La consolidación fiscal es uno de los principales ejes que expone el Gobierno de España para estimular el crecimiento económico y  empleo conforme a un panorama de confianza necesaria para que la financiación sea abundante.

 A través de una exposición sintética, el Gobierno de España describe los objetivos macroeconómicos en años venideros que reviertan la recesión que no sólo afecta a países como Grecia, Irlanda, Portugal y España sino a todos los integrantes de la Unión Europea.

Las previsiones económicas de inicios de 2012, verificadas con los datos del primer trimestre del año, revelan que España entrará en recesión en 2012, -1,7% frente al 2,3% previsto inicialmente, la tasa de desempleo llegará al 24,3% y el déficit real ha sido del 8,3% Producto Interno Bruto (PIB) frente al 6% PIB comprometido. La situación internacional descrita por una ralentización del crecimiento a partir de la segunda mitad de 2011 complejiza el panorama para España, siendo la eurozona el área más afectada.

Después de 30 años de liberalización financiera, los países en desarrollo están crecientemente utilizando técnicas para regular los flujos de capital que entran y salen de sus países. El lento proceso de aceptación del uso de regulaciones de la cuenta de capital fue motivado por las recurrentes crisis financieras durante la década de 1990, y acelerado después de la crisis financiera global del 2008, la cual puso de manifiesto los riesgos asociados a la libre movilidad de flujos globales de dinero.

La liberalización de los flujos financieros internacionales debe interpretarse como el resultado de una intervención poco común y significativa, dado que normalmente las finanzas han sido ante todo de índole nacional y han estado reguladas.

Pocas no son las instituciones internacionales encargadas en propagar y defender la ya maltrecha ideología capitalista. A partir de correlacionar sucesos desconexos, forzar datos, etc.,  buscan dar cabida a un modelo en crisis. El gran problema es que al hacer esto deslegitiman los reclamos de los trabajadores contra las políticas anti crisis, la movilización ciudadana y la preocupación social con respecto a los evidentes niveles de desempleo y exclusión social.