En el emblemático caso "Janus contra la  American Federation of State, County, and Municipal Employees" la Oficina del Procurador General se puso del lado del especialista en asistencia de menores para el estado de Illinois, Mark Janus, Lo cual constituyó un reto al derecho legal de AFSCME de cobrar honorarios de los participantes del sindicato que no son miembros.

Hasta ahora veintiocho estados han aprobado leyes de derecho al trabajo que impiden a los sindicatos privados cobrar tarifas a participantes que nos son miembros. De esta manera, se ve el caso como una oportunidad para imponer reglas de derecho al trabajo a los sindicatos de empleados públicos en los 50 estados.

Para la administración Trump, el escrito judicial es el último de una serie de medidas para revertir el poder sindical, y es un caso que podría enfrentar al movimiento laboral con un golpe financiero paralizante.