En diciembre de 2018, en el marco del G20 en Buenos Aires, EEUU y China acordaron una tregua de 90 días a las agresiones arancelarias a la mayor guerra comercial de la historia que libraban desde abril de ese año.

Con la tregua se iniciaron rondas de negociación para un acuerdo comercial. La fecha límite es el 1 de marzo. Si a la fecha no se ha llegado a ningún acuerdo comercial, EEUU procederá a elevar del 10% al 25% por ciento los aranceles sobre importaciones chinas.

Las exigencias estadounidenses son aumentar las importaciones de China de productos estadounidenses; aumentar la protección a la propiedad intelectual; poner restricciones a China en la inversión en tecnología; fortalecer la regulación en la transferencia de tecnología; atender la protección y regulación cibernética. Todo lo cual parece poco probable de cumplirse.

A 10 años de la crisis financiera de 2008, la insuficiencia regulatoria tanto del sistema financiero nacional en EEUU, como del sistema financiero internacional, no se ha corregido. Al contrario, se continúa facilitando que los bancos obtengan ganancias a través de actividades fraudulentas que son multadas pero no criminalizadas.

La búsqueda de ganancias y la compensación por las pérdidas resultado de la crisis del 2008 son lo que motiva a los bancos a operar violentando las leyes y regulaciones existentes.

La interrogante es: ¿es esta forma de operar rompiendo la ley y pagando multas lo nuevo normal? y ¿saben los bancos demasiado grandes para que son demasiado grandes como para que les pase algo en los tiempos en que el Estado no puede intervenirlos?