Fecha: Viernes, Junio 24, 2016 - 15:06
Autor:

La selva Amazónica es la más grande dentro de la región latinoamericana, a pesar de que gran parte de ella se encuentra dentro del territorio brasileño su extensión abarca 9 países como Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, venezuela, entre otros. Además de su importante biodiversidad y recursos hídricos, la Amazonía cuenta con importantes recursos forestales, representa el 45% de los bosques tropicales del mundo y es una importante fuente de oxígeno por lo cual se le ha denominado el pulmón de América. Sin embargo, la deforestación que ha sufrido a lo largo de años ha hecho que cerca del 15% de su superficie se encuentre totalmente talada.

 

En este sentido es que gira el artículo de Raúl Benet, quien explica que llega a México y Estados Unidos madera de procedencia ilícita, especialmente obtenida de la tala ilegal en la amazonía peruana. Es importante resaltar que para que la madera sea aceptada no se revisa su procedencia, sino solamente medidas fitosanitarias. Asimismo, en esta nota se evidencia una red de corrupción que opera desde hace muchos años, y que a pesar de ya tener evidencias y reincidencias nada se ha hecho.

 

De igual forma, sobresalen las operaciones de la empresa maderera peruana Bozovich, que se ha relacionado con Mossack Fonseca, el bufete de abogados implicados en los papales Panamá por ayudarles a los dueños de la maderera a crear cuentas en paraísos fiscales además de pagar los impuestos a razón de la venta de la madera ilegal.

 

Es importante resaltar que además de las ganancias ilícitas que genera la venta de este recurso obtenido de forma no regulada, las afectaciones se vierten en varias aristas, aunado a la tala clandestina y los impactos en el medio ambiente, existen otras consecuencias generadas de esta actividad, como el desalojo con violencia de comunidades que habitan la selva, la caza furtiva de animales en peligro de extinción y sobre todo el mantenimiento de la actividad de estos grupos que actúan en el marco de la delincuencia.

 

Fecha: Miércoles, Junio 22, 2016 - 19:11

La detención de Ibar Esteban Pérez Corradi es aún una anomalía, la de José López no, es el sistema tal como funciona en la Argentina desde hace décadas. López, expuso cómo funciona el sistema real de recaudación política. Ya sea para financiar las campañas electorales o para el enriquecimiento personal. Mientras que Pérez Corradi y los muertos del triple crimen, -que antes habían participado del tráfico de la efedrina y aportado a la campaña kirchnerista de 2007- aún hoy parecen más la excepción que la regla, López refleja la metodología que llevó a los Kirchner al poder.

López encarna un sistema, sin embargo, que lejos está de acotarse al kirchnerismo. Así funciona la política y así se hacen los negocios con el Estado argentino desde hace décadas. Funciona con dinero negro, con "retornos", "sobres", "aportes" y "contribuciones" y muchos otros eufemismos que definen la música con la que bailan aquellos que quieren bailar con el poder.

El sistema que desnudó López, sin embargo, no sólo vive de la corrupción y florece gracias a ella., también es un sistema que garantiza la impunidad a los poderosos, pero la máxima rige, claro, sólo mientras los poderosos son poderosos.

El problema es que, cuando el poder se diluye, los mismos que te protegieron -o miraron para otro lado- hacen fila para comerte. Muchas denuncias ya estaban allí, en Tribunales, desde hacía años, durmiendo. Pero ahora los jueces y fiscales tienen que huir hacia adelante para protegerse a sí mismos.

Por eso Néstor Kirchner quería integrar el poder permanente. Porque comprendía bien que el poder de los políticos es de alta intensidad pero con vencimiento a plazo fijo, mientras que otros gozan de un poder de mediana o baja intensidad, pero estable y de largo aliento. Ciertos empresarios, banqueros, sindicalistas, dueños de medios e industriales lo disfrutan. Se trata de un sistema de impunidad que se nutre de una estructura que se desarrolló de manera paulatina durante las últimas décadas

¿Es casualidad, entonces, que la figura del arrepentido no rija en la Argentina para los delitos de corrupción, pero sí para el secuestro extorsivo, el financiamiento del terrorismo, la trata de personas o el lavado?

Se teme que pase lo de Brasil, donde la justicia condenó a 18 años y 4 meses de prisión a Marcelo Odebrecht, un empresario más poderoso que Paolo Rocca, que ahora se acogió al régimen de "delación premiada".

La pregunta es: ¿Cuántos supuestos "empresarios", "banqueros" e "industriales" argentinos terminarían con el uniforme de reo?

Páginas