Car Wash—a corruption investigation involving politicians, construction companies, and the state oil company Petrobras—will continue implicating top politicians and complicating calculations about the country’s future for the coming months.

Questions about the course of Brazilian politics will inevitably intensify as the corruption investigation produces almost daily twists. After the traumatic interruption of the Workers’ Party mandate and its fourteen-year rule, what will be the fate of the country’s Left? Can Michel Temer’s Brazilian Democratic Movement Party (PMDB) and the Brazilian Social Democracy Party (PSDB), which is the Workers’ Party (PT) main opposition, forge an alliance for the next two years and beyond? How far will a new wave of social conservatism reach? Will the expected but gradual improvement in the economy ease popular pressure against the country’s leaders, or will a deep political reform be necessary? And finally, are there any viable alternatives to the traditional ruling class?

Political forces: perspectives after the crisis.

With the recent shocks that the Operation Car Wash investigation has dealt politicians of various parties, Brazil’s characteristic political fragmentation and the consequent instability of party alliances will almost certainly deepen. The country’s three main political parties—PT, PMDB, and PSDB—will emerge weakened, which can make way for other smaller and potentially volatile parties with less strategic coherence. With so many uncertainties, drawing up a multiyear plan to win the presidential election in 2018 will not be an easy task.1

 

In the past few years, Brazil’s major political power, the Workers’ Party, has endured a long period of uncertainty and disgrace. This began with the “Mensalão” scandal in 2005, 2 and deepened enormously starting in 2014, with Operation Car Wash. The discovery of these corruption schemes tainted the political novelty once enjoyed by the PT during Luiz Inácio Lula da Silva’s administration (2003-2010). The Workers’ Party was completely centered on Lula and the magnitude of the party’s troubles played down his administration’s social achievements—especially the fight against poverty—which was one of the PT’s proudest feats.

 

But though the Workers’ Party is in a weakened state, it will continue to be a major political force in the country. Although it has lost the support of much of the middle class (who used to favor Lula’s government), the Workers’ Party still has strong links with trade unions, civil servants, and various social movements. For the time being, Lula has the lead in the 2018 election polls, with approximately 20 percent of the votes. It is important to take into account that this is the worst crisis the Workers’ Party has faced since Brazil’s transition to democracy. A 20 percent lead in the polls is remarkable and is largely due to Lula’s persona, as he is considered a strong leader for those from the Left. It also reflects the weakness of other national politicians.

Other left-wing players such as the Party of Socialism and Freedom (PSOL) and United Workers’ Social Party (PSTU) will continue to jockey for political position. Although these parties have not been directly affected by the Operation Car Wash scandal, public opinion and support networks in various social movements still consider them as minor players on Brazil’s political stage.

 

Meanwhile, the PMDB and PSDB will each have a hard time reorganizing themselves in the post- impeachment period, as both lack strong leadership. In addition, it’s expected that Operation Car Wash will reach some of the most important names in both parties, which will limit the choices for candidates on a 2018 presidential ticket.

 

The PMDB and the PSDB are also struggling to develop support beyond just their opposition to the Workers’ Party. Even though both parties backed recent protests against the Workers’ Party, the center- right’s market-based policies—especially in the economic field– tend to win them little support in the country. Indeed, not even a majority of business leaders tend to support very pro-market policies.

 

With Temer, the PMDB intends to push market-based reforms, particularly those for social security (the main proposal for this reform would be to increase minimum retirement ages). However, the PMDB’s impetus for putting forward these reforms is to slow down the recession, not to promote an excessively market-based ideology. On the other hand, an important section of the PSDB defends these market- based views on ideological grounds.

 

Regardless of intentions, voters will see these reforms as a shift to the right promoted by the PMDB. The big question here is whether voters will condone this shift in light of the current crisis. Until impeachment proceedings are finalized—in other words, while Temer’s adminstration is still provisional—the interim president has two main priorities: a fiscal adjustment for the economy; and for politics, maintaining his significant block of support in Congress. The content of Temer’s plan does not differ substantially from the previous administration’s program; however, Dilma Rousseff was unable to win sufficient support from lawmakers to get her policies approved.

Only after the Senate confirms Temer’s mandate will his real administration emerge. It is expected that he will then alter his Cabinet and launch an aggressive infrastructure package (changing the role of state-owned companies such as BNDS, Eletrobrás, Petrobras, in addition to concession and privatization models). He is also expected to raise taxes and restructure social security, increasing the minimum retirement age. Additionally, Temer will try to make Brazilian labor laws more flexible. His policies will tend to be more market-based and similar to the administration of Fernando Henrique Cardoso (PSDB, 1995-2002).

Assuming these initiatives are undertaken, they will certainly impact the 2018 election and will be a test for what type of government Brazil wants: pro-market or interventionist. If the economy doesn’t respond quickly to Temer’s policies, his entire support group—PMDB, PSDB and parties such as the Brazilian Labor Party (PTB), Democratas, etc—will be shaken as they enter the presidential race.

Traditionally, the PMDB has not put forth its own presidential candidate, choosing instead to join coalitions with other groups. But recently, speculation about a PMDB presidential candidate has surfaced. It is unlikely that Michel Temer would be considered for the ticket. However, if his government is able to refuel significant economic growth and contain the political and social crisis, it may help set up the candidacy of Temer’s finance minister, Henrique Meirelles.

It is also expected that the PSDB will pick a candidate and try to win back its traditional place as the major political opposition party to the PT, as in the Lula-Dilma administrations. The biggest question is how the PSDB will produce a meaningful candidate in the next year and a half, especially taking into account internal divisions, which are likely to deepen with the current crisis. It has been suggested that Aécio Neves—who was a candidate in 2014—will soon be implicated in Operation Car Wash. But Geraldo Alckmin—Governor of the state of São Paulo and Lula’s second round opponent in the 2006 presidential elections—has a better chance to lead a ticket in 2018.

There is yet another group, more vocal and more media-savvy than the traditional parties, that has been gaining ground in the political game: the new conservatives. As a response to the more progressive movement’s concern with social issues and minority rights, some evangelical leaders, former police officers and chiefs, former mid-level military officers, and others have sought to foster policies that are mainly linked to fighting crime, family values, and gender issues. But without a clear economic agenda, these conservatives are more focused on challenging the left’s role in defending civil rights and individual freedoms than on issues related to the country's development.

 

This conservative wave will increasingly influence the national and regional legislative powers, but the chances for their representatives to gain significant power in the executive are slim. In any case, due to the political fragmentation in Brazil and the instability of national political coalitions, the smaller and more conservative parties will have more sway than apparent in the mere number of seats won in Congress. And in 2018, this influence is likely to grow even more.

 

Finally, new political forces with fresh profiles and new proposals are emerging in the political spectrum. This change is taking place not only among the urban middle classes—especially younger voters—but also with those linked to environmental issues, as well as certain business groups. These initiatives and their proponents have been gaining ground since 2013, due to their position against the corruption scandals and as an alternative to traditional politicians.

One of the main forces gaining with this type of initiative is former presidential candidate Marina Silva and her newly created party, Sustainability Network (REDE). Silva is a dissident of the Workers’ Party and has a long history with environmentalists both in her home state—Acre—and in the industry’s major non-governmental organizations. She was one of the few national political figures whose popularity rose after the street demonstrations that shook Brazil in 2013. 3

 

Silva remains an important electoral force and has, for now, threatened Lula's leadership in the polls for the 2018 race. In 2014, she was a serious presidential contender but lost her edge by failing to convince voters of her experience in the economic field. She is a likely candidate for the 2018 elections and remains an alternative to the PT-PSDB party cycles for the Brazilian presidency. But more importantly, not a single member of Silva’s party has been seriously involved in the “Mensalão” or Operation Car Wash scandals thus far.

Street demonstrations, beginning with those that swept Brazil in 2013, signal a search for clear alternatives in the upcoming election, even with the creation of the Sustainability Network party. According to surveys, the demographic that would likely support the Sustainability Network did not participate in either pro- or anti-impeachment demonstrations. Some of these groups defended the need for new elections and political reform. They did not view the impeachment proceedings as sufficient to alter the pattern of Brazilian politics. Winning this part of the electorate will be essential for whomever wants to take the 2018 election.

The economy and operation car wash: foundation for 2018.

A year and a half into Michel Temer’s interim administration, Brazil will endure one of the most decisive elections in its democratic history. The country will be offered the chance to renew a political class devastated by corruption or, alternatively, to keep its current bankrupt power structure in place. Given the current situation, the most likely outcome is a limited regeneration, with names that present themselves as new and alternative but that are, in fact, still supported by the traditional political foundations.

 

In 2018, candidacies and election results will depend on two main factors: the country’s economic climate and the effects of Operation Car Wash.

 

It is the country’s economic situation that has created more shifts in both public opinion and among Brazil’s elite. It is unlikely that the economy will recover extensively by 2018. But it is entirely possible that a partial recovery of investments and unemployment will occur, together with a drop in inflation and interest rates. 4 The country is expected to reach 2018 with small but positive growth in the economy, and therefore social tensions, stemming from unemployment and inflation, are expected to ease.

 

As far as Operation Car Wash, its consequences are already reverberating in the PT’s political base and particularly for its leadership: Lula da Silva and Dilma Rousseff. But the investigations into the scandal have not yet shown all of their force inside the PMDB and PSDB. The federal judge responsible for the investigations, Sergio Moro, has indicated that he will make key rulings and close the investigations by December 2016. But even if this occurs, the consequences will continue to be felt in 2017 and 2018.

Several leaders of the PMDB 5 are formal suspects and might be indicted in the coming months and years. However, it is expected that damage to the PMDB will be less severe than for the Workers’ Party. Unlike the Workers’ Party, whose appearance of ethical behavior was shattered by these corruption scandals, the PMDB has previously been tainted by similar corruption allegations and convictions, and so there would be no element of surprise or shock with new charges. In addition, the PMDB is not centered on a single, strong figure such as the PT’s Lula. Therefore, accusations against PMDB leaders are less contagious for its other members.

 

For the PSDB, it will be different. The party is, in this sense, more similar to the Workers’ Party than the PMDB. The reputation of its well-respected former President Fernando Henrique Cardoso, along with the anti-corruption rhetoric emphasized in public by several leaders of the PSDB, gives the electoral base the image of a party unlikely to be involved in corruption or influence peddling. If the Operation Car Wash proceedings manage to reach one or more of the PSDB’s heavy-weights, particularly its former candidate for the presidency, Aécio Neves, the damage to the party’s image would be all the more significant for the element of the unexpected.

In any case, the Operation Car Wash scandal will not destroy the current political structure in Brazil (as was the case with Operation Clean Hands in Italy). Not all defendants are expected to serve jail sentences. Brazil’s Federal Supreme Court has been managing the crisis, and the Court does not have an incendiary public profile. Although the Federal Supreme Court has shown a firm hand in the proceedings, it’s expected to act as a “moderating power,” preventing the investigations from fueling an implosion of the country’s political system, and even ensuring that conditions are met for the stability of the government.

Who will win and who will lose in 2018.

The 2018 elections will most likely see the vote split between a new candidate, who will be expected to bring the moderate left and voters demanding renewal together, and a second candidate, who will have stronger ties to the center-right and its political orthodoxy.

 

In the first camp, a possible Marina Silva ticket in the 2018 race would most likely become a favorite, as long as the two central problems with her candidacy are resolved: an alliance with a strong name in the economic field to bring substance to fiscal policies, and the professional development of her party, REDE, to create a strong base of support. Even without a clear economic policy, Marina is still viewed as the alternative candidate to traditional politicians, and she attracts voters in the moderate-left, who were stranded after the fall of the Workers’ Party. However, if she is declared the winner, she will suffer from the lack of REDE representatives in Congress, hindering her ability to govern.

 

Marina Silva’s main opponent will most likely be a representative from the center-right. Two possible names have emerged as candidates well-positioned to be on the 2018 presidential ticket: the Governor of São Paulo Geraldo Alckmin, from the PSDB; and the finance minister, Henrique Meirelles, the potential candidate for the PMDB.

Today, the PSDB is profoundly divided, due to several issues including its support of the Temer administration. Its most relevant candidates on the national level are former presidential candidate Aécio Neves, 6 Foreign Relations Minister José Serra, and São Paulo Governor Geraldo Alckmin. Current projections, however, are that both Neves and Serra may be more directly involved in the Operation Car Wash investigations than previously thought, 7 which would leave Alckmin as the most viable candidate for the party. Despite a controversial administration in São Paulo, the governor pleases most conservative sectors, especially those supporting tough measures against violence. 8

Henrique Meirelles already has clear presidential ambitions and would be a strong candidate for the PMDB. This is especially relevant as the party suffers from a lack of popular national candidates and risks losing other party luminaries to the Operation Car Wash investigations. Meirelles’ candidacy, however, depends on whether the Brazilian economy and its investments are able to bounce back from the current recession in time for the 2018 elections.

 

The Workers’ Party is expected to come through the end of 2018 stronger than it is today. The party might suffer important losses in the 2016 municipal elections—losing, for example, the city of São Paulo, the largest in the country. But the party may recover in coming years, especially if the economy does not grow more than 1 percent in 2018 and if controversial policies are passed, such as more flexible labor laws.

Due to the respect he still commands and the lack of alternative candidates from the Workers’ Party, the party’s great gamble will be to place Lula himself on the ticket. The only impediments for the ex- president’s candidacy are if he is indicted in connection with Operation Car Wash or if his health does not allow him to run for office. Despite Lula’s popularity, it would be hard for him to win a second round or run-off election. The main objective of a Lula candidacy for the Workers’ Party is to help strengthen other candidates’ campaigns for Congress, keeping the party as one of the key forces in the country, even if it means losing the presidency.

Finally, it’s possible that a surprise candidate may enter the 2018 race: the former governor of Ceará, Ciro Gomes, 9 has been mentioned as a “pre-candidate” for the Democratic Labor Party (PDT). Gomes had close ties to the Workers’ Party, having served as minister of national integration (2003-2006) in the first Lula administration and then supporting Dilma Rousseff in 2014. He also has historical ties with the PSDB, which he helped to establish in 1988. An articulate politician, Gomes has maintained that the Workers’ Party’s error was to allow itself to be associated with corruption schemes. He is also seen as an alternative candidate, with a vast knowledge of economic issues, giving him an edge against Marina Silva.

On the other end of the political spectrum are figures such as Congressman Jair Bolsonaro—a former low-ranking military officer, who is an advocate for the death penalty, the right to carry weapons, the end of gay marriage, and a supporter of the 1964 military dictatorship (among other controversial issues); he has been introduced as the right-wing’s choice. There is a chance that other candidates with similar ideology to Bolsonaro’s may emerge during the race, but it is unlikely that they will draw substantial levels of support.

In this context of political volatility, another possibility that can’t entirely be ruled out is a highly fragmented election, with many candidates dividing the electorate. This also occurred in the 1989 presidential election, when there were twenty-two registered candidates, of whom only seven—the novice and isolated Fernando Collor de Mello (with about thirty percent of the vote) and six other candidates—obtained more than four percent of the vote. 10 In this scenario, the creation of large political coalitions—whether situational or oppositional—will take place after the electoral process, leading to a fragile government faced with highly volatile power struggles. This scenario would exacerbate one of the biggest problems of the Brazilian political system—party fragmentation.

A chance for Brazil.

Regardless of the country’s mood and the 2018 election results, in the short term, Brazil will continue facing a crisis in its democratic governance. Comprehensive political reform is not on the country’s horizon; the smaller parties that provide essential support to the interim government would not survive if proposals to reduce the number of parties in Congress are carried out.

The good news is that gradual changes have begun. Brazil has ended corporate funding of political campaigns, thanks to a recent Supreme Court decision. 11 The country has also reduced the amount of free political advertising time on TV. 12 Some steps that can and should be taken to improve the current system, even if they won’t bring immediate results, are in the works. In the longer term, it is vital that gradual changes continue and, hopefully, develop into even more substantial reforms.

The emergence of a larger, more politically engaged and better educated middle class, as well as the growth of a new, more professional and civic-minded generation of politicians could represent the best chance for Brazil’s democracy to consolidate and strengthen. The 2018 election may be the first step in confirming this trend. The foundations have already been set.

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El cobre y el financiamiento de las demandas sociales

Con el estallido social afloró una serie de demandas sociales que todos los gobiernos habían logrado contener u ocultar con medidas paliativas o falaces, como el CAE para los estudiantes, el auge en la Salud, la pensión básica solidaria en la previsión, o el otorgamiento de diversos tipos de bonos. Con estas medidas tramposas, durante 30 años, los sucesivos gobiernos pretendieron que no sería necesario abordar las soluciones integrales a las demandas sociales.

Por ello resulta paradojal y extraño que quienes aparecen encabezando comunicacionalmente el estallido social, –como la mesa social, los partidos y movimientos de ‘izquierda’ o de centro, y otros exponentes de la protesta–, ni siquiera mencionen cómo financiarían durablemente las actuales demandas sociales.

No se ha escuchado a los voceros de las demandas sociales recordar que el cobre solía ser el sueldo de Chile, que basta con renacionalizarlo para financiar todas las demandas sociales, como demostraré en esta nota.

En los últimos 3 años de la dictadura Codelco aportaba cerca del 25% de los ingresos del presupuesto nacional. Si trasladamos ese porcentaje al presupuesto actual, equivaldría a US$ 15 mil millones: los ingresos fiscales anuales se sitúan en torno a US$ 60 mil millones.

En los últimos 3 años, sumando los excedentes de Codelco y la tributación de las 10 principales mineras privadas, el Estado recibió apenas US$ 3.500 millones anuales, es decir un ridículo 6% de los ingresos fiscales. No obstante, se produce 4 veces más cobre que en 1989, y 10 veces más que en 1971, cuando el Presidente Allende nacionalizó la gran minería del cobre.

En 1989, al terminar la dictadura, Chile ya era el primer productor mundial de cobre, con 1,6 millones de toneladas. De ese volumen, 204 mil toneladas –12,5% del total– lo producían dos mineras extranjeras: La Disputada de Las Condes y Mantos Blancos SA. Todo el resto, lo producía el Estado: Codelco y Enami.

Actualmente, según el Anuario de Cochilco 2018, Chile produjo 5,8 millones de toneladas de cobre, de las cuales 4,15 millones lo produjeron mineras extranjeras, –21 veces lo que las mineras extranjeras producían en 1989–, mientras Codelco bajó su participación en la producción, de 83% en 1989, a solo 27% el 2018.

El colosal crecimiento de la producción minera por empresas privadas extranjeras ha sido considerado por “expertos” y los medios de comunicación como un gran éxito de nuestros gobernantes que lograron atraer mucha inversión extranjera. Además, afirman que dicho colosal crecimiento estaría siendo muy beneficioso para Chile. Desgraciadamente, la inversión extranjera en la minería ha sido nefasta para nuestro país, como muestran las cifras que siguen:

Como podemos observar, entre 1990 y 2016 (columna TOTAL), Codelco aportó al país US$ 71.526 millones y produjo 31,2 millones de T. de cobre, es decir, 2.295 dólares por tonelada.

Mientras que las 10 GMP (10 mayores empresas de la Gran Minería Privada), produjeron casi el doble que Codelco – 61,6 millones de toneladas de cobre – y pagaron en total US$ 29.932 millones, (incluyendo Impuesto de Primera Categoría, Impuesto Adicional a las remesas y Impuesto Específico a la Minería, conocido popularmente como royalty) lo que da apenas 465 dólares por tonelada de cobre producida, es decir, 5 veces menos que Codelco, sin tomar en consideración el molibdeno, el renio, el oro y la plata que e llevan sin pagar nada.

Sobre la base de estas cifras podemos proyectar lo que las 10 GPM – si estuviesen nacionalizadas o administradas por el Estado – hubiesen podido aportar.

Hubiesen aportado los mismos excedentes que Codelco – 2.295 dólares por tonelada de cobre producido –, los que multiplicados por 61,6 millones de toneladas producidas al año 2016, dan un total de US$ 147.666 millones. ¡Más de dos veces los presupuestos anuales del Estado!

No obstante, las 10 GMP pagaron apenas US$ 29.932 millones entre 1990 y 2016.

Estas proyecciones demuestran la importancia que tiene renacionalizar el cobre: no hubiésemos perdido 117.734 millones de dólares , perdidos para siempre porque el cobre no se siembra.

Si bien las cifras de producción y tributos presentadas en el cuadro son oficiales (Fuentes: Cochilco, el SII y Memorias de Codelco), no reflejan exactamente la realidad de lo que debieran ser la producción y los aportes al Estado.

La producción de las 10 GMP debiese ser 20 a 30% superior a lo exportado, porque Aduanas no fiscaliza la exportación de concentrados (“no tendría personal y medios técnicos para hacerlo”). Sin embargo, sí tiene los medios para subcontratar dicha fiscalización a empresas externas, que a su vez trabajan para las mismas mineras que tienen que fiscalizar. ¡Algunas de esas empresas son filiales de las mismas mineras que se supone deben fiscalizar! Es el zorro a cargo del gallinero.

En los hechos se acepta lo que las mineras declaran respecto a la cantidad de toneladas de concentrados exportados, y a su contenido de cobre, oro y plata, y todos los restantes subproductos, como el molibdeno, renio, cobalto, ácido sulfúrico, etc.

Aduanas y Cochilco permiten que no se declaren. De ahí que no es exagerado deducir que las exportaciones de concentrados son superiores a los datos de los informes de Aduana y Cochilco.

En lo que respecta a los aportes de Codelco, la cifra de US$ 71.526 millones de excedentes al año 2016 tampoco es real: debiesen ser superiores en más US$ 20 mil millones.

Entre 2005 y 2007 Codelco perdió, fraudulentamente, US$ 5 mil millones en operaciones en mercados de futuro, otros US$ 1.500 millones en el contrato con la minera estatal china Minmetals, y por si fuese poco desaparecieron más de US$ 15 mil millones de los ingresos por ventas del año 2010 en adelante.

A pesar de este cuantioso fraude y malversación en Codelco, (que hasta el momento el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado se niegan a investigar), la minería en manos del Estado es varias veces más beneficiosa para los chilenos que el desastre que significa la gran minería privada, que además es extranjera.

Si no fuesen manipuladas y todas las cifras fuesen reales – exportación de las 10 GMP y excedentes de Codelco –, los aportes al Estado, entre 1990 y 2016, serían superiores a US$ 200 mil millones, si el cobre estuviese nacionalizado.

Ahora, en el año 2018, produciendo más de 4 millones de toneladas, si las 10 GMP estuvieran nacionalizadas habrían aportado al Estado más de US$ 15 mil millones.

Recordemos que el año 2006 Codelco aportó al Estado US$ 9.215 millones, produciendo solo 1,7 millones de toneladas.

Por otra parte, los beneficios de las 10 GMP nacionalizadas no se expresarían solo en aportes al Fisco, sino también en miles de puestos de trabajo calificados, porque todo el cobre se fundiría y refinaría en Chile.

A pesar de los enormes recursos que se necesitan para financiar las actuales demandas sociales, ninguno de los actores políticos y sociales que encabezan la protesta se ha pronunciado por la nacionalización de la gran minería, como si nacionalización fuera una palabra prohibida o maldita, a pesar que no hay nada en la actual Constitución que se oponga a la nacionalización.

Si ningún actor político y/o social se atreve a propiciar la nacionalización, podría al menos solicitar que se legisle para que las grandes mineras, sin ser nacionalizadas, aporten varios miles de millones de dólares al año, impidiendo, por ley, que sigan escondiendo sus utilidades y por ende evadiendo su tributación.

Esto se puede hacer inmediatamente con leyes ordinarias de quórum simple. Si se legisla para impedir la evasión tributaria de las empresas extranjeras, sobrarían los recursos para financiar todas las demandas sociales que el estallido social ha visibilizado. Pero tampoco, aparecen proposiciones en ese sentido.

Las mineras extranjeras practican la evasión tributaria impunemente en Chile: declaran pérdidas y de ese modo no pagan impuesto a la renta. Esto quedó acreditado por un informe del SII, presentado en el Senado el año 2003, que muestra que hasta el año 2003 todas las mineras declararon pérdidas y no pagaron un solo peso de impuesto al Fisco, salvo Minera Escondida. Sin embargo, hasta esa fecha se habían llevado del país alrededor de 25 millones de toneladas de cobre. En los últimos 4 años, la mitad de estas mineras han vuelto a declarar pérdidas para no pagar impuesto a la renta.

Esta cuantiosa evasión tributaria no hubiera ocurrido sin el cambio a la Ley 18.985 de junio de 1990: la renta presunta (el impuesto se calculaba sobre la base de las ventas) que regía para toda la minería, fue sustituido por la renta efectiva para las grandes mineras: así, el impuesto se paga solo si estas mineras declaran utilidades.

¿Qué hicieron las grandes mineras? Llegaron en masa a Chile porque les quedó claro que con la Ley 18.985 podrían llevarse todo el cobre y subproductos que quisieran sin pagar impuestos: basta con declarar pérdidas.

A partir de 1990 la inversión extranjera en la minería es lo más negativo y desastroso que ha existido en la economía chilena en toda su historia. Es hora de terminar con eso. Sin embargo la Mesa Social y los cabecillas de la protesta piden satisfacer las demandas sociales, sin proponer medidas para financiarlas. Tampoco se les ocurre exigir la nacionalización de la gran minería, o legislar para que las empresas extranjeras que ocultan sus utilidades y por ende sus impuestos, paguen lo que corresponde.

¿Qué esperan para hacerlo?

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Crisis económica

El comercio mundial, la guerra comercial y las perspectivas para el 2019

La guerra comercial que ha impulsado EEUU contra China ha impactado al crecimiento económico y al comercio mundial desde el cuarto trimestre de 2018. Esto implica que el comercio entre las economías líderes se ha desacelerado y, en particular, entre la Unión Europea, EEUU y China. El comercio de productos finales está de bajada con consecuencias sobre producción en dichas economías. Eso quizás explique las razones de la caída del crecimiento del PIB de EEUU, la Unión Europea y China. Debe recordarse que China crece tres veces más rápido que EEUU y cuatro que Europa, si bien todas tienen una tendencia declinante de crecimiento.

El crecimiento de las exportaciones totales de Latinoamérica cayó, en el 2019, de manera similar al comportamiento de la economía mundial. Desde enero de 2019, las perspectivas de crecimiento y los precios a la baja de algunos commodities indican que la región tendrá un crecimiento del PIB inferior al 0.5% anual, cargado principalmente por las dos economías mayores: México y Brasil. Ambos países son los que menos dependen de la exportación de materias primas, pero ambos tienen políticas de ajuste económico en curso que restringe su demanda interna. Sus socios comerciales de bienes finales, EEUU y Argentina, respectivamente, están ambos bajo presiones recesivas lo que profundiza sus problemas. La desaceleración mexicana es más marcada que la estadounidense, lo que se refleja en un superávit comercial mexicano creciente, pero es un espejismo de la parálisis económica del país. En México las consecuencias se verán como problemas cambiarios, por los retiros de fondos extranjeros ante la falta de crecimiento y sus perspectivas.

El resto de países se verán afectados por la caída en los precios de la mayoría de los commodities primarios. Otros países, como Bolivia, o aquellos que no dependen de su sector de exportación, crecerán de manera sustancial. La estructura comercial boliviana está asegurada por los gasoductos con Brasil y Argentina, y por los contratos de exportación quinquenales que le evitan los vaivenes de precios. Lo mismo es cierto con Paraguay que exporta electricidad a Brasil y Argentina desde Itaipú.

Algunas exportaciones primarias son determinantes para el crecimiento de las economías sudamericanas. Destaca la importancia de la soya en Argentina, Brasil y Uruguay, los cuales exportan soya por 14, 11 y 16% del total de sus exportaciones respectivamente, y son de los principales productores a nivel mundial. El cobre es el 45% del total de exportaciones chilenas y el 25% de las peruanas, quienes representan los mayores exportadores a nivel mundial. Perú destaca también por las exportaciones de oro, las cuales equivalen al 14 % del total. La caída del precio del cobre impactará más sobre Chile que sobre el Perú, que se verá compensado por el alza del precio del oro.

El petróleo es importante para buena parte de las economías latinoamericanas, pero más para EEUU, que lo importa pero reexporta como gasolina refinada. Para EEUU la gasolina refinada es su producto de exportación más importante (74.5 MMD) con 5.9% del total exportado. Los precios de esta materia prima han bajado desde marzo y abril de 2019, y la tendencia se mantendrá. El petróleo es el principal producto de exportación para Venezuela (25 MMD), Colombia (11.1 MMD), Ecuador (5.6 MMD) y México (19.5 MMD), significa el 97, 40, 36 y 6%, respectivamente, lo cual repercutirá sobre sus balanzas de pagos y su capacidad de arrastre económico.

Los precios del oro, a diferencia de los demás, se encuentra plenamente al alza por ser un valor de refugio. La inestabilidad del dólar, la libra esterlina y el euro, está alimentando este precio. El aumento del precio del oro, a diferencia del resto, corresponde a su función monetaria de sustituto ante los bajos rendimientos del mercado financiero. La inversión de las curvas de rendimientos de los bonos está arrastrando a la baja los precios de los futuros y no al revés. Esta tendencia atípica se debe a que las perspectivas de la economía mundial son a la baja y, en consecuencia, a mediano plazo la tendencia en la demanda de materias primas es la baja. Lo normal, cuando las curvas de rendimiento se invierten, es que los precios de los futuros suban por efecto cartera. Eso es cuando sea espera una recuperación a mediano plazo. Este no parece ser el caso.

México y Centroamérica exportan productos industriales maquilados al mercado estadounidense, casi únicamente, y se ven afectados por la baja en el crecimiento de la economía estadounidense (ver http://obela.org/analisis/thank-you-mr-trump-predicciones-economicas-2019). Hay tres problemas en curso: el primero es cómo se encubren los datos. La prensa informa sobre empleo y bolsa de valores pero no muestra la caída en el crecimiento del PIB. El segundo es el tamaño del déficit fiscal americano y su incapacidad de arrastre económico, sorprendiendo a keynesianos y otros. El tercero es la imposibilidad de crecer habiendo expandido el crédito interno de manera brutal en la última década.

Mientras tanto, México, Centroamérica y Sudamérica experimentarán un estancamiento económico el año 2019 que se profundizará en 2020 y no se anticipa una recuperación después del 2020, si los precios a futuro son indicativos de algo. Pensamos que los pronósticos del FMI y la CEPAL están sobrestimados a raíz de lo aquí señalado.

 

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Crisis económica

El corazón de la guerra comercial: la carrera y la transición tecnológicas

Texto en inglés

La guerra comercial emprendida por EEUU contra China se da en un escenario donde el primero observa un rezago tecnológico en las áreas de telecomunicaciones, energía, automóviles eléctricos, celulares y computadoras frente a China. Los efectos de la pérdida de productividad manufacturera estadounidense y su incapacidad de implementar pronto sus avances en investigación y desarrollo tecnológicos encuentran una gran amenaza de parte del segundo.

La deslocalización de la producción para reducir costos, a partir de fines de la década de los ochenta, implicó la transferencia de tecnología hacia las economías emergentes. China, a diferencia de México, puso en vigor políticas de investigación y desarrollo tecnológicos a partir de estas transferencias. Invirtió en educación de alto nivel, con estudios especializados en las universidades occidentales más avanzadas, para formar cuadros capaces de hacer ingeniería de reversa y, a partir de allí, construir desarrollos propios. Así, comenzó a desarrollar capacidad productiva y tecnológica capaz de inundar el mercado mundial con productos con mayor composición tecnológica a menor precio comparado a occidente. De inicio, no invirtieron grandes sumas en investigación y desarrollo sino en capacidades para desmontar esas tecnologías y reconvertirlas en otros productos. Es análogo al proceso de Japón y de Corea del Sur en las décadas anteriores.

EEUU comenzó a perder participación en el mercado mundial de alta tecnología a partir de siglo XXI y se concentró en completar sus cadenas globales de valor para aumentar su rentabilidad. Mientras tanto China, desde 2005, se convirtió en la mayor economía exportadora de alta tecnología. Desde entonces, la brecha se ha incrementado y en el 2018 exportó el triple del valor de estas exportaciones que Estados Unidos y más de diez veces que los países europeos. El detalle es que China exporta en total $2.4 billones de dólares en el 2018 mientras EEUU $1.6. China pone en el mercado los resultados de la investigación e innovación estadounidenses a un costo que es una fracción de occidente. La interrogante es porque ni en EEUU ni en Europa, lo pueden hacer con la misma rapidez.

La división internacional del trabajo de las últimas siete décadas, ha dejado a EEUU centrado en el petróleo y como procesador de materias primas. Su principal exportación es gasolina, autos a gasolina, aviones a gasolina y productos agrícolas. China lidera con la red móvil 5G en telecomunicaciones frente a las corporaciones estadounidenses, exporta celulares high tech baratos. Lidera el cambio de matriz energética, y exporta transformadores de energía renovables (células foto voltaicas, lámparas con esto, etc) y los productos relacionados a este cambio.

Por otra parte, el peso de la industria petrolera americana es tal que no ha comenzado a sustituir la matriz energética, no sólo por ecología sino por costos. La primera ronda de aranceles impuestos por EEUU, en agosto de 2017, fue contra paneles solares, producidos en China. Esto expresa el síntoma de la incapacidad tecnológica de liderar la transición energética. China está en la vanguardia del cambio de matriz energética. La lucha ahora es contra la energía limpia china (autos, aviones, trenes, paneles solares, generación eléctrica).

La voluntad de perpetuar la matriz energética petrolera, impide que EEUU lidere la transición tecnológica hacia los motores y los automóviles eléctricos. Actualmente China posee un parque vehicular eléctrico de 2.3 millones de automóviles, más del doble que el estadounidense, y vende el 54% de los autos eléctricos del mundo (IEA, 2019). La guerra comercial, no hace que se acorte la brecha tecnológica y que el resto del mundo deje de comprar esos productos. Le siguen a China, Suecia, Alemania y Japón con autos eléctricos o híbridos que sustituirán a los de gasolina entre el 2019 y 2023. EEUU es el segundo consumidor de autos eléctricos o híbridos, casi todos fabricados por EMN extranjeras dentro de su país.

En la guerra comercial, ambas economías conocen bien sus puntos débiles. EEUU tiene el monopolio de ciertos semiconductores, con la ventaja de Intel, Qualcom y Broadcom en procesadores y ciertos microchips, y al dólar como moneda mundial. China tiene la red móvil 5G, la vanguardia en los automóviles eléctricos, la nueva energía limpia, y celulares de alta tecnología a una fracción del precio americano; controla el mercado de tierras raras e insumos materiales para producciones estratégicas.

Para terminar, la necesidad imperiosa de EEUU por interferir el despliegue chino crece, y la vía comercial proteccionista, no funciona. La manera como se sacó EEUU a Japón de encima en 1985, fue mediante el Acuerdo Plaza de 1985 del G7, que obligó a Japón a revaluar su moneda y perder competitividad. Eso indica que la guerra se va a pasar al campo cambiario y financiero, sin duda.

 

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Crisis económica

El crecimiento en la economía mundial supera las expectativas, pero el aumento de riesgos podría amenazar las perspectivas económicas, según un informe de la ONU

Growth in the world economy is surpassing expectations and global GDP is now expected to expand by more than 3 per cent this year and in 2019, reflecting strong growth in developed countries and broadly favourable investment conditions, a new UN report finds.

But rising trade tensions, heightened uncertainty over monetary policy, increasing debt levels and greater geopolitical tensions can potentially thwart progress, according to the United Nations World Economic Situation and Prospects (WESP) as of mid-2018, launched today in New York.

According to the report, world economic growth is now forecast to reach 3.2 per cent both in 2018 and 2019, an upward revision by 0.2 and 0.1 percentage point, respectively. This revised outlook reflects further improvement in the growth forecast for developed economies due to accelerating wage growth, broadly favourable investment conditions, and the short-term impact of a fiscal stimulus package in the United States.

World trade growth has also accelerated, reflecting a widespread increase in global demand. Many commodity-exporting countries will also benefit from the higher level of energy and metal prices. While the modest rise in global commodity prices will exert some upward pressure on inflation in many countries, the report notes that inflationary pressures remain contained across most developed and developing regions.

Speaking at the launch, UN Assistant Secretary-General for Economic Development and Chief Economist Elliott Harris said the upward revision in the global economic forecast reflected in the report is positive news for the prospects of making tangible progress towards achieving the Sustainable Development Goals, but cautioned that “there is a strong need not to become complacent in response to upward trending headline figures.”

“The report underscores that the risks have increased as well and highlights the need to urgently address a number of policy challenges, including threats to the multilateral trading system, high inequality and the renewed rise in carbon emissions,” he added.

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Crisis económica

El curso actual del capitalismo y las perspectivas para la sociedad humana civilizada

Una fase específica de la historia económica y social sudamericana ha llegado a su fin. Esta fase fue testigo de la exportación de materias primas o productos semiprocesados en gran cantidad y a altos precios, que permitieron a sus economías tener tasas de crecimiento considerables y a sus gobiernos financiar una serie de programas sociales sin cambiar la distribución de la riqueza. El “modelo”, como así se lo llamó, dependía de la tasa de crecimiento y la demanda de commodities en otras partes de la economía mundial, especialmente en China

La crisis de 2007 comenzó como una crisis financiera, tras la cual se puso al descubierto una profunda crisis de sobreacumulación y sobreproducción, compuesta por una tasa decreciente de ganancias. La crisis estaba en ciernes desde la segunda mitad de la década de 1990, y se demoró por la creación masiva de crédito y la plena incorporación de China a la economía mundial. El crac que comenzó a fines de 2008 fue de naturaleza global y no sólo una “Gran Recesión” norteamericana, golpeando inicialmente a las economías industrializadas. Los países emergentes, que pensaron que permanecerían mayormente inmunes a sus efectos, más tarde perderían esta ilusión.

La velocidad y la escala de la intervención gubernamental en 2008 por parte de los EE.UU. y los principales países europeos para apoyar al sistema financiero, y también, en forma temporal y en un menor grado, a la industria automovilística, expresan la presión directa de los bancos en defensa de la riqueza financiera y de las automotrices estadounidenses y europeas para proteger su posición contra los competidores asiáticos. Pero también expresaron una considerable cautela política, tanto local como internacionalmente.

Las medidas políticas promulgadas en 2008-2009 para contener la crisis ayudan a explicar la persistencia y el ulterior crecimiento de una masa de capital ficticio en la forma de títulos sobre el valor y el plusvalor implicados en innumerables operaciones especulativas, al mismo tiempo que una situación irresuelta de sobreacumulación y superproducción de una amplia gama de industrias. El continuo recurso de los gobiernos y los bancos centrales del G7 a la inyección de masivas cantidades de dinero nuevo en sus economías (quantitative easing, o “alivio cuantitativo”) ha provocado que enormes sumas nominales de capital ficticio ronden por los mercados financieros mundiales, volviéndolos altamente inestables.

La duración de la crisis mundial y la ausencia en la burguesía de un horizonte económico que no sea el de cortas recuperaciones cíclicas anuncian la convergencia y en última instancia la fusión de los efectos económicos y sociales de una prolongada crisis económica con los efectos, de dimensiones portentosas, del cambio climático.

Hoy, los capitalistas pueden enfrentar entre sí a los trabajadores de diferentes países y continentes. El logro más grande del capital durante los últimos 40 años ha sido la creación de una “fuerza laboral mundial”, a través de la liberalización de las finanzas, el comercio y la inversión directa y la incorporación de China e India en el mercado mundial.

De modo que para la burguesía, el problema es hallar un factor capaz de impulsar la acumulación otra vez, luego de varias décadas. Desde que se incorporó a China en el mercado mundial, ya no quedan “fronteras”. La única posibilidad son las nuevas tecnologías. Solamente éstas, con una inversión extremadamente alta y sus efectos en los empleos, son capaces de impulsar una nueva onda larga de acumulación, asociada con la expansión a través de nuevos mercados.

Que una revolución social radical es la solución, es algo más cierto que nunca, pero la amenaza de las crisis ecológicas, algo que era imprevisible para Marx, como también el legado político del siglo XX, no nos inducen a ser tan optimistas como trataba ser Mandel en 1981.

En ausencia de los factores capaces de lanzar una nueva fase de acumulación sostenida, la perspectiva es la de una situación en la que las consecuencias del lento crecimiento y la endémica inestabilidad financiera, junto al caos político que ellos alimentan en ciertas regiones hoy y potencialmente en otras, convergería con los impactos sociales y políticos del cambio de clima.

La acumulación del capital ha tomado la forma del desarrollo de industrias específicas. La combinación de la crisis global económica y la crisis ecológica del capitalismo es simultáneamente la de las relaciones sociales de producción y de un determinado modo de producción material, el consumo, el uso de la energía y los materiales o, nuevamente toda la base material en la que ha tenido lugar la acumulación, en particular durante los últimos 60 años, y las industrias asociadas con él –las energéticas, las automovilísticas, las infraestructuras viales y la construcción en particular, que conducen a modelos de ciudades intensivas en energía y de la producción de agroquímicos.

La prolongación de este modo bajo el capitalismo implica formas cada vez más destructivas de minería, perforación petrolera (por ejemplo, la perforación de pozos a través de espesas capas de sal en aguas ultraprofundas en el Ártico), la producción agrícola (el uso altamente intensivo de ingredientes químicos y la expansión de la agricultura mediante la deforestación) y los recursos oceánicos. Ahora es evidente que el calentamiento global y el agotamiento ecológico se han convertido en una “barrera inmanente” para el capital, y no, como todavía se lee en obras anteriores de estudiosos estadounidenses, en una barrera exterior

Mandel menciona el hecho de que el capitalismo haya alcanzado sus límites absolutos no significa que cederá el paso a un nuevo modo de producción.9 Las élites y los gobiernos controlados por ellas prestan más atención que nunca a la preservación y reproducción del orden capitalista. De modo que a su progresivo hundimiento junto a los efectos previsibles e imprevisibles del cambio climático se sumarán guerras y regresiones ideológicas y culturales, tanto las provocadas por la mercantilización y la financiarización de la vida cotidiana como las que toman la forma del fundamentalismo y el fanatismo religioso de los tres monoteísmos. La mortalidad a causa a las guerras locales, las enfermedades, y las condiciones sanitarias y nutricionales debidas a la gran pobreza continúan siendo contadas en decenas, sino centenares, de millones.

 

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El desempleo en Perú creció el 9,6 % entre julio y septiembre por la covid-19

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El desempleo a nivel nacional en Perú creció al 9,6 %, entre julio y septiembre últimos, lo que significa que más de un millón de personas busca empleo en las zonas urbanas, después de la cuarentena impuesta en el país por la pandemia de la covid-19. La tasa de desempleo nacional estuvo cerca de triplicarse en el tercer trimestre del año, al pasar de 3,5 % en ese mismo periodo del 2019 al 9,6 % del 2020, según la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). La cuarentena impuesta desde mediados de marzo hasta fines de junio para contener el avance del virus generó un duro golpe en la economía peruana por el cierre casi total de su actividad productiva. Sin embargo, el Ejecutivo aceleró la reactivación de la economía a partir de julio y pese a que los contagios han superado los 937.000 casos en la actualidad.

MÁS DE UN MILLÓN BUSCAN TRABAJO

En el área urbana, el desempleo creció a 12,3 %, entre julio y septiembre pasados, dado que 1.464.800 personas estuvieron en búsqueda activa de trabajo. La población ocupada en Perú se redujo en 2,9 millones de personas, sobre todo en las zonas urbanas, es decir, que cayó en 17 %, respecto al mismo trimestre del año pasado. Del total de 33 millones de habitantes en el país, alrededor de 14,2 millones personas contaban con un empleo hasta septiembre. Las regiones del país más afectadas son la costa, donde se concentran las ciudades más grandes del país, pues la población ocupada ha caído en 23 %, seguida por la sierra que sufrió una disminución de 11,8 % y la selva con una contracción de 5,5 %.

DESEMPLEO DE 16,4 % EN LIMA

En el caso de Lima, la capital peruana con cerca de 10 millones de habitantes, el desempleo subió a 16,4 %, entre agosto y octubre últimos, dado que 761.400 personas manifestaron estar en búsqueda activa de empleo. Durante esos meses, la población ocupada de Lima se ha reducido en 21,5 % y su Población Económicamente Activa disminuyó a 3.872.800 trabajadores. Por actividades productivas a nivel nacional, la caída del empleo se produjo principalmente en Minería (-54,6 %), Pesca (-35,9 %), Servicios (-30,6 %) y Comercio (-29,7 %), mientras que la crisis impulsó el empleo en la actividad agropecuaria en 20,5 %.

INGRESO PROMEDIO DE 400 DÓLARES

A su vez, los ingresos de los trabajadores se redujeron en 36 % en el tercer trimestre del año, debido a las medidas aplicadas por las empresas de reducción de sueldos y de horas laborales por los cambios impuestos en el trabajo presencial. El ingreso promedio mensual en Lima se redujo a 1.507 soles (418 dólares) en vista a que los ingresos de los trabajadores hombres disminuyeron 17 % en promedio, mientras que los de las trabajadoras mujeres lo hicieron en 11 %, de acuerdo a los datos de la Encuesta Permanente de Empleo del INEI.

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Crisis económica

El dólar y la lucha por su predominio.

Si la relajación monetaria emprendida por la FED desde la Gran Recesión del 2008 (QEI, QEII y QEIII) fue sinónimo de desprestigio de la banca y de problemas en los mecanismos de control de precios (tipo de cambio, tasa de interés y materias primas) en Estados Unidos, la contraparte fue el aumento de las exportaciones, el mayor volumen de reservas internacionales, la apreciación de las divisas,   el auge de las bolsas de valores y el crecimiento económico en las economías emergentes.

Todo parece indicar que los comunicados de la FED pugnan por reanimar la frágil economía estadounidense exportando la crisis hacia Latinoamérica: sólo las expectativas sobre el futuro cercano pero incierto del alza de la tasa de interés en Estados Unidos puede explicar el repliegue de las reservas internacionales, la depreciación de los tipos de cambio, la disminución en el precio de las materias primas y los pronósticos de crecimiento económico a la baja para la región Latinoamérica. 

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Crisis económica

El estancamiento de la economía latinoamericana lleva el desempleo juvenil a su nivel más alto en 20 años

La OIT enciende una "señal de alarma" sobre el presente y el futuro de "millones de jóvenes que no encuentran oportunidades"

El estancamiento económico de América Latina hace mella en su mercado de trabajo y se ceba con el segmento más joven de la población. El desempleo entre los menores de 25 años —junto con la informalidad, el gran caballo de batalla de los países de la región en los últimos años—, se ha convertido en “un rasgo estructural de las economías”, según el Panorama Laboral de América Latina y el Caribe publicado este martes por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Son varias las señales de alarma en este flanco: la tasa de desocupación juvenil creció en tres décimas en 2019, hasta el 19,8%, el triple que la de la media de la población adulta —en otras palabras: uno de cada cinco menores de 24 años que busca trabajo no lo encuentra— y el máximo desde el año 2000, cuando se empezaron a publicar datos agregados; y la mayoría de quienes sí están contratados sufren condiciones precarias: informalidad, salarios bajos en relación con el coste de la vida, escasa estabilidad en el empleo y sin apenas programas formativos por parte de su empleador.

“Queda claro, a la luz de las estadísticas de este año, cuán difícil es ser joven en Latinoamérica y el Caribe”, señala el organismo dependiente de Naciones Unidas. En el año recién terminado, el aumento en la desocupación juvenil arrastró consigo la tasa general, mientras que en el colectivo de 25 años o más se mantuvo estable. “Esto debe ser una señal de alarma en la medida en que amenaza el presente y el futuro de millones de jóvenes que no encuentran oportunidades de empleo y cuyas aspiraciones de movilidad social se ven truncadas. (…) A la luz de la ola de protestas en diversas ciudades de la región, se requieren acciones inmediatas e inclusivas”, apremia la OIT. “La crisis de expectativas que se vislumbra en la región demanda acciones urgentes”. El empleo juvenil se contrajo en 11 países que representan casi el 90% de la fuerza de trabajo ocupada en la región —Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Paraguay, Perú y Uruguay—.

Los grandes números ayudan a comprender la magnitud del problema: en la región viven 110 millones de personas de entre 15 y 24 años, una cifra que se ha triplicado desde la década de los cincuenta del siglo pasado. Y estos jóvenes, a pesar de haber recibido una mayor educación que las generaciones previas —en buena medida porque nacieron y crecieron en una época marcada por el crecimiento económico, mientras duró el auge de las materias primas—, enfrentan una inserción en el mercado laboral caracterizada por "una elevada precariedad". De los que trabajan, seis de cada diez lo hacen en la informalidad, y el 22% ni estudia ni tiene empleo (los llamados ni-nis), "una situación que es aún más crítica entre las mujeres".

Leve aumento de la desocupación general, que podría ser mayor

Con el crecimiento económico latinoamericano encadenando revisiones a la baja con el paso de los meses —a cierre de 2018 el FMI preveía el 1% para 2019 y todo apunta a que esta cifra acabará superando por muy poco la barrera del 0%—, la tasa de desocupación borró la mejora registrada en 2018 y pasó del 8% al 8,1%. Esa es, sin embargo, una estimación “conservadora” —apuntan los técnicos del organismo con sede en Ginebra— que podría aumentar “si se confirma el impacto de los movimientos de protesta que irrumpieron en la región en los últimos meses de 2019 y la creciente presión que genera una situación económica de incertidumbre”. A cierre del ejercicio, 26 millones de personas en la región buscaban empleo sin éxito.

Con todo, la paleta de colores con la que está pintado el cuadro laboral latinoamericano dista mucho de ser homogénea: el Caribe angloparlante logró una reducción de 0,5 puntos porcentuales en la desocupación, los países del Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) registraron también una caída mínima, Centroamérica sufrió un aumento del 0,2% en el desempleo y las naciones andinas (Colombia, Ecuador y Perú), del 0,5%.

2019 fue un año malo en lo laboral para el conjunto de la región, pero el futuro no apunta hacia un entorno mucho mejor. A la vista del “crecimiento lento” (1,4%) proyectado para la economía de América Latina y el Caribe por la media de los organismos internacionales, la OIT avisa de la alta probabilidad de que la demanda laboral se vea golpeada y presione al alza la tasa de desocupación hasta el entorno del 8,4%, tres décimas más que a cierre del año pasado. De cumplirse ese pronóstico —y sus técnicos no suelen pasarse de pesimistas—, 2020 terminaría con 27 millones de latinoamericanos buscando empleo.

Informalidad y salarios al alza

Aunque el estudio de la OIT no ofrece datos concretos de evolución de la informalidad, sus firmantes sí vinculan el menor crecimiento del empleo asalariado respecto al de por cuenta propia registrado el año pasado con “una tendencia al aumento” de los empleados que no tienen un contrato de trabajo ni las prestaciones de ley. Sí dan cuenta con certeza sobre el incremento del subempleo (personas que trabajan menos horas de las que desearían) en prácticamente todos los países del área, “resultados que redundan en la precarización relativa de los empleos creados en 2019”.

El contrapunto lo ponen el salario medio y el salario mínimo. El primero creció en 2018 —aún no hay datos para 2019—, aunque con divergencias entre los diferentes grupos de trabajadores: creció más en el sector público y en el caso de los empleados domésticos que en el de los asalariados del sector privado. Por sexos, las percepciones de las mujeres subieron más rápido que las de los hombres, reduciendo —aunque solo “de forma paulatina”— la brecha salarial. En cuanto al salario mínimo, las políticas de recuperación puestas en marcha en 14 de los 16 países analizados por el organismo —y, muy especialmente, en México, donde el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha impulsado una revaluación sin precedentes—, resultaron en un incremento total de cerca del 4% en el año recién concluido, el doble que en el lustro 2013-2018. Es la mejor noticia que deja un Panorama Laboral para América Latina y el Caribe acorde al estancamiento económico regional: crecer es condición sine qua non para crear empleo.

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Crisis económica

El falso redespliegue y la debilidad del dólar

EL FALSO REDESPLIEGUE Y LA DEBILIDAD DEL DÓLAR

 

Oscar Ugarteche[1]

Eduardo Bastida Hernández[2]

 

Un antiguo fantasma persigue al dólar estadounidense. Desde 1960 se habla de que llegará el punto donde el financiamiento externo del déficit comercial de EEUU terminaría. La llegada de Trump a la presidencia ha hecho crecer el riesgo país de EEUU y alejado los capitales de corto plazo, contrario a la idea que el alza de la tasa de interés los atraería de regreso. El efecto ha sido una depreciación del dólar en lo que va del 2017, que visto desde América Latina, se percibe como una apreciación de nuestras monedas.

Para la moneda estadounidense el 2017 no está resultando un buen año, en contraste a los buenos indicadores obtenidos por su economía: un nivel récord en el Dow Jones Industrial de 22,000 puntos en julio; una tasa de desempleo que continua a la baja, colocándose en un 4.3% para el mismo mes; una tasa de crecimiento anual del 2.6% para el segundo trimestre; y una tasa de interés de referencia favorable en comparación con otras economías[3]. Quizás hay miedo del fin del ciclo de expansión económica, que no por tibia fue menor su expansión.

 

El US Dollar Index, conformado por una serie de monedas lideradas por el Euro, muestra una depreciación del dólar del 9% en lo que va del año[4]. Otras divisas de países latinoamericanos se han visto beneficiadas por esto, tales como el sol Peruano y el peso Mexicano, como observamos en el gráfico 1, donde las monedas se aprecian obedeciendo la pérdida de valor del US Dollar Index. Lo mismo pasa para las otras en menor grado.

Dentro del planteamiento de la debilidad del dólar, es posible que los buenos datos registrados en el 2017 estén aun dentro del año fiscal de la administración de Obama, pero tienen proyecciones malas. Los rumores del cambio de la presidente del Federal Reserve Board Yellen acompañan la discusión sobre qué hacer para reactivar la economía de EEUU. Con la tasa de interés al alza, aunque aún negativa, el panorama es sombrío para una reactivación y posible para una nueva recesión. ¿Bajar la tasa más? Lo que se sabe es que el alza de la tasa de interés ha estancado el nivel de precios (ver tabla) y está induciendo un ciclo de bajada del PIB. De esta forma el mercado está descontando la incertidumbre respecto a la administración del nuevo presidente, castigando al dólar; de allí la contradicción respecto a los avances obtenidos por la economía estadounidense.

Las explicaciones sobre la debilidad del dólar presentan planteamientos que van desde una problemática con el crecimiento económico estadounidense, la falta de progreso en la implementación de nuevas políticas por parte de la administración de Trump y la incertidumbre en la habilidad de la FED para incrementar sus tasas de interés ante una tasa de inflación estancada. Una explicación más sencilla es que el alza de la tasa de interés se usa para contener el consumo y, con eso, la inflación. Tal parece que lo han logrado. El problema es, entonces, que no hay cómo recuperar la tasa histórica de interés y con ello el manejo de la política monetaria, sin enterrar la economía real en una deflación y una profunda recesión.

Del otro lado del Atlántico se expone que la tasa de crecimiento europea ha sorprendido, pero el precio del Euro sigue frágil y tiene una recuperación coyuntural. Ha subido desde enero del 2017, igual que las monedas latinoamericanas, por la depreciación del dólar. El crecimiento del PIB trimestral fue de 0.6% y anual de 2.2%. Los miedos políticos se han dispersado por el resultado electoral en Francia y el anuncio que el Banco Central Europeo va a reducir su programa de estímulos monetarios.[5] Sin embargo el Brexit va a golpear sobre su crecimiento del comercio y su PIB.

 

Otro argumento lo presentó Richard Gardner desde 1960, cuando en un artículo planteó que los continuos déficits de EEUU no son problema. Desde entonces concluyó: “Nosotros nos hemos preocupado de una escasez de dólares por la supuesta tendencia de EEUU a mantener superávits en su balanza de pagos. Pero nos hemos despertado ante la realidad de que EE.UU. se encuentra con un gran déficit de pagos”.[6]

Gardner argumentó que los déficits de EEUU se financian gracias a la posesión de dólares por parte de extranjeros, además de la utilidad del dólar como moneda de uso internacional para el comercio. Explicó que este proceso no duraría mucho más una vez que los países que lo financiaban dejaran de confiar en la economía estadounidense como respaldo de la moneda. Concluyó que EEUU podría resolver su problema de déficits externos, tema que le preocupa al actual presidente americano, a través de la reducción del gasto militar y la cooperación externa; la restricción de las importaciones y de las inversiones directas en el exterior; o con deflación de la economía americana. Sin embargo, advirtió que él mismo no lo recomendaba porque esto afectaría el prestigio de EEUU en el mundo.

Tras la crisis del 2008 se puso en duda el estatus del dólar como divisa internacional, y un proceso de des-globalización financiera desde la perspectiva del dólar parece estar en curso. La contrariedad prevista del mal desempeño económico estadounidense de los próximos trimestres se ha visto reflejada en el mal desempeño del dólar y la desconfianza como la moneda internacional de siempre. La moneda emergente es el Reminbi, que ha pasado de ser la moneda número 35 en pagos en el mundo en el 2010, a ser la 5ta moneda en el 2017. El dólar pasó de controlar, aún como moneda principal, el 84.95% de los pagos mundiales en el 2012, a sólo el 40.47% en el 2017.

Ante la incertidumbre del dólar se observa el uso de otras monedas en el comercio regional y una apertura a la discusión sobre si son necesarias nuevas unidades regionales de cuentas, que permitan asegurar el valor de las mercancías y un intercambio comercial estable y eficiente. Esta incertidumbre abre una oportunidad para generar nuevos tipos de integración internacional.

Finalmente, el cambio de gobierno en EEUU parece haber introducido elementos de incertidumbre cambiaria. Aunque ha creado, también, la certeza que el futuro de la economía americana no será ni estable ni sólido. Una recesión está por llegar, una frente a la cual no habrá instrumentos monetarios. La crisis del 2008, en este marco, no ha culminado y no se ven los elementos de redespliegue económico, a pesar de todo.

 

[1] Investigador titular IIEC-UNAM/SIN, coordinador del proyecto Obela

[2] Proyecto Obela

[3] New York Times, The Markets Are Up, Unemployment Is Down. How Much Credit Should Trump Get?

[4] Financial Times, Five markets charts that matter for investors.

[5] Market Watch, Anora Mahmudova, Why dollar weakness may have finally gone too far.

[6] Richard N. Gardner, Foreign Affairs, “Strategy for the Dollar”, edición de abril de 1960.

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El impacto del COVID en las remesas de Mesoamérica

El 22 de abril de 2020, el Banco Mundial informó que el año 2020 tendría la peor caída de remesas en América Latina y el Caribe de la historia; cerca de una quinta parte en comparación con 2019. Las remesas representan una quinta parte del PIB de El Salvador y de Honduras, una décima parte para Guatemala y Nicaragua y menos del 5% para Belice, México, Costa Rica y Panamá.

¿Por qué no se cumplieron las proyecciones de forma homogénea para todos los países? Las remesas para Centroamérica se recuperaron a partir de junio. ¿Por qué tan pronto?

El gobernador de California, Newsom, ordenó una cuarentena no obligatoria en marzo del año y dicho Estado es la meca de los desplazados: con 10.7 millones residentes. En abril otros Estados aplicaron medidas de distanciamiento social. Para los países de origen de los migrantes tanto ilegales como legales, el efecto fue la reducción en las remesas por la pérdida de ingresos de estos. El peor desplome de remesas fue en abril. El Salvador perdió 40% de sus remesas, Guatemala el 20% y los otros centroamericanos tuvieron la misma tendencia. Sin embargo, en México cayeron apenas 2% anual.

Juan José Li Ng señala que las remesas de México crecieron hacia la región Noroccidente de México (Sonora, Chihuahua y Baja California) y disminuyeron en el resto. Los norteños desterrados tienen mayor tiempo en EE.UU., ciudadanía o residencia permanente; y empleos formales y de mejor calidad; con redes de apoyo y familiares. Los latinos provenientes de Centroamérica y del Sursureste de México, son recientes, de los últimos 15 años. Los trabajadores provenientes de Centroamérica y del Sursureste de México no tienen el mismo arraigo en los EE.UU. que los de la región Noroccidente. Las actividades en que trabajan son de servicios y el fin del confinamiento les permitió regresar a sus trabajos. Los migrantes sudamericanos son proporcionalmente menos y datan de la década del 80 mayormente, aunque también del 70. Esa antigüedad es la que determina la estabilidad de los flujos. La calidad de la mano de obra define, en cambio, la variabilidad de los fondos remitidos con una aparente relación inversa entre calificación y velocidad del retorno a trabajar.

Investigadores del MPI indicaron que durante la crisis de 2008-2009 los trabajadores latinos visitantes enfrentaron gran desempleo. Empero, recuperaron sus puestos laborales más rápido que los nacidos en EE.UU.

En marzo de 2020 el desempleo latino fue del 6% y se triplicó ante la pandemia a 18.9% en abril. Las mujeres fueron las más perjudicadas. Los latinos desplazados fueron el grupo étnico que más empleos perdió, como en la crisis de 2008, y tuvieron una recuperación rápida. En enero de 2020 la brecha de género fue de 2%, mientras que en abril aumentó hasta 5%. Para agosto estaba de regreso a 2%. Según el MPI, en abril solo 40% de las latinas con edad para trabajar estaban empleadas lo que implicó que las familias latinas se quedaran con un sólo ingreso. El desempleo de este grupo étnico se redujo a 10,9% entre junio y agosto con un índice de recuperación más rápido que el promedio (ver gráfico).

Los desterrados trabajan en industrias muy vulnerables al ciclo económico. El MPI indicó que los extranjeros trabajan en servicios de alojamiento y alimentación, servicios a domicilio y servicios de construcción. Su empleo en EE.UU. se mantuvo porque está en la infraestructura esencial que responde al relativo bajo nivel educativo, donde reciben una paga baja, pero mucho mayor que lo que tendrían en sus países de origen. Las remesas hacia Centroamérica se recuperaron con la relajación del confinamiento en EE.UU.

Las proyecciones catastróficas del Banco Mundial no se cumplen, afortunadamente para las familias mexicanas, centro y sudamericanas que se apoyan en esto. Lo que está visto es que ser migrante y ser precario son sinónimos y que en caso de cualquier caída de producción es el primer grupo desempleado.

 

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El papel del litio en la guerra comercial

El cambio en la matriz energética mundial juega un papel importante en la guerra comercial y la disputa por la hegemonía. Mientras que EEUU quiere conservar el petróleo como fuente de energía, por ser su principal exportación, China está cambiando su matriz energética y empujando las energías limpias a menores precios en el mercado mundial. En este contexto, el litio juega un papel importante, por ser el insumo principal para las baterías, incluidas las de los automóviles eléctricos.

El segundo campo de conflicto es el de los vehículos eléctricos. China ha masificado la producción de autobuses eléctricos y los exporta hacia América Latina, ya en diez ciudades importantes: Ciudad de México, La Habana, Medellín, Cali, Guayaquil, Santiago, Buenos Aires, Montevideo y San Pablo. EEUU no ha modificado sus autobuses a diésel. La producción de motocicletas eléctricas chinas ha invadido el mercado mundial con 28 empresas fabricantes, mientras EEUU tiene dos, Italia 5, y Alemania arma scooters (motos pequeñas) asiáticas y tiene 3 fabricas propias. China fabrica 30 millones de scooters eléctricos al año y continúa fabricando motocicletas a gasolina con motores de dos tiempos, igual que EEUU que tiene dos fábricas de motocicletas eléctricas Z y Harley Davidson. Japón, China, la India e Italia concentran el grueso de la fabricación mundial con China como el fabricante mayor y más dinámico.

Para los vehículos eléctricos, el litio es esencial por las baterías y por la aleación que se hace con el agua de litio para aligerar el peso de los metales y hacerlos más autónomos. El litio es un metal alcalino que se puede encontrar de dos formas en el planeta: en salares y en depósitos de roca dura. Los tres países que cuentan con más litio que aún no puede ser extraído son Argentina, Bolivia y Chile. Por otra parte, los países con las reservas de litio son que ya se pueden extraer son Chile, Australia, Argentina y China.

Hay una diferencia entre el Litio de América del Sur y el del resto del mundo. El litio sudamericano está en salares, por lo que es más sencillo extraerlo. Con esto, los proyectos mineros de Chile y Argentina son más productivos, que los de Perú o Brasil. Cabe hacer la aclaración que el Servicio Geológico de EEUU no toma en cuenta litio extraíble para Bolivia cuando ya existen pequeñas exportaciones a China y Rusia. Bolivia tiene las mayores reservas de litio del mundo seguido del Perú en Macusani.

En cuanto al comercio internacional, China es el mayor importador de litio extraído de salares en el mundo, con 269 millones de dólares. De estos, el 75% son de origen chileno y 12% argentino. El mayor exportador de litio extraído de salares es Chile y de litio extraído de roca dura es China.

El área geográfica de donde se extrae litio en América de Sur se conoce como El Triángulo del Litio, y estaba conformado por tres puntos: el Salar de Atacama (Chile), el Salar de Uyuni (Bolivia) y el Salar de Hombre Muerto (Argentina). Con el aumento de la demanda de litio de dicho triángulo se convirtió en un corredor. Ahora en la región hay 9 minas y se estira desde Puno, Perú hasta Jujuy (ver mapa).

El Salar de Atacama en Chile es uno de los proyectos de litio más productivos del mundo. Las dos empresas encargadas de extraer litio en Chile son: Albermale Corporation, una empresa química estadounidense y Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), una empresa minera privada que trabajan en el Salar de Atacama y el Salar del Carmen. Igualmente, se cuenta con 5 proyectos por parte de SQM, Albermale, SIMCO SpA (Chile) y Minera Salar Blanco (Australia) para 2021. 1

La empresa americana Ensorcia Metals Corporation está en el proceso de invertir 400 millones de dólares para abrir y operar dos plantas de baterías de litio: una en Chile, que planea empezará operaciones en el 2021; y la otra en la zona de Jujuy en Argentina. Según el Diario el Mercurio de Santiago, del 21 de enero del 2019, la empresa Ensorcia Chile, está ligada al empresario estadounidense Daniel Layton, al creador de la tecnología MU y experto en litio John Burba (de IBAT) y el emprendedor chileno Ricardo Donoso. Con una inversión de 220 millones de dólares deberían de entrar a producir en el último trimestre del 2019.

Por otro lado, la extracción en Argentina es por parte de las empresas:

  • Orocobre, una empresa minera australiana que, para este proyecto cuenta con participación del 25% de Toyota que trabaja en Olaroz, Jujuy.2

  • Advantage Lithium, una empresa canadiense que trabaja en Cauchari, Antofalla, Incahuasi, Guayatayoc y Salinas Grande Salar.3

  • Ganfeng, una empresa China dedicada a extraer litio que trabaja en Cauchari y Olaroz. 4

  • Minera de altiplano una filial de FMC Corporation que es una empresa estadounidense que trabaja en el Salar de Hombre Muerto. 5

  • Galaxy Resources, una empresa australiana que trabaja en el Salar de Hombre Muerto. 6

  • Minera Exar, subsidiara de la empresa Lithium Americas que es canadiense que trabaja en Cauchari y Olaroz. Mitsubishi y Baterías Magna son parte de este proyecto.7

La energía de estas empresas, a partir de finales de 2019, será generada por el parque solar del gobierno de Jujuy con tecnología china.

En comparación, en Bolivia la extracción del litio es por Yacimientos de Litio Bolivianos, que tenía un acuerdo firmando en diciembre del 2018, con la empresa alemana ACI Systems GmbH para la fabricación de baterías de litio a través de una empresa mixta que operara con litio del Salar de Uyuni con una inversión de 1,300 millones de dólares. El acuerdo fue cancelado por el presidente Morales para aplacar las protestas de Potosí en noviembre de 2019.8 La empresa reaccionó diciendo que el contrato estaba firmado y se iba a respetar.

También existe la extracción del litio y acuerdos con la empresa china Xinjiang TBEA Group Company para la industrialización en el Salar de Coipasa y el Salar de Pastos Grandes y así producir baterías de litio y metal ligero9. El acuerdo con China no ha sido cancelado, suma en total 2390 millones de dólares, y conlleva la construcción de la planta industrializadora de litio en Coipasa, Oruro. Esta demandará una inversión de 1.320 millones de dólares para la instalación de cinco plantas: una de sulfato de potasio, con 450.000 toneladas año (t/a); una de hidróxido de litio, con 60.000 t/a; una de ácido bórico, con 60.000 t/a, una de bromo puro, con 10.000 t/a, y una de bromuro de sodio, con 10.000 t/a. Se proyecta además la construcción de una planta de baterías en China, con el 51 por ciento para YLB y el 49 por ciento para TBEA-Baocheng. En el salar de Pastos Grandes, en el departamento de Potosí, la inversión alcanza los 1.070 millones de dólares, donde se instalarán tres plantas de cloruro de litio, carbonato de litio y litio metálico.

Respecto al segundo tipo del litio, el alojado en rocas, los proyectos son menores y menos productivos. En el Perú se encontró litio en roca dura en Puno que será extraído por la minera canadiense Plateau Energy. Y en Brasil se identificó en Araçuaí que será extraído por la Compañía Brasileña de Litio.

En setiembre del 2019, la asesora de la Casa Blanca e hija del presidente de EEUU visitó Purmamarca en Jujuy, donde anunció la inversión de 400 millones de dólares por empresas americanas con el apoyo del OPIC para carreteras, en particular las rutas nacionales 7 y 33. El 80% de las inversiones previstas son para reparar y ampliar el Corredor C, que conecta las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Sin duda son 400 millones en carreteras relacionadas a la explotación de las minas de litio y actividades colaterales. Allí mismo, en Jujuy, está el Parque Solar Cauchari que tiene una extensión de 800 hectáreas, con 1.2 millones de paneles solares, que servirán para la extracción de las cinco minas de litio que hay en esa zona. La visita de Ivanka Trump se hizo con la compañía de 2,500 agentes federales argentinos que llegaron para entrenamientos militares en la zona norte del país.

América del Sur es un territorio en disputa fomentado ahora por el litio como recurso estratégico, como lo fue antes el salitre que llevó a una guerra en el silgo XIX entre los mismos países ahora mencionados. El golpe de Estado en Bolivia, orquestado por EEUU, se ve fuertemente relacionado con los avances de industrialización apoyados por China y Alemania basados en el litio. Eso quizás explique el pronto reconocimiento de EEUU al gobierno de facto y de la Unión Europea. La nación que controle la oferta de baterías de litio en el mundo controlará el cambio de matriz energética y la nueva industria automotriz.

1 https://www.guiaminera.cl/oro-blanco-genera-boom-de-proyectos-cerca-de-us2-000-millones-invierten-empresas-en-nuevas-iniciativas-de-litio-en-chile/

2 https://www.orocobre.com/operations/salar-de-olaroz/

3 https://www.advantagelithium.com/projects/cauchari/

4https://www.reuters.com/article/china-lithium-ganfeng/chinas-ganfeng-closes-deal-to-raise-stake-in-argentina-lithium-project-idUSL4N25E055

5 http://www.telam.com.ar/notas/201711/221028-la-empresa-fmc-invertira-us-300-millones-para-duplicar-su-produccion-de-litio.html

6 http://miningpress.com/nota/318755/galaxy---posco-acuerdo-clave-por-salar-del-hombre-muerto-mas-inversiones-y-litio-para-catamarca

7 https://defonline.com.ar/el-litio-un-mineral-estrategico/

8 https://lta.reuters.com/articulo/bolivia-alemania-litio-idLTAKBN1XD0LE-OUSLT

9 https://www.efe.com/efe/america/economia/bolivia-y-china-forman-una-empresa-para-fabricar-litio-metalico/20000011-4046760

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Tema de investigación: 
Crisis económica

El precio del petróleo: ¿es la China o la FED? Un diagnóstico latinoamericano.

Oscar Ugarteche [i] y L. David Segovia Villeda [ii]. La abrupta disminución en el precio del petróleo ha desprestigiado el diagnóstico ortodoxo que subraya el papel concluyente de China y el exiguo efecto del mercado financiero sobre el valor del combustible. La prueba reside, por una parte, en la sincronía entre la demanda asiática en constante crecimiento y el desplome de los precios del hidrocarburo y, por otra, en la intensificación de la relación inversa entre tasas de interés de los bonos federales estadounidenses y el precio de los futuros de commodities a partir de 2009.

El transcurso de los meses delinea el saldo probable para Latinoamérica: aunque  matizado según la importancia del petróleo en el modelo comercial y en el erario público en cada uno de los países, a nivel región el triple arbitraje invertido conformado por tasa de interés, tipo de cambio y precio de materias primas prevé mayores tasas de retorno de los bonos gubernamentales (para frenar la salida de reservas internacionales y las presiones inflacionarias) y recorte al gasto público.

 

[i]Economista peruano, trabaja en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, México. Miembro del SNI/Conacyt. Coordinador del Observatorio Económico de América Latina (OBELA) www.obela.org y presidente de ALAI www.alainet.org

[ii]Miembro del proyecto OBELA, IIEc-UNAM.

 

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Crisis económica

El trigo, otro commodity financiarizado

Las fortalezas del trigo van de la fácil adaptación agronómica y el almacenamiento asequible, hasta la sencilla transformación en alimentos de alto contenido nutritivo. De ahí que entre sus usos destaca la producción de alimentos (para uso humano y animal) y biocombustibles. Se distinguen 5 tipos principales de trigo: rojo duro de invierno, rojo duro de primavera, rojo blando de primavera, blanco y duro, en orden descendente respecto a su producción en Estados Unidos (EU). Aunque los futuros se llegan a negociar desde la India (In) hasta Argentina y Hungría, la atención mundial está en los mercados estadounidenses: Bolsa de Comercio de Kansas City (KCBOT, en inglés), Bolsa de Granos de Minneapolis (MGE, en inglés) y, más aún, Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT, en inglés).

La tendencia reciente en el precio futuro del trigo comerciado en el CBOT, muestra: a) alza impresionante del 434% desde 01/2000 hasta 02/2008 y b) desaceleración del 51% en 12/2014 a partir del máximo alcanzado en 02/2008. Destaca que en comparación con el resto de las materias primas, el boom terminó en 2008 y, de mayor importancia, el contraste entre el crecimiento extraordinario en un periodo tan corto de tiempo como el 08/2005-02/2008 y la caída pausada (que titubeo en 05/2010 y 02/2012) en los 7 años posteriores. ¿Tan alarmante fluctuación responde únicamente a los factores demográficos, económicos, naturales y geopolíticos que determinan la oferta y demanda?

La Unión Europea (UE), China (Ch), In, EU y Rusia (Ru) son los principales consumidores (Md) y productores (Ms) mundiales del grano. Del lado de la demanda, la participación de la UE, Ch e In ha sobre compensado el estancamiento de Ru y EU: el crecimiento de 26%, 18%, 17% y 12% en los cuatro primeros explica el alza de 837 a 1010 en Md. Respecto a la oferta, ahora se le suma Ru al ancla de arrastre conformada por la UE, Ch e In, ahora el incremento de Ms va de 804 a 966. A pesar de que los datos de las fuerzas del mercado dan cierto aliento a los diagnósticos conservadores, la estrechez entre Md y Ms bajo un escenario de gran volatilidad en el precio del trigo hace pensar en otro factor de gran envergadura.

El mercado financiero también da señales. Aún cuando el vínculo entre la tasa de interés de los bonos federales estadounidenses y el precio del trigo era sombría hasta 09/2004, de ahí hasta la fecha se dejan entrever un nexo positivo (09/2004-09/2008) y negativo (09/2008-09/2012): a partir de la política monetaria expansiva implementada por la Reserva Federal (FED, en inglés) se amplifica el principio de minimización de riesgos y maximización de beneficios al reemplazar futuros de trigo por bonos gubernamentales. Tal comportamiento queda evidenciado donde los contratos de futuros muestran una caída de las 232 mil a las 152 mil una vez que empiezan a germinar las opiniones de la academia, del mercado y la burocracia sobre la inevitable e incuestionable alza futura de las tasas de interés.

En el mercado de futuros hay un principio por el cual la diferencia entre el primer (f1) y el segundo (f2) contrato debe de ser únicamente el costo de almacenamiento de f2. Se relaciona el stock de trigo y el diferencial entre f1 y f2 como porcentaje del costo de almacenamiento total (renta de  bodega, intereses no percibidos y el seguro de la mercancía): sólido naranja del eje izquierdo y línea azul  del eje derecho, respectivamente. La línea roja de 100% indica la cobertura plena de los costos de almacenamiento y, en consecuencia, valores por encima y por debajo evidencian especulación. Lo que se aprecia es que con dos periodos de distancia, cuando bajan los precios de f2 (alza de la línea azul) suben los inventarios y cuando se incrementan los precios de f2 (caída de la línea azul) se reducen los inventarios.

En el año 2009 el Subcomité de Investigaciones Permanentes del Senado de EU publicó un informe titulado "Excesiva especulación en el mercado del trigo",[i] en donde hace pública la forma de operar de los agentes financieros entre 2001-2008 y denuncia los siguientes hechos: a) la mayor parte de los contratos adquiridos por los Comerciantes de Índices de Materias Primas (CIT´s, en inglés) no buscan la cobertura sobre la producción física pero si la especulación; b) la demanda hecha por los CIT´s incrementa el precio de los contratos futuros, agranda su diferencial respecto a los precios spot y hace más volátil e irracional el comportamiento de las cotizaciones; c) el accionar de los CIT´s atenta sobre el comercio físico del grano al afligir a agricultores, almacenadores y procesadores  vía costos no previstos y expectativas falsas sobre el precio futuro de la producción; d) las excepciones otorgadas por la Comisión Estadounidense de Comercio de Commodities a Futuro (CFTC en inglés) sobre el límite de contratos que puede comerciar algunos CIT´s han facilitado la especulación; y e) los programas federales de cobertura agrícola han perdido eficacia al considerar los precios futuros en las fórmulas que determinan el costo del crédito hacia los productores. La recomendación de política pública, orientada a reducir la brecha entre el precio futuro y spot, apuntó al aminoramiento de la especulación financiera vía mayores restricciones a los CIT´s sobre la posesión de contratos de futuros y no a los intentos del CBOT por acrecentar la actividad real: llevar el precio del futuro a los niveles del spot, en resumidas cuentas.

La financiarización de la economía avanza a pasos agigantados. La oferta y demanda agrícola, determinantes últimos de los precios de las materias primas hasta hace poco, están por ser rebasados ante la inminente importancia del sector financiero. El descubrimiento de que los precios de los futuros de trigo se desvinculan del precio spot debe ser tratado como un problema de seguridad alimentaria y un factor más de la concentración del ingreso: lo que ganan los especuladores es quitado a los productores y, en última instancia, pagado por los consumidores.

Véase el texto con gráficos en el documento adjunto

 

[i] Consultado el 02/06/2015 en http://www.hsgac.senate.gov//imo/media/doc/REPORTExcessiveSpecullationintheWheatMarketwoexhibitschartsJune2409.pdf?attempt=2

Tema de investigación: 
Arquitectura financiera

El índice de precios de los alimentos de la FAO alcanza el nivel más elevado en seis meses

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» El índice de precios de los alimentos de la FAO* alcanzó un promedio de 96,1 puntos en agosto de 2020, esto es, 1,8 puntos (un 2,0 %) más que en julio y 2,1 puntos (un 2,2 %) por encima del nivel registrado en el mismo mes del año pasado. El valor de agosto, el más elevado desde febrero de 2020, representó un aumento por tercer mes consecutivo. Si bien el debilitamiento del dólar estadounidense respaldó los precios internacionales de la mayoría de los productos agrícolas, en agosto los aumentos de precios fueron más pronunciados en los casos del azúcar y los aceites vegetales, registrándose también una subida de los precios de los cereales, aunque más modesta. Por el contrario, los valores de la carne y de los productos lácteos se mantuvieron estables, cercanos a los niveles de julio.

» El índice de precios de los cereales de la FAO registró en agosto un promedio de 98,7 puntos, es decir, 1,8 puntos (un 1,9 %) más que en julio y 6,5 puntos (un 7,0 %) por encima del valor registrado en el mismo mes del año pasado. Entre los cereales principales, los precios del sorgo, la cebada, el maíz y el arroz fueron los que más subieron. Los precios del sorgo aumentaron notablemente por segundo mes consecutivo —un 8,7 % respecto de julio y un 33,4 % respecto del nivel de agosto de 2019—, principalmente de resultas de la fuerte demanda de importaciones por parte de China. También repuntaron los precios de la cebada, con un aumento intermensual del 3,2 %, como consecuencia del mayor dinamismo de las exportaciones de la Argentina con destino a China. Las preocupaciones acerca de las perspectivas sobre la producción en los Estados Unidos de América tras los recientes daños a los cultivos en Iowa originaron un nuevo aumento en los precios del maíz del 2,2 % en agosto. Los precios internacionales del arroz también subieron, después de dos meses consecutivos de descensos, a causa de la escasa disponibilidad estacional y la creciente demanda en África. En los mercados de trigo subieron los precios de exportación, aunque solo ligeramente, debido a que las perspectivas de reducción de la producción en Europa y el aumento del interés de los compradores comenzaron a empujar los precios al alza hacia finales de mes.

» El índice de precios de los aceites vegetales de la FAO registró un promedio de 98,7 puntos en agosto, lo que supone un incremento intermensual de 5,5 puntos (un 5,9 %) y su nivel más elevado desde enero de 2020. El tercer aumento mensual consecutivo refleja principalmente la subida de los valores del aceite de palma y, en menor medida, el alza de los precios de los aceites de soja, girasol y colza. El aumento de los precios internacionales del aceite de palma obedece fundamentalmente a las perspectivas de una disminución de la producción en los principales países productores, que, sumada a la firme demanda mundial de importaciones, se prevé dará lugar a una reducción de las reservas. Mientras tanto, los valores del aceite de soja siguieron subiendo a raíz de una demanda mayor de lo previsto por parte de la industria del biodiésel en los Estados Unidos de América. Los precios del aceite de girasol se vieron respaldados por la robusta demanda de importaciones, especialmente en China, mientras que la continua escasez de la oferta provocó otra subida de los valores del aceite de colza.

» El índice de precios de los productos lácteos de la FAO se situó en un promedio de 102,0 puntos en agosto, prácticamente sin variación respecto de julio y 1,7 puntos (un 1,7 %) más que en el mismo mes del año pasado. Disminuyeron las cotizaciones tanto del queso como de la leche entera en polvo, debido a la menor demanda de suministros al contado propiciada por expectativas de cuantiosas disponibilidades exportables en Oceanía durante la nueva campaña de producción. Por el contrario, las cotizaciones de la mantequilla aumentaron como resultado de la reducción de las disponibilidades exportables en Europa a causa de un incremento de la demanda interna al tiempo que la ola de calor de agosto redujo la producción de leche, que ya registraba su descenso estacional. También aumentaron las cotizaciones de la leche desnatada en polvo, sustentadas por la firme demanda mundial de importaciones en lo que respecta a las entregas a medio plazo y por la disminución de la producción de leche en Europa.

» El índice de precios de la carne de la FAO** registró un promedio de 93,2 puntos en agosto, prácticamente sin variación respecto del valor de julio y 9,1 puntos (un 8,9 %) menos que en el mismo mes del año pasado. En agosto disminuyeron las cotizaciones de las carnes de bovino y aves de corral, a raíz de la ralentización de las importaciones, pese a la disminución del sacrificio de animales y su elaboración en las principales regiones productoras. Asimismo, descendieron las cotizaciones de la carne de ovino debido a la escasa demanda de importaciones en un contexto de afluencia de suministros de carne de cordero en Oceanía gracias a la nueva campaña. Por el contrario, los precios de la carne de cerdo aumentaron tras cuatro meses de descensos consecutivos, a causa de una subida repentina de las importaciones en China y una cierta escasez de suministros a nivel mundial por el menor peso en matadero sumado al cierre prolongado de plantas en algunas regiones productoras.

» El índice de precios del azúcar de la FAO se situó en agosto en un promedio de 81,1 puntos, esto es, 5,1 puntos (un 6,7 %) más que en julio y 4,9 puntos (un 6,4 %) por encima del valor de agosto de 2019. El último aumento intermensual obedeció a las perspectivas de una disminución de la producción derivada de condiciones meteorológicas desfavorables tanto en la Unión Europea como en Tailandia, segundo mayor exportador de azúcar del mundo. La fuerte demanda de importaciones de azúcar por parte de China, impulsada por un crecimiento sostenido del consumo interno, hizo subir todavía más los precios. Sin embargo, las expectativas de una excelente cosecha de azúcar en la India contuvieron el grado de aumento de los precios.

 *A partir de julio de 2020, se ha ampliado la cobertura de precios del índice de precios de los alimentos de la FAO y se ha revisado su período de referencia a 2014-16. Para obtener más detalles sobre esta revisión, véase el artículo especial en el número de junio de 2020 de Perspectivas alimentarias.

* *A diferencia de otros grupos de productos básicos, la mayoría de los precios utilizados en el cálculo del índice de precios de la carne de la FAO no se encuentra disponible en el momento del cómputo y publicación del índice de precios de los alimentos de la Organización; por tanto, el valor del índice de precios de la carne de los meses más recientes se deriva de una combinación de precios previstos y observados. En ocasiones, esto puede hacer precisas revisiones significativas del valor final del índice de precios de la carne de la FAO que, a su vez, podrían influir en el valor del índice de precios de los alimentos de la Organización.

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Crisis económica

En qué va la guerra comercial de EEUU a agosto del 2019

Las negociaciones comerciales entre EEUU y China se reanudarán la primera semana de agosto en Shanghai. Hasta ahora, ninguno de los dos ha cedido a las condiciones del otro. Se recuerda que EEUU busca reducir su déficit comercial, mejorar la productividad el aparato industrial interno, su competitividad en el mercado mundial y, frenar el ascendente dominio comercial chino, mediante la ampliación de aranceles punitivos.

Recientemente el mandatario estadounidense afirmó, vía twitter, que “los aranceles […] están teniendo un efecto importante [pues] las empresas desean salir de China hacia países no arancelarios; [que se están] recibiendo miles de millones de dólares en aranceles de China […y que las] tarifas son pagadas por China devaluando y bombeando, no por el contribuyente estadounidense!”. Dijo que China alcanzará, en el segundo trimestre, el nivel de crecimiento más bajo desde hace 27 años como resultado de su estrategia comercial internacional.

El crecimiento de la economía de EEUU en el segundo trimestre se desaceleró, mientras China se mantiene estable en 6.2%, porque el arancel es un impuesto, aplicado por el gobierno importador, es pagado por el importador y el consumidor final. La lógica es aumentar el precio de la mercancía importada para reducir su consumo y, de este modo, favorecer las mercancías locales. Salvo que los importadores sean empresas o consumidores chinos en EEUU, no hay modo en que los aranceles sean transferidos a la economía china, salvo que China tenga un solo mercado, pero Estados Unidos es el mercado mayor de China (20%) cuyo comercio se reparte 45% a países del Asia, 22% a países de la Unión Europea, y 9% a América latina y África.

De ahí que la respuesta a las medidas proteccionistas de un Estado con otro no puedan ser más que alzas arancelarias en sentido contrario, no hay otra. En esta ocasión, después de cinco rondas de subidas arancelarias, una breve tregua e incontables amenazas, la guerra no parece favorecer a nadie. Se estima que el total de las medidas impuestas ha alcanzado $250 mil millones de dólares a las importaciones chinas y $110 mmd a las estadounidenses. De este modo, la cuestión estratégica sería cuantitativa en determinados bienes de consumo final y, cualitativo para ciertas ramas industriales. El impacto, empero, está recayendo sobre el comercio internacional en su conjunto.

En un sentido limitado es cierto que el déficit estadounidense con China ha disminuido, pero apenas a niveles previos al inicio de la guerra. El acumulado hasta mayo de 2019 disminuyó en 9.9% respecto a mayo de 2018, pero China aún corresponde al 38% del total del déficit comercial estadounidense. En cambio, el déficit total americano hasta mayo del 2019 alcanzó -359,579.8 millones de dólares, 25% mayor que el año anterior. Este incremento corresponde en buena parte al creciente déficit con México (ver gráfico).

La reducción del déficit comercial con China ha sido producto de una contracción de sus importaciones. Esta situación, dadas las condiciones del aparato productivo de EEUU, sólo complica aún más sus niveles de productividad y competencia internacional. La reducción de las importaciones, refleja su nivel de consumo interno y, la limitada capacidad de crecimiento de la economía. De ahí que también el Bureau of Económica Análisis anunciara que el crecimiento del PIB cayó de 3.5% en el segundo trimestre del 2018 a 2.1% en el segundo trimestre del 2019 anticipando menos crecimiento para el 2019 que para el 2018.

Por otra parte, una buena parte de las cadenas productivas americanas dependen de insumos chinos. En el 2017, el 50% de sus compras estuvo compuesto de aparatos electrónicos, maquinaria de radiodifusión, computo, partes y piezas electrónicas y demás insumos industriales y de consumo final. El nivel técnico y de especialización que incorporan los productos chinos, apoyados en bajísimos costos de producción, ha desplazado a los productos estadounidenses. Esta condición del aparato productivo estadounidense no le permite sustituir las importaciones chinas sin encarecer los productos y generar inflación.

A la inversa, la matriz exportadora de EEUU está compuesta, principalmente, por maquinaria (22%), equipo de transporte, mayormente automóviles (15%), productos químicos (14%) y derivados del petróleo (11%). Como lo ha mostrado la trama Huawei y la red 5G, la economía estadounidense ha perdido el liderazgo en las ramas tecnológico-industriales y no parece encontrar vías para recuperarla. Lo que le ha quedado es asegurar su mercado interno (ampliado) vía el TMEC; ponerle aranceles punitivos a la Unión Europea (especialmente a Alemania) y esperar que su proteccionismo merme el crecimiento chino de 6.2%, sin afectar aún más su sufrido 2.1%.

Finalmente, si consideramos que hay una recesión autoinducida en México debido a los ajustes en el gasto fiscal, y es probable que la caída en la demanda en Estados Unidos continúe, el resultado final debería ser menos importaciones mexicanas y un mayor déficit americano con México para diciembre de 2019. Esto podría significar más aranceles para los bienes mexicanos, dada la peculiar visión que el equipo económico estadounidense tiene del mundo. La Ley de Aranceles Smoot-Hawley de 1930 debe tenerse en cuenta, así como la no ratificación del Pacto de la Sociedad de las Naciones, en 1920, fundado por el Presidente Woodrow Wilson en 1919. La bancada republicana, liderada por Henry Cabot Lodge, argumentó entonces que "la Liga comprometería a Estados Unidos con una organización costosa que reduciría la capacidad de Estados Unidos para defender sus propios intereses". Los gobiernos republicanos han sido conocidos por su aislacionismo y xenofobia en el pasado. Esto podría significar que nuevos males económicos en los EE.UU. podrían llevar a nuevas medidas aislacionistas con terribles impactos en la economía mundial, como en 1930.

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Crisis económica

Escucha cuidadosamente los indicios de la próxima Recesión Global

Economists are good at measuring the past but inconsistent at forecasting future events, particularly recessions. That’s because recessions aren’t caused merely by concrete changes in the markets. Beliefs and stories passed on by thousands of individuals are important factors, maybe even the main ones, in determining big shifts in the economy.

That is likely to be the case again, whenever we next endure a global recession. Worries that a big downturn might be imminent seem to have abated, but they still abound. In April, for example, the International Monetary Fund reported in its World Economic Outlook that while very modest growth is likely this year, the world economy was in a “fragile conjuncture.”

It is therefore worth asking what actually sets off a real global recession. Most discussions focus on leading indicators — statistics about economic variables that have preceded recessions. While these kinds of correlations can sometimes be useful in forecasting, they provide little understanding of why major changes are taking place. Leading indicators don’t usually address ultimate causes, nor do econometric models that try to predict events.

In fact, it’s instructive to remember that global recessions have usually begun suddenly and been a real surprise to most people. As I have argued in this column and with George A. Akerlof in “Animal Spirits” (Princeton 2009), such events can largely be ascribed ultimately to contagious stories of wide significance. Basically, global recessions tend to begin when newly popular narratives reduce individuals’ motivation to spend money. Psychology matters a great deal.

The biggest recession of all, the Great Depression, began suddenly with the stock market crash of October 1929, as Christina Romer, the former chairwoman of President Obama’s Council of Economic Advisers, pointed out in a famous paper. Even before 1929 was over, she found, department store sales and automobile registrations had declined, indicating that consumer spending had already dropped sharply. But why?

Economists were alarmed by the crash, she found, and their warnings helped make consumers wary. But let’s not overestimate the importance of these economic forecasts: Most people never actually read them. They received their information from other channels.

Back then, immediately after the market crash, church sermons were a powerful influence. Congregations were told that many businesspeople had behaved like gamblers and hucksters. Through these sermons and other word-of-mouth sources, moralizing about the stock market crash spread, affecting mass psychology. Frederick Lewis Allen, in the epilogue to his 1931 best seller “Only Yesterday: An Informal History of the 1920s,” wrote that cultural values changed after the crash: People began to dress more modestly, adopting a new formality and religiosity, reviving Victorian sexual taboos. It is reasonable to assume that many of these changes had an economic impact, mainly by discouraging spending.

Similarly in more recent downturns, broad cultural and social changes had big effects, too. Since World War II, there have been four global recessions, according to the International Monetary Fund, which defines such an event very specifically as negative global per capita economic growth over at least one year. In each case, these recessions lasted only one year, though relatively slow economic growth rates were also an issue in periods surrounding them. The recessions ended in 1975, 1982, 1991 and 2009.

As they had with the Great Depression, economists have cited concrete causes for these events. Oil has been named as a fundamental factor in each case, with price spikes blamed on the Yom Kippur war of 1973, the Iran-Iraq War beginning in 1980, the 1990-91 Persian Gulf war and rising energy demand in China and other emerging countries in 2008.

Broader social narratives are sometimes ignored, but they matter, too. Consider the recession of 1975. Along with oil prices, common ways of understanding and describing daily life also changed. The oil crisis was widely said to signal the end of an era of abundance. Lower highway speed limits were imposed to conserve fuel, and cars grew smaller. Americans were told to lower their home thermostats to 68 degrees. In large numbers, people began wearing sweatsuits, flannel leg warmers, thermal underwear and long johns. Among all this austerity, the economist E. F. Schumacher’s 1973 best seller “Small Is Beautiful” became a global morality lesson.

Let’s jump to the most recent global recession, the one of 2009. Oil prices, subprime mortgages and the freezing up of the financial system after the collapse of Lehman Brothers were all important factors. But why did we have a global recession? The transformation of distinct events into a broad global slowdown occurred through a variety of mechanisms. Reports about financial misdoings, the possible collapse of venerable institutions, rising unemployment caused by advanced technology — all of these affected the psychology of spending.

Where does this leave us now? No single narrative seems to have enough compelling force at the moment to engender a downturn as big as the last one. Many people have been borrowing from older narratives of risk and vulnerability while trying to understand the current economy. Oil prices have been slumping, not soaring, but there are significant worries about outsourcing, downsizing and globalization, along with deep concerns about rising inequality, refugee and immigrant flows, and what has been called secular stagnation of the economy. Political candidates on both the left and the right have been spinning charged and sometimes disruptive narratives about these issues.

We don’t know whether any specific event — say, an unexpected spike in oil prices or a decline in the stock market — will help transform any of the current social stories into a truly virulent economic disruption. We don’t know what is coming or when. But history does tell us that human imagination can spontaneously transform discrete events into world-shaking narratives of unexpected color and force.

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Estados Unidos incluye otras 28 empresas chinas en su lista negra y aviva la guerra comercial

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La escalada continúa. El Departamento de Comercio de los Estados Unidos incluye 28 entidades públicas y comerciales chinas a su lista negra, tras acusarles de violar los derechos humanos. Estas organizaciones están relacionadas con una supuesta campaña de “represión” contra los uighur y otras minorías musulmanas en la región de Xinjiang. Tendrán vetado adquirir componentes de empresas estadounidenses. La decisión aviva la tensión entre las dos primeras potencias mundiales en plena batalla arancelaria.

Entre las empresas incluidas en la lista negra se encuentran cuatro de los mayores fabricantes de sistemas de vigilancia por vídeo. Se trata de Hikvision, Dahua Technology y Megvii Technology, que desarrollan entre otras cosas tecnologías de reconocimiento facial. El veto afecta a nuevas compañías emergentes especializadas en la inteligencia artificial como Inflytek y SenseTime, el reconocimiento de voz, análisis de datos y otros sistemas que apoyan operaciones de la policía.

“Este departamento no puede tolerar y no tolerará la brutal supresión de las minorías étnicas en China”, advirtió el secretario de Comercio, Wilbur Ross. En comunicado señala que estas entidades están involucradas “en una aplicación de la campaña de represión, detenciones arbitrarias masivas y de vigilancia de alta tecnología”.

"Esta acción garantizará que nuestras tecnologías, impulsadas en un ambiente de libertad individual y libertad empresarial, no son utilizadas para reprimir a la poblaciones minoritarias indefensas", reitera Ross. Las entidades sometidas a las restricciones, añade el Departamento de Comercio, participaron o permitieron "actividades contrarias a los intereses de la política exterior de Estados Unidos".

Las compañías incluidas en la lista negra deben tener autorización previa del gobierno para poder adquirir componentes fabricados por empresas estadounidenses. El veto comercial se aplica a 20 entidades públicas en el ámbito de la seguridad y a ocho sociedades. El Departamento de Comercio se reserva la posibilidades de actuar contra otras sociedades.

Estos fabricantes, sin embargo, pueden comprar componentes en otros países. La táctica, en cualquier caso, es la misma que se está utilizando con Huawei, con la que Washington busca limitar la influencia del gigante tecnológico chino en cuestiones de seguridad nacional. La medida, por tanto, es una apuesta por la mano dura cuando se cumple 15 meses de guerra comercial.

El nuevo giro de turca de la Administración que preside Donald Trump se anuncia, de hecho, mientras se desarrollan en Washington discusiones técnicas para relanzar las negociaciones comerciales con China, en una reunión de alto nivel prevista para este jueves. El republicano había vinculado, además, el acuerdo al desarrollo de las protestas en Hong Kong.

Pekín se limita a decir que Washington debería dejar de inmiscuirse en sus asuntos internos. Advierte, además, que seguirá adoptando medidas firmes y decididas para proteger su seguridad soberana. La compañía Hikvision, a través de un portavoz en EE UU, señala que entre sus asesores tiene a expertos en derechos humanos. La compañía usa componentes de Intel, Nvidia y Ambarella entre otros.

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Crisis económica

Estancamiento con deflación redoux

ESTANCAMIENTO CON DEFLACIÓN REDOUX

Oscar Ugarteche[i]

En febrero del 2014 escribí que se había ingresado en el décimo momento de la crisis. Que con el fin de las políticas monetarias expansivas los rendimientos de las tasa de interés iban a subir y con ello se iba a producir una reversión del triple arbitraje en curso.(http://alainet.org/active/71191) El efecto sería el contrario de lo visto en el periodo 2003 a 2012 que generó un mundo de dos velocidades: las economía ricas altamente endeudadas no crecen y están en deflación mientras las economías emergentes crecían aceleradamente empujados por los precios en auge de las materias primas, los diferenciales de tasas de interés y el alza en los índices de capitalización de las bolsas de valores emergentes. La inyección de flujos de los ricos a los emergentes llevaba a una acumulación de reservas internacionales y una sobre valuación de las monedas con el efecto consecuente de empujar al sector importador y el consumo en el exterior.

En esta etapa que duró más o menos una década, los analistas miraron a  China, principal consumidor de materias primas buscando la explicación. Cuando el crecimiento chino comenzó a descender en el 2007 y los precios siguieron al alza, seguir diciendo lo mismo era más fácil que decir que estábamos viviendo el efecto de la política monetaria expansiva de Estados Unidos, Gran Bretaña, Europa y Japón. Mucho más sencillo que explicar que los bancos de inversión no estaban prestando dinero para producir sino que estaban guardándolo en reservas en la forma de inversiones en commodities, e inversiones en los mercados emergentes.

Ahora que culminó el programa de expansión del QE3, se puede apreciar que los flujos estaban revirtiendo, los tipos de cambio estaban ajustándose a la baja y dejando de estar sobrevaluados, y los ingresos por exportaciones primarias bajaron aceleradamente. Combinando el proceso de recuperación lentísimo e incierto de la economía de Estados Unidos con el estancamiento con deflación de Europa y Japón, la demanda global de materias primas ha bajado. El precio del cobre bajó 25% en dos años, el oro bajó alrededor de 37% de su pico y  la plata ha bajado 61% de 42.96 el 12 de abril del 2011 a 16.46 el 7 de diciembre del 2014. El petróleo, utilizando el Brent como referencia, bajó 41% de 116.73 a 68.33 el barril en el mismo periodo. El descenso continúa. Contrario a la predica del equilibrio general, si hay ciclos de materias primas, no basta tener a China creciendo para eliminar el ciclo.

En la América latina de la Alianza del Pacifico esto es un problema porque exportamos mano de obra barata o materias primas. Una baja del tipo de cambio significa menos importaciones y menos consumo ergo, menos crecimiento económico. Para los del MERCOSUR podría significar una alza de sus exportaciones industriales fuera del MERCOSUR

Los periodos de alza de la tasa de interés con baja en los precios de las materias primas siempre son los que anteceden crisis de balanza de pagos y de endeudamiento externo, por razones evidentes. Solo que esta vez no son los estados los endeudados sino las empresas grandes que resultarán, como es habitual, garantizadas por los estados cuando los pagos no puedan ser cubiertos por ellos. Las grandes empresas nacionales y trasnacionales toman crédito internacional por ser más barato que el crédito en América latina. Al proceso de nacionalización de la deuda se le conoce como la sucretización de la deuda por haber sido Ecuador el primero en hacerlo en 1982, seguido de México y de todos los demás en los años sucesivos.

Lo que estamos viendo podría ser entonces el inicio de la crisis global como tal. Hasta ahora había crisis en los países ricos altamente endeudados y bonanza en el resto del mundo. Ahora los países primario exportadores entran en recesión y los PRAE no salen del sopor de su estancamiento. Los países asiáticos  mientras tanto, seguirán creciendo  sin lograr compensar la caída de los precios de las materias primas, como en los últimos tres años. 

El Financial Times del 8 de diciembre del 2014 se interroga sobre el futuro de Chile que parece estar cambiando de rumbo luego de casi 40 años de liberalismo radical en su versión más cercana al mercado perfecto - ya alejada del monetarismo-.  Ninguna economía en América latina, salvo Colombia, ha logrado mantener su ritmo de crecimiento. Al igual que en los años 80 cuando ocurrió lo mismo, cabe preguntarse qué están haciendo de bien que el resto no hizo. De otro lado, las economías que estaban creciendo por el mercado interno como Brasil y Argentina igualmente están resintiendo la baja en sus ingresos exportadores que le ha restado el oxígeno para crecer, aumentando la demanda interna vía salarios o transferencias sociales. Las tasas de inversión se han visto estancadas tanto del sector privado extranjero con nuevas inversiones verdes como las inversiones públicas y las privadas para comprar empresas nacionales en dificultades.

Lo que es distinto esta vez a 1979, su antecedente critico gemelo más inmediato, es que las cuentas de capitales están perfectamente abiertas y que los mercados cambiarios en la era del dinero de crecimiento endógeno son gigantescos para las economías emergentes. Según el Banco de Pagos Internacionales (http://www.economonitor.com/blog/2013/09/bis-daily-fx-turnover-averages-5-3-trillion/) el peso mexicano y el yuan chino están entre las diez monedas más transadas al día, estando el peso mexicano en el rango sobre los 130,000 millones de dólares en pesos transados al día entre los mercados spot, forward, swaps cambiarios y derivados. A diferencia de China, México tiene la quinta economía con menor crecimiento en América tras veinte años de reformas económicas y el tratado de libre comercio con Estados Unidos.  Esto hace al peso un commodity particularmente frágil cuyo precio ser mantendrá mientras los operadores cambiarios sigan haciendo negocios. Sin duda una parte de esto proviene del narcotráfico. El problema con esta apertura perfecta es que podría dar lugar a estampidas cambiarias ante cualquier situación incómoda. Se está entrando en un periodo delicado de la economía internacional.

 

[i]Economista peruano, trabaja en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, México. Miembro del SNI/Conacyt. Coordinador del Observatorio Económico de América Latina (OBELA) www.obela.org y presidente de ALAI www.alainet.org

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Crisis económica

Evasión fiscal en América Latina

Evasión fiscal en América Latina llega a 340.000 millones de dólares y representa 6,7% del PIB regional

Los principales incumplimientos tributarios se dan en el impuesto sobre la renta.

Las reformas tributarias implementadas en los últimos años se han visto reflejadas en un moderado crecimiento del nivel de la recaudación impositiva  de los países latinoamericanos. Sin embargo, en la mayoría de ellos, la carga tributaria aún es baja con respecto a su nivel de desarrollo, y  como lo ha mostrado la CEPAL en informes recientes, los sistemas tributarios mantienen un sesgo regresivo, ya que los impuestos directos no generan suficientes ingresos fiscales para causar un impacto importante en la redistribución. Este resultado se debe principalmente al bajo nivel de tasas impositivas efectivas en América Latina, especialmente en el decil de altos ingresos.

Es por ello que la evasión tributaria constituye uno de los principales puntos débiles de las economías de América Latina. La CEPAL estima que en 2015 ascendió a un monto equivalente a 2,4 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) regional en el caso del impuesto al valor agregado (IVA) y 4,3 puntos del PIB en el caso del impuesto sobre la renta, lo que suma 340.000 millones de dólares (6,7% del PIB en total).

Así lo señala el Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2016, una de las más importantes publicaciones anuales de la CEPAL, dada a conocer a fines de julio pasado. Según el documento, la evasión del impuesto sobre la renta de las empresas y de las personas llega a más de 60% en algunos países. Por añadidura, se percibe una llamativa dificultad para disminuir estos indicadores en un entorno de menor dinamismo económico y, peor aún, pese al enorme riesgo de sufrir una pérdida sustancial de recursos tributarios potenciales, la información disponible para cuantificar la magnitud del problema se hace insuficiente.

De acuerdo con la CEPAL, para combatir la evasión se requieren cambios administrativos en las estructuras tributarias de los países para mejorar la recaudación y la progresividad, dados los elevados niveles de informalidad, pobreza y desigualdad socioeconómica, la pobre calidad institucional y la escasa conciencia y educación fiscal de los contribuyentes.

La otra evasión: los flujos ilícitos del comercio internacional

La evasión fiscal no solo se limita al ámbito interno. Cuanto mayor es la inserción en la economía mundial, mayor es la posible erosión de la base tributaria. En este sentido, los flujos financieros ilícitos derivados del comercio internacional constituyen también una fuente considerable de pérdidas de recursos tributarios, agrega el informe.

De acuerdo con estimaciones de la CEPAL, estos flujos ilícitos –es decir, salidas de recursos derivados de la manipulación de precios del comercio internacional- representaron el 1,8% del PIB regional (765.000 millones de dólares) en el período acumulado de 2004 a 2013. Dos tercios de esta cifra se deben a la sobrefacturación de las importaciones y un tercio a la subfacturación de las exportaciones.

Según el estudio, la mayoría de los flujos ilícitos surgen de transacciones con Estados Unidos (38% de los flujos acumulados en el período analizado) y China (19%). En términos de productos, las principales pérdidas se registraron en dos sectores: maquinarias eléctricas (incluyendo computadoras) y reactores nucleares, calderas, máquinas, entre otros (incluyendo circuitos integrados).

Dado el actual contexto internacional, para combatir este  tipo de evasión es necesario profundizar los mecanismos de cooperación entre países y bloques regionales, para lo cual los organismos multilaterales pueden servir de espacios para alcanzar acuerdos y consensos. Esto sería de gran beneficio para las naciones de América Latina y el Caribe, señala el reporte.

 

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Exitosa colocación de deuda ¿Un “buen arreglo”?

“Exitosa colocación de deuda”

Hace unas semanas Argentina regresó a los mercados financieros internacionales para realizar una masiva colocación de deuda pública. El equipo económico festejo el fin del default y destacó la colocación de 16.500 millones de dólares a un plazo promedio de 10 años y tasa promedio del 7,2 por ciento anual, como la mayor colocación de la historia a la menor tasa. Los grandes medios resaltaron el fin del aislamiento tras 14 años al margen de los mercados financieros internacionales, y los gurúes de la city predijeron un aluvión de inversiones capaz de erradicar hacia fin de año los síntomas de recesión económica.

Comenzando por las comparaciones históricas, está claro que las emisiones de bonos en el marco del plan Brady, el Megacanje o la reestructuración de 2005 implicaron montos muy superiores que, con excepción del Megacanje, fueron colocados a menores tasas. El hecho de que esta emisión no fuera en el marco de una reestructuración, no lo hace más destacable. Por el contrario, como el mismo equipo económico admitió que no se acordó una reestructuración y se decidió pagar al contado a los buitres y demás holdouts con plata prestada, porque exigían tasas aún mayores a las obtenidas mediante la reciente emisión.

Respecto al costo de fondeo, el 7,2 por ciento promedio anual no toma en cuenta el valor llave de acceso a los mercados de deuda: el pago a los buitres y demás holdouts. Ese valor llave de 9500 millones de dólares, implicó que pese a que se emitió deuda por 16.500 millones, sólo 7000 ingresen a la economía mientras que el resto va directo a la cuenta de los fondos buitres y demás holdouts. De esa manera, se pagará el 7,2 por ciento pero sobre una deuda nominal que más que duplica la plata que ingresa al país, por lo que la tasa real sobre los 7000 que nos quedan es más del doble y a eso hay que sumarle las amortizaciones. Haciendo las cuentas, se tendrá que pagar anualmente 1100 millones de intereses y 950 millones para amortizar el capital del pago a los buitres. Es decir 2150 millones de dólares al año para un ingreso de 7000 millones, que da un costo financiero implícito del 30 por ciento aproximadamente (=2150/7000).

Este elevado valor llave de acceso a los mercados de deuda puede diluirse en términos de tasa de fondeo, a medida que crezca el endeudamiento. La actual emisión incrementó en un 30 por ciento la deuda externa que en números redondos era de 50000 millones de dólares hacia fines del año pasado y que en los pocos meses de gestión Pro ya pasó de algo menos del 10 por ciento del PIB a algo más del 20 por efecto de la devaluación y la toma de deuda. La macroeconomía ortodoxa sostiene que la misma puede alcanzar hasta el 40-60 por ciento del PIB sin que la economía explote. Es decir, unos 70-140 mil millones adicionales, que serán llamados “inversiones” aunque se trate de colocaciones financieras.

El gran dilema argentino en materia de endeudamiento externo ha sido la utilización del crédito para generar bonanzas económicas de corto plazo, sin pensar en la capacidad de repago. Ese “populismo financiero” permite adormecer a la sociedad mientras se implementan políticas estructurales a favor de minorías nacionales e internacionales. Cuando la anestesia de la deuda se agota a fuerza de intereses y amortizaciones que crecen de manera exponencial, la sociedad despierta y encuentra una economía al borde de la cesación de pagos, presa de acreedores externos que la someten a sus mandatos a cambio de refinanciaciones que nunca alcanzan para solucionar la crisis, sino tan sólo para extender en el tiempo su dominancia financiera.

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/48-9306-2016-04-30.html

 

¿Un “buen arreglo”?

La cancelación de la deuda con los holdouts costó cerca de 7 por ciento en términos de tasa de interés. Esto es presentado como una victoria. Se estaría así frente a un “regreso triunfal” al endeudamiento, algo que nos devolvería la pertenencia al mundo, luego de haber estado “desconectado” desde la suspensión de pagos en 2001. En rigor, no hay tal regreso, porque la Argentina se endeudó en estos años. Así ocurrió por ejemplo con el Gobierno de la CABA en 2010, con YPF más recientemente, y con la Provincia de Buenos Aires en vísperas del acuerdo con los holdouts. El logro estaría en el monto colocado, y sobre todo en el menor costo. La deuda tomada por la Provincia de Buenos Aires pagó un interés 2 puntos mayor. De hecho, no se entiende la urgencia por tomarla, con el acuerdo a la vista y la perspectiva de una reducción de la tasa de interés.

La cuestión acerca de si este arreglo era necesario está abierta a debate. No comparto las posiciones que rechazan cualquier arreglo, o que sostienen que este arreglo es de por sí fuente de calamidades futuras. En definitiva, la operación realizada no representa un monto insostenible de endeudamiento. Se trata de un monto modesto frente a la gran renegociación concretada en 2005 y 2010 y el rescate de una parte del capital adeudado.

Es cierto además que las circunstancias han cambiado. Siete años atrás el superávit externo permitía rescatar títulos y no aceptar las tasas abusivas que emergían de una eventual renovación del endeudamiento; pero éste ya no es más el caso. El déficit en la cuenta energética -producto básicamente del agotamiento de las reservas convencionales de hidrocarburos-, la crisis de Brasil y la brusca reversión de los términos de intercambio han llevado al déficit en la balanza comercial en 2015; esto no ocurría en Argentina desde 1999.

Incrementar los pasivos externos en la coyuntura puede ser una forma de conservar el nivel de actividad económica. Pero no se trata de algo sostenible en un plazo prolongado. La cuenta corriente (transacciones de bienes y servicios, más pago de intereses y utilidades) ha arrojado en 2015 un déficit de 15.935 millones de dólares. Si se tomara deuda para cubrir este quebranto a la tasa del 7 por ciento anual, esto llevaría a una espiral a la larga insostenible. Si se supone, sólo como hipótesis, que las transacciones (comerciales y de servicios) se mantuvieran de aquí en más, el solo efecto del pago de intereses de la deuda necesaria para sostenerlo duplicaría el saldo negativo de la cuenta corriente en 10 años, de mantenerse el costo del 7 por ciento. Y quizá esta hipótesis resulte optimista, cuando “los mercados” perciban que la Argentina está exponiéndose en forma creciente. Es que la tasa de 7 por ciento es en realidad muy elevada; el Tesoro de Estados Unidos, por caso, se endeuda a un costo de 1 por ciento.

La experiencia de los últimos 15 años sugiere que el efecto de la devaluación no será importante; cuando el peso se depreció 200 por ciento en 2002, no se asistió en los años siguientes a un boom exportador, ni tampoco a una fuerte sustitución de importaciones; y por ahora, nada lleva a pensar en algo diferente. Sólo resta esperar que el escenario externo mejore, de la mano de la recuperación de Brasil y de mejores términos de intercambio.

Lo que debería quedar claro es que el proceso en curso puede desembocar en una nueva reestructuración de la deuda, en las actuales condiciones. Si la Argentina no logra salir del déficit en cuenta corriente “por sus propios medios”, esto es, sin recurrir a mayores pasivos externos, este escenario tiene verosimilitud. Sólo una drástica caída de la tasa de interés de la deuda nueva podría dar más margen.

Pero nadie debería sorprenderse si esto ocurre, empezando por los propios tomadores de la deuda argentina: una tasa elevada de interés indica una expectativa mayor de default. Tiene además la extraña virtud de contribuir a este default; pero así son las reglas de las finanzas. Como escribió Michel Mussa, funcionario del Fondo Monetario Internacional, al tratar el caso argentino “como ocurre con todos los inversores que toman riesgos, sea donde fuere, cuando las cosas salen particularmente mal, éstos (incluyendo los tenedores de bonos y otros garantizados por obligaciones contractuales) asumen sus pérdidas”.

* Cespa-FCE-UBA.

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Crisis económica

Fed up with market policies in Latin America?

Throughout the world, the effects of neoliberal policies have exhausted society. As recent demonstrations have shown, societies are tired of sustaining the costs of privatization of public services, flexibilisation of labour legislation, financing of savings and pensions, concentration of wealth, and the pre-eminence of private capital in the allocation of resources. Private interests appropriated economic management and public policy and, with this, took political exercise away from society.

The neoliberal structural reforms correspond to the "Washington Consensus", dictated by the International Monetary Fund, the World Bank and the Treasury of the United States. Its policies entered Latin America through coups d'état in Chile in 1973, Argentina in 1976, Uruguay in 1973 and Peru in 1992 and through the conditioning of international financial institutions. It is necessary to add Bolivia, in 1985, under the government of Victor Paz Estenssoro; Mexico, in 1888, with Salinas de Gortari; Brazil, in 1990, with Fernando Collor de Mello and Fernando Henrique Cardoso later. Finally, between 2001 and 2006 with the defenceless governments of Gustavo Noboa (2000-2003) and Lucio Gutiérrez (2003-2005) that ended in the Citizens' Revolution and Rafael Correa and the truncated process. Except in Cuba, Venezuela and Bolivia, since the end of the 1980s, economic policy in Latin America has been based on the market; that is, the principle of non-interventionism in the economy and the logic of fiscal surpluses.

The economic balances are ambiguous, with successive financial crises, high concentration of income and social exclusion at the same time as declining primary export growth, decade by decade since 1990. However, social balances are even worse in terms of privatization of public goods such as education, health, and the deterioration of salaries, the quality of employment and pensions. The October protests in Ecuador, Chile, Haiti and Argentina express a general feeling of fed up with the economic policy model.

In Ecuador, mobilizations followed President Lenin Moreno's announcement of a new Austerity Plan that included a reduction in government spending, a withdrawal of fuel subsidies and a 25% increase in the price of gasoline. Escalating indigenous and urban protests forced the government to leave the capital, Quito, and move to Guayaquil. After twelve days of protests, eight dead and more than 1,300 injured, Moreno's government withdrew its Plan and repealed Decree 883, reversing the increase in fuel prices. It is clear that the return to normality is brief and that the pressure from the IMF to reduce its fiscal deficit will hardly stop there and, therefore, neither will Ecuadorian discontent.

In Chile, demonstrations began with the announcement of a 3% fare increase of the Santiago City subway (from 800 to 830 pesos-from US$1,091 to US$1,132-) in early October 2019. After the first six days of protest and four nights of curfew, President Piñera apologized for the lack of "vision in recognizing the situation in all its magnitude" and announced the cancellation of the subway fare increase and a package of measures for other basic (private) services such as education and health. But the discontent goes even further, as it drags the damages of the 46 years since the 1973 coup and the 29 years of democracy that neither repaired the truth of the crimes of the military regime, and its punished them, nor reversed the constitution written in 1980 by the military government and kept it under the agreement with the parties in the return to democracy. Two weeks after mobilizations, at the time of writing, with at least 20 dead, more than 3,000 detained and countless wounded, and destruction of infrastructure for around 1 billion dollars, President Piñera announced the dismissal of his Cabinet and suspended the APEC and COP 25 conferences that were to take place in Santiago and accepted his political defeat. However, it seems that Chilean society recognizes that it must change its economic regime and even its political regime, agree to a new constitution and Piñera ousted.

Meanwhile, elections were held in Argentina and Uruguay this past October 27. Argentine society expressed its weariness with structural reforms, IMF interventionism and, in general, market policies. The Peronist Alberto Fernandez, seconded by Cristina Fernandez as vice president, was elected without the need for a second round. With this, Argentina seeks to retake the progressive route inaugurated in 2003 with Néstor Kirchner and abandon IMF policies.

In Uruguay in the first round of the presidential vote, after 15 years of progressive economic policies, the Frente Amplio candidates obtained 39.17% of the vote, without the absolute majority to govern in the first round, and the National Party, 28.59%. They are going to a second round where Lacalle, of the National Party (Blanco), son of former President of the Republic Luis Alberto Lacalle, may win. The latter, with Bolsonaro's help, seems to be part of the support to the Uruguayan right. In countertrend, it seems feasible that he beats the Frente Amplio, and reinforces free market policies in the region.

 

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Crisis económica

Finance Covid-19 Relief and Recovery, Not Debt Buybacks

SYDNEY and KUALA LUMPUR, Oct 27 2020 (IPS) - In July, the UN Secretary-General warned that a “series of countries in insolvency might trigger a global depression”. Earlier, the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) and the International Monetary Fund (IMF) had called for a US$2.5 trillion coronavirus crisis package for developing countries.

Debt distraction

In the face of the world’s worst economic contraction since the Great Depression, a sense of urgency has now spread to most national capitals and the Washington-based Bretton Woods institutions. Unless urgently addressed, the massive economic contractions due to the COVID-19 pandemic and policy responses to contain contagion threaten to become depressions.

Nevertheless, many long preoccupied with developing countries’ debt burdens and excessive debt insist on using scarce fiscal resources, including donor assistance, to reduce government debt, instead of strengthening fiscal measures for adequate and appropriate relief and recovery measures.

Most debt restructuring measures do not address countries’ currently more urgent need to finance adequate and appropriate relief and recovery packages. In the new circumstances, the debt preoccupation, perhaps appropriate previously, has become a problematic distraction, diminishing the ‘fiscal space’ for addressing contagion and its consequences.

Buybacks no solution

One problematic debt distraction is the renewed call for debt buybacks from private creditors, through an IMF-managed Brady Plan-like multilateral bond buyback facility funded by a global consortium of countries. The historical evidence is clear that bond buybacks are no panacea and neither an equitable nor efficient way to reduce sovereign debt.

The contemporary situation is quite different from the one three decades ago when US Treasury Secretary Brady’s plan successfully cut losses for the US commercial banks responsible for most debt to Latin American and other developing country governments. Hence, prospects for a comprehensive arrangement involving all creditors are far more remote now. Unsurprisingly, debt buybacks have been rare since the mid-1990s.

Furthermore, private bond markets have changed significantly from what they were during the Brady era when there was last a comparable effort involving many debtor countries. Importantly, the new creditors largely consist of pension and mutual funds, insurance companies, investment firms and sophisticated individual investors. Also, today’s creditors have less incentive to participate in sovereign debt restructurings.

Many of today’s creditors are now represented by powerful lobbies, most significantly, the International Institute of Finance (IIF). Unlike before, when their efforts focused on OECD developed economies, the IIF now actively works directly with developing country finance ministers and central bank governors.

Voluntary scheme problematic

But the debt buyback proposal, to be underwritten by a multilateral donor consortium, can inadvertently encourage hard bargaining by powerful creditors who know that money is available, while retaining the option of threatening litigation. Hence, resulting buybacks are likely to cost more. The evidence shows that a country’s secondary market debt price is higher when it has a buyback programme than otherwise.

Such an approach can also encourage trading in risky sovereign bonds promising higher returns, inadvertently sowing the seeds for another debt crisis. Private investment funds are more likely to buy such bonds if there is a higher likelihood of selling them off, while still making money from the high interest rates, even when the bonds are sold at large discounts.

The proposal’s voluntary feature also creates incentives for creditors to ‘free-ride’ by ‘holding-out’, thus undermining the likelihood of success. If the scheme is expected to effectively restore creditworthiness, then each existing creditor would hold on to the original claims, expecting market value to rise as new creditors provide relief.

Maintaining a good credit rating undoubtedly enables access to international funds at relatively lower interest rates. But low-income countries typically have poor access to international capital markets, and only get access by paying high risk premia, due to poor credit ratings.

Compared to near zero interest rates in major OECD economies, African governments pay 5~16% on 10-year bonds, while Kenya, Zambia and others pay more. Borrowing costs for developing countries issuing Eurobonds more than doubled due to high interest rates.

Also, many, if not most contemporary creditors are not primarily involved in lending money. They are therefore unlikely to respond to government requests for new loans needed to grow out of a debt crisis.

New obstacles include the greater variety of powerful creditors, the unintended incentives for free-riding inherent in voluntary debt reduction, problematic precedents as well as perverse incentives for both governments and bondholders. Perhaps most importantly, debt reduction by purely ‘voluntary’ means — like buybacks, exit bonds, and debt-equity swaps – is unlikely to be adequate to the enormity of the problem.

Successful buybacks?

Only banks definitely gained from the Brady deals. Benefits were unclear for most debtors other than Mexico and Argentina, and particularly ineffective for Uruguay and the Philippines, where gains were paltry, if not negative.

Positive effects for economic growth were very small, as most buybacks failed to improve either market confidence in or the creditworthiness of debtor countries. Hence, even if private creditors participate, there is no guarantee that debtor countries will benefit significantly at the end of the long and complicated processes envisaged.

The 2012 Greek bond buybacks, backed by the European Commission, the European Central Bank and the IMF ‘troika’, effectively bailed out the mostly French and German banks owed money by Greece. Celebrated as a success, it neither restored Greece’s growth nor reduced its debt burden.

While bond buybacks can always be a debt restructuring option for consideration, Ecuador’s in 2008-2009 are probably the only one regarded as favourable to the debtor country. Wall Street observers suggest that Argentina’s recent initiative may also have a positive outcome.

Also, after successfully restructuring its commercial debt, the country is now better able to negotiate with its official creditors, particularly the IMF. These ‘successes’ have been exceptional, led by the countries themselves and ultimately settled on their terms, taking advantage of opportunities presented by global crises for comprehensive national debt restructuring.

Importantly, neither creditor consortia nor multilateral financial institutions were involved in coordinating or underwriting both restructurings, and hence could not impose onerous policy conditionalities. Thus, when able to take advantage of favourable conditions for negotiating strategic buybacks, debtor countries may be better able to benefit from them.

Urgent financing needed

Despite her earlier reputation as a ‘debt hawk’, new World Bank Chief Economist Carmen Reinhart recognizes the gravity of the situation and recently advised countries to borrow more: “First fight the war, then figure out how to pay for it.” Hence, in these COVID-19 times, donor money would be better utilized to finance relief and recovery, rather than debt buybacks.

Multilateral development finance institutions should resume their traditional role of mobilizing funds at minimal cost to finance development, or currently, relief and recovery, by efficiently intermediating on behalf of developing countries. They can borrow at the best available market rates to lend to developing countries which, otherwise, would have to borrow on their own at more onerous rates.

Tema de investigación: 
Crisis económica

Financial Reform Newsletter: When Fed Vice Chair Stanley Fischer Warns of Disaster & More

When Fed Vice Chair Stanley Fischer’s Hair is on Fire, People Really Should Pay Attention: Rolling Back Financial Protection Rules are “Extremely Dangerous and Extremely Short Sighted”

Some people are prone to exaggeration or overstatement.  Fed Vice Chair Stanley Fischer is not one of those people.  He is the opposite.  He is an urbane master of understatement, speaking in soft, measured tones, sometimes barely audible.  He was described by the Financial Times in a lengthy interview over the weekend as “self-effacing,” “courtly, quietly spoken and unobtrusive.”  He is, however, a giant voice in finance and financial regulation and he had a huge warning about the deregulatory zeal pervading Washington DC today:

“It took almost 80 years after 1930 to have another financial crash that could have been of that magnitude.  And now, after 10 years, everybody wants to go back to the status quo before the great financial crisis.  I find that really extremely dangerous and extremely short sighted. …[T]he pressure I fear is coming to ease up on the large banks strikes me as very, very dangerous.”  

The FT reported that he “criticized calls to easy up on stress testing, saying pressure to loosen standards on big banks was ‘very, very dangerous.’  He argued that the US had yet to deal with the so-called shadow banking system, which operates outside mainstream lenders, calling this a ‘terrible mistake’”:

“I am worried that the US political system may be taking us in a direction that is very dangerous…. One can understand the political dynamics of this thing, but one cannot understand why grown, intelligent people reach the conclusion that [you should] get rid of all the things that you have put in place in the last 10 years.”

He called this “mindboggling” -- we call it “mindless!”  The industry’s self-serving and bonus-driven cries for deregulation are as understandable today as they were in when Upton Sinclair memorably observed that:

“it is difficult to get a man to understand something when his salary depends on his not understanding it.” 

That also explains the industry’s many purchased allies in elected office, lobbyists, lawyers, PR spinners, academics and so many others.  But all the other “grown, intelligent people” should know better and should stand up to those letting their salaried-interests trump what is best for the country and the American people. 

If anyone said we should take down half the protections we put up around New Orleans after Hurricane Katrina in 2005 because ten years have passed and there hasn’t been another catastrophic hurricane, we would all correctly laugh at the idiocy of that notion.  Yet, the equivalent of that in financial reform is the prevailing ideology in the Trump White House, administration and much of Washington (egged on by Wall Street and its minions). 

We haven’t always agreed with the Vice Chair on policy, but he’s dead right here and, if the Trump administration, his regulators and the Republicans in Congress do just half of what they say they are thinking of doing, then history is going to judge them very harshly. 

Don't Gut a Key Financial Protection Rule: Banks Should be Banned from Gambling with Taxpayer Money

One of the industry's biggest financial protection rule targets is the Volcker Rule which bans banks from engaging in proprietary trading, which is trading for their own benefit.  This rule is detested by the biggest banks because "prop trading" has a very low cost to them, but results in huge bucks for their bonus pool. 

But the big, taxpayer-backed and taxpayer bailed-out banks on Wall Street can't say "get rid of the Volcker Rule because we want to gamble because we are addicted to huge bonuses," so they say the rule interferes with "market making" and limits "liquidity" which is bad.  Far too many elected officials, regulators and policy makers who should know better have been have been willing to uncritically accept these self-serving claims. 

Tellingly, the industry has provided no evidence that their claims are true or have any basis at all.  Given they uniquely have the data about trading and have a unique incentive to provide it if it proves their otherwise unsupported claims, it is all the more telling they have not provided the evidence.  We have argued for years that if the industry fails to provide such data at a granular level of product, market and context for independent analysis and confirmation, then their claims should be accorded no weight at all.

Importantly, others have looked at these claims and found no evidence to support them.  First, the Treasury Department report issued last year found no evidence to support such claims in the Treasury market and, last week, the SEC staff released an exhaustive 300-page report that "includes a comprehensive assessment of a large body of recent research in addition to original analysis performed by [SEC] staff."  It demolishes the industry claims that financial protection rules generally or the Volcker Rule in particular have harmed capital formation or liquidity at all.  (See the main findings here.) 

Sure, one preliminary study did find some evidence that the cost of trading a particular type of bond (distressed corporate bonds) at a particular point in time appear to be higher.  But, as Francine McKenna in MarketWatch detailed, Stanley Fischer pointed out why that study was limited and of limited use.  Moreover, as Fischer pointed out, "regulatory changes, even those that may have reduced market liquidity, likely have enhanced financial stability on balance.  Overall, liquidity is adequate by most measures, in most markets, and most of the time." 

None of that is to suggest that the Volcker Rule is perfect.  No rule is and it probably could use some tweaking regarding genuine community banks and banks that don't have prop trading operations or capacity.  But it would be a huge disservice to the American people to let the biggest taxpayer backed banks back into the gambling business when the banks get the bonuses and the taxpayers get the bills.​

Short and to the Point: “Fiduciary Duty Rule Critics Cry Wolf”

Like the complaints about the Volcker Rule, the industry’s complaints about the Department of Labor’s “clients’ best interests first” fiduciary duty rule are baseless and self-interested.  In this case, they are no more than attempts to protect a business model based on an indefensible conflict of interest, as exposed by Nir Kaissar in his Bloomberg View column:

“The rule has exposed an intolerable conflict of interest: brokers are paid by the mutual funds they recommend to clients.  For many investors, that neatly explains why they’ve been sold high-priced actively managed funds that routinely fail to keep up with the market.” 

Mr. Kaissar then takes on the industry’s arguments one-by-one, showing them to be meritless.  First, eliminating commissions will cause clients to pay more because fee based accounts cost more!  No, because commission based accounts are not prohibited, but they must adhere to the best interest fiduciary standard.  And, no, while fees might go up, all investors are going to save likely substantially as the fiduciary duty standard will likely result in the sale of lower cost, better performing products.  Moreover, it’s not even clear that fees will go up as businesses compete against each other for clients.  Second, retirement savers will have fewer choices!  No, not of products that are in their best interests.  Sure, maybe they won’t be steered into high priced, poorly performing products so their brokers can pocket commissions and prizes, but is that really a loss of choice for retirement savers that anyone should care about?

Third, the rule is complex and costly!  Consumer Federation of America’s star director of investor protection Barbara Roper is quoted killing this argument: “compliance with the fiduciary rule is hard because the conflicts are so pervasive and reining them in is a big job, not because the rule itself is so complex.”  In fact, as the conflicts are rooted out, overcome and “reined” in as the rule is implemented and enforced, the modest, unavoidable cost, complexity and burden of the rule will likely diminish substantially. 

That’s not too much of a price to pay so that when people hand over their hard-earned money, their advisors must put their clients’ interests first, not their own.  That makes the industry mad, but it is going to save tens of millions of retirement savers tens of billions of dollars every year.

SEC Abuses Its Authority When It Allows Lawbreakers Special Privileges by Granting Statutory Disqualifications Waivers

To protect investors, deter misconduct, reduce recidivism, promote market integrity, and remove bad actors from the markets Congress determined that there are certain illegal and fraudulent acts that warrant automatic disqualification from certain regulatory privileges that otherwise would be available to law-abiding market participants.  The SEC has discretionary authority to waive these statutory disqualifications, if it can show that it is for good cause and in the public interest.  However, in recent years the SEC has abused this discretionary authority, and has permitted egregious law-breaking firms to continue enjoying certain regulatory privileges, despite their rap sheet.  The time has come for the SEC to respect Congress's will and disqualify and bar felons and other bad-actors, so investors are better protected and market integrity is strengthened.  For more, including ways Congress and the SEC can fix this problem, see the latest in Better Markets blog.

Tema de investigación: 
Arquitectura financiera

Financialization Increases Inequality

KUALA LUMPUR and PENANG, Feb 4 2020 (IPS) - Financialization has worsened inequality through various channels, including macroeconomic policies. For example, quantitative easing and low, if not negative interest rates have fuelled credit and asset price bubbles, while fiscal spending cuts have adversely affected those depending on government assistance.

Unequal gains

Inequalities have increased due to financialization. The rich benefit from more rentier options and government efforts to protect the value of financial assets. The main gains of financialization tend to go to those who most successfully speculate at low cost, and to the asset management and investment firms involved.

Financial globalization has been accompanied by increased income inequality and broad stagnation in real incomes of wage earners in OECD countries. These developments starkly contrast with the 1990s’ promises of ‘citizens as investors’ and agents for ‘democratizing finance’.

Financialization in high-income countries has transformed everyday life with more and more financial products (home mortgages, private health insurance, pensions, stocks, and other securities) needed to deal with future uncertainties no longer mitigated by the welfare state.

Financial globalization affects lives and livelihoods in developing countries somewhat differently. Financialization is less pronounced in the South than in the North as fewer people have access to the formal financial system. Middle class families seek asset-based welfare — via mortgage housing, insurance and pension funds — while financial inclusion may reach others.

Financialization enriches

As yields on long term securities plunge and asset prices surge, very low interest rates encourage companies, private equity, hedge funds and the rich to borrow even more to invest in financial assets, sending prices even higher.

Finance also increases inequality through greater wealth concentration thanks to exclusive wealth management services for rich clients who get favoured access to specialized services and structured, high yield products.

Corporations and wealthy individuals use the best available professional services for tax avoidance and evasion, often facilitated by banking secrecy.

Private banking employs top fund managers to manage the wealth of rich clients, offering double digit returns while ordinary depositors have to accept modest interest rates on their deposits.

Rising debt and equity transactions have generated lucrative fees for bankers, traders, fund managers and private equity investors, mainly benefiting market players with means.

With finance capturing more profits than manufacturing, unlike before, those working for finance now secure much higher incomes compared to others. ‘Excessive’ financial sector salaries took off in the 1980s, reaching 40% just prior to the 2008 Global Financial Crisis, with ‘rents’ accounting for 30-50% of this ‘excess’.

The protracted decline of real wages in the US and the UK has been enabled by new rules and laws favouring wealth owners over labour incomes. In the US, capital gains can be taxed a maximum of 20%, while the highest marginal tax rate for wages is 37%.

Financial inclusion

By contrast, the poor have less, but also costlier access to finance, and contribute more to financial gains for others, e.g., through subprime mortgages, or unsecured personal loans.

Stagnant or declining wages have imposed greater indebtedness on the poor, with finance reaping lucrative profits from such lending to households. Between 1960 and 2007, US household debt rose from 41% to 100% of annual GDP.

But the celebratory discourse of ‘financial inclusion’ presumes that everyone successfully manages their involvement in increasingly complex financial markets, and that light regulatory touches and ‘financial literacy’ effectively deter predatory financial practices.

With real wages for many not rising for decades, increased financial inclusion has meant greater indebtedness for many of them.

Some national financial authorities have tried to make financialization more inclusive through initiatives to reach the ‘unbanked’, e.g., via micro-finance schemes and ‘agent banking’, with technological innovation and FinTech showing potential in this regard.

Such technological innovations in finance have had mixed distributional consequences. Higher computing capacity has enabled financial innovations that enrich investors, with economies of scale, at the expense of the less tech savvy and less well informed. But innovations can also serve those with less means.

Vicious cycle

If inequality contributed to the 2008 Global Financial Crisis, ‘unconventional’ monetary policy responses to the crisis, especially quantitative easing (QE), have also exacerbated inequality as QE works by raising financial asset prices.

With the earliest hints of recovery after 2008 and the bailouts, the ‘masters of the universe’ who had been pleading for them, claiming they were ‘too big to fail’, changed their tune, condemning fiscal efforts as irresponsible.

Financial crises thus offer opportunities for those with power and influence to secure reforms to their advantage. This also happened following the 1997-1998 Asian financial crises, after a decade of financial liberalization following military rule in South Korea.

The International Monetary Fund (IMF) provided emergency credit, requiring major structural changes, including greater ‘labour market flexibility’, reducing workers’ bargaining power and reversing the rising wage shares and low inequality of growth before 1998.

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Crisis económica

Financiamiento para el desarrollo en la era de la pandemia de COVID-19 y después

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En 2020, América Latina y el Caribe se enfrentó a la peor crisis de la que se tenga constancia y a la mayor contracción económica del mundo en desarrollo (el PIB y la inversión se redujeron un 7,7% y un 20%, respectivamente). Los datos disponibles también muestran que la caída de la inversión respecto de la del PIB fue mayor en América Latina y el Caribe que en otras regiones en desarrollo.

La pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha profundizado las brechas estructurales e institucionales de América Latina y el Caribe. La crisis ha afectado gravemente las estructuras productivas y el mercado laboral: más de 2,7 millones de empresas han cerrado y el número de personas desempleadas ha aumentado hasta situarse en 44,1 millones.

La cantidad considerable de empresas que han cerrado y de empleos que se han perdido, sumada al hecho de que los segmentos más vulnerables de la población se han llevado la peor parte de la crisis, ha llevado a que el número de personas en situación de pobreza pasara de 185,5 a 209 millones (del 30,3% al 33,7% de la población total). Por otra parte, el número de personas en situación de pobreza extrema aumentará hasta alcanzar los 78 millones: 8 millones más que antes. Además, la fuerte contracción de la inversión limitará la acumulación futura de capital, así como la capacidad de las economías de la región para generar crecimiento y empleo. Es probable que el desarrollo económico y social de la región sufra un retroceso de al menos un decenio. Hacia finales de 2020, el PIB per cápita era igual al de 2010.

 

 

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Crisis económica

Foro de la Financiación de las Naciones Unidas : Un amargo despertar después de la fiesta del multilateralismo de 2015

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2015 was an eventful year for everyone who cares about sustainable development. Three large conferences (financing for development, Agenda 2030 for Sustainable Development, and the Paris Climate agreement) unveiled, together, an ambitious agenda of multilateral efforts to eradicate poverty while preserving and nurturing our planet.

But those observing the first event to follow up on such lofty and ambitious commitments were suddenly awakened to the bitter reality of transitioning from paper to the realities of implementation.

The first official event as part of the newly-adopted format for follow up in the Financing for Development process, the ECOSOC Financing for Development Forum (“the Forum”), was held last April 18 through 20. The Forum was mandated by the Third Financing for Development (FFD) Conference, held in Addis Ababa (Ethiopia) last July, and which passed the Addis Ababa Action Agenda (AAAA).

After more than 12 years of a follow-up to FFD that proved very ineffective, its reinvigoration represented the primary concession made to developing countries in a package that otherwise had plenty of setbacks for them compared to the previous FFD outcomes (Monterrey in 2002 and Doha in 2008).

In spite of this, right from the start it became clear that developed countries were not ready to smooth the path for the Forum.

Because a General Assembly resolution that in the Fall of 2015 should have set some key parameters for the FFD Forum failed to do so, protracted negotiations over the Forum’s modalities had to take place earlier this year, eating into valuable time for negotiating an Outcome. At the modalities debate, developed and developing countries clashed over the length of the Forum, a conflict foretold in the Addis Ababa Action Agenda where the compromise was to hold the Forum for “up to five days.” In the end, the decision was to have it last only three days.

As civil society stated in a letter to the President of ECOSOC, this did not allow sufficient time to complete the tasks of the Forum that include “consideration of an expanded Financing for Development agenda [and] the additional consideration of the interlinkages between Financing for Development and the Agenda 2030.” In the same letter, the civil society organizations called for setting aside two additional days of ECOSOC schedule in the Fall to complete the task.

Another difficulty was in the timing and disagreements surrounding the Inter-Agency Task Force report’s methodology and role. The Inter-Agency Task Force comprises the major institutions involved in the FFD process (e.g. World Bank, IMF, UNCTAD and others) and has the mandate to “report annually on progress in implementing the Financing for Development outcomes and the means of implementation of the post-2015 development agenda and to advise the intergovernmental follow-up thereto on progress, implementation gaps and recommendation for corrective action.” But, upon developed countries’ insistence that it was too early to assess progress on implementation – conveniently forgetting that the FFD process started in 2002 -- the first report limited itself to lay out the methodology for monitoring implementation in the future. Even as it did this, it narrowed down its framework to the Addis Ababa Action Agenda, neglecting the previous FFD outcomes that the Addis Ababa Outcome actually reaffirmed. Civil society organizations called for avenues to engage in the preparation of future reports, and adequate space for the Forum to interrogate its methodology.

Moreover, developed countries claimed that the negotiations could not start until the report was produced. In the process, valuable negotiating time was lost. This is in spite of the fact that the monitoring function of the Forum –which the Inter-Agency Task Force could potentially serve well—is different from its actual “follow up” function, which is about policy and normative development of commitments undertaken in the FFD outcomes. In fact, it is on the latter that the greatest potential of FFD as a forum for consensus-building and advancing policy proposals lies. Civil society expressed hopes for the specification of focus issues to be developed “one to three years in advance of its consideration in the Forum so that adequate preparatory consideration may be undertaken in relevant international institutions and multi-stakeholder consultations.”

But developed countries reserved their most intransigent attitude for the negotiations on the Outcome. At a press conference the opening day of the Forum, assessing the draft Outcome Document (“the draft”) available at that moment, civil society organizations deplored the asynchrony between the negotiations and the global economic context in which they were taking place:

·         Three weeks before the Forum the “Panama papers” scandal had unleashed public anger over the extent to which they showed wealthy and powerful individuals and companies evading taxes, with some experts commenting that was likely just the tip of the iceberg. Yet the draft treated the revenue losses due to illicit financial flows as a domestic phenomenon to be addressed with merely domestic measures.

·         The weekend before the Forum, the World Bank and International Monetary Fund held their Spring meetings where discussions were dominated by the failure of the world economy to surmount stubbornly low growth and weak trade and demand, amidst the risks that low commodity prices, fluctuating exchange rates and tightening financial conditions posed for developing countries. Yet, the draft failed to use the gigantic opportunity of the Forum to discuss a fresh approach to reforms needed in the international monetary and financial system. The recently passed reform of voting at the IMF was welcomed as if representing compliance with the FFD outcomes call to broaden the participation of developing countries in economic decision-making.

·         The week of the Forum Argentina was going to financial markets to raise near USD 15 billion in debt at relatively high interest rates. Of the new debt – contracted at a tremendous social cost for the population going through job cuts and tariff hikes-- two thirds were expected to be immediately used to pay holdout (“vulture funds”) creditors that chose to stay out of a restructuring that 93 per cent of creditors had accepted. Yet the draft did not make any concrete reference to the need to improve sovereign debt restructuring processes that the FFD outcomes called for.

·         The migration crisis had exposed donor countries’ diversion of Overseas Development Assistance (ODA) flows. Yet, the draft refused to chart any path forward for addressing issues on the definition of ODA.

More oddly, for a document which task was to “assess progress, identify obstacles and challenges . . .  promote the sharing of lessons learned from experiences . . . address new and emerging topics of relevance,” the document failed to mention anything that could remotely resemble a negative assessment of progress.

Eventually, it became clear that the only way to overcome the standoff and have an Outcome, at all, would be to clean it from anything substantive. A welcoming to the Inter-Agency Task Force and its proposed methodology for coming years was about as close as it got to substance.

In a statement at the closing session, civil society expressed collectively its vision for the FFD follow-up:

“The FfD process is supposed to play a pivotal role in advancing socio-economic transformation of developing countries, democratizing global economic governance, and advancing systemic reforms of global economic frameworks in order to realign them with the imperatives of human rights and sustainable development. The FfD process is supposed to unlock the means of implementation to realize the aspirations expressed in the 2030 Agenda for Sustainable Development.”

Last year, fortifying the universal financing track at the UN was inextricable part of a grand bargain to ensure agreement on a universal sustainable development agenda. Thinking that such bargain does not need to be renewed every year, with a parallel show of commitment on both pieces of it, may prove a dramatic miscalculation. The important question is, with our (only) planet this time being at stake: is anyone making it?

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Crisis económica

Geo-economics. Seven Challenges to Globalization.

Ante un entorno de bajo crecimiento económico mundial los diagnósticos que apunten a futuras soluciones son bienvenidos. El más reciente informe del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) deja en claro los principales desafíos para la globalización, eje rector del capitalismo contemporáneo:

1.    Guerra económica: la imposibilidad de iniciar conflictos armados obliga a implementar tácticas económicas ofensivas (sanciones comerciales, guerras cambiarias y manipulaciones de precios).

2.    Geopolitización de las negociaciones comerciales: China con el Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (RCEP, en inglés), Rusia con la Comunidad Económica Euroasiática (EEU, en inglés) y México, Colombia, Chile y Perú con la Alianza del Pacífico.

3.    Nuevo capitalismo de Estado: el papel protagónico del Estado ha vuelto como respuesta a la Gran Recesión. Prueba de ello son las cada vez mayores atribuciones del Banco Central y las nuevas normatividades en diversidad de industrias que apremian el interés nacional vía participación única del sector público.

4.    Competencia por los mercados foráneos en vez de materias primas: tal fenómeno se debe al abaratamiento de los commodities y a la ampliación de la demanda efectiva en las economías en desarrollo.

5.    Supervivencia del centro a costa de la periferia: se cree que la actual tendencia al individualismo o dualismo comercial apunta a una globalización más organizada que, a último término, desemboca en un marco legal universal en materia de comercio, inversión y seguridad. Sin embargo, la evidencia de Rusia con Ucrania, Alemania con los países europeos en crisis y China con sus vecinos territoriales, apunta al beneficio del centro a costa de la periferia.

6.    Alianzas de infraestructura lideradas por China: los cuantiosos flujos de inversión proporcionados por el país asiático al resto del mundo reflejan su política exterior. La garantía en el suministro de materias primas y los nuevos mercados de consumo para la producción asiática son el meollo.

7.    Caída en el precio del petróleo: el diferencial entre oferta y demanda mundial del hidrocarburo causo la actual caída en el precio. Sin embargo, preocupa más el retorno de la fluctuación en el valor después de cierto periodo de estabilidad. Los beneficiados son los importadores por excelencia y los afectados aquellos exportadores del hidrocarburo.

En el terreno de las ideas se propone pactar normas que cesen la violencia comercial y territorial, reconfigurar la legislación estatal a favor de un punto medio entre liberalización e intervención, abandonar la dependencia económica de los países subordinados a las potencias regionales, la promoción del comercio interno y externo por parte de las empresas y, por último, la asistencia de instituciones internacionales o regionales para dar solución a los obstáculos inmediatos.

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Tema de investigación: 
Crisis económica

Global Economic Prospects

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La crisis sanitaria ha desencadenado una crisis mundial como ninguna otra y es probable que la pandemia ejerza un daño duradero en los determinantes fundamentales de las perspectivas de crecimiento a largo plazo, erosionando aún más los niveles de vida en los años venideros.  La crisis sanitaria mundial que, además de un enorme costo humano, está llevando a la recesión mundial más profunda desde la Segunda Guerra Mundial. Aunque el resultado final del crecimiento es todavía incierto, y es posible un escenario aún peor si se tarda más en controlar la crisis sanitaria, la pandemia dará lugar a contracciones de la producción en la gran mayoría de los mercados emergentes y las economías en desarrollo. Las prioridades de política inmediatas son aliviar los costos sanitarios y humanos actuales y atenuar las pérdidas económicas a corto plazo, abordando al mismo tiempo problemas como la informalidad y la debilidad de las redes de seguridad social que han acentuado las repercusiones en las poblaciones vulnerables. Una vez que la crisis haya remitido, será necesario reafirmar un compromiso creíble con las políticas sostenibles y emprender las reformas necesarias para reforzar las perspectivas de crecimiento a largo plazo. Para estas medidas, la coordinación y la cooperación mundiales serán fundamentales

 

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Tema de investigación: 
Crisis económica

Global Economy Still Slowing, Dangerously Vulnerable

SYDNEY and KUALA LUMPUR, Feb 18 2020 (IPS) - In an annual ritual early in the year, most major economic organizations have released forecasts for the global economy in 2020. Incredibly, almost as a reminder of where financial power resides in this day and age, the International Monetary Fund (IMF) released its forecasts at the World Economic Forum’s 50th annual meeting in Davos.

Although the IMF revised its global economic growth prognosis slightly downwards from its October 2019 forecast, it still offers the most optimistic prospect of 3.3% growth in 2020. The World Bank’s forecast of 2.5% – identical to the United Nations (UN) estimate – is the lowest, with the OECD’s at 2.9%.

The IMF justified its optimism by improved market sentiments following the Phase One US-China Trade Deal and diminished fears of a ‘no-deal Brexit’. Goldman Sachs describes these developments as ‘A Break in the Clouds’, forecasting global growth at 3.4% in 2020, while Morgan Stanley sees ‘Calmer Waters Ahead’, expecting 3.2% in 2020 and 3.5% in 2021.

Perils of ‘talking up’

It is not unusual for these organizations to be optimistic: after all, they do not want to be seen as naysayers, or prophets of doom, especially if their pronouncements are later denounced as self-fulfilling prophecies.

But ‘talking up the economy’ can have grave consequences, as with the 2008-2009 global financial crisis (GFC). Then, the IMF revised its forecast upward in July 2007, a month before the US ‘sub-prime’ mortgage crisis morphed into the worst global downturn since the Great Depression of the 1930s.

Meanwhile, the OECD was confident that any US ‘soft-landing’ would be offset by robust European economic performance. Such forecasts fostered a false and ultimately dangerous sense of invulnerability and complacence before the storm broke.

Policymakers ignored warnings by the United Nations since 2005 about fundamental weaknesses, including growing global imbalances and the debt-financed US housing bubble. As is now well known, the collapse of the US sub-prime mortgage market brought down world finance and, eventually, the global economy.

Hazards of forecasting

Thankfully, it is customary to include some cautionary notes with these annual forecasts, even when optimistic. For example, the IMF now warns of more downside risks, including geopolitical tensions, social unrest, trade tensions, and developing economies’ financial turmoil.

Both the UN and the IMF fear that the climate crisis can trigger financial stress, further slowing economic growth. To make matters worse, ignoring fundamental weaknesses and focusing excessively on ephemeral short-term trends can be dangerously misleading.

To be sure, forecasting is extremely hazardous, and sometimes compared unfavourably to astrology. Forecasters factor in plausible developments, but completely unpredictable ‘black swan’ events, such as the novel coronavirus pandemic, can upset even the best of forecasts.

Meanwhile, the World Bank warns of ballooning debt, both public and private. The UN and the World Bank also note that the sharp productivity growth slowdown since the GFC has reduced long-term growth and poverty reduction prospects; furthermore, high inequality will also delay such progress.

Both the UN and the IMF note that high and rising inequality also engenders greater social and political polarization, unrest and instability. Additionally, the UN also warns of deepening political polarization and growing scepticism about multilateralism as significant downside risks.

But none mention that the long-run effects of income inequality on both consumption and output can be quite large, delaying economic recovery by limiting aggregate demand and capacity utilization.

Policy failure

Such fundamental weaknesses owe much to policy failures. Unlike the New Deal following the Great Depression of the 1930s, all too many contemporary policymakers shy away from addressing core problems, such as financial excesses, rising household debt, exorbitant executive salaries vis-à-vis stagnant, if not declining real wages, that also contributed to the GFC.

Low (negative) interest rates, due to unconventional monetary policy, especially ‘quantitative easing’ (QE), have not promoted productive investments, and allowed less-productive firms to survive. Thus, QE failed to boost productivity.

‘Easy money’ has been used for share buy-backs, mergers, acquisitions and inflated executive remuneration. Thus, as before the GFC, ‘fictitious capital’ is being systemically generated once again, contributing to asset price bubbles and endangering financial stability.

‘Easy money’ from developed economies has also flowed to developing countries in search of better returns, making them more vulnerable, besides raising their indebtedness yet again.

QE has also contributed to rising inequality. Meanwhile, major central banks have exhausted much of their means for lending at very low or even negative interest rates as they have very limited room to cut interest rates further.

No fiscal saviour

Besides reducing overall revenue collection and marginal income tax rates, the longstanding trend from direct to indirect taxation has shifted tax incidence from incomes to consumption, largely at the expense of the middle class.

Pursuing fiscal austerity under various guises, governments have slashed social and infrastructure spending in favour of public-private partnerships skewed in favour of influential corporate interests. Fiscal austerity also slowed economic recovery and technology adoption to the detriment of productivity growth.

Such fiscal reforms have not only exacerbated inequality, but also kept countries and households in debt bondage. And as governments have less fiscal space with rising debt, their ability to respond to crises – financial, climate or pandemic – is severely compromised.

Missed opportunity

Had national policymakers, led by the G20, embraced the UN recommendation for a Global Green New Deal to stimulate recovery, address the climate crisis and reverse growing inequality, the global economy could have been put on a more inclusive and sustainable path.

Such hopes remain even more elusive in an increasingly fractured world where multilateralism itself has been discredited and deliberately undermined by ethno-populism’s relegitimization of jingoism.

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Crisis económica

Global Wage Report 2020-21

En el Informe mundial sobre salarios 2020-21 se examinan las tendencias recientes en materia de salarios, el contexto económico y del mercado laboral mundial y las repercusiones que la pandemia ha tenido en los salarios. El informe también incluye una serie de recomendaciones de política para mitigar el impacto negativo de la crisis.

 

 



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Tema de investigación: 
Crisis económica

Global Wealth Report 2017: Where Are We Ten Years after the Crisis?

As shown in the latest edition of the Global Wealth Report by the Credit Suisse Research Institute (CSRI), total global wealth has now reached USD 280 trillion and is 27 percent higher than a decade ago at the onset of the financial crisis.

US Gains Account for Half of Global Wealth Increase

In the past 12 months, total global wealth grew by 6.4 percent. It is the fastest pace of wealth creation since 2012 and one of the best results since the financial crisis. Moreover, as wealth increased faster than the population, global mean wealth per adult reached a new record high of USD 56,540.

Comparing wealth gains across countries, the United States is an unquestionable leader. The country continued its remarkable unbroken spell of gains after the financial crisis and added USD 8.5 trillion to the stock of global wealth. In other words, the US generated more than half of the total global wealth aggregation of USD 16.7 trillion of the past 12 months.

"So far, the Trump Presidency has seen businesses flourish and employment grow, though the ongoing supportive role played by the Federal Reserve has undoubtedly played a part here as well, and wealth inequality remains a prominent issue," commented Michael O'Sullivan, CIO for International Wealth Management at Credit Suisse. "Looking ahead, however, high market valuations and property prices may curb the pace of growth in future years."

Poland with Biggest Increase in Percentage Terms

In line with global wealth growth, wealth in Europe increased by 6.4 percent thanks to stability spread across the continent. From Europe, Germany, France, Italy, and Spain made it into the top ten countries with the biggest gains in absolute terms.
Converted into percentage terms, the biggest household wealth gain globally was recorded in Poland. The increase of 18 percent was driven mainly by rising equity prices.

Switzerland continues to lead the ranking in terms of both average and median wealth per adult in 2017, the latter favoring countries with higher levels of wealth equality. Since the turn of the century, wealth per adult in Switzerland has risen by 130 percent to USD 537,600.

China Is Catching Up

While the majority of wealth is still held by high-income economies in North America, Europe, and Asia Pacific (excluding China and India), new wealth creators are becoming more visible. China, after suffering losses of 20 percent during the crisis, quickly overtook its pre-crisis level of wealth growth. This year, its pace of wealth creation caught up with the pace of Europe, and its input to the global wealth stock was USD 1.7 trillion. This represents the second highest absolute wealth gain after the US.

Looking Back

According to the Global Wealth Report, the geographical coverage of wealth growth in the first years of this century was more widespread than ever before. The upward trends were steady across financial and non-financial asset classes, and regions. Emerging economies were becoming strong global players.

Last but not least, all levels of society were benefitting from the rewards. While global mean wealth per adult grew at 7 percent per year between 2000 and 2007, the bottom half of wealth holders did even better: Median wealth per adult grew at 12 percent per year.

In 2007 the global financial crisis brought this episode of growth to a halt, wiping 12.6 percent off global wealth.

Wealth Inequality as Heritage of Crisis

Shortly after the crisis, wealth growth resumed. It has managed to recoup the lost ground and rise further, but the average pace of growth has been less than half the pre-crisis rate

In the 12 months to mid-2017, significant rises in wealth were evident throughout the world, driven not only by robust equity markets, but also by substantial increases in non-financial wealth. It may signal that we are reverting to the pre-crisis pattern of growth.

The remaining negative heritage of the financial crisis is wealth inequality. It has been rising in all parts of the world since 2007. As calculated by the report authors, the top 1 percent of global wealth holders started the millennium with 45.5 percent of all household wealth, but their share has since increased to a level of 50.1 percent today.

Wealth Outlook for the Next Five Years

According to the report, global wealth should continue to grow at a similar pace to the last half a decade and is anticipated to reach USD 341 trillion by 2022.

Emerging economies are expected to generate wealth at a faster pace than their developed peers, and are likely to achieve a 22 percent share in global wealth at the end of the five-year period. Unsurprisingly, the strongest contribution is expected from China and is estimated at around USD 10 trillion, an increase of 33 percent.

The outlook for the millionaire segment is more optimistic than for the bottom of the wealth pyramid (less than 10,000 dollars per adult). The former is expected to rise by 22 percent, from 36 million people today to 44 million in 2022, while the group occupying the lowest tier of the pyramid is expected to shrink by only 4 percent.

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Crisis económica

Google corta la colaboración con Huawei: ¿qué significa y qué consecuencias tendrá?

El pasado domingo, una fuente familiarizada con el asunto reveló a Reuters que Google ha suspendido sus negocios con el gigante de telecomunicaciones chino Huawei. ¿Qué les espera ahora a los usuarios de los dispositivos fabricados por esta compañía asiática?

¿Qué ha pasado?

En el marco de la llamada 'guerra comercial' que desató el presidente de EE.UU., Donald Trump, contra Pekín, el 15 de mayo el mandatario firmó una orden ejecutiva que prohíbe el uso de equipos de telecomunicaciones fabricados por compañías consideradas como "una amenaza para la seguridad nacional". Poco después el Departamento de Comercio de EE.UU. anunció que incluirá a Huawei y a 70 empresas afiliadas en su llamada 'Lista de Entidades'.

La decisión —que entró en vigor el 17 de mayo— fue adoptada bajo el pretexto de que Huawei supuestamente "está involucrada en actividades contrarias a la seguridad nacional de Estados Unidos y los intereses de la política exterior".

¿Cómo ha reaccionado Huawei?

Desde la compañía china indicaron que están corroborando los reportes sobre el posible final de la colaboración con Google

Además, desde Huawei han asegurado que seguirán proporcionado soporte técnico, "actualizaciones de seguridad y servicios de posventa a todos los teléfonos inteligentes existentes y tabletas de Huawei y Honor". Han hecho hincapié en que se trata de los dispositivos que ya fueron vendidos y los que ahora se encuentran en las tiendas

Además, Huawei indicó que sigue "creando un ecosistema de 'software' seguro y sostenible con el objetivo de proporcionar la mejor experiencia a todos los usuarios a nivel mundial". Anteriormente, la compañía declaró que había desarrollado su propio sistema operativo como un 'Plan B' en caso de que los dispositivos de la compañía perdieran el acceso a Google

Por su parte, el informático y politólogo Sergio Carrasco opina que China podría tomar medidas recíprocas contra las empresas estadounidenses

Reacción de las compañías en EE.UU.

En consecuencia, los principales fabricantes de chips estadounidenses, incluidos Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. y Broadcom Inc., comunicaron a sus empleados que no habrá suministros a Huawei hasta nuevo aviso.

Por su parte, una fuente en Google ha confirmado a Reuters que la compañía estadounidense dejará de colaborar con Huawei en los asuntos que requieran transferencia de 'hardware' y 'software', así como el servicio técnico no público.

El eco en los mercados: mayores caídas y subidas

Este movimiento se ha reflejado de inmediato en los mercados. Así, el sector de las compañías de semiconductores estadounidenses se vio afectado por la caída de las acciones de Intel, Qualcomm y Micron Technology. Los títulos de Intel han registrado bajadas al cerrar las dos últimas jornadas de la semana anterior, mientras que Qualcomm perdió hasta 5% en las dos sesiones anteriores.

Las mayores caídas, hasta un 15%, las sufrieron las pequeñas compañías tecnológicas estadounidenses NeoPhotonics y Lumentum Holdings, que tienen una mayor exposición a Huawei.

A pesar de que los competidores de Huawei en EE.UU. no han registrado saltos drásticos en el precio de sus acciones tras las medidas de la administración Trump, incluso Apple cerró la semana con una leve bajada, en Europa —donde se están desarrollando activamente las redes 5G— las sanciones de EE.UU. a Huawei despertaron el interés de los inversores hacia Ericsson y Nokia.

Estas dos compañías escandinavas de telecomunicaciones registraron una subida del 2,1%, el jueves y otro 0,5% el viernes y un 4,1% y un 0,8% adicional al cerrar la jornada de la semana pasada.

En lo que se refiere a los mercados de China (incluido el de Hong Kong), este lunes estos han caído debido al aumento de las tensiones entre China y EE.UU., mientras que otros mercados de acciones en la región de Asia-Pacífico en general han registrado un aumento. El índice chino compuesto de Shanghái ha perdido al final de las negociaciones un 0,4%, el compuesto de Shenzhen se ha reducido un 0,8%, mientras que el índice de Hang Seng (Hong Kong) bajó un 0,6%.

¿Qué meta tiene EE.UU.?

La ruptura de los contactos comerciales entre Google y Huawei es una consecuencia de la guerra tecnológica y de la presión que Estados Unidos ejerce sobre las compañías de tecnología de la información chinas. En el 2018, Donald Trump prohibió a los departamentos gubernamentales utilizar equipos fabricados por Huawei y otra compañía china, ZTE. Posteriormente, Canadá detuvo a la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, y EE.UU. acusó a la compañía de espionaje industrial, fraude y otros delitos que la parte china niega rotundamente.

Según varios analistas, bajo el pretexto de la lucha contra el espionaje industrial y el robo de tecnología, EE.UU. simplemente excluye a las compañías chinas de su mercado. El motivo de tales acciones puede ser la lucha por el dominio en el campo de las redes móviles de quinta generación (5G). Huawei estaba planeando ser una de las primeras empresas en poner en venta teléfonos inteligentes dotados de dicha tecnología.

Potencialmente, esta compañía china podría convertirse en líder mundial en la implementación de las redes 5G, pero las recientes medidas adoptadas por EE.UU. podrían dar al traste con esos planes y causar un considerable daño a Huawei.

¿Qué les espera a los usuarios de Huawei?

  • Según trascendió, la próxima versión de los dispositivos de Huawei no tendrá acceso a varios servicios y aplicaciones:
  • La decisión de Google corta a Huawei el acceso a las actualizaciones de la versión completa de Android proporcionada por Google
  • Perderán el acceso a Google Mobile Services
  • No podrán acceder a las aplicaciones y a ciertos servicios populares que son propiedad de Google, como la tienda de aplicaciones Google Play Store y el correo electrónico Gmail, así como la plataforma de videos YouTube y el navegador móvil Chrome

Los propietarios de los dispositivos de Huawei que ya están en uso (o todavía siguen en tiendas) de momento podrán seguir usando los servicios de Google, con algunas excepciones:

  • Los usuarios de Huawei podrán usar únicamente la versión pública de Android
  • La medida de Google no afectará a aquellos productos que estén cubiertos por licencias de código abierto
  • No se podrá acceder a Google Play para descargar nuevas aplicaciones
  • Podrán realizar actualizaciones de las aplicaciones en sus dispositivos Huawei en uso, ya que esto no requiere interacción directa con Huawei

Desde Android han asegurado que de momento Google Play y el detector de 'malware' Google Play Protect seguirán funcionando en los dispositivos de Huawei en uso

En lo que se refiere a los usuarios chinos de dispositivos Huawei, no se verán afectados, ya que los productos de Google no están disponibles en China.

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Crisis económica

Great Recession, greater illusions

SYDNEY and KUALA LUMPUR, Sep 11 2018 (IPS) - In 2009, the world economy contracted by -2.2%. Growth in all developing countries declined from around 8% in 2007 to 2.6% in 2009 as the developed world contracted by -3.8% in 2009. The collapse of the Lehmann Brothers investment bank in September 2008 symbolized the US financial crisis that triggered the Great Recession of 2008-2009.

Demise of Keynesian consensus

In its immediate aftermath, a new consensus reversed the neoliberal Washington Consensus of the last two decades of the 20th century. Proclaimed by the G20’s London Summit of 2 April 2009, it envisaged return to Keynesian macroeconomic policies, including large-scale fiscal stimulus, supported by expansionary monetary policy.

The new policies were largely successful in tempering the recession, although much more should have been done. But with modest recovery, public debt, not economic stagnation, was soon sold as public enemy number one again.

G20 leaders at the June 2010 Toronto Summit turned to ‘fiscal consolidation’, with monetary policy accommodation to ‘contain’ its contractionary consequences, and ‘structural’ (mainly labour market) reforms, ostensibly to boost growth, especially in advanced economies. Meanwhile, despite G20 leaders’ pledges eschewing protectionism, trade restrictions grew.

Synchronized fiscal consolidation precipitated some Eurozone sovereign debt crises. Soon, several Eurozone countries experienced double dip recessions, as unemployment in Greece and Spain rose well over 25% following punitive policies required to qualify for European Union and International Monetary Fund (IMF) funding which mainly went to creditors.

Economists’ complicity

Misleading, ideologically-driven empirical analyses claimed to support the new policy reversal. Alesina and his associates promoted the idea of ‘expansionary fiscal consolidation’, that contractionary government expenditure cuts would be more than offset by private spending expansion due to boosted investor confidence.

Then, Reinhart and Rogoff exaggerated the dangers of domestic debt accumulation. Although soon exposed for major methodological flaws and suppressing relevant information, these studies had served their purpose.

The IMF Fiscal Monitor ahead of the June 2010 G20 Summit grossly exaggerated public debt’s destabilizing effects, advocating rapid fiscal consolidation instead. Later, the IMF admitted it had underestimated the fiscal multiplier and hence potential growth from such debt!

Faltering recovery and rising unemployment in the Eurozone caused the public debt-GDP ratio to rise instead. Meanwhile, supposedly unavoidable short-term pain caused prolonged suffering for millions without the promised medium- and long-term gains.

UN ahead of the curve

Besides the Bank of International Settlements’ legendary William White, the United Nations was ahead of the curve, not only in warning of the impending crisis, but also by providing appropriate policy advice, albeit largely ignored.

For example, the United Nations 2006 and 2007 World Economic Situation and Prospects (WESP) warned of instability and growth slowdowns due to disorderly adjustment of growing macroeconomic imbalances among major world economies. WESP warned that falling US house prices could cause defaults to spike, triggering bank crises.

The IMF and the OECD simply ignored such warnings, projecting rosy futures, and a ‘soft landing’ at worst. The April 2007 IMF World Economic Outlook (WEO) emphatically dismissed widely held concerns about disorderly unwinding of global imbalances, claiming economic risks had subsided. The July 2007 issue claimed: “The strong global expansion is continuing, and projections for global growth in both 2007 and 2008 have been revised up”.

The OECD June 2007 Economic Outlook insisted that the US slowdown was not heralding a period of worldwide economic weakness. “Rather, a ‘smooth’ rebalancing was to be expected, with Europe taking over the baton from the United States in driving OECD growth… Indeed, the current economic situation is in many ways better than what we have experienced in years.”

Although the IMF’s November 2008 WEO belatedly acknowledged the crisis’ severity, it forecast global recovery of 2.2% in 2009, suggesting the worst was over, thus supporting the reversal from fiscal expansion to consolidation. Depicting the ‘green shoots’ of recovery as self-sustaining, fiscal stimulus was abandoned after selective financial bailouts.

The IMF and OECD recommendations of structural reforms and fiscal consolidation have since failed to provide the long awaited, sustained global economic recovery.

The President of the UN General Assembly set up a commission led by Nobel laureate Joseph Stiglitz to study the crisis’ impact, especially for development, and recommend policies to prevent future crises. Yet, most remain unaware of its wide-ranging findings and policy recommendations, including international financial architecture reforms and reregulating finance to better serve the real economy.

The UN Secretary-General proposed a Global Green New Deal in 2009 to accelerate economic recovery and job creation while addressing sustainable development, climate change and food security. It envisioned massive, multilateral, cross-subsidized public investments in renewable energy and smallholder food production in developing countries.

The UN also consistently advocated policy coordination and warned against prematurely ending recovery efforts.

Missed opportunity, heightened vulnerability

With UN and similar policy advice largely ignored, global economic recovery has remained tepid for the last decade. This has prompted the ‘secular stagnation’ thesis obscuring the role of political and policy failures and missed opportunities.

Unconventional monetary policy, e.g., ‘quantitative easing’, has also widened income and wealth gaps besides fuelling financial asset bubbles. Earlier capital inflows are now exiting following monetary policy normalization in the West and new fears of emerging market vulnerabilities.

Having failed to ensure robust recovery despite accumulating more debt, both developed and developing countries have less policy and fiscal space to address the looming problems threatening them.

Meanwhile, the redistributive potential of fiscal policy has been weakened by reducing progressive direct taxes and increasing regressive indirect taxes, while cutting social expenditure. Also, powerful vested interests have blocked attempts to limit obscene executive remuneration and enforce minimum wages, arguing that such measures discourage business and job creation.

Also, the hyped notion of ‘inclusive inequality’ has served to justify rising economic disparities, by arguing that deregulation has enabled wealth accumulation and middle class expansion.

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Crisis económica

Grecia y la cuarta etapa de la crisis

A partir de la Crisis Hipotecaria en Estados Unidos, el contagio financiero ha llegado a través de los bancos europeos y finalmente a todos los rincones del planeta por medio del comercio. "La Gran Recesion" no ha pasado, y en 2010 veremos una etapa más de quiebras y crisis, esta  vez no son los bancos los que estan en peligro, sino los Estados nación y la integridad de la Union Europea.

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Crisis económica

Grecia y la deuda fatal

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Crisis económica

Growth prospects in the latin american economies

The countries that made the greatest restoration during the third quarter of 2020 are those that will continue to grow in 2021. Economic performance is influenced by previous growth, restrictions to prevent the spread of Covid-19 and proactive fiscal and monetary policies. Transfers and remittances to vulnerable groups were equally vital. We will present the estimated improvements during the third quarter of 2020, from years of lost production, the GDP growth expected by the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) for 2021, finally the type of arrangements implemented by countries, focusing on those with the best performance.

Among the selected countries, Costa Rica, Argentina, Jamaica, Ecuador and Chile experienced problems of outflows of large companies, social unrest, dependence on the oil sector and tourism, and are therefore the countries with the least reinstatements during the third quarter of 2020. Mexico bounced back by just under half its lost production, with the best performance among those least embettered. Those that improved the most are Brazil, Nicaragua, Colombia and Peru. We will show the policies implemented by the latter.

In Brazil, the central government did not apply restrictions to mobility; however, state and municipal governments implemented limitations on the opening of businesses and the number of people in public spaces. The Federal Government made transfers to about 66 million people for an amount of almost USD 120 per month from April to August and USD 60 until December. It also suspended tax payments and promoted the expansion of credit for micro and small businesses (17% of its GDP). Despite falling by 0.5% annually from 2015 to 2019, Brazil took the ten years lost in the first half of the year with the largest bounce among the selected countries.

In Nicaragua, there were no restrictions on activity or mobility by the authorities, but the population took precautionary measures, so there was a contraction in domestic demand. Remittances increased by about 10% from January to October compared with 2019, giving families liquidity. During the third quarter of 2020, six of the seven years lost were replaced. The sectors that grew the most were: trade, construction and agriculture; while Its future will depend from these sectors and from mining. Nicaragua grew at a rate of 1.2% per year from 2015 to 2019 and is the second most successful country among those selected.

In Colombia, the government implemented higher consumption and investment spending (4% of GDP). During the third quarter of 2020, the sectors with the greatest resumptions were: agriculture, real estate and financial activities, which made up for five of the six years lost. Colombia grew 2.4% annually between 2015 and 2019.

Peru implemented a strict quarantine for several months. The government made transfers to households through two universal bonds during the year and subsidies to companies (15.8% of GDP). In the third quarter of 2020, the construction sector returned to pre-crisis levels, and the mining, manufacturing and trade sectors resumed eight of the ten years of lost production.

The 2021 return will be enough to even increase production in Guyana, Guatemala and Paraguay. With the exception of Chile and Costa Rica, all the countries maintain the growth of the first bounce back in 2021.

The Central American country introduced measures of physical distancing, restriction of working hours in the manufacturing, commercial and tourism sectors. The government implemented an expansion of current spending on social programmes through the Public Calamity Decree. The flow of remittances increased, providing liquidity to families. In Paraguay, the government reduced value added tax (VAT) and allowed tax deferrals. It increased spending by raising salaries for public officials, hiring health personnel and providing social benefits for vulnerable populations.

The main risks to be faced in the 2021 upgrade are: the evolution of the pandemic and vaccine availability; premature withdrawal of fiscal and monetary stimulus measures; global financial conditions allowing access to cheap financing; and the upward trend in commodity prices. If US interest rates rise, commodity prices will fall.

The data show that the first improvement was influenced by the previous growth of the economies, the type of strategies implemented to avoid the contagion of Covid-19 and the type of fiscal and monetary arrangements to avoid a further fall. In many cases it helped the strength of the improvement to provide liquidity to the most vulnerable groups, through money transfers and remittances.

 

 

 

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Crisis económica

How it went in 2020

After 2018 and 2019, difficult years due to the US trade war with China, Britain's separation from the European Union and the fall in US growth rate while the stock markets rose, 2020 broke all expectations.

The most spectacular fall in global economic growth in history showed that, while Asia fell little, Europe and Latin America fell a lot and the US fell a little less than Europe, but much more than Asia. China rebounded in the second quarter of 2020, as the rest of the world entered the depths of the fall, and ended the year with positive economic growth.

The rebound in the third quarter has been remarkable. The depth of the decline was related to the speed of growth prior to the fall. The more growth, the less the fall. The exception was Peru. High growth and deep fall. The rebound is symmetric and the bigger the fall, the greater the initial rebound. Thus, the data for the second half of the year were positive, prompting some to say the crisis was over.

The crisis is not over neither in terms of health nor the economy. The magnitude of a crisis is appreciated not during the fall but when it hits the bottom. It is like a person falling off a building that while falling is alive. The critical point is when the person hits the ground. When economic activities are reopened, then the problems of lack of demand, business debt and unemployment are appreciated. Supply wise the problems of production and distribution are also foreseeable. From the point of view of international trade, surprisingly, commodity prices recovered except for fossil fuels. The reason for this was not a reactivation of demand, because global demand is considerably lower than in 2019, but rather the injection of 3.5 billion dollars (15% of US GDP) into the investment banks and hedge funds that refloated the stock and commodity markets from 23 March of this year. All commodity price curves changed course that day except for fossil fuels. Private investment, which was already affected earlier, remains affected. With negative interest rates in the US and the EU, hedge funds borrow and invest on the stock market. This explains the disconnection between stock market indices and US GDP growth rate, in what is clearly a speculative bubble.

While the US economy had been on a downward path of growth since March of 2018, in 2020 it plummeted to -32% per year in the second half of 2020, levels never seen before. Faced with such a fall, the Federal Reserve, in its first monetary policy decision of the year, lowered the federal bond benchmark rate in the range of 0.25- 0.50% due to the economic slowdown, leading to a round of central bank rate cuts worldwide. This generated arbitrage opportunity towards emerging countries with an impact on the exchange rate against other currencies, increases in international reserve levels and a strengthening of Latin American exchange rates in general.

International trade is recovering rapidly, contrary to July's estimates, bringing initial rebounds to very high levels. The problems are more fiscal than external. The slumps in GDP are accompanied by falls in tax revenues, which make it difficult to maintain stable spending levels. The Mexican solution has been to cut spending in an orthodox manner. Others Latin American countries preferred to increase domestic debt.

There is a mirage in progress. The collapse of GDP for all, together with the stability of the external debt, has resulted in rising debt-to-GDP ratios and the image of an increased foreign debt problem. However, if reserves increase, there are no external debt problems. On the other hand, falling tax revenues at a time of rising public spending on health leads to more domestic debt, and this leads to fiscal, not debt, problems. The new debt is with social security and pension funds intermediated by private banks within countries.

Finally, we reiterate what we wrote a year ago, the general trend of the world economy is expected to continue its slow pace in most economies, with the clear contrast of the Asian economies which will continue to grow swiftly. This dynamic will change the economic axes from the Atlantic to the Pacific in a stable manner from now on in spite of. Asia being particularly affected by the protests in Hong Kong and India. For the advanced economies the prognosis is grey, because the EU's problems do not end with the UK's departure Poland could be a candidate for a Polxit given the EU's criticism of its nationalist policies and Hungary (Hunxit) remains to be seen. On the other hand, Central and South America are facing rather complicated situations on several fronts, with political instability and open interference by the United States. There are active youth social movements in the countries on the Pacific coast, and it remains to be seen whether they will expand to those on the Atlantic coast, Brazil and Uruguay in particular. Together with Africa, it will be one of the areas that will grow the least this year and next. The star country, Bolivia, has returned to democratic status and it remains to be seen how Ecuador, Colombia and Venezuela will manage to grow with depressed fossil fuel prices that have no return. Mexico exports petrol fueled cars to a market that buys fewer cars while it has been left with a huge empty tourist infrastructure, along with the Caribbean islands and Peru. It is estimated that by 2024 the world will return to pre-pandemic levels. When that happens, it will be with another energy matrix and other external actors in the region.
 


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How the pandemic is going in the world economy: first half of 2020

The first half of 2020 is possibly the worst semester since economic statistics have been published. It is worse than the first half of 1930 and we do not have the statistics of the first half of 1872. It is much worse than the first half of 2009 or the last half of 2008. GDP fell at double digit annualized rates at the end of the first semester in most advanced countries. The GDP of the European Union (EU), collapsed 14.4% compared to the second quarter of 2019 and North America 10.8% (Canada, Mexico and the United States). Overall the EU lost about 11 years of production due to containment and health measures. Countries such as Italy, Portugal, France, Spain, England and Belgium lost between two to three decades of growth. The United States lost 6 years of production, at levels of the second quarter of 2014 and Mexico 10 years at the level of the third quarter of 2010.

The most affected was Italy. The country's GDP grew at an average annual rate of 1.5% from 1990 to mid-2008. After the financial crisis, it began to decline by an average of 0.5% per quarter. The unemployment of the economy by covid-19 meant the loss of a sixth of its production, so, together with its low growth, it was close to the level of 1993. During the second quarter of 2020 Italy lost 27 years of production.

Portugal and Spain grew by 2-3% per year from 1990 to 2008. However, unlike Italy, their economies began to recover in 2014. During the first months of 2020, the GDP exceeded the values before the financial crisis. Unemployment in the economy led to a fall of one-sixth and one-fifth of output, respectively. Portugal lost 21 years of production and Spain 18. In France and England growth from 1990 to 2008 was 2-2.5%. The financial crisis did not have the same impact as in Italy, Portugal and Spain; the decline was short. In 2009 they started their recovery, the growth rate was constant until the beginning of 2020. The measures for the pandemic caused them to lose a fifth of their production. France lost 18 years and England 16.

Unlike Europe, the United States lost a tenth of its production. Since 1990 it has maintained a constant growth rate of 2.5%, which has fallen back by six years. Although the fall in production was not as precipitous as in other countries, it is the worst fall since 1929. The explanation for the smaller fall is that unlike the European Union, it did not apply total containment. As expected, at the same time it is the country with the most deaths (as of August 17) about 173,187 people. Similarly, the unemployment rate was 13%, the highest recorded since October 2009. In March the rate was 4.4%, in May the rate shot up to 14.7%. The rate is going down, since in July it was 10.2% with a slight tendency to increase in the second wave of infections.

The Latin American countries with the largest drop in production were Peru and Mexico, while Brazil fell less. ECLAC reported that industrial production in April fell 14.1% in Chile, 15.1% in Brazil, 20.1% in Colombia, 26.4% in Argentina, 29.3% in Mexico and 40.5% in Peru. The smaller fall in Brazilian GDP, as in the United States, is due to the lack of containment imposed by the pandemic with the adverse consequences on mortality that has 108,054 deaths from the virus (17.8.2020), second in the world after the United States and followed by Mexico. For almost all Latin American economies that are structurally in deficit, the economic collapse has been reflected in a fall in imports, which is greater than the fall in exports. The contraction in output and employment generated a surplus, as families and companies bought less and therefore countries imported less. Overall, food sales and lower imports boosted the positive balance of economies.

Argentina, maintains deficits in trade with Brazil, its main partner. Exports to the Carioca country fell by 31.9% from January to July, while imports fell by only 25.8%. Quarantine measures caused the loss of 11 years of production for Argentina. On the other hand, the Asian economies seem to be the least affected and with a faster response capacity due to their internal links, whether inside the country or in the region. The Asian countries seem to be recovering from a V-shaped crisis while thosein Europe, North and South America are going through a U-shaped crisis or perhaps even one with aslower recovery and not reaching the original pre-Covid-19 level. This will have future implications forglobal economic leadership

 

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How to Manage the Economic Fallout of the Coronavirus

The novel coronavirus (Covid-19) is rapidly spreading around the world. The first case of coronavirus was reported in the Chinese city of Wuhan in December 2019, but now it has spread to every continent except Antarctica. As of 18 March, 211,200 people have been infected, and at least 8,822 have died across six continents.[1]

At the time of writing, there are no signs of coronavirus abating outside China. The virus, recognized as a pandemic by the World Health Organization on 11 March 2020, has caused considerable human suffering within a short period of three months. Globally, the death toll from the coronavirus outbreak is rising despite the enforcement of strict lockdown and social distancing measures across the world. In the near term, it is challenging to predict when the spread of coronavirus would be fully contained. Most health experts believe that it may take 12 to 18 months to develop a vaccine for the novel coronavirus.

Along with the human cost, the economic costs of the global epidemic are also mounting. The virus has caused massive economic disruption. The result is a widespread contraction in economic activity. There are fears that it could lead to a severe worldwide economic downturn depending on how long the coronavirus outbreak lasts and how governments manage the economic fallout. Undoubtedly, the pandemic will have a significant adverse effect on the global economy, not seen since the 2008 global financial crisis.

A Triple Crisis

The real economy is simultaneously hit by a supply shock and a demand shock by the spread of coronavirus. Such a twin shock is a rare phenomenon in recent economic history.

On the supply side, it has lowered the capacity to produce goods and services due to freezing of economic activity in China (during February-early March) and currently in Europe and the US. Available indicators point out a dramatic output contraction in China with a significant drop in fixed-asset investments during the first two months of 2020.

Given the importance of China in the regional and global supply chains as a producer of intermediate goods, the outbreak has disrupted production in other economies (such as Japan and Australia) that are closely integrated into supply chains. Even a country like India, relatively insulated from the regional and global value chains, is also experiencing supply-side contagion shocks because of its dependence on China for imports of chemicals and pharmaceutical inputs.

On the demand side, consumer spending on air travel, transportation, tourism, and restaurants is severely hit due to nationwide lockdowns, social distancing, and quarantine measures aimed at reducing the spread of infection.

Since February, global financial markets have been on edge. The coronavirus and the oil price war have unleashed chaos in financial markets. Massive selloffs in equity markets have been witnessed despite the imposition of circuit breakers to halt the trading activity temporarily. On March 16, the S&P 500 declined 12 percent — its biggest one-day fall since “Black Monday” in 1987. Attempts by central banks from the developed world to cut interest rates and to relaunch quantitative-easing programs have, so far, failed to inspire market confidence.

Consequently, the world is facing a triple crisis — a combination of a health crisis, an economic crisis affecting both production and consumption, and, increasingly, a financial crisis. The interplay of the three interconnected crises has further complicated the policy response. That is why policy actions implemented recently by central bankers appear ineffective because a cut in interest rates cannot stop the virus infection from spreading nor can it open shuttered factories.

The policy tools used by the monetary authorities during the 2008 global financial crisis are impotent to tackle the ongoing triple crisis because the spread of coronavirus has led to a shutdown of economic activities and which, in turn, has triggered a corporate credit crunch. Unlike the 2008 crisis, leveraged banks and their exotic financial instruments are not the problems this time. There is no playbook to deal with the potent economic threat posed by the coronavirus. Instead of isolated measures, immediate and coordinated actions by health authorities, market regulators, fiscal authorities, and central banks are needed to prevent the spread of the virus and to manage the emerging financial risks.

A Virus-induced Global Recession

The coronavirus outbreak came at the worst possible moment as the global growth prospects are uncertain. The global economy is facing several downside risks including rising cross-border trade and investment tensions, increased geo-political risks in the Middle East, and uncertainty over the future UK-EU trade agreement. The sharp drop in crude oil prices due to the oil war between Saudi Arabia and Russia has further added uncertainty.

A coronavirus-induced recession now looks a certainty, given the sudden stop in the economic activity around the world followed by a rout in global financial markets in recent weeks. Economists at JPMorgan Chase & Co. project that the recession will hit the US and European economies by July 2020.

According to the OECD estimates, annual global GDP growth is projected to drop to 2.4 percent in 2020 as a whole, from an already weak 2.9 percent in 2019, with growth possibly even being negative in the first quarter of 2020.[2] While economists at the Institute of International Finance estimate that global growth may touch 1 percent this year, the lowest since the 2008 crisis.[3]

The number of job losses due to virus-induced recession could be far-reaching and possibly as severe as during the 2008 financial crisis. Shutdowns in business activities are pushing millions of people into unemployment and underemployment. In its initial assessment, the International Labour Organization has estimated that the economic fallout from coronavirus could cause the loss of up to 25 million jobs globally.[4]

Even if a worldwide recession is averted this year, the global economy still faces its biggest economic shock since the 2008 global financial crisis.

A Looming Global Corporate Credit Crunch

The sharp tightening in global financial conditions in the wake of the coronavirus outbreak has raised the risks of a corporate debt crisis. While the 2008 crisis started with the subprime mortgage markets, the world is now readying up for a corporate credit crunch followed by a wave of corporate debt defaults and bankruptcies.

The rapid growth in the debt of non-financial corporations poses an immediate risk to the world economy. Taking advantage of low-interest rates in the aftermath of the 2008 crisis, non-financial companies from advanced and emerging economies raised substantial funds through bonds and loans. According to the Institute of International Finance, corporate debt among non-financial companies reached $75 trillion in 2019, up from $48 trillion in 2009. Many corporations used cheap debt not to expand their businesses, but to issue dividends or buy back shares.

Apart from the quantity, the deterioration in the quality of corporate debt is equally worrisome. According to Fitch, BBB-rated bonds — a notch above junk — make over half of all new investment-grade corporate bonds issued globally in 2019.

Since the coronavirus outbreak has forced non-financial corporations to shut down their businesses, corporations that have borrowed heavily (particularly in the electronics, hospitality, retail, energy, and auto sectors) would find it difficult to meet their debt repayments due to sudden stop in their cash flows, thereby triggering a wave of defaults and bankruptcies.

Faced with an economic slump, corporations would have no option but to slash costs, lay off workers and shut down businesses which, in turn, would further worsen the economic downturn. In such circumstances, current BBB-rated bonds could be downgraded to junk overnight, thereby forcing some bondholders (such as pension funds and insurance companies) to sell these bonds because of their investment mandates barring them to invest in junk bonds.

The panic over the coronavirus outbreak has already caused a dramatic rout in the global stock markets as investors flee to haven assets such as gold and long-term US treasury bonds. At times of market turbulence, rating downgrades are frequent in bond markets. A wave of rating downgrades and defaults in the corporate debt segments can further depress the markets and has the potential to exacerbate systemic risks through financial contagion.

The stress in the corporate funding markets is evident across the world and will exacerbate cash-flow problems for non-financial corporates. In particular, BBB-rated corporates, small and medium companies, and emerging market companies with heavy reliance on foreign exchange debt are the most vulnerable. Hence, financial regulators should remain extra vigilant about the potential systemic risks emanating from the corporate credit crunch.

What Shall be Done?

The coronavirus pandemic is more than a public health crisis, as it is affecting every sector of the economy and every section of society. It has the potential to cause a much bigger economic havoc than the 2008 global financial crisis if the governments fail to adopt a quick multi-pronged response to the virus threat.

The following are some concrete policy proposals to respond both to the public health crisis and the corresponding economic fallout of the coronavirus pandemic.

Strengthen the Public Health System

First and foremost, it is the primary duty of all governments to protect the health and well-being of their citizens. After all, health is a global public good. The governments should strengthen the public health system on a war footing as the pandemic has exposed the poor public health infrastructure not only in the developing countries (such as India) but also in several developed countries (such as Italy and the US).

If the choice is between spending public money on health care or physical infrastructure, health care should receive the priority. Spending money on health care is far more essential for the well-being of people than building highways.

The governments should undertake massive investments in providing public health services by constructing makeshift hospitals, hiring more medical personnel and sourcing of supplies to treat all those who could become infected. In this regard, there is plenty to learn from Hong Kong, Taiwan, South Korea, and Singapore, which scaled up their health facilities to deal with the virus threat. China built two new makeshift emergency hospitals in 12 days to treat patients infected with the coronavirus.

Special attention should be given to protect the poor and low-income households that cannot afford private health care and for whom social distancing solutions are impractical.

Apart from public investments, regulatory measures in the form of a price cap on drugs and medical devices should be imposed to curb any undue profiteering by drug companies.

Further, the poor and developing countries should be immediately offered grants and concessional loans by international aid agencies and financial institutions to beef up their public health system. In early March, the IMF made available $50 billion through its emergency financing facility to the poor and developing world hit by coronavirus but given the enormity of the health crisis, more concessional loans should be made available by other regional and international financial institutions.

The Limitations of Monetary Policy

To improve liquidity in financial markets, central banks of the developed world used expansionary monetary policies and relaunched quantitative-easing programs. On March 15, for instance, the US Federal Reserve reduced policy interest rates to near zero and announced a $700 billion asset purchase program. Still, these measures did not inspire market confidence. Instead, these measures have revealed the inherent limitations of using monetary policy in the present crisis because zero interest rates are not going to offset supply shocks driven by the spreading coronavirus.

Further, there is a legitimate concern that easy monetary policies pursued by the developed world could channel much of money into the financial sector (rather than into the real economy) and a significant portion of that money could finally end up in higher-yielding emerging markets securities.

The Importance of Fiscal Spending

Huge fiscal spending is needed to fight the economic downturn triggered by the virus outbreak. The governments should enact large fiscal stimulus measures to get the real economy back on its feet.

A wide range of fiscal measures could be undertaken by the governments. These may include direct income support via cash handouts (“helicopter money”), food aid, and unemployment assistance; wage subsidies; guarantees to cover virus-related health costs; expansion of social safety nets; increased spending for social care; cheaper loans and loan guarantees to small and medium enterprises; public procurement of goods and services; and short-term tax relief.

Several countries affected by the endemic have announced or undertaken some of these above-listed fiscal measures. Hong Kong, for instance, offered a cash handout of HK$10,000 to its permanent residents aged 18 and above.

It is equally important that fiscal measures must be targeted at those individuals, households, and businesses who are experiencing economic hardship due to the coronavirus outbreak. As the poor and low-income households may suffer disproportionately by the virus outbreak, special measures should be undertaken to provide them economic security.

Of late, some developed countries such as the US, France, and the UK have proposed rescue packages for airlines, hospitality and leisure companies that have been severely affected by the epidemic. But such direct financial support should be strictly monitored by the authorities and made conditional on retaining their workers.

Ban Short Selling

In addition to fiscal policy response, a slew of regulatory measures should be implemented to ensure the orderly functioning of financial markets and overall financial stability.

To begin with, financial regulators should consider imposing a ban on short selling in the equities markets in the near term.

Short selling is a risky trading strategy that speculates on the decline in a share’s price. Traders indulge in short selling by selling the shares that they do not own but borrow from a broker. If the share price drops after selling, they repurchase it at a lower price and return it to the broker. Short selling can potentially set off a vicious cycle wherein falling prices trigger a panic reaction that encourages more investors to sell their shares, which in turn, pushes down prices further. Usually, hedge funds indulge in short selling as they seek to profit both ways: from rising and falling markets. What is good for hedge funds may not be good for market stability.

Financial regulators often ban short selling to arrest the deep sell-off that could disturb the orderly functioning of stock markets. During the 2008 financial crisis, the US temporarily banned short selling of stocks to reduce market volatility. During the peak of the 2010-11 European sovereign debt crisis, Italy and Spain also imposed a ban on short selling when other regulatory measures failed.

On February 2, China announced a ban on short selling of stocks even before the markets opened after the Lunar New Year holiday.[5] On March 13, South Korea’s financial regulator announced a ban on short selling for six months.[6] On March 18, financial regulators in France, Italy, and Belgium also banned short selling to curb volatility amid a massive sell-off of equities.[7] The ban on short selling in Italy will remain for three months while the ban in France and Belgium will run for a month each. According to media reports, India is currently considering a similar ban on short selling in equity markets.[8]

Preserve Financial Stability

In addition to a ban on short selling, other regulatory and supervisory measures such as mandatory delivery-based trading in derivatives markets; higher margin requirements; a financial transaction tax;  restricting the entry of traders in specific market segments; circuit breakers; speed bumps (to slow down high-technology trading);, and increased surveillance of algorithmic trading and high-frequency trading  (HFTs) should be proactively deployed by financial regulators to curb extreme market volatility.

In the case of emerging markets, the fears over the coronavirus outbreak have sent shockwaves to foreign exchange markets as investors are fleeing in record numbers and piling into the US dollar. Several EMEs are experiencing a sudden stop in capital flows in the wake of coronavirus pandemic. The Institute of International Finance has noted that fund outflows from EMEs since late January “are already twice as large as in the global financial crisis and dwarf stress events such as the China devaluation scare of 2015 and the taper tantrum in 2014.”[9] In particular, the sudden stop in capital flows has put the economies of Turkey and South Africa at high risk because of their large external financing needs.

As expected, the reduction in dollar liquidity due to record-high outflows of funds from emerging markets has put downward pressures on the currencies of India, Indonesia, Brazil, Turkey, South Africa, and Mexico. In the case of India, the rupee fell to 74.50 per dollar, an all-time low. In the second week of March, foreign investors pulled out close to $2bn from the Indian markets. Although India’s foreign exchange reserves remain comfortable at $487bn to meet any exigency, the Reserve Bank of India has decided to undertake a $2bn US dollar-rupee swap deal to address the dollar shortages in the market.

In response to the sudden in capital flows, financial regulators of EMEs should not hesitate to deploy capital controls on outflows and other foreign exchange restrictions, as imposed by Malaysia (1998), Iceland (2008), and Ukraine (2008) during crisis episodes.[10]

Currency Swaps Agreements: Pros and Cons

On March 15, the US Federal Reserve, Bank of Canada, European Central Bank, Bank of England, Bank of Japan and Swiss National Bank announced a coordinated action to enhance dollar liquidity with cheaper rates and longer maturities via the US dollar swap line arrangements. This move is intended to provide easy access to US dollar funding.

A bilateral currency swap is an agreement between two countries to exchange currencies with predetermined terms and conditions. The bilateral currency swap agreements are undertaken to address short-term foreign exchange liquidity requirements or to maintain adequate foreign currency reserves to avoid balance of payments crisis.

Following the 2008 crisis, central banks around the world have entered into bilateral swap agreements with one another to overcome foreign exchange shortages. For instance, central banks from 14 countries[11] (including South Korea, Mexico, and Brazil) signed currency swap agreements with the US Federal Reserve to overcome their dollar funding scarcity during the 2008 crisis, with a swap amount of up to $850bn. These currency swap agreements expired in 2010 and were not renewed as the dollar funding pressures eased. It is widely anticipated that South Korea and Mexico may reestablish currency swap lines with the US Federal Reserve as a precautionary measure to overcome dollar funding pressures in the coming weeks.

Nevertheless, it has been observed that US Federal Reserve has been very cautious in extending dollar-swap lines to developing countries, often its decision is influenced by non-economic factors (including geopolitical considerations) to achieve foreign policy ends. Hence, such arrangements are not consistent with transparency and stability principles.

Besides, there are some larger implications too. The currency swaps lines among Western central banks help in maintaining the US dollar’s status as the world’s de facto reserve currency and preserving the US-dominated international financial system. By undermining any potential to challenge the dollar hegemony in international trade and investment transactions by other currencies, it reinforces the world’s dependence on the US dollar-dominated financial system. Consequently, the agenda for the reform of the international financial system loses impetus.

Indeed, the US dollar-centric swap agreements act as an impediment to push a wide range of global financial governance reforms, including the quota reforms of the IMF. Therefore, even if more developing countries join the swap network, the US dollar-centric currency swap agreements should not be considered as a substitute for multilateral cooperation to foster monetary and financial stability.

Multilateral Cooperation

The coronavirus has demonstrated that viruses do not respect national borders. Hence, there is a need to strengthen multilateral cooperation. One would expect the UN to initiate a multilateral policy dialogue on collective actions to address the myriad challenges posed by the coronavirus pandemic.

A coordinated multilateral strategy would be far more effective than each country acting by itself. Another advantage of multilateral strategy would be the active participation of poor and developing countries that have weaker fiscal and external debt positions to tackle the global pandemic.

In the present times, however, the prospects of multilateral cooperation appear bleak with the rise of unilateralism, right-wing populism, and ultra-nationalism across the world, but the challenge is to stand together in a time of adversity and find ways to collaborate.

What is shameful is that not a single member country of the European Union responded to Italy’s urgent request for help with face masks, lung ventilators and other medical supplies. There is no other European country suffering as severely as Italy, with 2,978 deaths and 35,713 confirmed cases of coronavirus, as of March 18, 2020.[12] Finally, China stepped in to help Italy in the absence of European solidarity. In times like this, the EU member states need to stand together and care for one other. Much better is expected from the EU because solidarity is one of its guiding principles right from the beginning. Otherwise, what is the purpose of having a union?

At present, there is no need to create a new supranational agency to contain the coronavirus outbreak and to manage its wider economic fallout. Existing international institutions (such as the UN, WHO, IMF, World Bank) can collectively meet the myriad challenges posed by the virus, provided they follow the spirit of solidarity. Indeed, this is the right time to test the relevance and capacity of such institutions.

What about G20?

While the G20 has struggled to maintain its influence in recent years, many expect this bloc could play a lead role in the global efforts to manage the economic fallout of the coronavirus, as it coordinated macroeconomic policies among member-countries during the 2008 global financial crisis.

The G20 finance ministers and central bank governors recently issued a joint statement calling for monitoring of the coronavirus pandemic and underscoring “the need for cooperation to mitigate risks to the global economy from unexpected shocks.”[13] The statement further noted: “We are ready to take further actions, including fiscal and monetary measures, as appropriate, to aid in the response to the virus, support the economy during this phase and maintain the resilience of the financial system.”[14]

Although the joint statement strikes the right tone, the proposed cooperation and collective actions are yet to be seen on the ground. Needless to add, there are definite gains from economic policy coordination that can generate positive spillover effects for every member-country of the G20.

Can the G20 rise to the occasion? Can it prove to the world that it is still relevant in today’s increasingly polarized world? Or is it far-fetched to expect the high-level policy coordination from the G20 as achieved during 2008-09? These are some of the big questions being raised in the context of ongoing coronavirus outbreak.

In case G20 members are unable to develop a quick collective policy response to tackle the coronavirus pandemic in the next few weeks, it would further strengthen the critics’ demand for disbanding the G20 altogether.

From what we have seen so far, the global human community deserves better and well-coordinated policy actions to contain the coronavirus and to offset its economic impact.

 

Endnotes

[1] Coronavirus Map: Tracking the Global Outbreak, The New York Times, Updated on March 18, 2020, available at: https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html?act....

[2] Coronavirus: The World Economy at Risk, OECD Interim Economic Assessment, OECD, March 2, 2020. Available at: http://www.oecd.org/berlin/publikationen/Interim-Economic-Assessment-2-M....

[3] Sergi Lanau and Jonathan Fortun, “The Covid-19 Shock to EM Flows,” Economic Views, Institute of International Finance, March 17, 2020.

[4] “Almost 25 million jobs could be lost worldwide as a result of COVID-19, says ILO,” Press Release, ILO, March 18, 2020. Available at: .

[5] Zhang Yan and Ryan Woo, “China moves to limit short selling as virus looms over market reopening,” Reuters, February 2, 2020. Available at: https://www.reuters.com/article/us-health-china-shortselling/china-moves....

[6] Yonhap, “S. Korea temporarily bans stock short selling for 6 months,” The Korea Herald, March 13, 2020. Available at:  http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20200313000701.

[7] Chiara Remondini and Alan Katz, “Italy, France, Belgium Ban Short Selling Amid Coronavirus,” Bloomberg, March 18, 2020. Available at: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-17/italy-bans-short-sell....

[8] Samie Modak & Shrimi Choudhary, “Sebi considers short selling ban, trading curbs to reduce market volatility,” Business Standard, March 16, 2020. Available at: https://www.business-standard.com/article/markets/sebi-considers-short-s....

[9] Sergi Lanau and Jonathan Fortun, “The Covid-19 Shock to EM Flows,” Economic Views, Institute of International Finance, March 17, 2020.

[10] For more information on capital controls, see Kavaljit Singh, “Recent Experiences with Capital Controls,” Madhyam Policy Brief No.4, April 2019, Available at: https://www.madhyam.org.in/recent-experiences-with-capital-controls/.

[11] These 14 central banks are Reserve Bank of Australia, Central Bank of Brazil, Bank of Canada, Danish National Bank, Bank of England, European Central Bank, Bank of Japan, Bank of Korea, BANCO DE MEXICO, New Zealand Reserve Bank, Norwegian Central Bank, Monetary Authority of Singapore, Sveriges Riksbank (Sweden), and Switzerland National Bank.

[12] Coronavirus Map: Tracking the Global Outbreak, The New York Times, Updated on March 18, 2020, available at: https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html?act....

[13] Statement on COVID-19, G20 Finance Ministers and Central Bank Governors, March 6, 2020. Available at: https://g20.org/en/media/Documents/G20%20Statement%20on%20COVID-19%20-%2....

[14] Ibid.

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Crisis económica

Huawei: La guerra comercial 2.0

El volumen de bienes afectados por aranceles de ambos lados del océano Pacifico ha hecho que la concentración en la guerra comercial haya sido la que mandaba el sentido común: los aranceles. Como dicen en México, “apareció el peine”. El tema real de fondo es quién controla las nuevas tecnologías de la información, más allá de la fabricación de los chips. La detención de la Chief Financial Officer (CFO) de Huawei, Sabrina Meng Wanzhou, es de la profesional más importante del sector privado mundial en actividad y comparable, en importancia policial, a la detención de Strauss Kahn, Director Ejecutivo del FMI, en Nueva York hace unos años. Su ámbito de trabajo son 170 países en una corporación que tiene 180,000 empleados, con ventas totales de 75.6 mil millones de dólares y un total de activos por 64.3 mil millones de dólares al año 2018, según Huawei.

La señorita Meng es Chief Financial Officer de la empresa que fundó su padre, lo que la hace además heredera potencial de la misma y una de las mujeres más ricas del mundo. La empresa es un proveedor global de soluciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que da servicio a más de un tercio de la población mundial. Lo importante es que está en comunicaciones móviles y ha entrado en el mercado de la tecnología 5G.

La tecnología 5G inalámbrica de quinta generación, es la versión más nueva de tecnología celular, diseñada para aumentar considerablemente la velocidad y la capacidad de respuesta de las redes inalámbricas, dice el portal Techtarget.1 Con 5G, los datos transmitidos a través de conexiones inalámbricas de banda ancha podrían viajar a velocidades de hasta 20 Gbps, según algunas estimaciones, superando las velocidades de la red de telefonía fija, así como ofrecer una latencia de 1 ms o menos para usos que requieren retroalimentación en tiempo real. 5G también permitirá un fuerte aumento en la cantidad de datos transmitidos a través de sistemas inalámbricos debido al mayor ancho de banda disponible y la avanzada tecnología de antena.

Esto es importante para la tecnología de las cosas. Dice el mismo portal que además de las mejoras en la velocidad, la capacidad y la latencia, 5G ofrece funciones de administración de red, entre ellas la división de la red, que permite a los operadores móviles crear múltiples redes virtuales dentro de una sola red física 5G. Esto va a servir para, por ejemplo, un auto auto-conductor que requerirá una porción de red que ofrezca conexiones extremadamente rápidas y de baja latencia para que pueda navegar en tiempo real.

Esta tecnología 5G fue lanzada por Verizon el primero de octubre del 2018 con su servicio a domicilio en Houston, Indianápolis, Los Ángeles y Sacramento, estableciendo derechos equívocos y provocando un lanzamiento dominó de otros lanzamientos de redes 5G que continuarán hasta la próxima primavera, según la revista PC Magazine2. Lo importante es que la misma revista dice que esa primera red no es en realidad el estándar móvil global real para 5G. El primero de ellos probablemente será la red de AT&T, que llegará a finales del 2018.

Cuando esto se escribió en Estados Unidos, Huawei ya había lanzado el 5G en agosto, y lo comenzó a promover en el mundo. La reacción instantánea de Estados Unidos fue que era un peligro de seguridad nacional. Si lo es por dos razones: la primera porque han perdido la carrera tecnológica. La segunda porque con la información que pasa por la red 5G se puede hacer análisis de datos de casi todo lo que pasa en la economía de un país, un poco más masivamente que los datos que maneja Facebook y con mucho más detalle del tipo de consumo y de comunicación.

Mientras AT&T tenga la red 5G mundial, EEUU tendría acceso a toda la información del mundo. Con Huawei en la delantera, ha perdido esta posibilidad. Para impedir este avance tecnológico en manos ajenas a Estados Unidos, la mejor idea ha sido comenzar a cabildear a sus socios anglosajones para que no contraten el 5G de Huawei. En Canadá, los senadores de Estados Unidos, Marco Rubio y Mark Warner, le pidieron al primer ministro canadiense en octubre pasado, que prohíba a Huawei participar en el despliegue de las redes móviles 5G de la nación, debido al peligro potencial para las redes estadounidenses, dice Reuters.3

En paralelo, en agosto del 2018, el organismo de control de defensa cibernética del Reino Unido, el Centro Nacional de Seguridad Cibernética, también advirtió que el uso de equipos y servicios de ZTE (de Huawei) podría representar un riesgo para la seguridad nacional. Esto fue transmitido a los gobiernos de Australia y Nueva Zelandia que bloquearon la compra de estos servicios a la empresa china. Actualmente, el cabildeo americano contra Huawei es con los gobiernos de Alemania, Italia y Japón.

El problema no es si se usa para espiar sino quien lo usa. En términos empresariales y tecnológicos, que Huawei haya introducido ya el 5G antes que AT&T a nivel global, significa que EEUU perdió la carrera tecnológica. A falta de aranceles como con bienes, esta guerra comercial es directa. Es sabotaje. En ese marco es que se debe de entender la detención de una de las personas más poderosas en el mundo de los negocios de China y del mundo. Huawei es el segundo fabricante de celulares del mundo, después de Samsung y antes que Apple, según Gadgets Now.4 El problema para Estados Unidos es que mientras Apple está perdiendo participación en el mercado de celulares, Huawei lo está ganando y Samsung se ha consolidado. Nokia, de Finlandia, quien introdujo los celulares, desapareció del mapa de los grandes del ramo.

Además, hacer la tecnología 5G y producir los artefactos que la usa va a confirmar el papel líder de Huawei y China en el mundo. Es contra esto que está el gobierno americano argumentando su seguridad nacional. Con 5G en manos de una empresa china, ellos podrán vender la información para espiar a los americanos y no a la inversa, como viene siendo el caso. Esta es la guerra comercial llevada un paso más adelante. Lo demás no importa.

 

1 https://searchnetworking.techtarget.com/definition/5G

2 https://www.pcmag.com/article/345387/what-is-5g

3 https://www.zdnet.com/article/us-senators-reportedly-warn-trudeau-to-ban-huawei-on-5g/

4https://www.gadgetsnow.com/slideshows/worlds-5-biggest-smartphone-companies/-Worlds-5-most-biggest-smartphone-companies/photolist/65227381.cms

Tema de investigación: 
Crisis económica

IMF, World Bank must urgently help finance developing countries

SYDNEY and KUALA LUMPUR, Mar 30 2021 (IPS) - COVID-19 has set back the uneven progress of recent decades, directly causing more than two million deaths. The slowdown, due to the pandemic and policy responses, has pushed hundreds of millions more into poverty, hunger and worse, also deepening many inequalities.

Development setbacks

The outlook for developing countries is grim, with output losses of 5.7% in 2020. Compared to prepandemic trends, the expected 8.1% loss by end-2021 will be much worse than advanced countries dropping 4.7%.

COVID-19 has further set back progress towards the Sustainable Development Goals (SDGs). As progress was largely ‘not on track’ even before the pandemic, developing countries will need much support to mitigate the new setbacks, let alone get back on track.

The extremely poor, defined by the World Bank as those with incomes under US$1.90/day, increased by 119–124 million in 2020, and are expected to rise by another 143-163 million in 2021.

Fiscal response constrained

Global fiscal efforts of close to US$14tn, plus low interest rates, liquidity injections and asset purchases by central banks, have helped. Nonetheless, the world economy will lose over US$22 trillion during 2020–2025 due to the pandemic.

Government responses have been much influenced by access to finance. Developed countries have accounted for four-fifths of total pandemic fiscal responses costing US$14tn. Rich countries have deployed the equivalent of a fifth of national income for fiscal efforts.

Meanwhile, emerging market economies spent only 5%, and low-income countries (LICs) a paltry 1.3% by mid-2020. In 2020, increased spending, despite reduced revenue, raised fiscal deficits of emerging market and middle-income countries (MICs) to 10.3%, and of LICs to 5.7%.

Government revenue has fallen due to lower output, commodity prices and longstanding Bank advice to cut taxes. Worse, they already face heavy debt burdens and onerous borrowing costs. Meanwhile, private finance dropped US$700bn in 2020.

Developing countries lost portfolio outflows of US$103bn in the first five months. Foreign direct investment (FDI) flows to emerging and developing countries also fell 30–45% in 2020. Meanwhile, bilateral donors cut aid commitments by 36% between 2019 and 2020.

Meanwhile, the liquidity support, debt relief and finance available are woefully inadequate. These constrain LICs’ fiscal efforts, with many even cutting spending, worsening medium-term recovery prospects!

Debt burdens

In 2019, the International Monetary Fund (IMF) assessed half the LICs as being at high risk of, or already in debt distress – more than double the 2013 share. Debt in LICs rose to 65% of GDP in 2019 from 47% in 2010.

Thus, LICs began the pandemic with more debt relative to government revenue, larger deficits and higher borrowing costs than high-income countries. And now, greater fiscal deficits of US$2–3tn projected for 2021 imply more debt.

Debt composition has become riskier with more commercial borrowing, particularly with foreign currency bond issues far outpacing other financing sources, especially official development assistance (ODA) and multilateral lending.

More than half of LIC government debt is non-concessional, worsening its implications. External debt maturity periods have also decreased. Also, interest payments cost more than 12% of government revenue in 2018, compared to under 7% in 2010.

Riskier financial flows

Developing economies have increasingly had to borrow on commercial terms in transnational financial markets as international public finance flows and access to concessional resources have declined.

Low interest rates, due to unconventional monetary policies in developed countries, encouraged borrowing by developing countries, especially by upper MICs. But despite generally low interest rates internationally, LIC external debt rates have been rising.

Overall ODA flows – net of repayments of principal – from OECD countries fell in 2017 and 2018. Such flows have long fallen short of the financing needs of Agenda 2030 for the SDGs. Instead of giving 0.7% of their national income as ODA to developing countries, as long promised, actual ODA disbursed has yet to even reach half this level.

Although total financial resource flows (ODA, FDI, remittances) to least developed countries (LDCs) increased slightly, ODA remained well short of their needs, falling from 9.4% of LDCs’ GNI in 2003 to 4.3% in 2018. Meanwhile, FDI to LDCs dropped from 4.1% of their GNI in 2003 to 2.3% in 2018.

There has also been a shift away from ‘traditional’ creditors, including multilateral financial institutions and rich country Paris Club members. Some donor governments increasingly use aid to promote private business interests. ‘Blended finance’ was supposed to turn billions of aid dollars into trillions in development finance.

But the private finance actually mobilised has been modest, about US$20bn a year – well below the urgent spending needs of LICs and MICs, and less than a quarter of ODA in 2017. Such changes have further reduced recipient government policy discretion.

Inadequate support

The 2020 IMF cancellation of US$213.5m in debt service payments due from 25 eligible LICs was welcome. But the G20 debt service suspension initiative (DSSI) was grossly inadequate, merely kicking the can down the road. It did not cancel any debt, with interest continuing to accrue during the all-too-brief suspension period.

The G20 initiative hardly addressed urgent needs, while private creditors refused to cooperate. Only meant for LICs, it did not address problems facing MICs. Many MICs also face huge debt, with upper MICs alone having US$2.0–2.3tn in 2020–2021.

World Bank President David Malpass has expressed concerns that any change to normal debt servicing would negatively impact the Bank’s standing in financial markets, where it issues bonds to finance loans to MICs.

The Bank Group has made available US$160bn for the period April 2020 to June 2021, but moved too slowly with its Pandemic Emergency Financing Facility (PEF). By the time it paid out US$196m, the amount was deemed too small and contagion had spread.

Special Drawing Rights

Issuing US$650bn worth of new special drawing rights (SDRs) will augment the IMF’s US$1tn lending capacity, already inadequate before the pandemic. But US$650bn in SDRs is only half the new SDR1tn (US$1.37tn) The Financial Times considers necessary given the scale of the problem.

To help, rich countries could transfer unused SDRs to IMF special funds for LICs, such as the Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT) and the Catastrophe Containment and Relief Trust (CCRT), or for development finance.

Similar arrangements can be made for the Bank. A World Bank version of the IMF’s CCRT could ensure uninterrupted debt servicing while providing relief to countries in need. Investors in Bank bonds would appreciate the distinction.

Hence, issuing SDRs and making other institutional reforms at the Spring meetings in April could enable much more Fund and Bank financial intermediation. These can greatly help finance urgently needed pandemic relief, recovery and reforms in developing countries.

Tema de investigación: 
Crisis económica

Impacto del COVID-19 en América Latina

En diciembre de 2019 se identificó el primer caso de COVID-19 en Wuhan, la ciudad más poblada de la zona central de China. Es un virus que afecta el sistema respiratorio con un alto grado de contagio y baja mortalidad. Desde el reconocimiento del brote, se han implementado diversas medidas de aislamiento social, suspensión de actividades y paro productivo. Los impactos que ha generado han puesto a la economía mundial en una perspectiva de crisis económica y social aún más complicada, que la que se esperaba al cierre de 2019.

El mundo arrastra una tendencia de bajo crecimiento desde 2010, 2.8% promedio anual. El cierre del 2019 estuvo marcado por diversas expresiones de descontento social y hartazgo a las políticas económicas en Hong Kong, Irán, Francia, Reino Unido, España; y en América Latina, donde las manifestaciones sociales más fuertes sucedieron en Ecuador, Argentina, Chile, Colombia y Haití. Antes de la pandemia, se esperaba que en 2020 el modelo de acumulación, cimentado en el libre mercado, enfrentaría una crisis social provocada por los costos de la privatización de los servicios públicos, la flexibilización de la legislación laboral, la financiarización del ahorro y las pensiones, la concentración de riqueza y la preeminencia del capital privado en la asignación de recursos.

Con el brote, desde mediados de enero China comenzó a implementar medidas de aislamiento, paralización de ciudades, cierras de fronteras y cierres de fábricas. Dichas medidas frenaron el mercado interno chino y la producción exportadora, con impactos en su nivel de crecimiento económico. China es el principal proveedor para EEUU y su tercer mercado de exportación, después de Canadá y México. Le proporciona insumos estratégicos para cinco ramas productivas: aeronáutico, farmoquímica, automotriz, telecomunicaciones y electrónico.

A pesar de la paralización de la economía China, el COVID-19 ha alcanzado un grado de contagio casi global, con más de 229 mil casos confirmados, 148 países y 9.3 mil muertes en todo el mundo ­(19 de marzo, 2020). Aunque presente una baja tasa de mortalidad, el impacto en la vida social, política y económica mundiales ha sido muy profundo. A finales de enero el Fondo Monetario Internacional aún hablaba de una lenta de recuperación del crecimiento mundial de 3.3%, frente al 2.9 registrado en 2019. Sin embargo, apenas el 12 de febrero, las principales bolsas del mundo se desplomaron. Nadie calculó la magnitud de china en las cadenas productivas mundiales. China es el eje de la economía mundial.

Tras la paralización de la economía más dinámica del mundo, la cancelación de sus exportaciones y la restricción de sus importaciones, se redujo el comercio internacional y la producción de las cadenas de valor globales se detuvo. El impacto fue directo a las economías ligadas a ella. Los primeros en sentirlo, fueron los mercados financieros y los países más maduros. Desde el 12 de febrero las principales bolsas de valores no detienen su caída, el S&P 500 acumula una bajada de 26.1%; el DAX alemán de 35.3%; el NIKKEI japonés de 27.1% y el FTSE inglés de 30.6%. A la fecha (19.3.2020) la caída continúa pese a todos los intentos de la Reserva Federal de EEUU y el BCE, por frenarla. (Ver gráfico 1) Ha reducido la tasa de los fondos federales a entre 0 y 0.25% e inyectado $700 mil millones de dólares mediante venta de bonos del tesoro, y el Banco Europeo, que ha inyectado $750 mil millones de euros.

Además cayeron los commodities. A principios de marzo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) propuso frenar la caída de los precios del petróleo que cayó 25%, provocado por el freno productivo. La idea era una disminución de 1.5 millones de barriles diarios a partir del 4 de marzo hasta julio de 2020. Rusia, de su lado, se negó a reducir su producción, dado que más del 50% de las exportaciones rusas dependen del petróleo (entre crudo, refinado y gas). El resultado fue que Sarabia Saudita anunció un aumento de su producción para compensar la caída de las exportaciones. Con esto, se agravó la caída del precio que entre el 6 de enero y el 18 de marzo cayó 60%, de $68.9 a $28.1 dólares el barril. Están enfrentados Arabia Saudita, la OPEP y Rusia, contra EEUU. Los bajos precios lo perjudican más por su baja productividad y su apuesta por el costoso gas y petróleo de esquisto. Si logran mantener el precio abajo, quiebra la industria del esquisto estadounidense. Esta luego será rescatada.

El escenario para América Latina, previo al brote de COVID-19 estaba muy complicado. La CEPAL reconoció, en diciembre de 2019, que la región mostraba una desaceleración económica generalizada y sincronizada. Señaló que se completaban seis años consecutivos de bajo crecimiento, y estimó 1.3% de crecimiento promedio en 2020. Sin embargo, el brote de COVID-19 ha empeorado todo

China es el principal socio importador de Brasil, Chile y Perú, el segundo de Argentina y el tercero de México y Colombia; también es el principal socio exportador de Brasil, Chile, Perú y segundo más importante para México, Colombia y Argentina. Con este grado de interconexión, su paralización impactó adversamente sobre la producción, la inversión, el empleo, el ingreso y el consumo de los hogares con expectativas a la baja. Desde inicios de febrero, la bolsa de México (BMV) acumula una caída de 21.1%; la de Chile de 37.2% y la de Brasil (BOVESPA) de 41.6%. (ver grafico 2)

­ El precio de referencia del petróleo acumuló 63% de caída entre enero y marzo. Cabe señalar que la exportación de petróleo es fundamental para Venezuela donde constituye 92% (80% crudo y 12% refinado) del total de sus exportaciones, en Trinidad y Tobago 54.6%; en Bolivia 32%; en Colombia 33.3% (28% crudo y 5.3% refinado); en Ecuador 29%; en Brasil 8.7% y en México 5.2%. La reducción del precio impactará sobre el nivel de recaudación, del presupuesto, de la inversión pública y, por lo tanto, del ritmo de producción y consumo de los próximos años.

El virus, además de representar por sí mismo un grave crisis sanitaria global, ha sacado al descubierto los profundos límites estructurales de la economía mundial y revelado las vulnerabilidades del modelo de acumulación basado en el libre mercado y las cadenas productivas globales. En tanto China se convirtió en el corazón de estas cadenas, el freno de un trimestre de China, recortará el bajo pronóstico de crecimiento para las economías latinoamericanas y mundial en un semestre. La velocidad con que China se reactive ayudará, pero no significa que el resto del mundo se reactiva al mismo paso. La recesión mundial está en el tablero según todos los pronósticos. El daño económico y financiero desatado por el COVID-19 obligará a los tomadores de decisión a replantear el eje del crecimiento y acumulación para los próximos años. Dicho proceso será más lento y difícil que con la crisis de 2007-2009.

 

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Tema de investigación: 
Crisis económica

Impacto del coronavirus en la economía peruana

El surgimiento de un nuevo brote de coronavirus declarado como pandemia afecta a la economía global. La rápida propagación del virus ha llevado a los gobiernos de distintos países del mundo a tomar acciones para reducir el incremento de casos y evitar un colapso de los sistemas de salud. En Perú, el gobierno ha decretado un Estado de Emergencia que pone en aislamiento social obligatorio a toda la población y paraliza a la gran mayoría de actividades económicas. En este contexto de alta incertidumbre acerca del impacto económico de mediano y largo plazo del coronavirus, el Instituto Peruano de Economía (IPE) ha elaborado este documento con el objetivo de analizar el estado actual de los principales sectores de la economía nacional, recogiendo información de empresas representativas y otras fuentes secundarias de cada sector. Estos sectores son: (i) Agropecuario; (ii) Pesca; (iii) Minería e hidrocarburos; (iv) Sistema financiero; (v) Salud; (vi) Manufactura no primaria; (vii) Comercio; (viii) Transporte y turismo; (ix) Educación y (x) Energía.

 

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Tema de investigación: 
Crisis económica

Informe macroeconómico de América Latina y el Caribe 2020: Políticas para combatir la pandemia

El mundo se enfrenta a un desafío sin precedentes para contener la propagación del nuevo coronavirus y reducir al mínimo la pérdida de vidas. Esto provocó un cambio completo en las perspectivas económicas y en el debate sobre políticas públicas.

El Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo realizó un informe con cinco capítulos donde se ofrece un panorama de la economía mundial y propuestas de política monetaria, fiscales y relacionadas a sector financiero. Todo esto pensado en América Latina.

La actual crisis es un desafío para los gobiernos y las economías de la región por su impacto directo y desproporcionado en los pobres y personas vulnerables. Las próximas semanas no serán fáciles y los encargados de la formulación de políticas se verán sometidos a una gran presión con muchas decisiones difíciles de tomar.
 


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Crisis económica

Intereses y agentes extranjeros en Venezuela

Existe un riesgo alto que un problema de política nacional se resuelva con una intervención militar y que esta pueda gatillar un problema internacional en Sudamérica. Venezuela está en el centro del tablero, con un problema político de representación y legitimidad, una crisis económica y un intervencionismo encubierto. Está sometida, al mismo tiempo, a los intereses económicos y planes geopolíticos de las tres potencias globales: EEUU, China y Rusia. El geográficamente extraño ingreso de Colombia a la OTAN fue concluido el 18 de mayo del 2017 tras acordar el desarrollo de un programa individual de cooperación y establecer áreas prioritarias de trabajo. El escenario de conflicto no podría ser peor, ni para Venezuela ni para Sudamérica.

 

Venezuela

Después de la Asamblea Constituyente realizada el pasado domingo 30 de julio, el contaminado ambiente político de Venezuela y la difusa imagen de lo que está pasando en aquél país, frente al infinito número de artículos, opiniones, análisis y propaganda que se publica sobre el tema, impiden una comprensión precisa sobre las causas económicas de la actual crisis, sus causas y verdaderos riesgos. Venezuela es, por mucho, una de las naciones geopolíticamente más importantes del continente. Es la cabeza de la Cuenca del Caribe, y posee reservas estratégicas de petróleo, agua, cobre, cobertura forestal y metales raros. Tiene una importancia política y económica superior a su peso en la producción regional que fue de 7.1% del PIB de América Latina, en el 2015. Tiene la principal reserva de petróleo del mundo y es además el principal exportador de petróleo del hemisferio occidental. (Ver gráfico)

La producción de petróleo está nacionalizada a través de la paraestatal PDVSA que posee la empresa petrolera CITGO, en EEUU. Esta representa una de las 8 empresas refinadoras más grandes en el mercado norteamericano y la sexta empresa distribuidora de gasolina.

Desde 2005 PDVSA es impulsora de importantes proyectos e infraestructura de Petrocaribe en la cuenca caribeña. La empresa exporta petróleo a los países caribeños a un precio que se paga en efectivo y en crédito a largo plazo siguiendo el molde del Tratado de San José.

PDVESA y ROSNEFT

El pasado mes de abril, PDVESA adquirió un préstamo de 2,000 mdd de la empresa petrolera estatal rusa ROSNEFT, con una hipoteca del 49.9% de la empresa CITGO. En caso de incumplimiento, ROSNEFT tendría un control casi mayoritario de CITGO. Esto coloca a Rusia dentro del tablero del juego venezolano y del Caribe.

Según el congresista republicano Duncan, “Rusia se podría convertir en el segundo mayor propietario extranjero de la capacidad de refinación estadounidense”. El exiliado venezolano Roger Santodomingo, del Centro para el Desarrollo y la Democracia de las Américas[3], sostiene que “los rusos no quieren quedarse colgados con CITGO y buscan sustituir ese colateral por control sobre campos petroleros venezolanos” Ambos son escenarios complicados que colocan a Rusia o dentro de EEUU o dentro de la Cuenca del Caribe.

Las posibles represalias de Washington contra Venezuela por haber efectuado elecciones para una asamblea constituyente sin el voto mayoritario de la población, podría tener un “impacto potencial en los envíos de petróleo a los EEUU, del que Venezuela es el tercer mayor proveedor después de Canadá y Arabia Saudita” [4].

 El escenario militar

Existen negociaciones entre Rusia y Nicaragua, Cuba y Venezuela, para establecer bases navales, según el ministro ruso de defensa Shoigu.[5]. Del otro lado el comité de asuntos extranjeros del Capitolio propuso la ley Nicaragua[6] para presionar al país centroamericano por su apoyo a Venezuela y Cuba. Es una manera de “limpiar la casa” de regímenes adversos. Antes fueron Honduras, Paraguay, Argentina y Brasil. Ahora se coloca a Venezuela al medio de intereses contrapuestos de EEUU con Rusia al igual que en Siria, Irak, Libia, y Qatar.

 China es un nuevo jugador que aumentó su participación en el mercado de Venezuela entre el año 2000 y 2015, cuando pasó del 0.98% del total de sus importaciones y el 0.069% de sus exportaciones, al 14.1% y 14.5%. Es un gran socio comercial petrolero aunque su mirada de largo aliento está en sus metales raros estratégicos- como el cerio (Ce), dysprosio (Dy), erbio (Er), europio (Eu), gadolinio (Gd), holmio (Ho), lanthano (La), entre otros - sobre los cuales tiene un quasi monopolio mundial, utilizados en equipos de alta tecnología.

Finalmente el peligro más grande es la sustitución estadounidense de la política exterior por la fuerza militar que se aprecia en las prioridades del presupuesto nacional presentado y la fuerte presencia militar en su administración. Es inaceptable que los problemas políticos internos de un país se definan por la pugna entre los tres poderes mundiales. Debe rescatarse el principio de la no intervención.

 

[1] Investigador titular IIEC-UNAM/SNI coordinador del proyecto Obela

[2] Proyecto Obela

[3] https://elpais.com/elpais/2017/07/31/opinion/1501502778_110766.html

[4] http://uk.reuters.com/article/uk-venezuela-politics-usa-idUKKBN1A22EL?il=0

[5]http://www.infodefensa.com/latam/2014/03/01/noticia-rusia-negocia-apertura-bases-militares-caribe.html

[6] https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/5708/all-info

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Crisis económica

La FED se arriesga