Notas de interés

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, reconoció que la materialización del Plan Nacional de Descarbonización (PdD) hacia el 2050 aportaría al país más de 41.000 millones de dólares en beneficios netos.

Entre los pilares del PdD, el presidente resaltó el transporte público seguro, eficiente y renovable y el impulso de la economía circular. Afirmó que Costa Rica posee la mayor cobertura de centros de carga rápida para vehículos eléctricos en toda la región y enfatizó que se debe prohibir la exploración petrolera al indicar que “por falsas ilusiones de riqueza sucia, no podemos darle la espalda a un legado verde construido por generaciones”.

Alvarado recordó a los legisladores la importancia de la ratificación del Acuerdo de Escazú. Se trata del primer acuerdo regional vinculante sobre derechos humanos y medio ambiente, Aunque Costa Rica fue uno de los dos países proponentes del Acuerdo de Escazú para dar protección a las personas defensoras del medio ambiente, junto con Chile, aún no ratifica dicho acuerdo, el cual quedó estancado en la Asamblea Legislativa justo después de que las cámaras empresariales manifestaron su tajante oposición.

Los Estados Parte del Acuerdo de Escazú celebraron el pasado jueves 22 de abril la entrada en vigor del tratado. A la fecha, 24 países de la región lo han firmado y 12 ya lo han ratificado.

En una jornada virtual organizada por la CEPAL, se reafirmó la importancia del acuerdo. Alicia Bárcena destacó que el Acuerdo de Escazú representa un homenaje a la Madre Tierra y nos ofrece un camino de diálogo para avanzar en la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en un momento tan complejo como el que la región y el mundo están viviendo hoy. Guía, en definitiva, nuestras respuestas para construir mejor.

Por su parte, la Vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, indicó que el Acuerdo contiene las herramientas mínimas necesarias para velar porque los recursos naturales sean adecuadamente utilizados, para exigir a las autoridades el justo acceso a la información en asuntos ambientales que puede directamente incidir sobre las vidas de los ciudadanos y para proponer soluciones basadas en la naturaleza para la atención de la salud de los ecosistemas.

El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, acusó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) de instrumentalizar los diferentes mecanismos del organismo como sistemas de presión contras los países latinoamericanos que no hacen "causa común" con la política injerencista del Gobierno de Estados Unidos.

El gobierno de Nicaragua ordenó el cierre de la sede de la OEA ubicado en Managua, llamando la atención al organismo de ser hacer un “papel miserable” de agente de Estados Unidos mientras algunos países son mantienen un trato preferente a pesar de la constante violación de los Derechos Humanos, como el caso de Colombia.

El 24 de abril la OEA ha exigido al gobierno nicaragüense el respeto y el cumplimiento a las obligaciones que todavía tiene con la organización.  

La semana pasada, los ministros de Economía se reunieron virtualmente en las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial para debatir las políticas de lucha contra la pandemia y la recuperación socioeconómica.

El análisis de las proyecciones fiscales del FMI muestra que se esperan recortes presupuestarios en 154 países este año, y hasta 159 países en 2022. Esto significa que el 85% de la población mundial vivirán en condiciones de austeridad el próximo año, una tendencia que probablemente continuará al menos hasta 2025.

El choque fiscal post-pandémico parece ser mucho más intenso que el que siguió a la crisis financiera y económica mundial de hace una década. La contracción media del gasto en 2021 se estima en un 3,3% del PIB, lo que supone casi el doble de la magnitud de la crisis anterior.

Hace un cuarto de siglo, el sistema multilateral de gobernanza económica mundial había alcanzado su cima. Hoy, la OMC, el FMI y el Banco Mundial atraviesan una profunda crisis de legitimidad.

Las instituciones de Bretton Woods no sólo padecen crisis políticas y un paradigma intelectual destrozado, sino una larga y debilitante disputa sobre la reforma de la gobernanza. A pesar de los cincuenta años que llevan intentándolo, los países del Sur Global no han conseguido que las potencias dominantes en ambas instituciones acepten siquiera un mínimo de reforma.

La libre circulación de capitales y bienes que las instituciones multilaterales promovieron durante la larga era de Bretton Woods ha sido una bendición para las empresas occidentales, en particular las estadounidenses, y ha contribuido en gran medida al aumento de la desigualdad mundial.